Crimen de Tino John: "Hubo violencia por todos lados, fue un hecho gravísimo de violencia institucional"A cuatro años del fusilamiento de Alejandro Tino John a manos del GEOP, El Extremo Sur dialogó con Nelson Avalos, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Noroeste Chubut, organización que dese el día uno exigió justicia y esclarecimiento de los hechos. Avalos repasó algunas de las instancias claves del caso que tendría definiciones en septiembre, cuando se celebre el juicio por jurados que tiene como imputados a los efectivos policiales Luis Américo Moggiano, Omar Martínez y Cristian Soto. También analizó el rol del ex ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, responsable de las fuerzas policiales que actuaron en el procedimiento que concluyó con el asesinato del vecino de Las Golondrinas.
"En el primer momento nosotros nos involucramos porque nos pareció un hecho gravísimo de violencia institucional, no solo policial, porque cubría todas las instituciones, la Fiscalía que mandó el procedimiento, la Comisaría de El Hoyo, el GEOP, el propio juez de Esquel que envió la orden de allanamiento", sostiene Nelson Avalos, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Noroeste Chubut, en esta entrevista con El Extremo Sur.
El referente señala además el rol del ex ministro de Seguridad, Federico Massoni, tanto en el discurso posterior al asesinato de Tino como en los meses previos en los que desplegó una narrativa de mano dura que podría haber afectado el estado mental del vecino. Además, sostiene que "la Policía actuó de esa manera porque sentía un aval por parte de su jefe máximo, el ministro de Seguridad".
El argumento de los imputados es que "seguían directivas", por lo que Massoni será uno de los testigos convocados para declarar en el juicio, que tendrá lugar en Lago Puelo del 16 al 23 de septiembre.
A 4 años de los hechos y de cara al juicio, ¿qué balance hace de las distintas instancias del caso?
El 27 de mayo de 2021 un grupo del GEOP de la Policía de la Provincia del Chubut irrumpió en la chacra de Alejandro Tino John, donde estaba él con su compañera Claudia Costa Basso y en unos minutos terminó muerto de un balazo por parte de uno de los efectivos. En los días siguientes nos pudimos encontrar con la familia y la gente en la Fiscalía de El Hoyo, donde se juntaron un montón de vecinos, vecinas, amigos, familiares de Tino, que era un hombre muy conocido, respetado y querido en la zona, por su actividad comercial. Nos juntamos a reclamar justicia y se hizo un petitorio ese mismo día, fue enviado al Superior Tribunal de Justicia, en donde se pedían cosas que recién tres años después se dieron. Lo primero que se pidió fue que la investigación no la lleve adelante la misma Fiscalía que había ordenado el procedimiento que terminó con Tino asesinado. Y también que se apartara a la Policía provincial de la investigación. Bueno, a eso no se le dio importancia. Recién tres años después fue separado el fiscal Díaz Mayer de la investigación. Y hace un par de meses fueron imputados los dos comisarios, Omar Martínez, que era el comisario de El Hoyo al momento del procedimiento, y Cristian Soto, jefe del GEOP. Hubo muchas dilaciones, mucho tiempo pasó, muchos pedidos, para llegar donde estamos ahora, está casi por empezar el juicio por jurados que va a ser en septiembre.
¿Cuál fue el rol de la APDH en estos cuatro años? Además de integrar las querellas, han participado activamente en los pedidos de justicia.
Nosotros nos involucramos porque nos pareció un hecho gravísimo de violencia institucional, no solo policial, porque cubría todas las instituciones: la Fiscalía que mandó el procedimiento, la Comisaría de El Hoyo, el GEOP, el propio juez de Esquel que envió la orden de allanamiento. Que, de hecho, no era allanamiento tampoco, según nos vamos enterando en las audiencias, era una requisa de armas, si las tuviera el vecino, ni siquiera hablaba de detener a John. Como ya se sabía que él tenía un padecimiento mental, tenían que ir primero con la familia, con gente de Salud Mental para hablar con él, como se había hecho otras veces, en otras en otras crisis que había tenido y solamente eso, ni siquiera se hablaba de secuestro del arma. Solamente era requisa o ver si era real lo que se había denunciado, que él tenía armas y que estaba amenazando a los vecinos, que fue la causa del procedimiento. Y hubo violencia por todos lados, porque además no se cumplió el protocolo de Salud Mental. A la gente de Salud Mental se la llamó después de que había pasado todo.
Además se sabía que el estado de Tino John se había agravado a raíz del temor a las tomas de terrenos.
