Desalojos y detenciones: Las políticas de Milei para el despojo contra las comunidades indígenasPor Gabriela Figueroa
Con la derogación de la Ley 26.160, que disponía el relevamiento de los pueblos indígenas y suspendía sus desalojos, la política territorial libertaria es el despojo. Si bien la gran mayoría de las comunidades indígenas y campesinas ya tenían conflictos judiciales por los territorios que habitan, la avanzada sobre éstos con complicidad judicial, política y empresarial es notoria y simultánea desde la asunción de Javier Milei al gobierno. Según denunció la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), los procesos de desalojos se han multiplicado desde Jujuy hasta el sur del país. "Lo que está pasando ahora es un arrasamiento de derechos, un ciclo de mucha violencia institucional y social", aseveró en conferencia de prensa la secretaria general de APDH, María Elena Naddeo.
Algunos referentes del interior, nucleados en Opinoa (Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noa), llegaron a Buenos Aires esta semana para denunciar la extrema fragilidad de los derechos a la tierra, en especial, de quienes viven en la ruralidad. Atropellos a sangre y fuego, persecuciones con perros y a caballo por los montes, ancianas arrancadas de sus hogares y abandonadas con lo puesto bajo el sol, topadoras sobre las casas y cercos al campo libre que condena a la muerte a sus animales es el paisaje común de sus testimonios.
Una ley necesaria
"Venimos a denunciar la violencia institucional que atravesamos las 2000 comunidades preexistentes de los 40 pueblos indígenas en la Argentina, a través de políticas de negación, invisibilización, retroceso y discriminación que vivimos en Jujuy y a nivel nacional con este gobierno", aseveró a Tiempo Néstor Jerez, cacique de la Comunidad Okloya. Ya en 2023, Jerez formó parte del Tercer Malón de la Paz que permaneció por meses en un acampe frente a los tribunales porteños y denunció la reforma constitucional ilegítima de su provincia, el antecedente más próximo al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que en 2024 se aprobó para todo el país con la Ley Bases y que beneficia a las grandes empresas para la explotación de los territorios. "Lo de Jujuy era un experimento de laboratorio donde el exgobernador Gerardo Morales en complicidad con Rivarola aprobaron una ley inconsulta e inconstitucional para favorecer a las empresas, los extractivismos y al despojo. Hoy vemos cómo continua ese atropello con la abolición de todos nuestros derechos", expresó.
Para Jerez, en este contexto, resulta necesario "retomar en el Congreso de la Nación una ley de protección de los territorios comunitarios y también avanzar en las deudas que tiene el Estado con los pueblos indígenas, en la sanción de una ley de propiedad indígena".
Operativo brutal
Desde la derogación de la Ley 26.160, incluso las comunidades que cumplieron con el relevamiento territorial y poseen personería jurídica en el que consta la posesión ancestral y pública de sus tierras, se encuentran cuestionadas y libradas a la interpretación y voluntad judicial. Tal fue el juicio por usurpación que enfrentó la comunidad Las Capillas del pueblo Okloya -al cual pertenece Jerez- que fue impulsado por la empresa minera Piuquenes, del cual resultaron sobreseídos al cierre de esta nota.
Sin embargo, otras como la comunidad kolla Guerrero de Tilcara (Jujuy) que también tiene personería jurídica, sufrió un desalojo intempestivo y violento. Uno de sus integrantes, Julio Cruz, contó a Tiempo que "el 15 de octubre del año pasado sufrimos la represión policial, un terrible desalojo con abuso de autoridad efectuado por 300 policías contra 15 familias, en el marco de un juicio de 18 años que no tiene sentencia". El brutal operativo, impulsado por el empresario y exfuncionario provincial Guillermo Jenefes, se hizo viral con el video de una anciana de 100 años, que fue sacada en su cama por la policía y abandonada a un costado. Asimismo, Cruz denunció que se apoderaron de un cementerio familiar y que no conocen el destino de los restos mortales de sus ancestros. "No hay ninguna clase de contención de la provincia, nadie se hizo cargo. Estoy siendo perseguido con amenazas de muerte y la semana pasada me notificaron de una imputación", aseveró.
