Nuevo año, los mismos problemas: a un año de la Marcha Universitaria sigue la movilización estudiantil contra la motosierra El mismo día que se cumple un año de la primera Marcha Federal Universitaria, los gremios docentes están de paro este martes 22, medida que continuará hasta el miércoles 23. Es que, a pesar de los reclamos multitudinarios, no hay respuestas para el sistema universitario y científico, que sufre cada vez más el ajuste. Desde CONADU advierten que para muchas universidades chicas el panorama del segundo cuatrimestre puede ser crítico.
El escenario de la comunidad universitaria el año pasado fue de profunda incertidumbre ante la asunción de Javier Milei en la Presidencia, una figura que venía encabezando ataques contra las universidades y otros organismos públicos destinados a la investigación como el CONICET. La prórroga del presupuesto 2023, con una inflación acumulada del 300%, derivó en recortes en diversas áreas destinadas a la investigación, así como en obras de infraestructura y becas estudiantiles.
Durante el primer cuatrimestre se intensificaron los reclamos ante la incertidumbre por la continuidad de las universidades públicas, que sin un aumento otorgado por el Gobierno, no contarían con los recursos para asegurar el funcionamiento durante todo el año.
Finalmente, Nación envió un aumento de partidas de 270%, que de todas formas resultó insuficiente frente a la pérdida por la inflación. En el medio, la paralización de la obra pública y el ajuste sobre organismos científicos siguió complicando la situación de las universidades.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) elaboró un proyecto unificado de presupuesto universitario que ascendía a 7,2 billones de pesos para 2025. El presupuesto ofrecido por el Gobierno nacional, sin embargo, contemplaba poco más de la mitad: 3,8 billones.
En este escenario, se convocó a una Marcha Federal Universitaria el 23 de abril, lo que derivó en una movilización de millones de estudiantes que reclamaron por mayor presupuesto en todos los rincones del país. La medida se replicó en otras dos ocasiones, en la medida en que el Gobierno redobló su plan de ajuste.
En septiembre, el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, un proyecto que buscaba, entre otras cosas, incrementar el presupuesto para las instituciones universitarias, así como garantizar una actualización salarial para docentes y no docentes.
Sin embargo, casi inmediatamente después de su sanción, durante la semana que se gestó y llevó adelante la segunda Marcha Federal Universitaria, Javier Milei la vetó, argumentando la necesidad de reducir el gasto público.
"La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal", informó la cuenta de la Oficina del Presidente en la red social X.
Y remarcó: "Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025".
Ver: Crónica de un veto anunciado: la educación pública sin presupuesto y en alerta
En octubre se buscó revertir el veto mediante la Cámara de Diputados, pero no logró reunir los dos tercios necesarios para anular la decisión presidencial. La confirmación del veto implicó un duro golpe para la comunidad universitaria, que venía exigiendo mayor presupuesto desde principios de año.
En la UNPSJB, el recorte afectó programas y obras clave que venían desarrollándose en las distintas sedes, como por ejemplo, en el desarrollo y financiación de programas, como el de la Red Nacional de Simulación Clínica (ReNaSiC), el Programa de Doctorado, el Programa de Fortalecimiento de la extensión universitaria y el Programa de Fortalecimiento en acciones sustantivas de ciencia y técnica, que han sufrido fuertes ajustes.
Ver: Cómo impacta el ajuste en la UNPSJB
Por otro lado, obras de infraestructura académica tuvieron que ser postergadas, como la apertura de la licitación del nuevo Edificio para Laboratorios de Enfermería y Medicina de Comodoro, y los laboratorios de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud FCNyCS de Esquel y la refacción del Patio Magno de Comodoro, que no pudieron ser finalizados.
Trabajar o estudiar
La falta de partidas afectó los montos de las becas estudiantiles, que fueron congeladas y pronto se revelaron insuficientes para sostener las trayectorias académicas. De acuerdo a datos correspondientes al 2024, entre las cuatro sedes de la UNPSJB en la provincia, se sostienen 700 becas completas e incompletas, de alimentos, alojamientos y fotocopias, además de 146 lugares de alojamiento en Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn, sobrepasados por la demanda.
