El caso de Tino John, más cerca de la justicia: en pocos días una audiencia definirá si los imputados van a juicio A casi cuatro años del asesinato de Tino John en la localidad cordillerana de Las Golondrinas, la familia sigue luchando por Justicia. Luego de "palos en la rueda", dilaciones y una causa que estuvo cerca de cerrarse, el pasado viernes se llevó adelante una audiencia preliminar que continuará este martes para definir si los tres acusados van a juicio por jurados. El nuevo fiscal a cargo reconoció las irregularidades del caso y aseguró que los efectivos tuvieron otras alternativas que hubieran protegido la vida del vecino. "La orden de allanamiento decía que tenían que acompañar un equipo de Salud mental, que tenían que requisar si había armas y tomar los datos del propietario. Tenían 48 horas para llevar a cabo esto. ¿Y qué hicieron? Llamaron al GEOP, entraron violentamente y en menos de 15 minutos a mí me ataron y a Tino le dieron un tiro en la cabeza", resumió Claudia Costa, la viuda de Tino.
Alejandro "Tino" John, vecino de la Comarca Andina, fue asesinado el 27 de mayo de 2021 tras un violento operativo del GEOP en su vivienda en Las Golondrinas. A pedido del fiscal Carlos Díaz Mayer, un grupo especializado arribó a la vivienda sobre las mañana con el objetivo de realizar un allanamiento.
La versión policial se refirió a un hombre cuya actitud era "extremadamente violenta e incontrolable, atemorizando a todo el vecindario", que debió ser "neutralizado" con un disparo en la cabeza como último recurso. Sin embargo, el testimonio de la pareja de Tino -que estaba en la vivienda al momento del allanamiento- y lo recabado tras meses de investigación demostraron que el GEOP tenía varias alternativas que hubieran permitido calmar a Tino John sin necesidad de un desenlace fatal.
Desde el 2021 a la fecha, múltiples pericias, evidencias y testimonios apuntan a un episodio de negligencia por parte de las fuerzas de seguridad. Los efectivos ingresaron de manera violenta, sin brindarle información a la pareja de John, sin esperar la llegada de personal médico tal como había sido solicitado por la Justicia y complicando aún más el estado de nerviosismo del vecino.
El primer fiscal de la causa, Carlos Díaz Mayer, tardó un año en abrir la investigación, a pesar de los pedidos de la familia y las organizaciones de Derechos Humanos, que denunciaban irregularidades tanto en el operativo policial como en el proceso judicial. En 2022 se imputó al tirador, el sargento Luis Moggiano, y Mayer pidió el sobreseimiento. Finalmente, el fiscal fue apartado de la causa, se rechazó el sobreseimiento de Moggiano y al caso se sumaron otros dos imputados: el comisario Omar Eduardo Martínez -comisario de El Hoyo- y Cristian Alejandro Soto -quien dirigió el operativo del GEOP.
En 2023 la causa quedó a cargo del fiscal de Esquel, Martín Robertson, quien repasó la evidencia recogida hasta el momento y concluyó que "los funcionarios policiales a cargo del operativo tenían en el abanico de las posibilidades razonables, varias alternativas previas razonables, destinadas a evitar la pérdida del bien jurídico vida, que en definitiva se perdió". Esto abrió un nuevo capítulo a un caso signado por las dilaciones y las irregularidades. El pasado 11 de abril inició una audiencia clave que determinará si los imputados van a juicio. Se espera que el próximo martes continúe el debate y pueda haber definiciones.
Una audiencia clave y la presencia sorpresiva de Díaz Mayer
"Después de muchísimo trabajo de las querellas particulares, hemos logrado la audiencia de preparación para juicio, venimos a discutir la realización del juicio para poder investigar y determinar la responsabilidad por el homicidio de Tino John", señaló el defensor público, Marcos Ponce, en diálogo con Canal 4 el viernes pasado. Y confirmó que si la causa se eleva a juicio, los tres acusados serán juzgados de manera unificada a través de un juicio por jurados.