Ajuste libertario
Al igual que los pueblos indígenas, las comunidades campesinas también sufren el ajuste libertario. En este caso, con el incumplimiento de la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar y el avance sobre sus territorios. Así lo denunció Pablo Altamiranda, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). "Fueron más de 300 policías que se apersonaron en el Lote 42 de Los Juríes y nos persiguieron con perros, a caballo, por los montes y caminos vecinales para desalojarnos", contó a Tiempo. El referente expresó que no hay medios de comunicación ni gobierno que escuche o se haga cargo de la gravedad y violencia con la que se produjo ese despojo. Desde hace 40 días hay nueve detenidos, 26 heridos y 13 con orden de detención. "Este es un proceso que se ha iniciado contra las comunidades campesinas, que se agudiza con una Ley de Agricultura Familiar debilitada. Criminalizan nuestras luchas, hay una persecución contra toda la dirigencia campesina en Los Juríes", denunció.
Sin tregua
Pedro Chávez, cacique de la Comunidad Indio Colalao (Tucumán) contó que una de las seis familias que habitan el territorio de la Base Piedra Sagrada -lugar turístico conocido como Piedra pintada en San Pedro de Colalao- tuvo que abandonar su territorio debido a la amenaza de desalojo. "El territorio es un campo abierto, son varias familias con sus puestos. Irene Mamani vivió ahí siempre, su familia vive ahí desde hace 180 años y la sacaron. Teníamos una casa comunitaria donde todos los que tienen animales paraban ahí a tomar mate, antes de salir al campo. Ahora no se puede llegar, están poniendo cercos y haciendo tiros", contó a Tiempo.
La causa judicial, iniciada por empresarios, implicó un grave perjuicio no sólo a la familia desalojada sino a toda la comunidad que llevaba a los animales a pastar a esa zona conocida como la ovejería. "Ahora los animales están en la calle, los lleva la policía. No tienen adonde encerrarlos (los desalojados) porque los animales siempre han sido libres y ahora hay un cerco donde antes era todo abierto. El animal se vuelve a comer, a pastar y no daña a nadie pero les hacen tiros. Con esto, quieren desaparecer a las comunidades y despedazar a la gente humilde", aseveró.
La comunidad Cueva del Inca en estado de alerta y vigilia
El 22 de abril, en un operativo policial desproporcionado, se intentó desalojar de forma violenta a la comunidad kolla Cueva del Inca de su territorio en Tilcara, Jujuy. "La jueza Lis Valdecantos Bernal avanzó con una orden de desalojo totalmente irregular que no pudo ejecutar. La situación por ahora es de alerta, hay una permanencia, una vigilia y llamaron a fortalecer a todos los sectores solidarios", contó a Tiempo la diputada Natalia Morales (Frente de Izquierda). Se trata de la misma jueza que dispuso el desalojo de la comunidad Guerrero durante octubre pasado. "Es un desalojo que avanzó sin que se sepa quién es el fiscal a cargo, con un juez de paz local que avaló y garantizó su ejecución. Hay una denuncia en el fuero federal por violación del patrimonio de la humanidad y de los derechos indígenas", expresó. La comunidad afronta más de 20 juicios con los empresarios hoteleros Carlos Vázquez y Natividad Cruz, quienes pretenden extender su negocio sobre el territorio indígena. Ambos cuentan con el apoyo del gobierno provincial ya que formaron parte del sector que apoyó la última reforma constitucional.
«Están discriminando y criminalizando nuestra identidad»
Sullka Wara Quinteros, del pueblo diaguita de Amaicha del Valle (Tucumán) y parte de la organización Andhes, contó que la mayoría de los conflictos judiciales de los indígenas en esa zona tienen como víctimas a grandes empresarios de la soja, inmobiliarios o turísticos que encuentran alianzas "en lugares de poder, comunas rurales y juzgados de paz de cada localidad, que tienen una posición anti-comunidad indígena.
Hoy son causas que erosionan de nuevo porque hay todo un avance para que eso suceda, en los mismos juicios se escucha el racismo", manifestó a Tiempo. Quinteros expresó que existe una criminalización de las identidades originarias. "Los jueces creen que es fácil y no saben lo difícil de autopercibirse, los jóvenes lo sabemos muy bien. Hay todo un bagaje donde el orgullo es respuesta política, pero en las comunidades es un trabajo duro porque todo el tiempo están discriminando y criminalizando nuestra identidad y negando que nuestros derechos existen", aseguró. "Es un tema de todas las comunidades indígenas del mundo pedir una ley de propiedad comunitaria».
