Expectativas de justicia por el caso de Tino John: se reanudó una audiencia clave y los tres imputados podrían ir a juicio por juradosA semanas de cumplirse 4 años del asesinato de Alejandro "Tino" John a manos del GEOP, la justicia parece estar cada vez más cerca. El proceso que inició el 11 de abril para definir si la causa se eleva a juicio continuó esta semana que concluye en la Oficina Judicial de Lago Puelo. Luego de dos jornadas en las que las partes intercambiaron pruebas, testigos y objeciones, concluyó esta instancia del proceso. Ahora, la decisión queda en manos del juez José Luis Ennis, quien convocará a una audiencia próximamente para confirmar si los tres imputados serán juzgados.
La semana pasada comenzó la audiencia preliminar pública que definirá la elevación a juicio. Cabe recordar que en la causa hay tres imputados, que cumplieron distintos roles el día del operativo el 27 de mayo del 2021. Se trata de Omar Eduardo Martínez, comisario de El Hoyo, Cristian Alejandro Soto, que dirigió el operativo del GEOP, y Luis Moggiano, quien habría efectuado el disparo que acabó con la vida de Tino John.
La causa estuvo muy cerca de cerrarse ante la negativa de avances del primer fiscal, Carlos Díaz Mayer, quien además insistió en el sobreseimiento del único imputado en ese momento, Luis Moggiano. El recambio de fiscal permitió el reconocimiento del pedido de la familia y las organizaciones de Derechos Humanos de sumar imputaciones al reconocer que las responsabilidades no se agotan en el tirador. De esta manera, en 2023 el fiscal Martin Robertson quedó a cargo de la causa y abrió la imputación a Martínez y Soto.
Lejos de lo que hoy plantea la Fiscalía, la postura de Díaz Mayer estaba en línea con el relato que sostenían los efectivos y el ministro de Seguridad provincial a cargo al momento de los hechos, Federico Massoni.
La versión "oficial" argumentó que el grupo especializado se encontró con un hombre armado y "extremadamente peligroso", y en la búsqueda de proteger la vida tanto de los agentes como de terceros, no tuvieron otra opción que "neutralizarlo" con un disparo en la cabeza.
Desde el día uno la familia y los vecinos de John remarcaron que el operativo estuvo cargado de irregularidades, y que los efectivos tenían otras opciones al alcance que permitían salvaguardar la vida de todos los implicados, incluido Tino.
El hombre padecía problemas mentales y el grupo especializado debería haber seguido un protocolo en este sentido. Nada de eso se cumplió: al contrario, las acciones violentas de los agentes aumentaron todavía más el nerviosismo de Tino y su pareja, Claudia Costa Basso, quien se encontraba con él en la vivienda el día de los hechos.
"La orden de allanamiento decía que tenían que acompañar un equipo de Salud mental, que tenían que requisar si había armas y tomar los datos del propietario. Tenían 48 horas para llevar a cabo esto. ¿Y qué hicieron? Llamaron al GEOP, entraron violentamente y en menos de 15 minutos a mí me ataron y a Tino le dieron un tiro en la cabeza", resumió Costa en diálogo con El Extremo Sur luego de la primera jornada de audiencia.
En la medida en que se recogieron evidencias y testimonios, el relato de Díaz Mayer perdió fuerza, ya que cada vez quedó más clara la larga cadena de acción y omisión que desencadenó en la muerte de Tino, y que de haber cumplido protocolos, podría haberse evitado. Así lo reconoció el nuevo fiscal, Martin Robertson, quien en el pedido de imputación de Martínez y Soto, hizo un detallado repaso de la cronología de ese día y reconoció al menos tres alternativas viables con las que contaban los agentes y que hubieran preservado la vida de John.
A pesar de haber sido apartado de la causa, el primer día de la audiencia el pasado viernes 11, Díaz Mayer se presentó en las oficinas judiciales de Lago Puelo para insistir en la absolución de Moggiano, algo que según el defensor público, Marcos Ponce, "no tiene procedencia ni asidero legal".