Esta última audiencia, sin embargo, tomó más tiempo del esperado ante la aparición sorpresiva del fiscal apartado, Carlos Díaz Mayer, quien se presentó para insistir con su pedido de sobreseimiento. Al respecto, Ponce recordó que "con el doctor (Alfredo) Pérez Galimberti hemos presentado una acusación privada en relación a Moggiano, el Ministerio Público Fiscal pidió el sobreseimiento de la persona que disparó la bala que mató a John, por lo cual en esta audiencia se presenta el mismo solicitando una resolución a su pedido de sobreseimiento, algo que procesalmente para estas partes no tiene procedencia ni asidero legal".
"El juez hizo lugar, pasamos las primeras dos horas discutiendo esto. Ahora continuaremos con el trámite del proceso a ver si de una vez por todas podemos llevar adelante la continuidad de la audiencia preliminar según lo que el Código establece", cerró.
Galimberti, que representa la querella por parte de Claudia Costa, recordó que "los imputados son tres miembros de la Policía de la provincia de Chubut (...) La imprevisión, la negligencia de los dos comisarios hicieron absolutamente probable la muerte de Tino al desplazar un equipo de tiradores con la misión de neutralizar a Tino John en lugar de tomar las disposiciones que exige la ley de salud mental y una enorme cantidad de medidas complementarias que es proteger la vida de los enfermos mentales".
Y señaló que "en este caso, lo que se juega es que la policía de ninguna manera tomó en consideración la condición de salud de Tino John y lo tomó como si fuera un terrorista que actuaba dolosamente cuando él no estaba en ejercicio de sus facultades adjudicativas. Por esa razón tenía conductas agresivas, debió haber sido reducido por personal médico y llevado a una asistencia médica como lo que ocurrió durante varias ocasiones durante su vida".
Detalló que la competencia para el juicio por jurados está fijada por la Ley 1530 para los delitos de gravedad, como es el caso de Moggiano, "y las otras dos personas como tienen estrecha vinculación con el hecho también tiene que asistir al mismo juicio para evitar el escándalo por sentencias contradictorias".
En diálogo con El Extremo Sur, Claudia Costa repasó lo vivido durante la audiencia, una instancia a la que "costó muchísimo llegar" y que "tendría que haber sido el año pasado".
"La audiencia fue planteada para un viernes, el abogado vino desde Trelew, Ponce y Robertson desde Esquel, todos los defensores de los imputados y los imputados estaban vía Zoom, excepto Omar Eduardo Martínez, que estaba de manera presencial. Empezó de una manera muy tensa porque apareció el fiscal Diaz Mayer, quien fue apartado en noviembre del 2023 cuando apelamos al procurador Jorge Miquelarena porque había pedido no solo el sobreseimiento de Moggiano, el único imputado hasta ese momento, sino que no quiso imputar al comisario del GEOP, y el comisario de El Hoyo, a cargo del operativo. En ese momento Miquelarena dio lugar a nuestro pedido y nombró al fiscal Robertson", relató.
"Entonces, que en esta audiencia preliminar aparezca Diaz Mayer fue muy violento, mi abogado junto con las otras querellas le dijeron que tenía que retirarse, él decía que quería quedarse, que había sido citado, no me quedó claro todavía quién lo citó. El juez comenzó a preguntar a las querellas y a todos los defensores sobre este tema, se perdió más de una hora", cuestionó Costa.
"Después vinieron las acusaciones de mi abogado, del Dr. Ponce, sumado al de APDH y la fiscalía, lo cual fue, en lo personal, durísimo. Se dijo lo que yo supe siempre, pero ahora que lo digan los letrados, si lo dicen es porque tienen pruebas, que se resumiría, muy tristemente, en que Tino fue asesinado por negligencia, impericia o brutalidad, agregaría yo, de los comisarios Martinez y Soto, que llevaban el operativo", expresó.
