La tradición de la "entrega"EES 124
La historia de la Argentina es también la descripción de una "entrega" secuencial de los recursos naturales y de la soberanía económica.
Durante la larga serie de regímenes de facto iniciados con el golpe militar de 1930, pero también en la mayoría de los gobiernos elegidos en democracia, los grupos vernáculos de poder se ocuparon -con el beneplácito de la llamada "clase política"- de enriquecerse en sociedad con las potencias coloniales o imperiales o las empresas globales, de acuerdo al momento.
Mientras, el endeudamiento nacional -y el de las provincias, subsumidas en necesidades mientras se explotaban sus recursos hasta la extenuación- crecía de manera exponencial.
El primer endeudamiento colosal del país ocurrió poco después de la Revolución de Mayo. Fue el empréstito Baring, firmado por Bernardino Rivadavia en 1924 por un total de 1.000.000 de libras esterlinas, y que Juan Perón cancelaría recién en 1947, más de 120 años después.
El préstamo del Baring estaba destinado a financiar numerosas obras, entre ellas una en el puerto de Buenos Aires, pero terminó destinándose a la importación de manufacturas inglesas, incluyendo material bélico, cubriendo el déficit fiscal y la guerra con Brasil, que Argentina ganó en los campos de batalla pero perdió en la mesa de negociaciones.
En una impecable entrevista realizada por Julio Nudler (1), el economista Jorge Gaggero recuerda que ese pago le permitió a Perón declarar con toda solemnidad la ?independencia económica' en la Casa de Tucumán, y clausurar los dos grandes ciclos anteriores de endeudamiento, el de la Baring y el de la Generación del 80. Muy poco después, el Estado argentino reiniciaría la acumulación de deuda externa.
Gaggero recuerda que el ingreso al FMI en 1955 -para lo cual fue imprescindible el derrocamiento de Perón- fue determinante para el futuro argentino, y que en 1976 -con la última dictadura genocida - comenzaría un ciclo de intenso endeudamiento. Más adelante vendría la crisis de 1982, y en 1992 la firma del Plan Brady, que no resolvió en absoluto el problema estructural de la deuda, profundizado luego por el nuevo ciclo Menem-Cavallo-Roque Fernández-Cavallo, que condujo a la catástrofe de 2001.
Como se sabe, recién en 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, comenzó un ciclo de desendeudamiento basado en estrategias heterodoxas, que fueron modificando la relación del Estado argentino con los organismos internacionales de crédito. Ese ciclo -que incluye numerosos frentes de conflicto como la negociación con los fondos "buitres"- sigue abierto en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Después de todo, como ha escrito Arturo Jauretche, "asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero".
Tras repasar brevemente algunos hitos de esa "entrega" política y económica vista desde el marco nacional -que tiene numerosos capítulos y cada lector puede completar a su gusto con el auxilio de los historiadores, desde el inicio mismo de la Patria- es preciso enfocar el análisis en la participación de las clases dirigentes provinciales, como en el caso de Chubut, en el proceso análogo de connivencia y aprobación de enormes negocios privados a expensas del Estado.
También, aunque resulta obvio, cabe preguntarse sobre la capacidad real de los Estados provinciales para controlar a los grandes grupos económicos radicados en su territorio. En un primer caso, la pérdida de control estatal sobre Repsol durante los años que administró YPF provocó el escaso porcentaje de acciones que le correspondieron a la provincia de Chubut en la nueva YPF, pero también dejó un horrible pasivo ambiental. Por supuesto, todo el descontrol había comenzado con la privatización espuria de 1991.
Otro caso resonante de ausencia de control -o negligencia del Estado- es el de Aluar en Puerto Madryn. El mismo Blas Meza Evans, fiscal de Estado de Chubut, afirmó que "hace años que tenemos interrogantes sobre si ALUAR contamina o no. El Estado debe dar una respuesta contundente, para que la población tenga absoluta claridad sobre lo que sucede. Si contamina debe dejar de hacerlo, y si no lo hace debe quedar científicamente comprobado".
