Denuncian a un sacerdote patagónico por abuso sexual: avances lentos y deudas de una Iglesia encubridora Un escueto comunicado del Obispado de Neuquén dio a conocer recientemente una denuncia de abuso sexual contra un sacerdote. En los últimos años, estos casos fueron despegándose del secreto de confesión para entrar en la escena pública como una problemática social extendida globalmente. El proceso de investigación de los abusos sexuales de la Iglesia Católica fue modificado en la última década con el objetivo de dar mayor acompañamiento a las víctimas, aunque las organizaciones de sobrevivientes denuncian que todavía queda mucho por hacer para ponerle fin a la impunidad eclesial.
El caso de Neuquén
Recientemente, el Obispado de Neuquén dio a conocer que un sacerdote fue denunciado por presunto abuso sexual en un colegio primario de la capital. El hecho se produjo en 2023 y ahora la investigación fue elevada al Vaticano.
"Como diócesis, en cumplimiento con los protocolos eclesiales vigentes, se ha obrado conforme a ellos, afín de lograr el esclarecimiento del hecho señalado. Dicha investigación preliminar canónica fue elevada a la Congregación para la Doctrina de la Fe", informó la institución en un breve comunicado.
"Paralelamente, estamos a disposición de la Justicia ordinaria, para que se actúe conforme a derecho. Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de menores y personas vulnerables. Solicitamos respeto y prudencia en el manejo de esta información", concluye el comunicado del Obispado.
La denuncia fue radicada en septiembre del 2024, y hoy el caso está a cargo de la fiscal Carolina Mauri. La presunta víctima, por su parte, es acompañada por la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina.
Según información del Ministerio Público Fiscal, hasta el momento se realizaron entrevistas al entorno del menor y se llevó adelante una Cámara Gesell. La Fiscalía se encuentra analizando la evidencia para definir las próximas medidas.
Las medidas del Vaticano
En 2016, el Vaticano elaboró un polémico manual para la instrucción de obispos recién ordenados en el que señalaba que "no tienen la obligación" de reportar las denuncias de abuso sexual a menores a la policía. El documento sugiere que solo las víctimas o sus familias deben tomar la decisión de acudir a las autoridades.
El manual no estuvo exento de críticas, no sólo por su contenido, sino porque en la redacción no participó la Pontificia Comisión para la Protección de Menores que el Papa Francisco había creado apenas dos años antes para dar respuesta a estas situaciones. Y en ese marco había exhortado a adoptar una postura de "tolerancia cero", resaltando que se debe hacer "todo lo que es posible para garantizar que delitos como los cometidos no se repetirán más en la Iglesia".
El manual para obispos, en cambio, hace hincapié en que los religiosos manejen los casos internamente, aunque sin ignorar las leyes locales.
"De acuerdo al estado de las leyes civiles de cada país donde la denuncia es obligatoria, no es necesariamente el deber del obispo referir los sospechosos a las autoridades, la policía o los fiscales del Estado en el momento cuando quedan al tanto de crímenes o hechos pecaminosos", dice la guía.
El documento fue redactado por el monseñor francés Tony Anatrella, entonces asesor del Pontifico Consejo para la Familia, una figura controvertida ya que se lo conoce por defender la "teoría de género", la creencia de que la creciente aceptación de la homosexualidad está exponiendo a los menores a "nociones radicales de orientación sexual".
Aunque reconoce que "la iglesia ha estado particularmente afectada por los crímenes sexuales perpetrados contra los niños", hace énfasis en las cifras que muestran que la mayoría de los abusos ocurren dentro de la familia o el círculo más cercano y no suele ser perpetrado por otras figuras de autoridad.
Escándalos que destapan la olla de los abusos
Desde su asunción en 2013, el Papa Francisco fue implementando distintas medidas para visibilizar y combatir los abusos sexuales eclesiásticos, frente a la presión de grupos de sobrevivientes que exigían medidas más concretas de escucha y acompañamiento. En 2019 se pronunció una vez más sobre el tema ante los presidentes de todas las conferencias episcopales en el marco de una Cumbre sobre la Protección de los Menores en la Iglesia.
"Quisiera reafirmar con claridad: si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso -que representa ya en sí mismo una monstruosidad-, ese caso será afrontado con la mayor seriedad. Hermanos y hermanas, en la justificada rabia de la gente, la Iglesia ve el reflejo de la ira de Dios, traicionado y abofeteado por estos consagrados deshonestos. El eco de este grito silencioso de los pequeños, que en vez de encontrar en ellos paternidad y guías espirituales han encontrado a sus verdugos, hará temblar los corazones anestesiados por la hipocresía y por el poder. Nosotros tenemos el deber de escuchar atentamente este sofocado grito silencioso", expresó en esa ocasión.
