Petróleo
La flexibilización laboral busca aumentar la rentabilidad y domesticar a los petrolerosPor Marcelo García (Exclusivo/El Extremo Sur).
El objetivo central de las operadoras con la flexibilización laboral es la aplicación del ajuste en los yacimientos y la reducción de los costos, que rondará entre el 30 y el 40%. Si implementación no será sencilla y generaría cambios en las empresas de servicios.
Sin embargo, el objetivo de fondo apunta al disciplinamiento de los trabajadores, una situación que desde hace 12 años no lograban instrumentar como producto de la belicosidad obrera, que se tradujo en conflictos constantes y una pérdida del síndrome de “temor” y “adoctrinamiento” frente al empresariado.
Durante más de una década, el movimiento obrero petrolero se había fortalecido sobre la base de protestas y la recuperación de una identidad perdida desde la privatización. Adecuarse a ese proceso no fue sencillo para el movimiento obrero petrolero, ya que estaba acostumbrado a la estabilidad y garantía laboral que brindó YPF durante 70 años.
Cuando la gran petrolera estatal desapareció del escenario, los trabajadores petroleros debieron aprender y adecuarse a nuevas condiciones laborales, muchas de las cuales no conocían porque no formaban parte de las prácticas habituales de aquella YPF.
Reinsertarse e interactuar con las nuevas relaciones laborales impuestas por las multinacionales petroleras implicó un cambio brusco, que se tradujo en un largo proceso de adaptación entre las partes, inclinando la balanza en favor del empresariado y su táctica afianzada en búsqueda de mayores ganancias.
Esa situación se vio claramente reflejada en el aumento de la productividad obrera de los petroleros desde 1993 en adelante –tal como fuera exhaustivamente explicado en publicaciones anteriores de El Extremo Sur– evidenciando un nivel de explotación muy superior respecto de lo que se daba en la compañía estatal.
Antes de la privatización de YPF cada obrero producía en promedio 10 barriles equivalentes de petróleo diarios, pero tras la liquidación del período estatista esa relación se disparó en favor de las compañías privadas alcanzando su punto más elevado en 2001, cuando cada obrero casi producía el triple, con un total de 28,7 barriles diarios.
Desde 2005 en adelante, esa tendencia se fue modificando nuevamente en favor de los trabajadores y mostró un nuevo achicamiento de la productividad más allá de los aumentos en los volúmenes de la producción de crudo y gas. En ese año se había achicado a 22,8 barriles diarios y se mantuvo en franco retroceso hasta volver a establecerse durante 2015 en los 10 barriles diarios, una cifra idéntica a la de 1990.
Como un elemento adicional que permite comprender la situación actual, en 1995 las petroleras necesitar destinar el 19% de lo que un obrero producía en un día para pagarle el salario de esa jornada. Esa tendencia se fue incrementando y al complementarse con la baja del precio internacional desembocó en que para 2015 necesitaban un 40% de lo producido para pagar el salario de un obrero; más del doble en 20 años de diferencia.
Las conquistas obreras no solo se relacionaron con la cuestión salarial –aunque los sueldos se incrementaron fuertemente–, sino también esencialmente con las condiciones de trabajo, la seguridad en los yacimientos y la ampliación de las fuentes laborales. Ese proceso empalmó con una realidad social y política que se tradujo en cambios significativos en el país tras la crisis de diciembre de 2001 y que se combinaron con el viento de cola que impulsó la economía nacional desde 2003 en adelante.
El epicentro de la flexibilización y la domesticación busca reencauzar ese escenario contrario a las apetencias empresarias; de allí la insistencia de las operadoras para modificar las reglas de juego e imponer nuevas condiciones laborales que les posibiliten encontrar el camino para tomar el control social y económico de los yacimientos.
La inmediata reacción empresarial fue de una amplia satisfacción por el avance flexibilizador. El titular de la CEOPE, Adolfo Sánchez Zinny, sostuvo que “hemos visto en los dos Sindicatos una gran comprensión del problema. El objeto de este convenio es afrontar la baja de la actividad que es real y avanzar hacia una industria más competitiva… tiende a la mejora de la productividad”.
Desde la Cámara de empresas de Servicios de la cuenca del Golfo San Jorge, Esteban Núñez explicó que “para nada puede tomarse como una flexibilización laboral. No se buscó reducir salarios, sino reducir los costos de los pozos, para poder hacer más pozos y poder subir más equipos. Y por eso lo más importante de la adenda es que se busca trabajar mejor, que se cumpla con las tareas por las que se paga” (sic).
