Sociedad
Colabelli, José... El abogado del Diablo EES 115.
Involucrado en varias causas de desalojo a la comunidad mapuche y en la reciente negación de un aborto no punible a una niña de 12 años, el juez José Colabelli se enfrenta a la denuncia y el repudio de la comunidad en el banquillo de los acusados. Colabelli tiene un perfil problemático y controvertido, siempre cercano a la arbitrariedad. Ha puesto en escena estas características a través de verdaderos escándalos judiciales en la provincia de Chubut, ha sido destituido por “mal desempeño en su cargo y desconocimiento inexcusable del derecho” pero luego designado juez penal gracias a los buenos oficios de Enrique A. Korn, y es considerado un azote por todos los miembros de los pueblos originarios.
Todo comenzó en Esquel el 17 de diciembre de 2003, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento suspendió a Colabelli en su función de Juez de Instrucción. Tras una contundente movilización de las Comunidades y Organizaciones Mapuche-Tehuelches, el 4 de mayo de 2004 el juez fue destituido por mal desempeño en su cargo y desconocimiento inexcusable del derecho en un fallo unánime.
El fundamento fue la orden por parte de Colabelli de un violento desalojo y procesamiento de la familia Mapuche Fermín, acusada de usurpar tierras en Vuelta del Río. Además, el funcionario se encuentra ligado a los desalojos de las comunidades Mapuche de Choyqueta Cayulef y Curiñanco-Nahuelquir, entre otros.
A pesar de la magnitud del caso, una clara violación a los derechos humanos de la Comunidad Mapuche, José Colabelli fue restituido en su cargo siete años después gracias a las gestiones del poderoso abogado Enrique Alejandro Korn. El 27 de diciembre del 2010 se realizó el acto en la sede de tribunales de la ciudad de Esquel, donde se concretó la restitución de Colabelli, en este caso como juez penal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut revise la sentencia que destituyó al polémico juez de Esquel, dejando vía libre para que los ministros que la integran declaren la nulidad de la sentencia y ordenen la restitución del juez Colabelli, rechazando el Recurso Extraordinario presentado por la comunidad Mapuche Vuelta del Río.
La medida fue repudiada por el pueblo Mapuche, cuyos miembros se autoconvocaron en los tribunales de Esquel para demostrar su disconformidad de manera pacífica ante el hecho.
Al momento de asumir en su cargo, Colabelli aseguró que reclamaría los sueldos de todos los años que estuvo sin trabajar en el cargo que poseía. En una entrevista con el diario Jornada, el ahora juez Penal se mostró “dolido” por la situación que vivió en los últimos años y advirtió que “no guarda rencor”, aunque está convencido del peso que tuvo lo “político por sobre lo jurídico” en el caso. Su diálogo es dudoso y a pesar de su intención por voltear viejas páginas, continúa defendiendo su accionar judicial de aquel entonces. Con descaro, sentencia: “Yo nunca fui contra una comunidad mapuche”.
“Ustedes se van, y punto”
El relato que pesa por su voz es el de Rogelio Femín, hijo de Mauricio Fermín, el denunciado en la causa. Aunque apenas era un adolescente, este muchacho de ojos intensos recuerda con finura ese tiempo vivido. Un extraño sueño que tuvo a los 16 años sobre su relación con los pumas le advirtió lo que le pasaría a su comunidad. El ataque se avecinaba como una tormenta de verano. Y él lo presentía. Casi como un presagio, el 15 de marzo de 2003 amaneció nublado. Los Fermín tomaban mate alrededor del fogón, cuando vieron entrar a veintiún policías de las comisarías de Cushamen y El Maitén con la noticia del desalojo.
Rogelio les pidió ver la orden a lo que el comisario respondió: “No les tengo que mostrar nada. Ustedes se van, y punto”. La sentencia se materializó a lo largo de la mañana en medio de una voraz destrucción de la propiedad de los Fermín. El tesón y la oposición de la familia durante tres días, acabó con la paciencia de los policías que finalmente se marcharon. El desalojo había sido ordenado por el entonces juez de Instrucción de Esquel, José Colabelli.