La viuda de Tino, que estuvo presente durante el allanamiento y además de no ser debidamente informada, fue maniatada mientras duró el operativo, recordó que "la orden de allanamiento decía que tenía que acompañar un equipo de Salud mental, que tenían que requisar si había armas, y tomar los datos del propietario, es decir, Tino. Tenían 48 horas para llevar a cabo esto. ¿Y qué hicieron? Llamaron al GEOP, que todavía no voy a entender para qué, los hicieron viajar 8 horas, entraron violentamente y en menos de 15 minutos a mí me ataron y a Tino le dieron un tiro en la cabeza. No concuerda con la orden de allanamiento, que me la dieron cuando estaba atada. Asi que escuchar todo eso, lejos de destruirme, porque a ese lugar mental regreso casi todos los días, me dio más furia e impotencia al ver semejante bestialidad".
Una escena del crimen "armada"
El proceso estuvo cargado de irregularidades que oportunamente fueron señaladas por Costa, los hijos de John y los organismos de Derechos Humanos. Al incumplimiento de los protocolos de Salud Mental se suma el accionar violento contra la viuda de John y la torpeza de las autoridades judiciales el día del hecho. La orden de allanamiento fue entregada tarde, las GoPro de los efectivos se perdieron e incluso una pericia posterior reveló que la escena del crimen fue manipulada.
La propia Claudia da cuenta de las irregularidades en su propia experiencia: "Yo me enteré por un walkie talkie que Tino estaba muerto. Estuvieron 40 minutos, se fue el GEOP y la Policía subía y bajaba, subía y bajaba".
A principios de septiembre del 2021 se conocieron los resultados de la pericia realizada por Enrique Prueger, solicitada por el abogado de Claudia. El experto encontró varias contradicciones entre la evidencia de la escena y el relato de Diaz Mayer.
Descubrió diferencias entre los disparos que supuestamente realizó la víctima y la trayectoria de éstos según la burda versión policial: los mismos se habrían realizado desde afuera y desde abajo de la habitación donde fue ejecutado John y donde presuntamente disparó según el relato oficial. Tampoco hay coincidencias en la ubicación del vecino al momento de ingresar el GEOP a la vivienda y la que establece la pericia oficial.
"Entraron a matar. Tino no se resistió; tiene un disparo en la frente. No había arma en el lugar; él estaba en el pasillo, agachado, en el lugar donde cae lo corren para hacer simular la posibilidad de que estuvo disparando desde la escalera. Armaron la escena", expresó en diálogo con La Namunkurá. "Hay tres impactos de la pared del pasillo pero no vienen de arriba sino de abajo; es física pura", analizó, al tiempo que cuestionó la ausencia de los vídeos de las GoPro que generalmente llevan los efectivos en el casco y registran los operativos.
En la misma línea, uno de los hijos de Tino, Donato John, repasó los obstáculos del proceso judiciales, en diálogo con Canal 36 de El Bolsón, tras la última audiencia: "Hace 4 años que estamos esperando el juicio, aparece otra vez en escena Díaz Mayer, aunque ya ha hay otros dos fiscales a cargo, apareció, se sentó, alguien que nunca quiso abrir la causa, que le llevó un año y lo tuvieron que sacar y los otros dos fiscales si vieron cosas que él no vio. Lo más insólito, según dijo el juez que está ahora y que va a ser testigo la Policía, es que el día del hecho (Díaz Mayer) ni estuvo en la casa, pedían desde Esquel que paren de levantar pruebas que tenía que intervenir otra fuerza y siguió adelante la misma policía".
"Es como una tomada de pelo. En cuanto a los dos comisarios, si se equivocaron en su momento, van a tener que ser penados. Hubo una muerte, tuvieron todo el tiempo y las herramientas para que no sucediera lo que sucedió, que mataron a mi viejo, y van a tener que ser juzgados", afirmó.
"El fiscal demoró un año y medio en abrir la causa. Y después palos en la rueda para dilatar, informes fuera de lugar, sin avisar a las partes", remarca Costa, "por eso voy siempre a las audiencias en forma presencial, porque ya una vez nos dejaron afuera a mi abogado y a mí con la excusa de que no había conexión. Como esas, miles de cosas, muy bajas. El año pasado apelando la imputación de Soto recusando a la jueza, escribiendo al STJ, todo eso demoró siete meses, así que por eso es tan importante esta audiencia. Igual el otro día no dejaban entrar a la gente porque no tenían silla, había gente que se quedaba afuera, no dejaban entrar a la prensa, de casualidad entró gente de Canal 4 y después otros periodistas, pero no es la forma; si no, que me digan a que se refieren con la audiencia ‘pública'", cuestionó.