Con la “adenda” en la mano y frente al primer conflicto desatado en Chubut por los obreros de la contratista SP, las petroleras no dudaron en recurrir a la Justicia exigiendo que se disuelvan los piquetes en las rutas -con las tropas de Gendarmería– mostrando un avance concreto hacia el disciplinamiento y la domesticación, superando su reacción frente a las protestas de la década pasada.
Dificultades para la implementación
Poner en marcha la “adenda” para el cambio de los convenios colectivos no solamente implica la firma de los dirigentes sindicales petroleros, sino también su instrumentación en la cotidianeidad de los yacimientos.
Esa faceta tiene dos aristas que aún se encuentran en planos diferenciados de desarrollo. Por un lado asoma la imposición al conjunto de los obreros petroleros, la que a priori no tendría demasiadas complicaciones porque la dirigencia avala que así suceda. No faltará la utilización de la flexibilización como herramienta de canje por los sindicalistas para obtener algunos puntos de aumento salarial –o la cláusula gatillo sobre la inflación– en las paritarias que se encuentran en pleno desarrollo.
Más allá del uso y abuso que hacen los dirigentes y los amagues de no instrumentarla, lo cierto es que el sendero es uno solo para ellos, salvo que las bases los desborden. Es improbable que se convoque a una huelga contra lo acordado sobrepasando a la conducción. Eso no sucedió anteriormente y no se observan focos de rebelión que desemboquen en dicho proceso.
Pereyra está pidiendo algunos pequeños cambios en lo firmado, reclamando que las dotaciones de los equipos perforadores se eleve de 13 a 16 trabajadores (más los tres jerárquicos) y que se le paguen las eliminadas “horas taxi” a los petroleros que pernocten en los yacimientos.
Mientras,Ávila intentará que se elimine el punto 4 que cercena el derecho a huelga estableciendo las guardias mínimas; evitar nuevos despidos y suspensiones solamente por el plazo de 180 días producto del temporal que afectó a Comodoro; instrumentar los subsidios tipo REPRO para los petroleros despedidos en el 2016; eximir del impuesto a las ganancias; prorrogar los beneficios del Plan Gas; reducir a sólo cinco dólares en las cotizaciones internas entre el crudo tipo Escalante chubutense y el Medanito neuquino; y reinstalar los reembolsos por los puertos patagónicos.
Otro elemento no muy claro es a quiénes abarcará la “adenda”. En Vaca Muerta es más sencillo determinar los alcances porque el desarrollo de los yacimientos no convencionales es absolutamente incipiente y todos los trabajadores que se sumen desde este 2017 ya estarán contemplados en las nuevas condiciones laborales flexibilizadas.
En Chubut la instrumentación no es tan simple porque la casi totalidad de los obreros en funciones se encuentran contemplados por los alcances de los convenios colectivos anteriores y la perspectiva no es que se produzcan ingresos masivos con vistas al futuro. Los sindicalistas utilizaron como argumento para convencer a sus afiliados que la “adenda” involucrará solamente a los nuevos trabajadores contratados, pero en realidad es para todos los que ya se encuentran en funciones.
Al mismo tiempo se suma la dificultad de saber cómo se aplicará en la otra mitad de la Cuenca del Golfo San Jorge que aún no firmó el acuerdo flexibilizador. La porción santacruceña liderada por el sindicalista Claudio Vidal se mantiene reticente a estampar su firma y aunque no le quedan muchos caminos más que hacerlo o confrontar casi en soledad, no es viable ni lógico que se aplique solamente en los yacimientos convencionales de media cuenca.
Toyotismo y concentración
Por otro lado se asoma la necesidad de un nuevo esquema de funcionamiento empresario en los yacimientos. El mecanismo que propone la “adenda” apunta a una multiplicidad de tareas en cada una de las locaciones para profundizar la “eficiencia”, al mejor estilo del paradigma toyotista de producción, lo que con la actual dispersión de pequeñas y medianas empresas se complejiza implementar tal como aspiran las operadoras.
Es de esperar que en un futuro no muy lejano se produzca un proceso de fusiones o agrupamientos de Pymes que cierren el círculo de contratistas para que la multiplicidad de funciones se concrete al interior de empresas unificadas y no se ve entorpecida por la coordinación de decenas de pequeñas prestadoras de servicios específicos.
No sería descabellado pensar que el negocio petrolero ingresará finalmente en un proceso de concentración en muy pocas manos de contratistas, contrario al de dispersión que se vivió luego de la privatización de YPF; o que hasta sean las propias operadoras las que en algunos casos especiales absorban tareas y funciones que antes eran completamente tercerizadas.
De ser así, es muy probable que desaparezcan del mercado centenares de pequeñas y medianas empresas locales o regionales. Si por el contrario se mantiene el actual esquema de muchas contratistas ingresando a los yacimientos para concretar la multiplicidad de tareas, es de esperarse que se profundicen los problemas burocráticos y aumenten notablemente los riesgos de accidentes de trabajo.