En ese momento Tino John estaba con un vecino trabajando, haciendo tareas en la casa. Esto de que él había efectuado un disparo porque tenía temor había pasado la noche anterior. Hay que conceptualizar también porque el mes de marzo había sido el incendio de Las Golondrinas y a la chacra de Tino se le habían quemado los alambrados. Había toda una situación de contexto social de la Comarca, de Las Golondrinas, justamente donde estaba la chacra, donde había gente que tenía temor de que le ocupen los terrenos. Había un contexto provincial también. Recordemos que el ministro de Seguridad era Federico Massoni y estaba diciendo que en Las Golondrinas había gente que estaba aprovechando el incendio para ocupar terrenos, cosa que no era cierta, pero Tino había de alguna forma creído parte de eso que se estaba diciendo, además de su estrés y del padecimiento mental que tenía. Entonces, estaba bajo estrés, bajo temor. Y había pasado lo del día anterior del 26 de mayo. Y el 27, Claudia Costa Basso -su compañera desde hacía 15 años- ingresó al domicilio esa mañana y ahí según dijo la Policía en las declaraciones, les había arruinado el factor sorpresa. Por eso ingresaron inmediatamente detrás de Claudia. Alrededor de 20 efectivos con toda la ropa y el armamento del Grupo Especial, que realizaron un procedimiento como si se tratara de una persona muy peligrosa, de gente armada, de gente que tenía rehenes o cosas así, y por eso resulta muerto Tino John.
En este sentido, ¿creen que existen también responsabilidades políticas?
Nosotros desde el primer momento dijimos en comunicados que el principal factor o uno de los principales factores que había producido la muerte de Tino John era el discurso y las acciones del ministro de Seguridad, Federico Massoni, respecto a la mano dura. Había estado hace pocos días en Golondrinas recorriendo a caballo los barrios incendiados, culpando a la gente; bueno, todo un contexto que había creado en la provincia Massoni desde el año anterior, desde la pandemia, con la gente presa en gimnasios municipales, todo eso se venía arrastrando. Por eso creíamos y seguimos creyendo que la Policía actuó de esa manera porque sentía un aval por parte de su jefe máximo, el ministro de Seguridad. Pasaron cuatro años, ahora están imputados los tres policías, el policía que efectuó el disparo, Moggiano, más el comisario de El Hoyo y el jefe de Moggiano. Pero también va a ser citado Massoni como testigo por parte de las defensas de estos imputados. Porque ellos dicen que obedecieron las directivas. Entonces, ahí aparece después de cuatro años la persona que nosotros habíamos indicado como otro responsable de lo que había pasado con Tino John. Y que estaba al margen o no se lo había mencionado en la causa. Hay que ver qué sale en el juicio y si Massoni termina imputado o señalado de alguna manera como responsable de lo que pasó con Tino John.
¿Cómo evalúan la actuación de Massoni como funcionario público respecto al caso?
Hay que recordar que ese día, a las horas de lo que había pasado, Massoni salió a felicitar a la Policía. A decir que el procedimiento había sido "impecable". Nosotros nos acordamos, porque ni siquiera dijo "Vamos a investigar lo que sucedió". Al contrario, dijo, "se eliminó la amenaza". Entonces, va a estar como testigo. También va a estar como testigo el fiscal de la causa Carlos Díaz Mayer. No sabemos por qué lo citan a él también, lo propusieron como testigo los propios imputados. Vamos a ver cómo se desarrolla el juicio, que va a ser por jurados, un juicio nuevo en la Provincia, aquí en la Comarca creo que va a ser el tercero de ese tipo, pero va ser especial por el hecho, por lo que sucedió, y por el impacto que tuvo en la Comarca el asesinato de Tino.
Señalaron en varias ocasiones que no se trató de un caso aislado, sino que había un panorama más bien generalizado de violencia institucional en la Provincia.
Sí, y todo eso influyendo en el ánimo de toda la Comarca. Pero en el caso de las personas como Tino John, según lo que fui aprendiendo, el estrés se va acumulando por capas, por distintos hechos. El incendio fue una y el discurso oficial sobre las tomas, sobre el peligro de los usurpadores, eso es otra capa de estrés. Y así hasta que Tino tuvo esa crisis y se desencadenó lo que terminó con su vida. Pero él había tenido otras crisis a lo largo de su vida que habían sido solucionadas por su familia, personal de Salud Mental y la medicación que tomaba; o sea, no es que nadie sabía lo que estaba pasando. El problema fue que se hizo todo el procedimiento mal, el procedimiento que la propia Fiscalía y la Policía habían acordado con el juez y el Hospital de Lago Puelo y se hizo exactamente al revés.