La sorpresiva aparición no fue del agrado de la familia, no sólo por el papel del fiscal a lo largo de la causa, sino porque su interrupción alargó la jornada en la medida en que las partes y el juez José Luis Ennis discutían si correspondía o no la presencia de Mayer.
"La audiencia fue planteada para un viernes, el abogado vino desde Trelew, Ponce y Robertson desde Esquel, todos los defensores de los imputados y los imputados estaban vía Zoom, excepto Omar Eduardo Martínez, que estaba de manera presencial. Empezó de una manera muy tensa porque apareció el fiscal Diaz Mayer, quien fue apartado en noviembre del 2023 cuando apelamos al procurador Jorge Miquelarena porque había pedido no solo el sobreseimiento de Moggiano, el único imputado hasta ese momento, sino que no quiso imputar al comisario del GEOP, y el comisario de El Hoyo, a cargo del operativo. En ese momento Miquelarena dio lugar a nuestro pedido y nombró al fiscal Robertson", relató Costa a este medio.
"Entonces, que en esta audiencia preliminar aparezca Diaz Mayer fue muy violento, mi abogado junto con las otras querellas le dijeron que tenía que retirarse, él decía que quería quedarse, que había sido citado, no me quedó claro todavía quién lo citó. El juez comenzó a preguntar a las querellas y a todos los defensores sobre este tema, se perdió más de una hora", agregó. La audiencia implica "muchísimo trabajo de las querellas particulares" que tras un largo camino judicial lograron llegar a esta instancia.
La decisión clave del juez
Con el feriado de Semana Santa en el medio, la continuación de la audiencia se prolongó recién para esta semana que concluye. La jornada, que estaba fechada para el martes, se extendió y continuó el miércoles por problemas técnicos. En total, llevó 3 sesiones en 10 días por los cuartos intermedios.
El miércoles las defensas, fiscales y querellas concluyeron los ofrecimientos de pruebas, testigos y objeciones mutuas. Las querellas propusieron la validación de pruebas en esta instancia para agilizar el proceso judicial.
Costa, una de las presentes de manera presencial, relató a este medio que durante la última jornada todas las defensas ofrecieron la presentación de Díaz Mayer y Massoni. Las querellas y la Fiscalía, por su parte, se opusieron con diversos argumentos.
Las defensas de Soto y Martínez insistieron en que sus defendidos no deben ir a juicio por jurados.
Según precisaron medios locales, el debate se dio casi exclusivamente por vía virtual. Los únicos presentes en la sala fueron los abogados de la querella de la APDH, familiares de Tino y público. Costa fue la que pidió que las audiencias se transmitieran públicamente e incluso pidió que la comunidad tenga acceso por Zoom, pero "siempre aluden problemas técnicos".
En diálogo con Canal 36 de El Bolsón, el representante de la APDH, Nelson Avalos expresó tranquilidad aunque dijo que están "todavía expectantes porque no se sabe la resolución definitiva".
"No hay que olvidarse que este hecho que queremos que se eleve a juicio sucedió hace casi 4 años, estamos a casi un mes de los 4 años. También en el medio tuvimos un peligro de que se absuelva al único imputado que había y se cierre la causa. Uno nunca sabe lo que puede pasar con la justicia", argumentó.
Para Claudia, "la justicia es que Tino resucite". Sin embargo, espera que pueda "salir todo a la luz". Tras la primera jornada de audiencia, hace dos semanas, dijo a este medio que tiene expectativas de que habrá justicia. "Y si siguen poniendo palos en la rueda, tenemos otras instancias en el exterior. El expediente de Tino llegó al Relator de la ONU. Hay muchos convenios internacionales, esto no queda acá si lo quieren encerrar en un tupper", adelantó.
Al concluir la jornada del miércoles, el juez anunció que se tomará 6 días para revisar los hechos y convocará a una nueva audiencia para anunciar su resolución. Si eleva la causa a juicio, después de 4 años de una lucha que no estuvo exenta de barrera y reveses, los tres imputados irán a un juicio por jurados de manera unificada.