Y agregó: "Creo que es una forma de desgastar, en mi caso no lo lograron ni lo lograrán, mientras me de la vida. Es desgastante, pero vine destruida de escuchar lo que ya sabía. Es terrible escuchar que Tino fue asesinado por una mala actuación humana".
Más cerca de la Justicia
Lejos de la posición de Díaz Mayer, que pidió el sobreseimiento del tirador argumentando que el accionar de los efectivos se había realizado conforme a los protocolos, el fiscal Martin Robertson reconoció que el equipo tuvo al menos tres alternativas razonables que podrían haber evitado la muerte de Tino.
En el pedido de imputación de los dos comisarios, Robertson repasó con detalles técnicos lo que la familia de John expresa desde el primer día.
Tras un análisis exhaustivo de la cronología del operativo, el fiscal subrayó que la posibilidad de que Claudia o los hijos de Tino pudieran intervenir para calmarlo era plausible, así como eran concretas otras posibilidades en relación a la actuación de las Fuerzas, que podrían haberse apostado en las inmediaciones de la vivienda con ventaja táctica ante una eventual salida del vecino al exterior. Incluso si eso sucedía, tenían la posibilidad y la obligación de advertirle de desistir de su salida, y en última instancia, acudir a un tiro de aviso y disparos en zonas bajas del cuerpo. "Todo esto hubiera evitado el tener que haber acudido a un disparo en zona letal", remarcó.
Para el fiscal Robertson, las alternativas previas a la irrupción eran "respuestas razonables, proporcionadas y echaban mano al principio de progresividad en la utilización de la fuerza".
En el escrito, también detalla el rol de los nuevos imputados, que se suman a Luis Moggiano, acusado de efectuar el disparo que acabó con la vida de Tino.
Omar Martínez era jefe de la Comisaría de El Hoyo, y tenía el dominio de cuándo y cómo realizar el allanamiento. Conociendo los padecimientos mentales de Tino John, no evitó la irrupción del GEOP aun sabiendo que aún no estaba presente el personal médico, incumpliendo así una orden judicial. Cristian Soto, por su parte, no esperó a recibir órdenes y decidió irrumpir unilateralmente, cuando Costa Basso ingresó a la vivienda. Para el fiscal Robertson, estas omisiones y decisiones apresuradas "desencadenaron en el resultado muerte".
Costa dijo que, en este escenario, tiene expectativas de que finalmente los responsables puedan ser juzgados: "Justicia sería que Tino resucite, pero quiero que se sepa toda la verdad, que salga todo a la luz, que es una forma de hacer justicia. Estoy orgullosa de mi abogado, de las querellas, y del fiscal Martin Robertson. Me emocionó el año pasado cuando el fiscal, en su alegato cuando imputó a los dos comisarios, dijo ‘esto se podría haber evitado', si hubieran llevado las cosas como corresponde".
Además, dijo sentirse "muy respaldada" y confiada de que "se va a hacer justicia. Y si siguen poniendo palos en la rueda, tenemos otras instancias en el exterior. El expediente de Tino llegó al Relator de la ONU. Hay muchos convenios internacionales, esto no queda acá si lo quieren encerrar en un tupper", adelantó. Este martes se reanudará la audiencia que definirá si los tres acusados van a juicio.
"El viernes estuvimos como 6 horas, fue una movida. Mi abogado dijo que hagamos un cuarto intermedio de una hora y después seguimos el sábado para terminar, y dijeron que no, entonces pasó para el 22, una semana más. Ahora el martes continuaría esta audiencia preliminar", remarca.
A días de la continuación de esta audiencia clave, el panorama es muy distinto al que vivió la familia del vecino de Las Golondrinas los primeros años de la causa, hoy con tres imputados y un fiscal que expresa lo que sostienen desde el día uno: la muerte de Tino John podría haberse evitado.