Lo cierto es que la compañía al mando de Javier Madanes Quintanilla -quien monitorea su empresa desde Barcelona, donde reside- consume por día la energía de 30 ciudades como Puerto Madryn y en una hora de trabajo genera una nube de gases tóxicos del tamaño de la cancha de River.
Las denuncias le apuntan por una presunta contaminación ambiental a partir del exceso de fluoruros orgánicos e inorgánicos que provocaría hiper e hipotiroidismo, artritis y artrosis reumatoidea, diabetes, alteraciones psiquiátricas y reducción del desarrollo intelectual, fluorosis dentaria, anemia, así como el aumento progresivo de enfermedades oncológicas.
La empresa factura U$S1.800 millones al año. En el último semestre de 2010 ganó aproximadamente 1 millón de pesos por día. En "El escándalo ALUAR" (Rafael Cedeño, 1976) Hipólito Solari Yrigoyen detalla los vicios de origen de la empresa, en la década del ?70. Una comisión Bicameral del Congreso reunida en 1975 condenó el contrato del Estado nacional con ALUAR y propuso la anulación de prebendas y eximiciones impositivas previstas allí. El golpe militar de 1976 impidió que la ley se aprobara.
El caso emblemático
El caso emblemático de "entrega" en los últimos años, a juzgar objetivamente por los resultados concretos que ha obtenido el Estado chubutense, es la renovación "eterna" que el gobierno encabezado por Das Neves le otorgó a la petrolera Pan American Energy para el yacimiento de Cerro Dragón.
Mario Das Neves aún no había concluido su primer mandato e instaló en la agenda pública un tema que parecía de interés para iniciados, aunque involucraría el destino de todos los chubutenses: el adelantamiento de la renegociación de contratos petroleros con PAE.
El ex mandatario consideró que aunque el contrato con PAE vencía en 2017, con opción a diez años más, era necesaria una renegociación anticipada por 20 años y la extensión de la concesión hasta 2047. Así, el gran capital podría tomar previsiones y la Provincia se beneficiaría con el incremento de regalías y otras ventajas.
Norberto Yauhar -entonces cabeza pensante del gobierno provincial- llevó las negociaciones con la operadora, y secundó a Das Neves en la campaña para convencer a los chubutenses de los supuestos beneficios que acarrearía negociar antes de lo previsto con PAE. También negoció también con "exigentes" diputados de la UCR. La ley se aprobó antes del recambio legislativo de 2007, con el aval del PJ y media docena de radicales que serían expulsados de su partido por eso.
Habituada a ese trato, PAE volvió a mostrar los dientes cuando a finales del año pasado la gestión provincial de Buzzi lanzó la nueva Ley que enmarcaría la explotación petrolera en Chubut. La compañía avanzó sobre los legisladores que debían tratar la iniciativa del Ejecutivo y ejerció presión sobre ellos para que nada cambie.
Sin embargo, la nueva ley provincial se hizo realidad, incluyendo cambios que afectarán a PA, como la obligación de revisar la concesión de Cerro Dragón y el aumento de un 3% de las regalías.
Según la propia compañía, Buzzi mantiene un rechazo constante a sus estrategias de seducción. El actual gobernador parece haber marcado una delgada línea roja de diferenciación con su antecesor.
Este año a Buzzi le espera la renegociación de contratos petroleros, así como el desafío de demostrar que su apelación a un "cambio de la matriz productiva" y el rechazo a los políticos que "atrasan" son algo más que una estrategia discursiva.
En las entretelas de la agenda, los chubutenses lo estarán mirando para comprobar si continúa la tradición de la "entrega" frente a los "pesados" o cambia el paradigma, sujetándose en profundidad a las señales que brindó en su discurso del 1° de marzo.
(1). Página 12, 21-03-04.