Fuente: Tiempo Argentino
Por Gabriela Figueroa
Con la derogación de la Ley 26.160, que disponía el relevamiento de los pueblos indígenas y suspendía sus desalojos, la política territorial libertaria es el despojo. Si bien la gran mayoría de las comunidades indígenas y campesinas ya tenían conflictos judiciales por los territorios que habitan, la avanzada sobre éstos con complicidad judicial, política y empresarial es notoria y simultánea desde la asunción de Javier Milei al gobierno. Según denunció la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), los procesos de desalojos se han multiplicado desde Jujuy hasta el sur del país. "Lo que está pasando ahora es un arrasamiento de derechos, un ciclo de mucha violencia institucional y social", aseveró en conferencia de prensa la secretaria general de APDH, María Elena Naddeo.
Algunos referentes del interior, nucleados en Opinoa (Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noa), llegaron a Buenos Aires esta semana para denunciar la extrema fragilidad de los derechos a la tierra, en especial, de quienes viven en la ruralidad. Atropellos a sangre y fuego, persecuciones con perros y a caballo por los montes, ancianas arrancadas de sus hogares y abandonadas con lo puesto bajo el sol, topadoras sobre las casas y cercos al campo libre que condena a la muerte a sus animales es el paisaje común de sus testimonios.
Una ley necesaria
"Venimos a denunciar la violencia institucional que atravesamos las 2000 comunidades preexistentes de los 40 pueblos indígenas en la Argentina, a través de políticas de negación, invisibilización, retroceso y discriminación que vivimos en Jujuy y a nivel nacional con este gobierno", aseveró a Tiempo Néstor Jerez, cacique de la Comunidad Okloya. Ya en 2023, Jerez formó parte del Tercer Malón de la Paz que permaneció por meses en un acampe frente a los tribunales porteños y denunció la reforma constitucional ilegítima de su provincia, el antecedente más próximo al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que en 2024 se aprobó para todo el país con la Ley Bases y que beneficia a las grandes empresas para la explotación de los territorios. "Lo de Jujuy era un experimento de laboratorio donde el exgobernador Gerardo Morales en complicidad con Rivarola aprobaron una ley inconsulta e inconstitucional para favorecer a las empresas, los extractivismos y al despojo. Hoy vemos cómo continua ese atropello con la abolición de todos nuestros derechos", expresó.
Para Jerez, en este contexto, resulta necesario "retomar en el Congreso de la Nación una ley de protección de los territorios comunitarios y también avanzar en las deudas que tiene el Estado con los pueblos indígenas, en la sanción de una ley de propiedad indígena".
Operativo brutal
Desde la derogación de la Ley 26.160, incluso las comunidades que cumplieron con el relevamiento territorial y poseen personería jurídica en el que consta la posesión ancestral y pública de sus tierras, se encuentran cuestionadas y libradas a la interpretación y voluntad judicial. Tal fue el juicio por usurpación que enfrentó la comunidad Las Capillas del pueblo Okloya -al cual pertenece Jerez- que fue impulsado por la empresa minera Piuquenes, del cual resultaron sobreseídos al cierre de esta nota.
Sin embargo, otras como la comunidad kolla Guerrero de Tilcara (Jujuy) que también tiene personería jurídica, sufrió un desalojo intempestivo y violento. Uno de sus integrantes, Julio Cruz, contó a Tiempo que "el 15 de octubre del año pasado sufrimos la represión policial, un terrible desalojo con abuso de autoridad efectuado por 300 policías contra 15 familias, en el marco de un juicio de 18 años que no tiene sentencia". El brutal operativo, impulsado por el empresario y exfuncionario provincial Guillermo Jenefes, se hizo viral con el video de una anciana de 100 años, que fue sacada en su cama por la policía y abandonada a un costado. Asimismo, Cruz denunció que se apoderaron de un cementerio familiar y que no conocen el destino de los restos mortales de sus ancestros. "No hay ninguna clase de contención de la provincia, nadie se hizo cargo. Estoy siendo perseguido con amenazas de muerte y la semana pasada me notificaron de una imputación", aseveró.