A casi cuatro años del asesinato de Tino John en la localidad cordillerana de Las Golondrinas, la familia sigue luchando por Justicia. Luego de "palos en la rueda", dilaciones y una causa que estuvo cerca de cerrarse, el pasado viernes se llevó adelante una audiencia preliminar que continuará este martes para definir si los tres acusados van a juicio por jurados. El nuevo fiscal a cargo reconoció las irregularidades del caso y aseguró que los efectivos tuvieron otras alternativas que hubieran protegido la vida del vecino. "La orden de allanamiento decía que tenían que acompañar un equipo de Salud mental, que tenían que requisar si había armas y tomar los datos del propietario. Tenían 48 horas para llevar a cabo esto. ¿Y qué hicieron? Llamaron al GEOP, entraron violentamente y en menos de 15 minutos a mí me ataron y a Tino le dieron un tiro en la cabeza", resumió Claudia Costa, la viuda de Tino.
Alejandro "Tino" John, vecino de la Comarca Andina, fue asesinado el 27 de mayo de 2021 tras un violento operativo del GEOP en su vivienda en Las Golondrinas. A pedido del fiscal Carlos Díaz Mayer, un grupo especializado arribó a la vivienda sobre las mañana con el objetivo de realizar un allanamiento.
La versión policial se refirió a un hombre cuya actitud era "extremadamente violenta e incontrolable, atemorizando a todo el vecindario", que debió ser "neutralizado" con un disparo en la cabeza como último recurso. Sin embargo, el testimonio de la pareja de Tino -que estaba en la vivienda al momento del allanamiento- y lo recabado tras meses de investigación demostraron que el GEOP tenía varias alternativas que hubieran permitido calmar a Tino John sin necesidad de un desenlace fatal.
Desde el 2021 a la fecha, múltiples pericias, evidencias y testimonios apuntan a un episodio de negligencia por parte de las fuerzas de seguridad. Los efectivos ingresaron de manera violenta, sin brindarle información a la pareja de John, sin esperar la llegada de personal médico tal como había sido solicitado por la Justicia y complicando aún más el estado de nerviosismo del vecino.
El primer fiscal de la causa, Carlos Díaz Mayer, tardó un año en abrir la investigación, a pesar de los pedidos de la familia y las organizaciones de Derechos Humanos, que denunciaban irregularidades tanto en el operativo policial como en el proceso judicial. En 2022 se imputó al tirador, el sargento Luis Moggiano, y Mayer pidió el sobreseimiento. Finalmente, el fiscal fue apartado de la causa, se rechazó el sobreseimiento de Moggiano y al caso se sumaron otros dos imputados: el comisario Omar Eduardo Martínez -comisario de El Hoyo- y Cristian Alejandro Soto -quien dirigió el operativo del GEOP.
En 2023 la causa quedó a cargo del fiscal de Esquel, Martín Robertson, quien repasó la evidencia recogida hasta el momento y concluyó que "los funcionarios policiales a cargo del operativo tenían en el abanico de las posibilidades razonables, varias alternativas previas razonables, destinadas a evitar la pérdida del bien jurídico vida, que en definitiva se perdió". Esto abrió un nuevo capítulo a un caso signado por las dilaciones y las irregularidades. El pasado 11 de abril inició una audiencia clave que determinará si los imputados van a juicio. Se espera que el próximo martes continúe el debate y pueda haber definiciones.
Una audiencia clave y la presencia sorpresiva de Díaz Mayer
"Después de muchísimo trabajo de las querellas particulares, hemos logrado la audiencia de preparación para juicio, venimos a discutir la realización del juicio para poder investigar y determinar la responsabilidad por el homicidio de Tino John", señaló el defensor público, Marcos Ponce, en diálogo con Canal 4 el viernes pasado. Y confirmó que si la causa se eleva a juicio, los tres acusados serán juzgados de manera unificada a través de un juicio por jurados.