Poco antes, en octubre de 2002, el mismo magistrado había decretado el desalojo de otra familia mapuche, los Curiñanco Nahuelquir, que tenían un conflicto de tierras con la empresa italiana Benetton (Ver recuadro).
En aquel caso, había sido un desalojo preventivo, antes de resolver quién tenía razón. En la causa Fermín, para ordenar el desalojo, Colabelli ignoró un dictamen de la Fiscalía que sobreseía a la familia por la causa de usurpación. Sin embargo, el 20 de marzo, cinco días después del intento de desalojo, la situación se le volvió en contra. En Esquel, unas 7000 personas que se manifestaban contra la minería acompañaron a los pobladores de la Comunidad Vuelta del Río hasta su despacho. Desde aquel día, Rogelio –que tenía 18 años– se convirtió en el vocero de la comunidad y de su familia.
Tres causas
La causa judicial por el desalojo derivó en tres: la principal, donde se resolvería la cuestión de la propiedad de la tierra; una contra los policías que actuaron ese día y otra por mal desempeño contra el juez Colabelli, que terminó destituido. Las tres causas llegaron hasta el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. La cuestión de la tierra se discutió incluso en la Corte Suprema. El violento procedimiento, que fue calificado por diversos sectores como un inaceptable retroceso a la Conquista del Desierto del Siglo XIX, provocó una gran movilización y protesta de los sectores indígenas y también del resto de la sociedad que se solidarizó con los Mapuche.
Gustavo Macayo, el abogado de la familia Fermín, explica que el error central de Colabelli fue haber elevado a juicio la causa sin la acusación del fiscal, como excusa para ordenar el desalojo. A raíz de eso, el Consejo de la Magistratura ordenó que Colabelli fuera al tribunal de enjuiciamiento político. Además, el abogado explicó los motivos de la insistencia de la familia de El Khazen quienes reclaman las tierras. “La finalidad es utilizar esta situación para presionar al Gobierno y obtener dinero. De hecho, en el medio de las audiencias, desde el Gobierno le ofrecieron a la comunidad comprar el campo y terminar con el asunto, pero la propia comunidad se opuso, decían que era un premio para El Khazen, y que lo que tenían que hacer era anular los títulos de propiedad. La tierra, ellos no la van a tener nunca: la gente vive ahí desde tiempos inmemoriales y no se van a ir por más que lo ordene cualquier juez”, sentenció Macayo.
Aborto: Colabelli lo hace de nuevo
“Ciertamente un profesional que no es capaz de reconocer, y en su carácter de magistrado, proteger los derechos de una mujer agredida, no puede impartir justicia. Comparar a una situación tan compleja como es la de abortar después de haber sido sometida sexualmente, con el decreto de ‘la pena de muerte de un nonato’ da cuenta de la matriz ideológica de un inquisidor, no de un juez del fuero provincial”. Esta fue la sentencia que emitió la Cátedra Abierta de Género de la Universidad Nacional de la Patagonia sede Trelew, en adhesión a las denuncias realizadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, junto a la Fundación Madre Luna, y a la Casa de la Mujer de Puerto Madryn por la prohibición del juez Colabelli a realizarle un aborto no punible a una niña de 12 años que fue violada, negándose a aplicar la legislación que le garantiza ese derecho.
Pese a la posición del magistrado, quien tiene asiento en Esquel, el embarazo de la niña que llevaba 16 semanas de gestación fue interrumpido en febrero pasado en una clínica privada que pagó el Estado, ya que en el único hospital público de Esquel, ningún médico quiso practicarlo aduciendo "objeción de conciencia".
El aborto lo solicitó la fiscal general de Esquel, María Bottini, que ya contaba con el nombre del obstetra y de la clínica donde se realizaría. La funcionaria solicitó aplicar el artículo 279 del Código Procesal Penal, "para preservar el material biológico que se extraiga de la nena", lo que permitiría obtener pruebas anticipadas de ADN para una investigación por violación. El dato curioso que eleva aún más las sospechas es que se trata de una víctima que pertenece a una comunidad mapuche. ¿Coincidencia?