En ese momento, distintas organizaciones cuestionaron el uso del protocolo de uso de armas de fuego, impuesto por Massoni, sumado a la falta de protocolos en materia de Salud Mental. A cuatro años del asesinato de John, ¿hubo avances en este sentido?
El protocolo está en vigencia nuevamente, lo puso en vigencia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En relación a la salud mental hay protocolos que se ocupan específicamente de las personas con padecimientos mentales y señala claramente cuál es la manera de abordar una situación de esas. Y bueno, no se lo tuvo en cuenta y no se cumplió.
Los plazos de apertura de la causa estuvieron cercanos al vencimiento, y el primer fiscal pidió el sobreseimiento de Moggiano, ¿creés que la movilización de organizaciones y vecinos contribuyó a que el caso tuviera continuidad?
El fiscal Díaz Mayer se tomó un año y medio en realizar la apertura de la investigación. Se realizó la apertura pero por insistencia, primero de Claudia Costa que no se quedó tranquila ni quieta ni se resignó para nada a lo que había pasado. Nosotros como organizaciones la apoyamos. Inclusive este hecho sirvió para que nos juntemos y formemos una red de organizaciones de Derechos Humanos que integra la Comisión Contra la Impunidad de Trelew, la APDH Esquel, la APDH Sudeste de Madryn y Rawson, Trelew y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras; varias organizaciones que nos juntamos de alguna forma a raíz de este hecho y después en particular a trabajar e intervenir en distintas situaciones. Tambien la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación de ese momento se presentó como amicus curiae. Un montón de cosas que fueron pasando en todos estos años. En un momento Díaz Mayer saca un dictamen, ya venciéndose los plazos. Después de demorar un montón para abrir la investigación, al año siguiente, casi tres años después de los hechos, Díaz Mayer dice que no hay elementos para continuar y pretende absolver a Moggiano y prácticamente cerrar la causa. Fue gracias a la insistencia de las querellas, de los defensores públicos, las querellas particulares de uno de los hijos de Tino, más la APDH que logramos que la Procuraduría saque a Díaz Mayer de la causa y coloque a un nuevo fiscal. Si no, hubiese cerrado la causa; se podía apelar, pero iba a pasar mucho tiempo más para lograr reabrirla. A partir del nuevo fiscal ahí sí se realiza la imputación de los otros dos comisarios. Y así llegamos a una de las últimas audiencias para el juicio que se va a hacer en septiembre.
A cuatro años del fusilamiento de Alejandro Tino John a manos del GEOP, El Extremo Sur dialogó con Nelson Avalos, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Noroeste Chubut, organización que dese el día uno exigió justicia y esclarecimiento de los hechos. Avalos repasó algunas de las instancias claves del caso que tendría definiciones en septiembre, cuando se celebre el juicio por jurados que tiene como imputados a los efectivos policiales Luis Américo Moggiano, Omar Martínez y Cristian Soto. También analizó el rol del ex ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, responsable de las fuerzas policiales que actuaron en el procedimiento que concluyó con el asesinato del vecino de Las Golondrinas.
"En el primer momento nosotros nos involucramos porque nos pareció un hecho gravísimo de violencia institucional, no solo policial, porque cubría todas las instituciones, la Fiscalía que mandó el procedimiento, la Comisaría de El Hoyo, el GEOP, el propio juez de Esquel que envió la orden de allanamiento", sostiene Nelson Avalos, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Noroeste Chubut, en esta entrevista con El Extremo Sur.
El referente señala además el rol del ex ministro de Seguridad, Federico Massoni, tanto en el discurso posterior al asesinato de Tino como en los meses previos en los que desplegó una narrativa de mano dura que podría haber afectado el estado mental del vecino. Además, sostiene que "la Policía actuó de esa manera porque sentía un aval por parte de su jefe máximo, el ministro de Seguridad".
El argumento de los imputados es que "seguían directivas", por lo que Massoni será uno de los testigos convocados para declarar en el juicio, que tendrá lugar en Lago Puelo del 16 al 23 de septiembre.
A 4 años de los hechos y de cara al juicio, ¿qué balance hace de las distintas instancias del caso?