Esta última audiencia, sin embargo, tomó más tiempo del esperado ante la aparición sorpresiva del fiscal apartado, Carlos Díaz Mayer, quien se presentó para insistir con su pedido de sobreseimiento. Al respecto, Ponce recordó que "con el doctor (Alfredo) Pérez Galimberti hemos presentado una acusación privada en relación a Moggiano, el Ministerio Público Fiscal pidió el sobreseimiento de la persona que disparó la bala que mató a John, por lo cual en esta audiencia se presenta el mismo solicitando una resolución a su pedido de sobreseimiento, algo que procesalmente para estas partes no tiene procedencia ni asidero legal".
"El juez hizo lugar, pasamos las primeras dos horas discutiendo esto. Ahora continuaremos con el trámite del proceso a ver si de una vez por todas podemos llevar adelante la continuidad de la audiencia preliminar según lo que el Código establece", cerró.
Galimberti, que representa la querella por parte de Claudia Costa, recordó que "los imputados son tres miembros de la Policía de la provincia de Chubut (...) La imprevisión, la negligencia de los dos comisarios hicieron absolutamente probable la muerte de Tino al desplazar un equipo de tiradores con la misión de neutralizar a Tino John en lugar de tomar las disposiciones que exige la ley de salud mental y una enorme cantidad de medidas complementarias que es proteger la vida de los enfermos mentales".
Y señaló que "en este caso, lo que se juega es que la policía de ninguna manera tomó en consideración la condición de salud de Tino John y lo tomó como si fuera un terrorista que actuaba dolosamente cuando él no estaba en ejercicio de sus facultades adjudicativas. Por esa razón tenía conductas agresivas, debió haber sido reducido por personal médico y llevado a una asistencia médica como lo que ocurrió durante varias ocasiones durante su vida".
Detalló que la competencia para el juicio por jurados está fijada por la Ley 1530 para los delitos de gravedad, como es el caso de Moggiano, "y las otras dos personas como tienen estrecha vinculación con el hecho también tiene que asistir al mismo juicio para evitar el escándalo por sentencias contradictorias".
En diálogo con El Extremo Sur, Claudia Costa repasó lo vivido durante la audiencia, una instancia a la que "costó muchísimo llegar" y que "tendría que haber sido el año pasado".
"La audiencia fue planteada para un viernes, el abogado vino desde Trelew, Ponce y Robertson desde Esquel, todos los defensores de los imputados y los imputados estaban vía Zoom, excepto Omar Eduardo Martínez, que estaba de manera presencial. Empezó de una manera muy tensa porque apareció el fiscal Diaz Mayer, quien fue apartado en noviembre del 2023 cuando apelamos al procurador Jorge Miquelarena porque había pedido no solo el sobreseimiento de Moggiano, el único imputado hasta ese momento, sino que no quiso imputar al comisario del GEOP, y el comisario de El Hoyo, a cargo del operativo. En ese momento Miquelarena dio lugar a nuestro pedido y nombró al fiscal Robertson", relató.
"Entonces, que en esta audiencia preliminar aparezca Diaz Mayer fue muy violento, mi abogado junto con las otras querellas le dijeron que tenía que retirarse, él decía que quería quedarse, que había sido citado, no me quedó claro todavía quién lo citó. El juez comenzó a preguntar a las querellas y a todos los defensores sobre este tema, se perdió más de una hora", cuestionó Costa.
"Después vinieron las acusaciones de mi abogado, del Dr. Ponce, sumado al de APDH y la fiscalía, lo cual fue, en lo personal, durísimo. Se dijo lo que yo supe siempre, pero ahora que lo digan los letrados, si lo dicen es porque tienen pruebas, que se resumiría, muy tristemente, en que Tino fue asesinado por negligencia, impericia o brutalidad, agregaría yo, de los comisarios Martinez y Soto, que llevaban el operativo", expresó.