El juez Colabelli consideró que el caso no encajaba en los supuestos previstos por el artículo 86 del Código Penal, que permiten abortos no punibles. "La sola circunstancia de que el embarazo haya sido producto de una violación no autoriza por sí mismo la realización de la extirpación del niño del vientre materno, máxime si presenta ya alrededor de 16 semanas de gestación, cuando los anteproyectos de ley presentados en el Congreso Nacional mencionan que sólo será permitido frente a abortos de hasta 12 semanas", escribió en su momento. A lo que agregó que “El aborto significa lisa y llanamente la comisión de un homicidio”. Un hombre de Derecho.
Benetton, Korn y Colabelli
La guerra por las tierras
Hace una década que se involucra a José Colabelli con varias causas de desalojo de comunidades mapuches en la cordillera. Uno de ellos tiene como protagonista al grupo Benetton, caso atendido claramente por Colabelli cuando ordenó el lanzamiento de la familia mapuche Curiñanco – Rúa Nahuelquir de las tierras que reclamaba la compañía italiana en 2002. En ese entonces, la esposa del magistrado, Gladys Carla Rossi, era la vicecónsul de Italia en Esquel. Una coincidencia.
En 2008 nuevamente Colabelli prestó sus servicios legales para defender a su abogado personal, Enrique Korn, quien pretendía el desalojo de 1200 hectáreas en el paraje El Pedregoso por parte de Inés Larenas, una pobladora que se dedica con su familia a la producción artesanal de dulces. El fallo de la justicia fue casualmente a favor de Korn y ordenó seis meses de prisión en suspenso para Larenas, el pago de los honorarios de Colabelli por la suma de seis mil pesos y la “restitución” de las tierras a Korn. Inés Larenas, quien recibió el apoyo de sus vecinos, sigue inamovible en las tierras que le reclaman. Enrique Korn es el padre de Pablo Korn, quien fuera una pieza clave en el gabinete del ex gobernador Mario Das Neves.
Involucrado en varias causas de desalojo a la comunidad mapuche y en la reciente negación de un aborto no punible a una niña de 12 años, el juez José Colabelli se enfrenta a la denuncia y el repudio de la comunidad en el banquillo de los acusados. Colabelli tiene un perfil problemático y controvertido, siempre cercano a la arbitrariedad. Ha puesto en escena estas características a través de verdaderos escándalos judiciales en la provincia de Chubut, ha sido destituido por “mal desempeño en su cargo y desconocimiento inexcusable del derecho” pero luego designado juez penal gracias a los buenos oficios de Enrique A. Korn, y es considerado un azote por todos los miembros de los pueblos originarios.
Todo comenzó en Esquel el 17 de diciembre de 2003, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento suspendió a Colabelli en su función de Juez de Instrucción. Tras una contundente movilización de las Comunidades y Organizaciones Mapuche-Tehuelches, el 4 de mayo de 2004 el juez fue destituido por mal desempeño en su cargo y desconocimiento inexcusable del derecho en un fallo unánime.
El fundamento fue la orden por parte de Colabelli de un violento desalojo y procesamiento de la familia Mapuche Fermín, acusada de usurpar tierras en Vuelta del Río. Además, el funcionario se encuentra ligado a los desalojos de las comunidades Mapuche de Choyqueta Cayulef y Curiñanco-Nahuelquir, entre otros.
A pesar de la magnitud del caso, una clara violación a los derechos humanos de la Comunidad Mapuche, José Colabelli fue restituido en su cargo siete años después gracias a las gestiones del poderoso abogado Enrique Alejandro Korn. El 27 de diciembre del 2010 se realizó el acto en la sede de tribunales de la ciudad de Esquel, donde se concretó la restitución de Colabelli, en este caso como juez penal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut revise la sentencia que destituyó al polémico juez de Esquel, dejando vía libre para que los ministros que la integran declaren la nulidad de la sentencia y ordenen la restitución del juez Colabelli, rechazando el Recurso Extraordinario presentado por la comunidad Mapuche Vuelta del Río.