El 27 de mayo de 2021 un grupo del GEOP de la Policía de la Provincia del Chubut irrumpió en la chacra de Alejandro Tino John, donde estaba él con su compañera Claudia Costa Basso y en unos minutos terminó muerto de un balazo por parte de uno de los efectivos. En los días siguientes nos pudimos encontrar con la familia y la gente en la Fiscalía de El Hoyo, donde se juntaron un montón de vecinos, vecinas, amigos, familiares de Tino, que era un hombre muy conocido, respetado y querido en la zona, por su actividad comercial. Nos juntamos a reclamar justicia y se hizo un petitorio ese mismo día, fue enviado al Superior Tribunal de Justicia, en donde se pedían cosas que recién tres años después se dieron. Lo primero que se pidió fue que la investigación no la lleve adelante la misma Fiscalía que había ordenado el procedimiento que terminó con Tino asesinado. Y también que se apartara a la Policía provincial de la investigación. Bueno, a eso no se le dio importancia. Recién tres años después fue separado el fiscal Díaz Mayer de la investigación. Y hace un par de meses fueron imputados los dos comisarios, Omar Martínez, que era el comisario de El Hoyo al momento del procedimiento, y Cristian Soto, jefe del GEOP. Hubo muchas dilaciones, mucho tiempo pasó, muchos pedidos, para llegar donde estamos ahora, está casi por empezar el juicio por jurados que va a ser en septiembre.
¿Cuál fue el rol de la APDH en estos cuatro años? Además de integrar las querellas, han participado activamente en los pedidos de justicia.
Nosotros nos involucramos porque nos pareció un hecho gravísimo de violencia institucional, no solo policial, porque cubría todas las instituciones: la Fiscalía que mandó el procedimiento, la Comisaría de El Hoyo, el GEOP, el propio juez de Esquel que envió la orden de allanamiento. Que, de hecho, no era allanamiento tampoco, según nos vamos enterando en las audiencias, era una requisa de armas, si las tuviera el vecino, ni siquiera hablaba de detener a John. Como ya se sabía que él tenía un padecimiento mental, tenían que ir primero con la familia, con gente de Salud Mental para hablar con él, como se había hecho otras veces, en otras en otras crisis que había tenido y solamente eso, ni siquiera se hablaba de secuestro del arma. Solamente era requisa o ver si era real lo que se había denunciado, que él tenía armas y que estaba amenazando a los vecinos, que fue la causa del procedimiento. Y hubo violencia por todos lados, porque además no se cumplió el protocolo de Salud Mental. A la gente de Salud Mental se la llamó después de que había pasado todo.
Además se sabía que el estado de Tino John se había agravado a raíz del temor a las tomas de terrenos.
En ese momento Tino John estaba con un vecino trabajando, haciendo tareas en la casa. Esto de que él había efectuado un disparo porque tenía temor había pasado la noche anterior. Hay que conceptualizar también porque el mes de marzo había sido el incendio de Las Golondrinas y a la chacra de Tino se le habían quemado los alambrados. Había toda una situación de contexto social de la Comarca, de Las Golondrinas, justamente donde estaba la chacra, donde había gente que tenía temor de que le ocupen los terrenos. Había un contexto provincial también. Recordemos que el ministro de Seguridad era Federico Massoni y estaba diciendo que en Las Golondrinas había gente que estaba aprovechando el incendio para ocupar terrenos, cosa que no era cierta, pero Tino había de alguna forma creído parte de eso que se estaba diciendo, además de su estrés y del padecimiento mental que tenía. Entonces, estaba bajo estrés, bajo temor. Y había pasado lo del día anterior del 26 de mayo. Y el 27, Claudia Costa Basso -su compañera desde hacía 15 años- ingresó al domicilio esa mañana y ahí según dijo la Policía en las declaraciones, les había arruinado el factor sorpresa. Por eso ingresaron inmediatamente detrás de Claudia. Alrededor de 20 efectivos con toda la ropa y el armamento del Grupo Especial, que realizaron un procedimiento como si se tratara de una persona muy peligrosa, de gente armada, de gente que tenía rehenes o cosas así, y por eso resulta muerto Tino John.
En este sentido, ¿creen que existen también responsabilidades políticas?
Nosotros desde el primer momento dijimos en comunicados que el principal factor o uno de los principales factores que había producido la muerte de Tino John era el discurso y las acciones del ministro de Seguridad, Federico Massoni, respecto a la mano dura. Había estado hace pocos días en Golondrinas recorriendo a caballo los barrios incendiados, culpando a la gente; bueno, todo un contexto que había creado en la provincia Massoni desde el año anterior, desde la pandemia, con la gente presa en gimnasios municipales, todo eso se venía arrastrando. Por eso creíamos y seguimos creyendo que la Policía actuó de esa manera porque sentía un aval por parte de su jefe máximo, el ministro de Seguridad. Pasaron cuatro años, ahora están imputados los tres policías, el policía que efectuó el disparo, Moggiano, más el comisario de El Hoyo y el jefe de Moggiano. Pero también va a ser citado Massoni como testigo por parte de las defensas de estos imputados. Porque ellos dicen que obedecieron las directivas. Entonces, ahí aparece después de cuatro años la persona que nosotros habíamos indicado como otro responsable de lo que había pasado con Tino John. Y que estaba al margen o no se lo había mencionado en la causa. Hay que ver qué sale en el juicio y si Massoni termina imputado o señalado de alguna manera como responsable de lo que pasó con Tino John.