Ariadna Bukay, estudiante de Ciencias Políticas y parte de la Multisectorial Estudiantil de la UNPSJB de Comodoro, comentaba el año pasado a este medio que entre los estudiantes había malestar por las dificultades para acceder a la Beca Progresar. Aún con los valores congelados del 2023, este tipo de programas son altamente requeridos por quienes necesitan sostener las trayectorias educativas.
Actualmente la Beca tiene un valor mensual de $35.000, un monto que no le hace justicia al aumento inflacionario y los distintos recursos necesarios para asegurar la continuidad del estudio.
Algunas medidas provinciales hacen su aporte en este sentido. En Chubut, por ejemplo, está vigente el BECH (Boleto Educativo Chubutense) que cubre hasta 40 pasajes mensuales para estudiantes de todos los niveles, docentes y auxiliares. En Comodoro, con el precio del boleto superando los 1.000 pesos, dos viajes diarios llegan a superar los 50 mil pesos mensuales.
El panorama, sin embargo, para muchos se hace extremadamente difícil. "De a poco vamos viendo casos de compañeros que tienen que priorizar ir a trabajar, tienen que cursar menos materias, no les alcanza lo que cobran con un trabajo y tienen que buscar una changa más para llegar a fin de mes", explicaba Ariadna.
La cuestión salarial: míseros aumentos por decreto
La cuestión salarial es una de las más debatidas en el marco del reclamo universitario. Los salarios docentes registran una pérdida del 25% en términos reales desde noviembre del 2023, y el Gobierno insiste en otorgar aumentos por decreto en lugar de reunirse con los docentes para discutir las paritarias.
De acuerdo con los datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), un docente de universidad con dedicación simple, con 10 años de antigüedad, cobró en febrero de 2025 un sueldo bruto de $268.052,31. En la misma línea, un profesor adjunto con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró en febrero de $373.612. Si se compara estas cifras con los sueldos de noviembre de 2023, el salario registra una pérdida en términos reales del 25%.
A la fecha, las convocatorias del Ministerio de Capital Humano han sido escasas y unilaterales. En septiembre del año pasado, la ministra Sandra Pettovello ofreció un aumento del 5,8%, que fue rechazado por los gremios y sin embargo aplicado por decreto.
"La última semana de mayo nosotros tuvimos la reunión paritaria que habíamos solicitado con Petovello. Ella reconoció que teníamos un desfasaje en los salarios. En ese momento era de alrededor del 20% y el 30%, y dijo que no podía acordar con nosotros en ese momento porque el ministro de Economía (Luis Caputo) estaba en Estados Unidos, pero que en una semana nos reuníamos. Todavía estamos esperando. No hubo ninguna reunión paritaria más. La ministra nunca más nos recibió", explicó Elena González -referente de ADU- en diálogo con El Extremo Sur, a principios de año.
La última propuesta del Gobierno implicaba un aumento del 1,5% para los haberes de enero y 1,2% para febrero. La cifra fue rechazada, al considerar que la inflación general se ha situado entre un 2% y 3% y en lo que va del año acumula un aumento del 8,6%, pero nuevamente fue otorgada por decreto.
Lo que preocupa a los trabajadores docentes es la falta de diálogo directo con el Gobierno nacional. "Tenemos una situación muy difícil porque no hay ninguna forma de diálogo. Es la primera vez que nos sucede, incluso durante el gobierno de Macri tuvimos paritarias todos los años, aunque difíciles, pero paritarias al fin. Macri dio montos fijos, nosotros hicimos una huelga de meses y logramos el blanqueo de los salarios y rechazamos en todo momento los montos fijos. Bueno, con este gobierno no tenemos posibilidad de diálogo", remarcaba González.
Actualmente, los salarios de más del 85% de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 60% de las y los no docentes se encuentran en la misma situación.