El objetivo central de las operadoras con la flexibilización laboral es la aplicación del ajuste en los yacimientos y la reducción de los costos, que rondará entre el 30 y el 40%. Si implementación no será sencilla y generaría cambios en las empresas de servicios.
Sin embargo, el objetivo de fondo apunta al disciplinamiento de los trabajadores, una situación que desde hace 12 años no lograban instrumentar como producto de la belicosidad obrera, que se tradujo en conflictos constantes y una pérdida del síndrome de “temor” y “adoctrinamiento” frente al empresariado.
Durante más de una década, el movimiento obrero petrolero se había fortalecido sobre la base de protestas y la recuperación de una identidad perdida desde la privatización. Adecuarse a ese proceso no fue sencillo para el movimiento obrero petrolero, ya que estaba acostumbrado a la estabilidad y garantía laboral que brindó YPF durante 70 años.
Cuando la gran petrolera estatal desapareció del escenario, los trabajadores petroleros debieron aprender y adecuarse a nuevas condiciones laborales, muchas de las cuales no conocían porque no formaban parte de las prácticas habituales de aquella YPF.
Reinsertarse e interactuar con las nuevas relaciones laborales impuestas por las multinacionales petroleras implicó un cambio brusco, que se tradujo en un largo proceso de adaptación entre las partes, inclinando la balanza en favor del empresariado y su táctica afianzada en búsqueda de mayores ganancias.
Esa situación se vio claramente reflejada en el aumento de la productividad obrera de los petroleros desde 1993 en adelante –tal como fuera exhaustivamente explicado en publicaciones anteriores de El Extremo Sur– evidenciando un nivel de explotación muy superior respecto de lo que se daba en la compañía estatal.
Antes de la privatización de YPF cada obrero producía en promedio 10 barriles equivalentes de petróleo diarios, pero tras la liquidación del período estatista esa relación se disparó en favor de las compañías privadas alcanzando su punto más elevado en 2001, cuando cada obrero casi producía el triple, con un total de 28,7 barriles diarios.
Desde 2005 en adelante, esa tendencia se fue modificando nuevamente en favor de los trabajadores y mostró un nuevo achicamiento de la productividad más allá de los aumentos en los volúmenes de la producción de crudo y gas. En ese año se había achicado a 22,8 barriles diarios y se mantuvo en franco retroceso hasta volver a establecerse durante 2015 en los 10 barriles diarios, una cifra idéntica a la de 1990.
Como un elemento adicional que permite comprender la situación actual, en 1995 las petroleras necesitar destinar el 19% de lo que un obrero producía en un día para pagarle el salario de esa jornada. Esa tendencia se fue incrementando y al complementarse con la baja del precio internacional desembocó en que para 2015 necesitaban un 40% de lo producido para pagar el salario de un obrero; más del doble en 20 años de diferencia.
Las conquistas obreras no solo se relacionaron con la cuestión salarial –aunque los sueldos se incrementaron fuertemente–, sino también esencialmente con las condiciones de trabajo, la seguridad en los yacimientos y la ampliación de las fuentes laborales. Ese proceso empalmó con una realidad social y política que se tradujo en cambios significativos en el país tras la crisis de diciembre de 2001 y que se combinaron con el viento de cola que impulsó la economía nacional desde 2003 en adelante.
El epicentro de la flexibilización y la domesticación busca reencauzar ese escenario contrario a las apetencias empresarias; de allí la insistencia de las operadoras para modificar las reglas de juego e imponer nuevas condiciones laborales que les posibiliten encontrar el camino para tomar el control social y económico de los yacimientos.
La inmediata reacción empresarial fue de una amplia satisfacción por el avance flexibilizador. El titular de la CEOPE, Adolfo Sánchez Zinny, sostuvo que “hemos visto en los dos Sindicatos una gran comprensión del problema. El objeto de este convenio es afrontar la baja de la actividad que es real y avanzar hacia una industria más competitiva… tiende a la mejora de la productividad”.
Desde la Cámara de empresas de Servicios de la cuenca del Golfo San Jorge, Esteban Núñez explicó que “para nada puede tomarse como una flexibilización laboral. No se buscó reducir salarios, sino reducir los costos de los pozos, para poder hacer más pozos y poder subir más equipos. Y por eso lo más importante de la adenda es que se busca trabajar mejor, que se cumpla con las tareas por las que se paga” (sic).
Con la “adenda” en la mano y frente al primer conflicto desatado en Chubut por los obreros de la contratista SP, las petroleras no dudaron en recurrir a la Justicia exigiendo que se disuelvan los piquetes en las rutas -con las tropas de Gendarmería– mostrando un avance concreto hacia el disciplinamiento y la domesticación, superando su reacción frente a las protestas de la década pasada.