Ajuste libertario
Al igual que los pueblos indígenas, las comunidades campesinas también sufren el ajuste libertario. En este caso, con el incumplimiento de la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar y el avance sobre sus territorios. Así lo denunció Pablo Altamiranda, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). "Fueron más de 300 policías que se apersonaron en el Lote 42 de Los Juríes y nos persiguieron con perros, a caballo, por los montes y caminos vecinales para desalojarnos", contó a Tiempo. El referente expresó que no hay medios de comunicación ni gobierno que escuche o se haga cargo de la gravedad y violencia con la que se produjo ese despojo. Desde hace 40 días hay nueve detenidos, 26 heridos y 13 con orden de detención. "Este es un proceso que se ha iniciado contra las comunidades campesinas, que se agudiza con una Ley de Agricultura Familiar debilitada. Criminalizan nuestras luchas, hay una persecución contra toda la dirigencia campesina en Los Juríes", denunció.
Sin tregua
Pedro Chávez, cacique de la Comunidad Indio Colalao (Tucumán) contó que una de las seis familias que habitan el territorio de la Base Piedra Sagrada -lugar turístico conocido como Piedra pintada en San Pedro de Colalao- tuvo que abandonar su territorio debido a la amenaza de desalojo. "El territorio es un campo abierto, son varias familias con sus puestos. Irene Mamani vivió ahí siempre, su familia vive ahí desde hace 180 años y la sacaron. Teníamos una casa comunitaria donde todos los que tienen animales paraban ahí a tomar mate, antes de salir al campo. Ahora no se puede llegar, están poniendo cercos y haciendo tiros", contó a Tiempo.
La causa judicial, iniciada por empresarios, implicó un grave perjuicio no sólo a la familia desalojada sino a toda la comunidad que llevaba a los animales a pastar a esa zona conocida como la ovejería. "Ahora los animales están en la calle, los lleva la policía. No tienen adonde encerrarlos (los desalojados) porque los animales siempre han sido libres y ahora hay un cerco donde antes era todo abierto. El animal se vuelve a comer, a pastar y no daña a nadie pero les hacen tiros. Con esto, quieren desaparecer a las comunidades y despedazar a la gente humilde", aseveró.
La comunidad Cueva del Inca en estado de alerta y vigilia
El 22 de abril, en un operativo policial desproporcionado, se intentó desalojar de forma violenta a la comunidad kolla Cueva del Inca de su territorio en Tilcara, Jujuy. "La jueza Lis Valdecantos Bernal avanzó con una orden de desalojo totalmente irregular que no pudo ejecutar. La situación por ahora es de alerta, hay una permanencia, una vigilia y llamaron a fortalecer a todos los sectores solidarios", contó a Tiempo la diputada Natalia Morales (Frente de Izquierda). Se trata de la misma jueza que dispuso el desalojo de la comunidad Guerrero durante octubre pasado. "Es un desalojo que avanzó sin que se sepa quién es el fiscal a cargo, con un juez de paz local que avaló y garantizó su ejecución. Hay una denuncia en el fuero federal por violación del patrimonio de la humanidad y de los derechos indígenas", expresó. La comunidad afronta más de 20 juicios con los empresarios hoteleros Carlos Vázquez y Natividad Cruz, quienes pretenden extender su negocio sobre el territorio indígena. Ambos cuentan con el apoyo del gobierno provincial ya que formaron parte del sector que apoyó la última reforma constitucional.
«Están discriminando y criminalizando nuestra identidad»
Sullka Wara Quinteros, del pueblo diaguita de Amaicha del Valle (Tucumán) y parte de la organización Andhes, contó que la mayoría de los conflictos judiciales de los indígenas en esa zona tienen como víctimas a grandes empresarios de la soja, inmobiliarios o turísticos que encuentran alianzas "en lugares de poder, comunas rurales y juzgados de paz de cada localidad, que tienen una posición anti-comunidad indígena.
Hoy son causas que erosionan de nuevo porque hay todo un avance para que eso suceda, en los mismos juicios se escucha el racismo", manifestó a Tiempo. Quinteros expresó que existe una criminalización de las identidades originarias. "Los jueces creen que es fácil y no saben lo difícil de autopercibirse, los jóvenes lo sabemos muy bien. Hay todo un bagaje donde el orgullo es respuesta política, pero en las comunidades es un trabajo duro porque todo el tiempo están discriminando y criminalizando nuestra identidad y negando que nuestros derechos existen", aseguró. "Es un tema de todas las comunidades indígenas del mundo pedir una ley de propiedad comunitaria».
Fuente: Tiempo Argentino