Mentiras y verdades de la universidad pública
Distintas ofensivas discursivas circularon en medios y en ámbitos políticos durante el último año, a modo de justificación del brutal ajuste que sigue afectando a las universidades públicas. Sin embargo, docentes, especialistas y organismos públicos salieron públicamente en cada una de las ocasiones para desmentir la idea de Universidad que planteaba Milei y su círculo.
En los días previos a la segunda marcha, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, afirmó que las universidades "inventan alumnos" para cobrar más fondos. El CIN desmintió lo dicho por Torrendell explicando que el presupuesto no se asigna por cantidad de estudiantes, sino que se actualiza considerando el último presupuesto consolidado y otros ítems como los salarios, los gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología.
El diputado José Luis Espert, por su parte, sostuvo que "los pobres no están en las universidades", otra idea refutada por los datos, que muestran que el 48.5% de los estudiantes inscriptos en las materias de 2024 están por debajo de la línea de pobreza.
Otro argumento de la cúpula libertaria apuntaba contra la Ley de Financiamiento Universitario asegurando que atenta contra el equilibrio fiscal. Pero el CIN detalló que la ley representaba apenas el 0,14% del PBI. "Similar, por ejemplo, a lo que el Gobierno dejó de percibir para bajar los bienes personales, una medida que benefició a sectores sociales de altos recursos. Por otro lado, ese 0,14,% se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado", subrayó.
Argumentos similares ligados a la supuesta corrupción dentro de las universidades y la "politización" del estudiantado se hicieron visibles durante las tres marchas que se llevaron adelante el 2024. Tras la primera movilización, que fue multitudinaria, Milei expresó: "Tomaron una causa noble, me parece bárbaro al margen de que se construyó sobre una mentira para esconder el verdadero curro y la politizaron. Supongamos que los estudiantes creían eso, me parece perfecto que se manifiesten, pero ojo porque estaba la izquierda recalcitrante golpista, la CGT con el propio Pablo Moyano, el ala progresista de la UCR con Yacobitti y Lousteau, que es el levanta manitos culposo, La Cámpora, Axel Kicillof, el Frente Renovador con Massa".
Y remarcó: "Para mí es una victoria enorme del gobierno porque mostró el modus operandi de la política que tomó una causa noble, la prostituyó para ocultar un curro. Les gané a todos, la gente lo empezó a entender así. Las encuestas dan que mantuvimos la imagen o que subimos".
Y apeló al mismo discurso durante la segunda marcha, cuando tuiteó: "Si para enfrentar a uno sólo tenés que juntarte con un montón de impresentables prostituyendo una causa noble (en este caso es una forma de ocultar la corrupción de los chorros de siempre) eso es una mayúscula muestra de debilidad y cobardía. Haremos Argentina grande de nuevo. La universidad pública no está en peligro. Lo que peligra es el botín que se reparten", agregó.
En la misma línea, durante todo el 2024 se reavivó el debate sobre las auditorías, uno de los puntos que más hondo penetró en el debate público.
"Por eso los queremos auditar. No porque querramos cerrar las universidades como le mienten a la gente, sino porque los queremos cuidar, cuidando los recursos y para eso hay que auditar. Si no quieren ser auditados deben ser porque están sucios por lo tanto señores dejen de engañar a los argentinos y díganles la verdad, que no quieren ser auditados para mantener sus curros", expresó Milei en el marco de la inauguración del Palacio Libertad.
El Gobierno afirma que los controles son insuficientes, pese a que entre 2015 y 2022, la Auditoría General de la Nación (AGN) auditó el 89% de los fondos transferidos a las universidades. El Plan de Acción que elabora anualmente la AGN debe someterse a un sistema de revisión y aprobación por parte de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso.
El plan no abarca todas las universidades todos los años, sino que selecciona algunas en función de criterios de riesgo y materialidad. En 2024 se realizaron auditorías a las universidades nacionales de Córdoba, La Plata, Jujuy, Salta, Formosa y del Nordeste. Este funcionamiento está vigente desde 1995 en que se sancionó la Ley de Educación Superior, que en su artículo 95 bis contempla el control administrativo de las universidades públicas por parte de la AGN, aunque no establece una periodicidad para la realización de las auditorías. Cada institución cuenta, además, con mecanismos internos de auditoría que se publican periódicamente.