A semanas de cumplirse 4 años del asesinato de Alejandro "Tino" John a manos del GEOP, la justicia parece estar cada vez más cerca. El proceso que inició el 11 de abril para definir si la causa se eleva a juicio continuó esta semana que concluye en la Oficina Judicial de Lago Puelo. Luego de dos jornadas en las que las partes intercambiaron pruebas, testigos y objeciones, concluyó esta instancia del proceso. Ahora, la decisión queda en manos del juez José Luis Ennis, quien convocará a una audiencia próximamente para confirmar si los tres imputados serán juzgados.
La semana pasada comenzó la audiencia preliminar pública que definirá la elevación a juicio. Cabe recordar que en la causa hay tres imputados, que cumplieron distintos roles el día del operativo el 27 de mayo del 2021. Se trata de Omar Eduardo Martínez, comisario de El Hoyo, Cristian Alejandro Soto, que dirigió el operativo del GEOP, y Luis Moggiano, quien habría efectuado el disparo que acabó con la vida de Tino John.
La causa estuvo muy cerca de cerrarse ante la negativa de avances del primer fiscal, Carlos Díaz Mayer, quien además insistió en el sobreseimiento del único imputado en ese momento, Luis Moggiano. El recambio de fiscal permitió el reconocimiento del pedido de la familia y las organizaciones de Derechos Humanos de sumar imputaciones al reconocer que las responsabilidades no se agotan en el tirador. De esta manera, en 2023 el fiscal Martin Robertson quedó a cargo de la causa y abrió la imputación a Martínez y Soto.
Lejos de lo que hoy plantea la Fiscalía, la postura de Díaz Mayer estaba en línea con el relato que sostenían los efectivos y el ministro de Seguridad provincial a cargo al momento de los hechos, Federico Massoni.
La versión "oficial" argumentó que el grupo especializado se encontró con un hombre armado y "extremadamente peligroso", y en la búsqueda de proteger la vida tanto de los agentes como de terceros, no tuvieron otra opción que "neutralizarlo" con un disparo en la cabeza.
Desde el día uno la familia y los vecinos de John remarcaron que el operativo estuvo cargado de irregularidades, y que los efectivos tenían otras opciones al alcance que permitían salvaguardar la vida de todos los implicados, incluido Tino.
El hombre padecía problemas mentales y el grupo especializado debería haber seguido un protocolo en este sentido. Nada de eso se cumplió: al contrario, las acciones violentas de los agentes aumentaron todavía más el nerviosismo de Tino y su pareja, Claudia Costa Basso, quien se encontraba con él en la vivienda el día de los hechos.
"La orden de allanamiento decía que tenían que acompañar un equipo de Salud mental, que tenían que requisar si había armas y tomar los datos del propietario. Tenían 48 horas para llevar a cabo esto. ¿Y qué hicieron? Llamaron al GEOP, entraron violentamente y en menos de 15 minutos a mí me ataron y a Tino le dieron un tiro en la cabeza", resumió Costa en diálogo con El Extremo Sur luego de la primera jornada de audiencia.
En la medida en que se recogieron evidencias y testimonios, el relato de Díaz Mayer perdió fuerza, ya que cada vez quedó más clara la larga cadena de acción y omisión que desencadenó en la muerte de Tino, y que de haber cumplido protocolos, podría haberse evitado. Así lo reconoció el nuevo fiscal, Martin Robertson, quien en el pedido de imputación de Martínez y Soto, hizo un detallado repaso de la cronología de ese día y reconoció al menos tres alternativas viables con las que contaban los agentes y que hubieran preservado la vida de John.
A pesar de haber sido apartado de la causa, el primer día de la audiencia el pasado viernes 11, Díaz Mayer se presentó en las oficinas judiciales de Lago Puelo para insistir en la absolución de Moggiano, algo que según el defensor público, Marcos Ponce, "no tiene procedencia ni asidero legal".