La medida fue repudiada por el pueblo Mapuche, cuyos miembros se autoconvocaron en los tribunales de Esquel para demostrar su disconformidad de manera pacífica ante el hecho.
Al momento de asumir en su cargo, Colabelli aseguró que reclamaría los sueldos de todos los años que estuvo sin trabajar en el cargo que poseía. En una entrevista con el diario Jornada, el ahora juez Penal se mostró “dolido” por la situación que vivió en los últimos años y advirtió que “no guarda rencor”, aunque está convencido del peso que tuvo lo “político por sobre lo jurídico” en el caso. Su diálogo es dudoso y a pesar de su intención por voltear viejas páginas, continúa defendiendo su accionar judicial de aquel entonces. Con descaro, sentencia: “Yo nunca fui contra una comunidad mapuche”.
“Ustedes se van, y punto”
El relato que pesa por su voz es el de Rogelio Femín, hijo de Mauricio Fermín, el denunciado en la causa. Aunque apenas era un adolescente, este muchacho de ojos intensos recuerda con finura ese tiempo vivido. Un extraño sueño que tuvo a los 16 años sobre su relación con los pumas le advirtió lo que le pasaría a su comunidad. El ataque se avecinaba como una tormenta de verano. Y él lo presentía. Casi como un presagio, el 15 de marzo de 2003 amaneció nublado. Los Fermín tomaban mate alrededor del fogón, cuando vieron entrar a veintiún policías de las comisarías de Cushamen y El Maitén con la noticia del desalojo.
Rogelio les pidió ver la orden a lo que el comisario respondió: “No les tengo que mostrar nada. Ustedes se van, y punto”. La sentencia se materializó a lo largo de la mañana en medio de una voraz destrucción de la propiedad de los Fermín. El tesón y la oposición de la familia durante tres días, acabó con la paciencia de los policías que finalmente se marcharon. El desalojo había sido ordenado por el entonces juez de Instrucción de Esquel, José Colabelli.
Poco antes, en octubre de 2002, el mismo magistrado había decretado el desalojo de otra familia mapuche, los Curiñanco Nahuelquir, que tenían un conflicto de tierras con la empresa italiana Benetton (Ver recuadro).
En aquel caso, había sido un desalojo preventivo, antes de resolver quién tenía razón. En la causa Fermín, para ordenar el desalojo, Colabelli ignoró un dictamen de la Fiscalía que sobreseía a la familia por la causa de usurpación. Sin embargo, el 20 de marzo, cinco días después del intento de desalojo, la situación se le volvió en contra. En Esquel, unas 7000 personas que se manifestaban contra la minería acompañaron a los pobladores de la Comunidad Vuelta del Río hasta su despacho. Desde aquel día, Rogelio –que tenía 18 años– se convirtió en el vocero de la comunidad y de su familia.
Tres causas
La causa judicial por el desalojo derivó en tres: la principal, donde se resolvería la cuestión de la propiedad de la tierra; una contra los policías que actuaron ese día y otra por mal desempeño contra el juez Colabelli, que terminó destituido. Las tres causas llegaron hasta el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. La cuestión de la tierra se discutió incluso en la Corte Suprema. El violento procedimiento, que fue calificado por diversos sectores como un inaceptable retroceso a la Conquista del Desierto del Siglo XIX, provocó una gran movilización y protesta de los sectores indígenas y también del resto de la sociedad que se solidarizó con los Mapuche.
Gustavo Macayo, el abogado de la familia Fermín, explica que el error central de Colabelli fue haber elevado a juicio la causa sin la acusación del fiscal, como excusa para ordenar el desalojo. A raíz de eso, el Consejo de la Magistratura ordenó que Colabelli fuera al tribunal de enjuiciamiento político. Además, el abogado explicó los motivos de la insistencia de la familia de El Khazen quienes reclaman las tierras. “La finalidad es utilizar esta situación para presionar al Gobierno y obtener dinero. De hecho, en el medio de las audiencias, desde el Gobierno le ofrecieron a la comunidad comprar el campo y terminar con el asunto, pero la propia comunidad se opuso, decían que era un premio para El Khazen, y que lo que tenían que hacer era anular los títulos de propiedad. La tierra, ellos no la van a tener nunca: la gente vive ahí desde tiempos inmemoriales y no se van a ir por más que lo ordene cualquier juez”, sentenció Macayo.