Dificultades para la implementación
Poner en marcha la “adenda” para el cambio de los convenios colectivos no solamente implica la firma de los dirigentes sindicales petroleros, sino también su instrumentación en la cotidianeidad de los yacimientos.
Esa faceta tiene dos aristas que aún se encuentran en planos diferenciados de desarrollo. Por un lado asoma la imposición al conjunto de los obreros petroleros, la que a priori no tendría demasiadas complicaciones porque la dirigencia avala que así suceda. No faltará la utilización de la flexibilización como herramienta de canje por los sindicalistas para obtener algunos puntos de aumento salarial –o la cláusula gatillo sobre la inflación– en las paritarias que se encuentran en pleno desarrollo.
Más allá del uso y abuso que hacen los dirigentes y los amagues de no instrumentarla, lo cierto es que el sendero es uno solo para ellos, salvo que las bases los desborden. Es improbable que se convoque a una huelga contra lo acordado sobrepasando a la conducción. Eso no sucedió anteriormente y no se observan focos de rebelión que desemboquen en dicho proceso.
Pereyra está pidiendo algunos pequeños cambios en lo firmado, reclamando que las dotaciones de los equipos perforadores se eleve de 13 a 16 trabajadores (más los tres jerárquicos) y que se le paguen las eliminadas “horas taxi” a los petroleros que pernocten en los yacimientos.
Mientras,Ávila intentará que se elimine el punto 4 que cercena el derecho a huelga estableciendo las guardias mínimas; evitar nuevos despidos y suspensiones solamente por el plazo de 180 días producto del temporal que afectó a Comodoro; instrumentar los subsidios tipo REPRO para los petroleros despedidos en el 2016; eximir del impuesto a las ganancias; prorrogar los beneficios del Plan Gas; reducir a sólo cinco dólares en las cotizaciones internas entre el crudo tipo Escalante chubutense y el Medanito neuquino; y reinstalar los reembolsos por los puertos patagónicos.
Otro elemento no muy claro es a quiénes abarcará la “adenda”. En Vaca Muerta es más sencillo determinar los alcances porque el desarrollo de los yacimientos no convencionales es absolutamente incipiente y todos los trabajadores que se sumen desde este 2017 ya estarán contemplados en las nuevas condiciones laborales flexibilizadas.
En Chubut la instrumentación no es tan simple porque la casi totalidad de los obreros en funciones se encuentran contemplados por los alcances de los convenios colectivos anteriores y la perspectiva no es que se produzcan ingresos masivos con vistas al futuro. Los sindicalistas utilizaron como argumento para convencer a sus afiliados que la “adenda” involucrará solamente a los nuevos trabajadores contratados, pero en realidad es para todos los que ya se encuentran en funciones.
Al mismo tiempo se suma la dificultad de saber cómo se aplicará en la otra mitad de la Cuenca del Golfo San Jorge que aún no firmó el acuerdo flexibilizador. La porción santacruceña liderada por el sindicalista Claudio Vidal se mantiene reticente a estampar su firma y aunque no le quedan muchos caminos más que hacerlo o confrontar casi en soledad, no es viable ni lógico que se aplique solamente en los yacimientos convencionales de media cuenca.
Toyotismo y concentración
Por otro lado se asoma la necesidad de un nuevo esquema de funcionamiento empresario en los yacimientos. El mecanismo que propone la “adenda” apunta a una multiplicidad de tareas en cada una de las locaciones para profundizar la “eficiencia”, al mejor estilo del paradigma toyotista de producción, lo que con la actual dispersión de pequeñas y medianas empresas se complejiza implementar tal como aspiran las operadoras.
Es de esperar que en un futuro no muy lejano se produzca un proceso de fusiones o agrupamientos de Pymes que cierren el círculo de contratistas para que la multiplicidad de funciones se concrete al interior de empresas unificadas y no se ve entorpecida por la coordinación de decenas de pequeñas prestadoras de servicios específicos.
No sería descabellado pensar que el negocio petrolero ingresará finalmente en un proceso de concentración en muy pocas manos de contratistas, contrario al de dispersión que se vivió luego de la privatización de YPF; o que hasta sean las propias operadoras las que en algunos casos especiales absorban tareas y funciones que antes eran completamente tercerizadas.
De ser así, es muy probable que desaparezcan del mercado centenares de pequeñas y medianas empresas locales o regionales. Si por el contrario se mantiene el actual esquema de muchas contratistas ingresando a los yacimientos para concretar la multiplicidad de tareas, es de esperarse que se profundicen los problemas burocráticos y aumenten notablemente los riesgos de accidentes de trabajo.