A pesar de lo establecido por ley, el Gobierno insistió en avanzar con auditorías encabezadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo que no tiene competencia sobre las universidades públicas. Un dictamen de la Procuración del Tesoro emitido en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández ratificó que la intervención de la SIGEN en las universidades violaba su autonomía.
Las próximas medidas
El Gobierno nacional, lejos de subsanar el reclamo histórico que hoy se profundiza, afirmó que "la inversión universitaria para 2025 es la tercera más alta del presupuesto nacional". En el marco de la presentación de los datos anuales de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, expresaron que la inversión asciende a 4 billones de pesos, un número muy por debajo del que había solicitado el CIN.
El Gobierno además resalta el aumento del 270% en las partidas del año pasado para gastos de funcionamiento, una medida exigida durante los primeros meses y que apareció recién en el marco de la primera marcha, que funcionó para sostener el mantenimiento de las universidades y el pago de salarios pero no implicó la recomposición que se esperaba con una inflación acumulada que superaba ese número.
Por otro lado, se refieren al aumento salarial de octubre del 6,8% como "el mayor aumento otorgado por el Estado nacional hasta la fecha", una medida que según precisan "llevó al salario universitario a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), empleados administrativos y profesionales dentro de la Administración Pública Nacional".
El Comité Ejecutivo del CIN, por su parte, expresó su preocupación "por la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales por la falta de actualización de los gastos para su funcionamiento" y reclamó "la urgente e imprescindible recomposición salarial para docentes y nodocentes, como, también, la reconstrucción del sistema de investigación, ciencia y tecnología, la reinversión en infraestructura universitaria y la actualización del sistema de becas para nuestros y nuestras estudiantes", tras una reunión el pasado 12 de marzo, en la que participaron rectoras y rectores de todo el país.
"Por manifiesta voluntad del gobierno, la administración nacional y el sistema universitario público argentino no cuentan con un presupuesto para el ejercicio del 2025. Esto significa que el Poder Ejecutivo Nacional puede disponer discrecionalmente, sin ningún tipo de control, de los fondos que surgen del pago de los impuestos que realiza cada argentina y cada argentino. De esta forma, el país no cuenta con una hoja de ruta que garantice el funcionamiento económico y financiero de las instituciones del país", advierten mediante un comunicado titulado "Nuevo año, los mismos problemas".
Señalan que los problemas de febrero de 2024 continúan e incluso "en varios aspectos se han agravado", como es el caso de las paritarias salariales y el congelamiento de las becas estudiantiles. Detallaron que los recursos que se destinan para el funcionamiento de las universidades apenas alcanzan a un 50% para el 2025, y a ello se suma la "drástica reducción" de recursos del sistema científico, ligado a las instituciones universitarias.
Martes y miércoles, paro
Esta semana, los gremios docentes convocaron a un paro de 48 horas este martes 22 y miércoles 23, en coincidencia con el aniversario de la primera Marcha Federal Universitaria, una movilización multitudinaria, signo de la potencia estudiantil.
En el último Plenario de Secretarios Generales de CONADU se discutió sobre la posibilidad de una marcha para la segunda quincena de mayo, en la medida en que las condiciones presupuestarias se agravan.
El secretario general de Feduba, Pablo Perazzi, sostuvo: "Tenemos la obligación de redoblar los esfuerzos para frenar el ataque del gobierno contra la universidad. Es momento de profundizar el plan de lucha y convocar a toda la sociedad para defender el derecho a la educación superior".
Por su parte Carlos De Feo, secretario general de CONADU afirmó: "La inflación nos hunde cada vez más. Los salarios no alcanzan y muchas universidades chicas y medianas enfrentan un panorama crítico para el segundo semestre. Hay que sostener la lucha con fuerza, creatividad y unidad".
De esta forma, la comunidad universitaria mantiene vigente el reclamo y se prepara para seguir dando pelea a un ajuste que se profundiza cada vez más y afecta a 2 millones de estudiantes de todo el país.