Aborto: Colabelli lo hace de nuevo
“Ciertamente un profesional que no es capaz de reconocer, y en su carácter de magistrado, proteger los derechos de una mujer agredida, no puede impartir justicia. Comparar a una situación tan compleja como es la de abortar después de haber sido sometida sexualmente, con el decreto de ‘la pena de muerte de un nonato’ da cuenta de la matriz ideológica de un inquisidor, no de un juez del fuero provincial”. Esta fue la sentencia que emitió la Cátedra Abierta de Género de la Universidad Nacional de la Patagonia sede Trelew, en adhesión a las denuncias realizadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, junto a la Fundación Madre Luna, y a la Casa de la Mujer de Puerto Madryn por la prohibición del juez Colabelli a realizarle un aborto no punible a una niña de 12 años que fue violada, negándose a aplicar la legislación que le garantiza ese derecho.
Pese a la posición del magistrado, quien tiene asiento en Esquel, el embarazo de la niña que llevaba 16 semanas de gestación fue interrumpido en febrero pasado en una clínica privada que pagó el Estado, ya que en el único hospital público de Esquel, ningún médico quiso practicarlo aduciendo "objeción de conciencia".
El aborto lo solicitó la fiscal general de Esquel, María Bottini, que ya contaba con el nombre del obstetra y de la clínica donde se realizaría. La funcionaria solicitó aplicar el artículo 279 del Código Procesal Penal, "para preservar el material biológico que se extraiga de la nena", lo que permitiría obtener pruebas anticipadas de ADN para una investigación por violación. El dato curioso que eleva aún más las sospechas es que se trata de una víctima que pertenece a una comunidad mapuche. ¿Coincidencia?
El juez Colabelli consideró que el caso no encajaba en los supuestos previstos por el artículo 86 del Código Penal, que permiten abortos no punibles. "La sola circunstancia de que el embarazo haya sido producto de una violación no autoriza por sí mismo la realización de la extirpación del niño del vientre materno, máxime si presenta ya alrededor de 16 semanas de gestación, cuando los anteproyectos de ley presentados en el Congreso Nacional mencionan que sólo será permitido frente a abortos de hasta 12 semanas", escribió en su momento. A lo que agregó que “El aborto significa lisa y llanamente la comisión de un homicidio”. Un hombre de Derecho.
Benetton, Korn y Colabelli
La guerra por las tierras
Hace una década que se involucra a José Colabelli con varias causas de desalojo de comunidades mapuches en la cordillera. Uno de ellos tiene como protagonista al grupo Benetton, caso atendido claramente por Colabelli cuando ordenó el lanzamiento de la familia mapuche Curiñanco – Rúa Nahuelquir de las tierras que reclamaba la compañía italiana en 2002. En ese entonces, la esposa del magistrado, Gladys Carla Rossi, era la vicecónsul de Italia en Esquel. Una coincidencia.
En 2008 nuevamente Colabelli prestó sus servicios legales para defender a su abogado personal, Enrique Korn, quien pretendía el desalojo de 1200 hectáreas en el paraje El Pedregoso por parte de Inés Larenas, una pobladora que se dedica con su familia a la producción artesanal de dulces. El fallo de la justicia fue casualmente a favor de Korn y ordenó seis meses de prisión en suspenso para Larenas, el pago de los honorarios de Colabelli por la suma de seis mil pesos y la “restitución” de las tierras a Korn. Inés Larenas, quien recibió el apoyo de sus vecinos, sigue inamovible en las tierras que le reclaman. Enrique Korn es el padre de Pablo Korn, quien fuera una pieza clave en el gabinete del ex gobernador Mario Das Neves.