EES 124
La historia de la Argentina es también la descripción de una "entrega" secuencial de los recursos naturales y de la soberanía económica.
Durante la larga serie de regímenes de facto iniciados con el golpe militar de 1930, pero también en la mayoría de los gobiernos elegidos en democracia, los grupos vernáculos de poder se ocuparon -con el beneplácito de la llamada "clase política"- de enriquecerse en sociedad con las potencias coloniales o imperiales o las empresas globales, de acuerdo al momento.
Mientras, el endeudamiento nacional -y el de las provincias, subsumidas en necesidades mientras se explotaban sus recursos hasta la extenuación- crecía de manera exponencial.
El primer endeudamiento colosal del país ocurrió poco después de la Revolución de Mayo. Fue el empréstito Baring, firmado por Bernardino Rivadavia en 1924 por un total de 1.000.000 de libras esterlinas, y que Juan Perón cancelaría recién en 1947, más de 120 años después.
El préstamo del Baring estaba destinado a financiar numerosas obras, entre ellas una en el puerto de Buenos Aires, pero terminó destinándose a la importación de manufacturas inglesas, incluyendo material bélico, cubriendo el déficit fiscal y la guerra con Brasil, que Argentina ganó en los campos de batalla pero perdió en la mesa de negociaciones.
En una impecable entrevista realizada por Julio Nudler (1), el economista Jorge Gaggero recuerda que ese pago le permitió a Perón declarar con toda solemnidad la ?independencia económica' en la Casa de Tucumán, y clausurar los dos grandes ciclos anteriores de endeudamiento, el de la Baring y el de la Generación del 80. Muy poco después, el Estado argentino reiniciaría la acumulación de deuda externa.
Gaggero recuerda que el ingreso al FMI en 1955 -para lo cual fue imprescindible el derrocamiento de Perón- fue determinante para el futuro argentino, y que en 1976 -con la última dictadura genocida - comenzaría un ciclo de intenso endeudamiento. Más adelante vendría la crisis de 1982, y en 1992 la firma del Plan Brady, que no resolvió en absoluto el problema estructural de la deuda, profundizado luego por el nuevo ciclo Menem-Cavallo-Roque Fernández-Cavallo, que condujo a la catástrofe de 2001.
Como se sabe, recién en 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, comenzó un ciclo de desendeudamiento basado en estrategias heterodoxas, que fueron modificando la relación del Estado argentino con los organismos internacionales de crédito. Ese ciclo -que incluye numerosos frentes de conflicto como la negociación con los fondos "buitres"- sigue abierto en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Después de todo, como ha escrito Arturo Jauretche, "asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero".
Tras repasar brevemente algunos hitos de esa "entrega" política y económica vista desde el marco nacional -que tiene numerosos capítulos y cada lector puede completar a su gusto con el auxilio de los historiadores, desde el inicio mismo de la Patria- es preciso enfocar el análisis en la participación de las clases dirigentes provinciales, como en el caso de Chubut, en el proceso análogo de connivencia y aprobación de enormes negocios privados a expensas del Estado.
También, aunque resulta obvio, cabe preguntarse sobre la capacidad real de los Estados provinciales para controlar a los grandes grupos económicos radicados en su territorio. En un primer caso, la pérdida de control estatal sobre Repsol durante los años que administró YPF provocó el escaso porcentaje de acciones que le correspondieron a la provincia de Chubut en la nueva YPF, pero también dejó un horrible pasivo ambiental. Por supuesto, todo el descontrol había comenzado con la privatización espuria de 1991.
Otro caso resonante de ausencia de control -o negligencia del Estado- es el de Aluar en Puerto Madryn. El mismo Blas Meza Evans, fiscal de Estado de Chubut, afirmó que "hace años que tenemos interrogantes sobre si ALUAR contamina o no. El Estado debe dar una respuesta contundente, para que la población tenga absoluta claridad sobre lo que sucede. Si contamina debe dejar de hacerlo, y si no lo hace debe quedar científicamente comprobado".