Sin embargo, del 2019 a la actualidad los cuestionamientos siguieron llegando en la medida en que se reportan casos en todo el mundo en los que se comprueba algún tipo de acción de encubrimiento por parte de autoridades religiosas o incluso el mismo Vaticano. Es el caso de las víctimas del Provolo en Argentina, quienes sostienen que el Papa Francisco tenía conocimiento de los hechos mucho antes de que se pronunciara al respecto luego de que los responsables sean condenados.
En 2020, tras una ola de escándalos por presuntos encubrimientos de denuncia en distintos países, el Vaticano publicó un manual para el tratamiento de estos delitos, una guía orientadora para sacerdotes y obispos sobre cómo accionar frente a casos de abuso sexual al interior de la comunidad católica.
El texto desglosa en nueve puntos la definición del delito y la respuesta que deben dar las autoridades religiosas en caso de que se confirme la culpabilidad del clérigo involucrado.
"Este Vademécum no pretende sustituir la formación de los profesionales del derecho canónico, en particular en lo que respecta a la materia penal o procesal. Solo un conocimiento profundo de la ley y de su espíritu podrá dar el debido servicio a la verdad y a la justicia, que se debe buscar con particular atención en la materia de delicta graviora por razón de las profundas heridas que producen a la comunión eclesial", señala el documento.
Sin embargo, el secretario de la Congregación, Giacomo Morandi, advirtió que el manual no representa un documento "normativo" y tampoco tiene la potestad de modificar la legislación vigente. Su objetivo es unificar la línea de acción religiosa ante estos casos, la cual frecuentemente ha sido cuestionada por encubrimiento de las denuncias. Entre otras cosas, el documento estipula medidas como la apertura de una investigación interna y la cooperación con las autoridades judiciales.
Francesco Zanardi, el presidente de la Red de Víctimas de Italia, expresó que se trata de un instrumento útil en el aspecto técnico aunque no allana el terreno para reconocer la pedofilia como una problemática social y estructural. Zanardi dijo que para que haya justicia, el manejo de los casos debe ser potestad exclusiva de las autoridades.
La postura de la Iglesia está lejos de ser condenatoria de los abusos: durante la cumbre del 2019 el jefe de la Iglesia Católica en Alemania y consejero directo del Papa Francisco, Reinhard Marx, admitió que hay evidencia de que algunos archivos de casos documentados en los últimos 70 años en ese país fueron "manipulados" o "no incluyen todo lo que debería contener".
En 2021, frente al escepticismo crítico de las redes de sobrevivientes que señalaron que el discurso de "tolerancia cero" no tenía correlato en las acciones, el Papa publicó un listado de 21 propuestas, a modo de "punto de partida", para el tratamiento de estos delitos.
Entre otros puntos, la lista propone: guías claras sobre los pasos a seguir para las autoridades religiosas, implementación de "instalaciones de escucha" para un "primer discernimiento en los casos de las presuntas víctimas", respetar las normas civiles y canónicas referidas al tema, revisar periódicamente los protocolos, ofrecer espacios de cuidado para las víctimas y de recuperación para los culpables, proteger el "derecho a la defensa" de los acusados, formular "códigos de conducta obligatorios" para los religiosos y facilitar el acceso para quienes quieran denunciar.
En 2023, el Papa anunció la actualización de las normas para prevenir y sancionar el abuso sexual, que estaban incluidas en el Motu Proprio (un documento del Papa de propia iniciativa" del 2019, "Vos estis lux mundi" (Ustedes son la luz del mundo).
La nueva versión del Motu Proprio establece más obligaciones para miembros de la Iglesia de todas las jerarquías así como laicos moderadores de organizaciones católicas reconocidas por la Santa Sede.
En relación a los abusos de menores con algún tipo de discapacidad, el Vaticano modificó el término "actos sexuales con un menor o una persona vulnerable" y ahora se habla de "delito contra el VI mandamiento del Decálogo (los 10 mandamientos de la Iglesia) cometido con un menor o con una persona que tenga habitualmente un uso imperfecto de la razón o con un adulto vulnerable".
Otro punto se refiere a quienes realizan denuncias o exponen casos de presuntos abusos de terceros; antes se requería el "vínculo de silencio", una norma que obligaba a quien hacía la denuncia contra un religioso a mantener el silencio, y no difundir detalles del caso. Ahora la protección se extiende a la víctima y los testigos. A los afectados, la Iglesia se compromete a ofrecer asistencia médica, psicológica y espiritual.