La viuda de Tino, que estuvo presente durante el allanamiento y además de no ser debidamente informada, fue maniatada mientras duró el operativo, recordó que "la orden de allanamiento decía que tenía que acompañar un equipo de Salud mental, que tenían que requisar si había armas, y tomar los datos del propietario, es decir, Tino. Tenían 48 horas para llevar a cabo esto. ¿Y qué hicieron? Llamaron al GEOP, que todavía no voy a entender para qué, los hicieron viajar 8 horas, entraron violentamente y en menos de 15 minutos a mí me ataron y a Tino le dieron un tiro en la cabeza. No concuerda con la orden de allanamiento, que me la dieron cuando estaba atada. Asi que escuchar todo eso, lejos de destruirme, porque a ese lugar mental regreso casi todos los días, me dio más furia e impotencia al ver semejante bestialidad".
Una escena del crimen "armada"
El proceso estuvo cargado de irregularidades que oportunamente fueron señaladas por Costa, los hijos de John y los organismos de Derechos Humanos. Al incumplimiento de los protocolos de Salud Mental se suma el accionar violento contra la viuda de John y la torpeza de las autoridades judiciales el día del hecho. La orden de allanamiento fue entregada tarde, las GoPro de los efectivos se perdieron e incluso una pericia posterior reveló que la escena del crimen fue manipulada.
La propia Claudia da cuenta de las irregularidades en su propia experiencia: "Yo me enteré por un walkie talkie que Tino estaba muerto. Estuvieron 40 minutos, se fue el GEOP y la Policía subía y bajaba, subía y bajaba".
A principios de septiembre del 2021 se conocieron los resultados de la pericia realizada por Enrique Prueger, solicitada por el abogado de Claudia. El experto encontró varias contradicciones entre la evidencia de la escena y el relato de Diaz Mayer.
Descubrió diferencias entre los disparos que supuestamente realizó la víctima y la trayectoria de éstos según la burda versión policial: los mismos se habrían realizado desde afuera y desde abajo de la habitación donde fue ejecutado John y donde presuntamente disparó según el relato oficial. Tampoco hay coincidencias en la ubicación del vecino al momento de ingresar el GEOP a la vivienda y la que establece la pericia oficial.
"Entraron a matar. Tino no se resistió; tiene un disparo en la frente. No había arma en el lugar; él estaba en el pasillo, agachado, en el lugar donde cae lo corren para hacer simular la posibilidad de que estuvo disparando desde la escalera. Armaron la escena", expresó en diálogo con La Namunkurá. "Hay tres impactos de la pared del pasillo pero no vienen de arriba sino de abajo; es física pura", analizó, al tiempo que cuestionó la ausencia de los vídeos de las GoPro que generalmente llevan los efectivos en el casco y registran los operativos.
En la misma línea, uno de los hijos de Tino, Donato John, repasó los obstáculos del proceso judiciales, en diálogo con Canal 36 de El Bolsón, tras la última audiencia: "Hace 4 años que estamos esperando el juicio, aparece otra vez en escena Díaz Mayer, aunque ya ha hay otros dos fiscales a cargo, apareció, se sentó, alguien que nunca quiso abrir la causa, que le llevó un año y lo tuvieron que sacar y los otros dos fiscales si vieron cosas que él no vio. Lo más insólito, según dijo el juez que está ahora y que va a ser testigo la Policía, es que el día del hecho (Díaz Mayer) ni estuvo en la casa, pedían desde Esquel que paren de levantar pruebas que tenía que intervenir otra fuerza y siguió adelante la misma policía".
"Es como una tomada de pelo. En cuanto a los dos comisarios, si se equivocaron en su momento, van a tener que ser penados. Hubo una muerte, tuvieron todo el tiempo y las herramientas para que no sucediera lo que sucedió, que mataron a mi viejo, y van a tener que ser juzgados", afirmó.
"El fiscal demoró un año y medio en abrir la causa. Y después palos en la rueda para dilatar, informes fuera de lugar, sin avisar a las partes", remarca Costa, "por eso voy siempre a las audiencias en forma presencial, porque ya una vez nos dejaron afuera a mi abogado y a mí con la excusa de que no había conexión. Como esas, miles de cosas, muy bajas. El año pasado apelando la imputación de Soto recusando a la jueza, escribiendo al STJ, todo eso demoró siete meses, así que por eso es tan importante esta audiencia. Igual el otro día no dejaban entrar a la gente porque no tenían silla, había gente que se quedaba afuera, no dejaban entrar a la prensa, de casualidad entró gente de Canal 4 y después otros periodistas, pero no es la forma; si no, que me digan a que se refieren con la audiencia ‘pública'", cuestionó.