¿Cómo evalúan la actuación de Massoni como funcionario público respecto al caso?
Hay que recordar que ese día, a las horas de lo que había pasado, Massoni salió a felicitar a la Policía. A decir que el procedimiento había sido "impecable". Nosotros nos acordamos, porque ni siquiera dijo "Vamos a investigar lo que sucedió". Al contrario, dijo, "se eliminó la amenaza". Entonces, va a estar como testigo. También va a estar como testigo el fiscal de la causa Carlos Díaz Mayer. No sabemos por qué lo citan a él también, lo propusieron como testigo los propios imputados. Vamos a ver cómo se desarrolla el juicio, que va a ser por jurados, un juicio nuevo en la Provincia, aquí en la Comarca creo que va a ser el tercero de ese tipo, pero va ser especial por el hecho, por lo que sucedió, y por el impacto que tuvo en la Comarca el asesinato de Tino.
Señalaron en varias ocasiones que no se trató de un caso aislado, sino que había un panorama más bien generalizado de violencia institucional en la Provincia.
Sí, y todo eso influyendo en el ánimo de toda la Comarca. Pero en el caso de las personas como Tino John, según lo que fui aprendiendo, el estrés se va acumulando por capas, por distintos hechos. El incendio fue una y el discurso oficial sobre las tomas, sobre el peligro de los usurpadores, eso es otra capa de estrés. Y así hasta que Tino tuvo esa crisis y se desencadenó lo que terminó con su vida. Pero él había tenido otras crisis a lo largo de su vida que habían sido solucionadas por su familia, personal de Salud Mental y la medicación que tomaba; o sea, no es que nadie sabía lo que estaba pasando. El problema fue que se hizo todo el procedimiento mal, el procedimiento que la propia Fiscalía y la Policía habían acordado con el juez y el Hospital de Lago Puelo y se hizo exactamente al revés.
En ese momento, distintas organizaciones cuestionaron el uso del protocolo de uso de armas de fuego, impuesto por Massoni, sumado a la falta de protocolos en materia de Salud Mental. A cuatro años del asesinato de John, ¿hubo avances en este sentido?
El protocolo está en vigencia nuevamente, lo puso en vigencia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En relación a la salud mental hay protocolos que se ocupan específicamente de las personas con padecimientos mentales y señala claramente cuál es la manera de abordar una situación de esas. Y bueno, no se lo tuvo en cuenta y no se cumplió.
Los plazos de apertura de la causa estuvieron cercanos al vencimiento, y el primer fiscal pidió el sobreseimiento de Moggiano, ¿creés que la movilización de organizaciones y vecinos contribuyó a que el caso tuviera continuidad?
El fiscal Díaz Mayer se tomó un año y medio en realizar la apertura de la investigación. Se realizó la apertura pero por insistencia, primero de Claudia Costa que no se quedó tranquila ni quieta ni se resignó para nada a lo que había pasado. Nosotros como organizaciones la apoyamos. Inclusive este hecho sirvió para que nos juntemos y formemos una red de organizaciones de Derechos Humanos que integra la Comisión Contra la Impunidad de Trelew, la APDH Esquel, la APDH Sudeste de Madryn y Rawson, Trelew y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras; varias organizaciones que nos juntamos de alguna forma a raíz de este hecho y después en particular a trabajar e intervenir en distintas situaciones. Tambien la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación de ese momento se presentó como amicus curiae. Un montón de cosas que fueron pasando en todos estos años. En un momento Díaz Mayer saca un dictamen, ya venciéndose los plazos. Después de demorar un montón para abrir la investigación, al año siguiente, casi tres años después de los hechos, Díaz Mayer dice que no hay elementos para continuar y pretende absolver a Moggiano y prácticamente cerrar la causa. Fue gracias a la insistencia de las querellas, de los defensores públicos, las querellas particulares de uno de los hijos de Tino, más la APDH que logramos que la Procuraduría saque a Díaz Mayer de la causa y coloque a un nuevo fiscal. Si no, hubiese cerrado la causa; se podía apelar, pero iba a pasar mucho tiempo más para lograr reabrirla. A partir del nuevo fiscal ahí sí se realiza la imputación de los otros dos comisarios. Y así llegamos a una de las últimas audiencias para el juicio que se va a hacer en septiembre.