El mismo día que se cumple un año de la primera Marcha Federal Universitaria, los gremios docentes están de paro este martes 22, medida que continuará hasta el miércoles 23. Es que, a pesar de los reclamos multitudinarios, no hay respuestas para el sistema universitario y científico, que sufre cada vez más el ajuste. Desde CONADU advierten que para muchas universidades chicas el panorama del segundo cuatrimestre puede ser crítico.
El escenario de la comunidad universitaria el año pasado fue de profunda incertidumbre ante la asunción de Javier Milei en la Presidencia, una figura que venía encabezando ataques contra las universidades y otros organismos públicos destinados a la investigación como el CONICET. La prórroga del presupuesto 2023, con una inflación acumulada del 300%, derivó en recortes en diversas áreas destinadas a la investigación, así como en obras de infraestructura y becas estudiantiles.
Durante el primer cuatrimestre se intensificaron los reclamos ante la incertidumbre por la continuidad de las universidades públicas, que sin un aumento otorgado por el Gobierno, no contarían con los recursos para asegurar el funcionamiento durante todo el año.
Finalmente, Nación envió un aumento de partidas de 270%, que de todas formas resultó insuficiente frente a la pérdida por la inflación. En el medio, la paralización de la obra pública y el ajuste sobre organismos científicos siguió complicando la situación de las universidades.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) elaboró un proyecto unificado de presupuesto universitario que ascendía a 7,2 billones de pesos para 2025. El presupuesto ofrecido por el Gobierno nacional, sin embargo, contemplaba poco más de la mitad: 3,8 billones.
En este escenario, se convocó a una Marcha Federal Universitaria el 23 de abril, lo que derivó en una movilización de millones de estudiantes que reclamaron por mayor presupuesto en todos los rincones del país. La medida se replicó en otras dos ocasiones, en la medida en que el Gobierno redobló su plan de ajuste.
En septiembre, el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, un proyecto que buscaba, entre otras cosas, incrementar el presupuesto para las instituciones universitarias, así como garantizar una actualización salarial para docentes y no docentes.
Sin embargo, casi inmediatamente después de su sanción, durante la semana que se gestó y llevó adelante la segunda Marcha Federal Universitaria, Javier Milei la vetó, argumentando la necesidad de reducir el gasto público.
"La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal", informó la cuenta de la Oficina del Presidente en la red social X.
Y remarcó: "Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025".
Ver: Crónica de un veto anunciado: la educación pública sin presupuesto y en alerta
En octubre se buscó revertir el veto mediante la Cámara de Diputados, pero no logró reunir los dos tercios necesarios para anular la decisión presidencial. La confirmación del veto implicó un duro golpe para la comunidad universitaria, que venía exigiendo mayor presupuesto desde principios de año.
En la UNPSJB, el recorte afectó programas y obras clave que venían desarrollándose en las distintas sedes, como por ejemplo, en el desarrollo y financiación de programas, como el de la Red Nacional de Simulación Clínica (ReNaSiC), el Programa de Doctorado, el Programa de Fortalecimiento de la extensión universitaria y el Programa de Fortalecimiento en acciones sustantivas de ciencia y técnica, que han sufrido fuertes ajustes.
Ver: Cómo impacta el ajuste en la UNPSJB
Por otro lado, obras de infraestructura académica tuvieron que ser postergadas, como la apertura de la licitación del nuevo Edificio para Laboratorios de Enfermería y Medicina de Comodoro, y los laboratorios de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud FCNyCS de Esquel y la refacción del Patio Magno de Comodoro, que no pudieron ser finalizados.
Trabajar o estudiar
La falta de partidas afectó los montos de las becas estudiantiles, que fueron congeladas y pronto se revelaron insuficientes para sostener las trayectorias académicas. De acuerdo a datos correspondientes al 2024, entre las cuatro sedes de la UNPSJB en la provincia, se sostienen 700 becas completas e incompletas, de alimentos, alojamientos y fotocopias, además de 146 lugares de alojamiento en Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn, sobrepasados por la demanda.