Lo cierto es que la compañía al mando de Javier Madanes Quintanilla -quien monitorea su empresa desde Barcelona, donde reside- consume por día la energía de 30 ciudades como Puerto Madryn y en una hora de trabajo genera una nube de gases tóxicos del tamaño de la cancha de River.
Las denuncias le apuntan por una presunta contaminación ambiental a partir del exceso de fluoruros orgánicos e inorgánicos que provocaría hiper e hipotiroidismo, artritis y artrosis reumatoidea, diabetes, alteraciones psiquiátricas y reducción del desarrollo intelectual, fluorosis dentaria, anemia, así como el aumento progresivo de enfermedades oncológicas.
La empresa factura U$S1.800 millones al año. En el último semestre de 2010 ganó aproximadamente 1 millón de pesos por día. En "El escándalo ALUAR" (Rafael Cedeño, 1976) Hipólito Solari Yrigoyen detalla los vicios de origen de la empresa, en la década del ?70. Una comisión Bicameral del Congreso reunida en 1975 condenó el contrato del Estado nacional con ALUAR y propuso la anulación de prebendas y eximiciones impositivas previstas allí. El golpe militar de 1976 impidió que la ley se aprobara.
El caso emblemático
El caso emblemático de "entrega" en los últimos años, a juzgar objetivamente por los resultados concretos que ha obtenido el Estado chubutense, es la renovación "eterna" que el gobierno encabezado por Das Neves le otorgó a la petrolera Pan American Energy para el yacimiento de Cerro Dragón.
Mario Das Neves aún no había concluido su primer mandato e instaló en la agenda pública un tema que parecía de interés para iniciados, aunque involucraría el destino de todos los chubutenses: el adelantamiento de la renegociación de contratos petroleros con PAE.
El ex mandatario consideró que aunque el contrato con PAE vencía en 2017, con opción a diez años más, era necesaria una renegociación anticipada por 20 años y la extensión de la concesión hasta 2047. Así, el gran capital podría tomar previsiones y la Provincia se beneficiaría con el incremento de regalías y otras ventajas.
Norberto Yauhar -entonces cabeza pensante del gobierno provincial- llevó las negociaciones con la operadora, y secundó a Das Neves en la campaña para convencer a los chubutenses de los supuestos beneficios que acarrearía negociar antes de lo previsto con PAE. También negoció también con "exigentes" diputados de la UCR. La ley se aprobó antes del recambio legislativo de 2007, con el aval del PJ y media docena de radicales que serían expulsados de su partido por eso.
Habituada a ese trato, PAE volvió a mostrar los dientes cuando a finales del año pasado la gestión provincial de Buzzi lanzó la nueva Ley que enmarcaría la explotación petrolera en Chubut. La compañía avanzó sobre los legisladores que debían tratar la iniciativa del Ejecutivo y ejerció presión sobre ellos para que nada cambie.
Sin embargo, la nueva ley provincial se hizo realidad, incluyendo cambios que afectarán a PA, como la obligación de revisar la concesión de Cerro Dragón y el aumento de un 3% de las regalías.
Según la propia compañía, Buzzi mantiene un rechazo constante a sus estrategias de seducción. El actual gobernador parece haber marcado una delgada línea roja de diferenciación con su antecesor.
Este año a Buzzi le espera la renegociación de contratos petroleros, así como el desafío de demostrar que su apelación a un "cambio de la matriz productiva" y el rechazo a los políticos que "atrasan" son algo más que una estrategia discursiva.
En las entretelas de la agenda, los chubutenses lo estarán mirando para comprobar si continúa la tradición de la "entrega" frente a los "pesados" o cambia el paradigma, sujetándose en profundidad a las señales que brindó en su discurso del 1° de marzo.
(1). Página 12, 21-03-04.