La sorpresiva aparición no fue del agrado de la familia, no sólo por el papel del fiscal a lo largo de la causa, sino porque su interrupción alargó la jornada en la medida en que las partes y el juez José Luis Ennis discutían si correspondía o no la presencia de Mayer.
"La audiencia fue planteada para un viernes, el abogado vino desde Trelew, Ponce y Robertson desde Esquel, todos los defensores de los imputados y los imputados estaban vía Zoom, excepto Omar Eduardo Martínez, que estaba de manera presencial. Empezó de una manera muy tensa porque apareció el fiscal Diaz Mayer, quien fue apartado en noviembre del 2023 cuando apelamos al procurador Jorge Miquelarena porque había pedido no solo el sobreseimiento de Moggiano, el único imputado hasta ese momento, sino que no quiso imputar al comisario del GEOP, y el comisario de El Hoyo, a cargo del operativo. En ese momento Miquelarena dio lugar a nuestro pedido y nombró al fiscal Robertson", relató Costa a este medio.
"Entonces, que en esta audiencia preliminar aparezca Diaz Mayer fue muy violento, mi abogado junto con las otras querellas le dijeron que tenía que retirarse, él decía que quería quedarse, que había sido citado, no me quedó claro todavía quién lo citó. El juez comenzó a preguntar a las querellas y a todos los defensores sobre este tema, se perdió más de una hora", agregó. La audiencia implica "muchísimo trabajo de las querellas particulares" que tras un largo camino judicial lograron llegar a esta instancia.
La decisión clave del juez
Con el feriado de Semana Santa en el medio, la continuación de la audiencia se prolongó recién para esta semana que concluye. La jornada, que estaba fechada para el martes, se extendió y continuó el miércoles por problemas técnicos. En total, llevó 3 sesiones en 10 días por los cuartos intermedios.
El miércoles las defensas, fiscales y querellas concluyeron los ofrecimientos de pruebas, testigos y objeciones mutuas. Las querellas propusieron la validación de pruebas en esta instancia para agilizar el proceso judicial.
Costa, una de las presentes de manera presencial, relató a este medio que durante la última jornada todas las defensas ofrecieron la presentación de Díaz Mayer y Massoni. Las querellas y la Fiscalía, por su parte, se opusieron con diversos argumentos.
Las defensas de Soto y Martínez insistieron en que sus defendidos no deben ir a juicio por jurados.
Según precisaron medios locales, el debate se dio casi exclusivamente por vía virtual. Los únicos presentes en la sala fueron los abogados de la querella de la APDH, familiares de Tino y público. Costa fue la que pidió que las audiencias se transmitieran públicamente e incluso pidió que la comunidad tenga acceso por Zoom, pero "siempre aluden problemas técnicos".
En diálogo con Canal 36 de El Bolsón, el representante de la APDH, Nelson Avalos expresó tranquilidad aunque dijo que están "todavía expectantes porque no se sabe la resolución definitiva".
"No hay que olvidarse que este hecho que queremos que se eleve a juicio sucedió hace casi 4 años, estamos a casi un mes de los 4 años. También en el medio tuvimos un peligro de que se absuelva al único imputado que había y se cierre la causa. Uno nunca sabe lo que puede pasar con la justicia", argumentó.
Para Claudia, "la justicia es que Tino resucite". Sin embargo, espera que pueda "salir todo a la luz". Tras la primera jornada de audiencia, hace dos semanas, dijo a este medio que tiene expectativas de que habrá justicia. "Y si siguen poniendo palos en la rueda, tenemos otras instancias en el exterior. El expediente de Tino llegó al Relator de la ONU. Hay muchos convenios internacionales, esto no queda acá si lo quieren encerrar en un tupper", adelantó.
Al concluir la jornada del miércoles, el juez anunció que se tomará 6 días para revisar los hechos y convocará a una nueva audiencia para anunciar su resolución. Si eleva la causa a juicio, después de 4 años de una lucha que no estuvo exenta de barrera y reveses, los tres imputados irán a un juicio por jurados de manera unificada.