Ariadna Bukay, estudiante de Ciencias Políticas y parte de la Multisectorial Estudiantil de la UNPSJB de Comodoro, comentaba el año pasado a este medio que entre los estudiantes había malestar por las dificultades para acceder a la Beca Progresar. Aún con los valores congelados del 2023, este tipo de programas son altamente requeridos por quienes necesitan sostener las trayectorias educativas.
Actualmente la Beca tiene un valor mensual de $35.000, un monto que no le hace justicia al aumento inflacionario y los distintos recursos necesarios para asegurar la continuidad del estudio.
Algunas medidas provinciales hacen su aporte en este sentido. En Chubut, por ejemplo, está vigente el BECH (Boleto Educativo Chubutense) que cubre hasta 40 pasajes mensuales para estudiantes de todos los niveles, docentes y auxiliares. En Comodoro, con el precio del boleto superando los 1.000 pesos, dos viajes diarios llegan a superar los 50 mil pesos mensuales.
El panorama, sin embargo, para muchos se hace extremadamente difícil. "De a poco vamos viendo casos de compañeros que tienen que priorizar ir a trabajar, tienen que cursar menos materias, no les alcanza lo que cobran con un trabajo y tienen que buscar una changa más para llegar a fin de mes", explicaba Ariadna.
La cuestión salarial: míseros aumentos por decreto
La cuestión salarial es una de las más debatidas en el marco del reclamo universitario. Los salarios docentes registran una pérdida del 25% en términos reales desde noviembre del 2023, y el Gobierno insiste en otorgar aumentos por decreto en lugar de reunirse con los docentes para discutir las paritarias.
De acuerdo con los datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), un docente de universidad con dedicación simple, con 10 años de antigüedad, cobró en febrero de 2025 un sueldo bruto de $268.052,31. En la misma línea, un profesor adjunto con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró en febrero de $373.612. Si se compara estas cifras con los sueldos de noviembre de 2023, el salario registra una pérdida en términos reales del 25%.
A la fecha, las convocatorias del Ministerio de Capital Humano han sido escasas y unilaterales. En septiembre del año pasado, la ministra Sandra Pettovello ofreció un aumento del 5,8%, que fue rechazado por los gremios y sin embargo aplicado por decreto.
"La última semana de mayo nosotros tuvimos la reunión paritaria que habíamos solicitado con Petovello. Ella reconoció que teníamos un desfasaje en los salarios. En ese momento era de alrededor del 20% y el 30%, y dijo que no podía acordar con nosotros en ese momento porque el ministro de Economía (Luis Caputo) estaba en Estados Unidos, pero que en una semana nos reuníamos. Todavía estamos esperando. No hubo ninguna reunión paritaria más. La ministra nunca más nos recibió", explicó Elena González -referente de ADU- en diálogo con El Extremo Sur, a principios de año.
La última propuesta del Gobierno implicaba un aumento del 1,5% para los haberes de enero y 1,2% para febrero. La cifra fue rechazada, al considerar que la inflación general se ha situado entre un 2% y 3% y en lo que va del año acumula un aumento del 8,6%, pero nuevamente fue otorgada por decreto.
Lo que preocupa a los trabajadores docentes es la falta de diálogo directo con el Gobierno nacional. "Tenemos una situación muy difícil porque no hay ninguna forma de diálogo. Es la primera vez que nos sucede, incluso durante el gobierno de Macri tuvimos paritarias todos los años, aunque difíciles, pero paritarias al fin. Macri dio montos fijos, nosotros hicimos una huelga de meses y logramos el blanqueo de los salarios y rechazamos en todo momento los montos fijos. Bueno, con este gobierno no tenemos posibilidad de diálogo", remarcaba González.
Actualmente, los salarios de más del 85% de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 60% de las y los no docentes se encuentran en la misma situación.
Mentiras y verdades de la universidad pública
Distintas ofensivas discursivas circularon en medios y en ámbitos políticos durante el último año, a modo de justificación del brutal ajuste que sigue afectando a las universidades públicas. Sin embargo, docentes, especialistas y organismos públicos salieron públicamente en cada una de las ocasiones para desmentir la idea de Universidad que planteaba Milei y su círculo.