Y agregó: "Creo que es una forma de desgastar, en mi caso no lo lograron ni lo lograrán, mientras me de la vida. Es desgastante, pero vine destruida de escuchar lo que ya sabía. Es terrible escuchar que Tino fue asesinado por una mala actuación humana".
Más cerca de la Justicia
Lejos de la posición de Díaz Mayer, que pidió el sobreseimiento del tirador argumentando que el accionar de los efectivos se había realizado conforme a los protocolos, el fiscal Martin Robertson reconoció que el equipo tuvo al menos tres alternativas razonables que podrían haber evitado la muerte de Tino.
En el pedido de imputación de los dos comisarios, Robertson repasó con detalles técnicos lo que la familia de John expresa desde el primer día.
Tras un análisis exhaustivo de la cronología del operativo, el fiscal subrayó que la posibilidad de que Claudia o los hijos de Tino pudieran intervenir para calmarlo era plausible, así como eran concretas otras posibilidades en relación a la actuación de las Fuerzas, que podrían haberse apostado en las inmediaciones de la vivienda con ventaja táctica ante una eventual salida del vecino al exterior. Incluso si eso sucedía, tenían la posibilidad y la obligación de advertirle de desistir de su salida, y en última instancia, acudir a un tiro de aviso y disparos en zonas bajas del cuerpo. "Todo esto hubiera evitado el tener que haber acudido a un disparo en zona letal", remarcó.
Para el fiscal Robertson, las alternativas previas a la irrupción eran "respuestas razonables, proporcionadas y echaban mano al principio de progresividad en la utilización de la fuerza".
En el escrito, también detalla el rol de los nuevos imputados, que se suman a Luis Moggiano, acusado de efectuar el disparo que acabó con la vida de Tino.
Omar Martínez era jefe de la Comisaría de El Hoyo, y tenía el dominio de cuándo y cómo realizar el allanamiento. Conociendo los padecimientos mentales de Tino John, no evitó la irrupción del GEOP aun sabiendo que aún no estaba presente el personal médico, incumpliendo así una orden judicial. Cristian Soto, por su parte, no esperó a recibir órdenes y decidió irrumpir unilateralmente, cuando Costa Basso ingresó a la vivienda. Para el fiscal Robertson, estas omisiones y decisiones apresuradas "desencadenaron en el resultado muerte".
Costa dijo que, en este escenario, tiene expectativas de que finalmente los responsables puedan ser juzgados: "Justicia sería que Tino resucite, pero quiero que se sepa toda la verdad, que salga todo a la luz, que es una forma de hacer justicia. Estoy orgullosa de mi abogado, de las querellas, y del fiscal Martin Robertson. Me emocionó el año pasado cuando el fiscal, en su alegato cuando imputó a los dos comisarios, dijo ‘esto se podría haber evitado', si hubieran llevado las cosas como corresponde".
Además, dijo sentirse "muy respaldada" y confiada de que "se va a hacer justicia. Y si siguen poniendo palos en la rueda, tenemos otras instancias en el exterior. El expediente de Tino llegó al Relator de la ONU. Hay muchos convenios internacionales, esto no queda acá si lo quieren encerrar en un tupper", adelantó. Este martes se reanudará la audiencia que definirá si los tres acusados van a juicio.
"El viernes estuvimos como 6 horas, fue una movida. Mi abogado dijo que hagamos un cuarto intermedio de una hora y después seguimos el sábado para terminar, y dijeron que no, entonces pasó para el 22, una semana más. Ahora el martes continuaría esta audiencia preliminar", remarca.
A días de la continuación de esta audiencia clave, el panorama es muy distinto al que vivió la familia del vecino de Las Golondrinas los primeros años de la causa, hoy con tres imputados y un fiscal que expresa lo que sostienen desde el día uno: la muerte de Tino John podría haberse evitado.