En los días previos a la segunda marcha, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, afirmó que las universidades "inventan alumnos" para cobrar más fondos. El CIN desmintió lo dicho por Torrendell explicando que el presupuesto no se asigna por cantidad de estudiantes, sino que se actualiza considerando el último presupuesto consolidado y otros ítems como los salarios, los gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología.
El diputado José Luis Espert, por su parte, sostuvo que "los pobres no están en las universidades", otra idea refutada por los datos, que muestran que el 48.5% de los estudiantes inscriptos en las materias de 2024 están por debajo de la línea de pobreza.
Otro argumento de la cúpula libertaria apuntaba contra la Ley de Financiamiento Universitario asegurando que atenta contra el equilibrio fiscal. Pero el CIN detalló que la ley representaba apenas el 0,14% del PBI. "Similar, por ejemplo, a lo que el Gobierno dejó de percibir para bajar los bienes personales, una medida que benefició a sectores sociales de altos recursos. Por otro lado, ese 0,14,% se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado", subrayó.
Argumentos similares ligados a la supuesta corrupción dentro de las universidades y la "politización" del estudiantado se hicieron visibles durante las tres marchas que se llevaron adelante el 2024. Tras la primera movilización, que fue multitudinaria, Milei expresó: "Tomaron una causa noble, me parece bárbaro al margen de que se construyó sobre una mentira para esconder el verdadero curro y la politizaron. Supongamos que los estudiantes creían eso, me parece perfecto que se manifiesten, pero ojo porque estaba la izquierda recalcitrante golpista, la CGT con el propio Pablo Moyano, el ala progresista de la UCR con Yacobitti y Lousteau, que es el levanta manitos culposo, La Cámpora, Axel Kicillof, el Frente Renovador con Massa".
Y remarcó: "Para mí es una victoria enorme del gobierno porque mostró el modus operandi de la política que tomó una causa noble, la prostituyó para ocultar un curro. Les gané a todos, la gente lo empezó a entender así. Las encuestas dan que mantuvimos la imagen o que subimos".
Y apeló al mismo discurso durante la segunda marcha, cuando tuiteó: "Si para enfrentar a uno sólo tenés que juntarte con un montón de impresentables prostituyendo una causa noble (en este caso es una forma de ocultar la corrupción de los chorros de siempre) eso es una mayúscula muestra de debilidad y cobardía. Haremos Argentina grande de nuevo. La universidad pública no está en peligro. Lo que peligra es el botín que se reparten", agregó.
En la misma línea, durante todo el 2024 se reavivó el debate sobre las auditorías, uno de los puntos que más hondo penetró en el debate público.
"Por eso los queremos auditar. No porque querramos cerrar las universidades como le mienten a la gente, sino porque los queremos cuidar, cuidando los recursos y para eso hay que auditar. Si no quieren ser auditados deben ser porque están sucios por lo tanto señores dejen de engañar a los argentinos y díganles la verdad, que no quieren ser auditados para mantener sus curros", expresó Milei en el marco de la inauguración del Palacio Libertad.
El Gobierno afirma que los controles son insuficientes, pese a que entre 2015 y 2022, la Auditoría General de la Nación (AGN) auditó el 89% de los fondos transferidos a las universidades. El Plan de Acción que elabora anualmente la AGN debe someterse a un sistema de revisión y aprobación por parte de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso.
El plan no abarca todas las universidades todos los años, sino que selecciona algunas en función de criterios de riesgo y materialidad. En 2024 se realizaron auditorías a las universidades nacionales de Córdoba, La Plata, Jujuy, Salta, Formosa y del Nordeste. Este funcionamiento está vigente desde 1995 en que se sancionó la Ley de Educación Superior, que en su artículo 95 bis contempla el control administrativo de las universidades públicas por parte de la AGN, aunque no establece una periodicidad para la realización de las auditorías. Cada institución cuenta, además, con mecanismos internos de auditoría que se publican periódicamente.
A pesar de lo establecido por ley, el Gobierno insistió en avanzar con auditorías encabezadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo que no tiene competencia sobre las universidades públicas. Un dictamen de la Procuración del Tesoro emitido en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández ratificó que la intervención de la SIGEN en las universidades violaba su autonomía.
Las próximas medidas
El Gobierno nacional, lejos de subsanar el reclamo histórico que hoy se profundiza, afirmó que "la inversión universitaria para 2025 es la tercera más alta del presupuesto nacional". En el marco de la presentación de los datos anuales de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, expresaron que la inversión asciende a 4 billones de pesos, un número muy por debajo del que había solicitado el CIN.
El Gobierno además resalta el aumento del 270% en las partidas del año pasado para gastos de funcionamiento, una medida exigida durante los primeros meses y que apareció recién en el marco de la primera marcha, que funcionó para sostener el mantenimiento de las universidades y el pago de salarios pero no implicó la recomposición que se esperaba con una inflación acumulada que superaba ese número.
Por otro lado, se refieren al aumento salarial de octubre del 6,8% como "el mayor aumento otorgado por el Estado nacional hasta la fecha", una medida que según precisan "llevó al salario universitario a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), empleados administrativos y profesionales dentro de la Administración Pública Nacional".
El Comité Ejecutivo del CIN, por su parte, expresó su preocupación "por la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales por la falta de actualización de los gastos para su funcionamiento" y reclamó "la urgente e imprescindible recomposición salarial para docentes y nodocentes, como, también, la reconstrucción del sistema de investigación, ciencia y tecnología, la reinversión en infraestructura universitaria y la actualización del sistema de becas para nuestros y nuestras estudiantes", tras una reunión el pasado 12 de marzo, en la que participaron rectoras y rectores de todo el país.
"Por manifiesta voluntad del gobierno, la administración nacional y el sistema universitario público argentino no cuentan con un presupuesto para el ejercicio del 2025. Esto significa que el Poder Ejecutivo Nacional puede disponer discrecionalmente, sin ningún tipo de control, de los fondos que surgen del pago de los impuestos que realiza cada argentina y cada argentino. De esta forma, el país no cuenta con una hoja de ruta que garantice el funcionamiento económico y financiero de las instituciones del país", advierten mediante un comunicado titulado "Nuevo año, los mismos problemas".
Señalan que los problemas de febrero de 2024 continúan e incluso "en varios aspectos se han agravado", como es el caso de las paritarias salariales y el congelamiento de las becas estudiantiles. Detallaron que los recursos que se destinan para el funcionamiento de las universidades apenas alcanzan a un 50% para el 2025, y a ello se suma la "drástica reducción" de recursos del sistema científico, ligado a las instituciones universitarias.
Martes y miércoles, paro
Esta semana, los gremios docentes convocaron a un paro de 48 horas este martes 22 y miércoles 23, en coincidencia con el aniversario de la primera Marcha Federal Universitaria, una movilización multitudinaria, signo de la potencia estudiantil.
En el último Plenario de Secretarios Generales de CONADU se discutió sobre la posibilidad de una marcha para la segunda quincena de mayo, en la medida en que las condiciones presupuestarias se agravan.
El secretario general de Feduba, Pablo Perazzi, sostuvo: "Tenemos la obligación de redoblar los esfuerzos para frenar el ataque del gobierno contra la universidad. Es momento de profundizar el plan de lucha y convocar a toda la sociedad para defender el derecho a la educación superior".
Por su parte Carlos De Feo, secretario general de CONADU afirmó: "La inflación nos hunde cada vez más. Los salarios no alcanzan y muchas universidades chicas y medianas enfrentan un panorama crítico para el segundo semestre. Hay que sostener la lucha con fuerza, creatividad y unidad".
De esta forma, la comunidad universitaria mantiene vigente el reclamo y se prepara para seguir dando pelea a un ajuste que se profundiza cada vez más y afecta a 2 millones de estudiantes de todo el país.