Sospechas por encubrimiento
A pesar de los avances impulsados por la Santa Sede, para las organizaciones de sobrevivientes, el discurso de "tolerancia cero" de la máxima autoridad católica está muy lejos de las realidades de víctimas que con frecuencia son desoídas por el sistema clerical y de justicia.
En febrero, ante el estado crítico de salud del Papa, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos en Argentina publicó un comunicado en el que exigen respuestas y justicia: "Parece que Bergoglio, el Papa Francisco, está muy enfermo. Y como pasó con muchos de los militares que actuaron en la última dictadura de nuestro país, podría morir sin responder ante la justicia como cómplice y encubridor de la pedofilia eclesial en el mundo".
El Papa fue señalado por presunto encubrimiento en casos de gran visibilidad como el de Julio César Grassi, el del obispo Gustavo Zanchetta -quien fue nombrado asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica por el mismo Bergoglio- y Nicola Corradi -sacerdote condenado por abuso sexual a menores cometido en el Instituto Antonio Provolo para Sordos en Mendoza-.
La organización Poniendo Fin a los Abusos del Clero (ECA, por sus siglas en inglés), que cuenta con activistas en más de noventa países, exige al Papa que entregue todos los documentos alusivos a su gestión como como arzobispo de Buenos Aires (1998-2013) y coopere con las autoridades argentinas para determinar si encubrió a Grassi, a Corradi y a Zanchetta. Hasta la fecha, no hay respuestas concretas por parte de la Santa Sede.
Las medidas que se toman en la actualidad e implican investigaciones rigurosas sobre los casos y en algunas ocasiones la expulsión del religioso condenado del ministerio sacerdotal son relativamente recientes. El accionar histórico de la Iglesia ante los delitos de abuso ha estado signado por el encubrimiento sistemático de las máximas autoridades religiosas.
En 2002, el meticuloso trabajo periodístico de un equipo del Boston Globe reveló la red de complicidad que se escondía tras los aparentemente aislados casos de abuso sexual eclesiástico a menores en Estados Unidos. Con el tiempo, se descubrió que las modalidades de impunidad desplegadas por la Iglesia se repetían en todo el mundo, casi siempre con conocimiento del Vaticano.
Algunos casos, como el mencionado en Neuquén, logran salir a la luz e iniciar un proceso legal, aunque no es la norma. La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina presentó en 2022 un Mapa de Casos, donde registraban cerca de 150 episodios desde 1970. Y aunque algunos religiosos fueron condenados y expulsados de la Iglesia, otros -aun reconociendo su culpabilidad- siguen formando parte del sacerdocio. Los colectivos de sobrevivientes siguen exigiendo transparencia y señalan que estos casos podrían ser apenas la punta del iceberg de una problemática extendida mundialmente.
Un escueto comunicado del Obispado de Neuquén dio a conocer recientemente una denuncia de abuso sexual contra un sacerdote. En los últimos años, estos casos fueron despegándose del secreto de confesión para entrar en la escena pública como una problemática social extendida globalmente. El proceso de investigación de los abusos sexuales de la Iglesia Católica fue modificado en la última década con el objetivo de dar mayor acompañamiento a las víctimas, aunque las organizaciones de sobrevivientes denuncian que todavía queda mucho por hacer para ponerle fin a la impunidad eclesial.
El caso de Neuquén
Recientemente, el Obispado de Neuquén dio a conocer que un sacerdote fue denunciado por presunto abuso sexual en un colegio primario de la capital. El hecho se produjo en 2023 y ahora la investigación fue elevada al Vaticano.
"Como diócesis, en cumplimiento con los protocolos eclesiales vigentes, se ha obrado conforme a ellos, afín de lograr el esclarecimiento del hecho señalado. Dicha investigación preliminar canónica fue elevada a la Congregación para la Doctrina de la Fe", informó la institución en un breve comunicado.
"Paralelamente, estamos a disposición de la Justicia ordinaria, para que se actúe conforme a derecho. Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de menores y personas vulnerables. Solicitamos respeto y prudencia en el manejo de esta información", concluye el comunicado del Obispado.
La denuncia fue radicada en septiembre del 2024, y hoy el caso está a cargo de la fiscal Carolina Mauri. La presunta víctima, por su parte, es acompañada por la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina.
Según información del Ministerio Público Fiscal, hasta el momento se realizaron entrevistas al entorno del menor y se llevó adelante una Cámara Gesell. La Fiscalía se encuentra analizando la evidencia para definir las próximas medidas.
Las medidas del Vaticano
En 2016, el Vaticano elaboró un polémico manual para la instrucción de obispos recién ordenados en el que señalaba que "no tienen la obligación" de reportar las denuncias de abuso sexual a menores a la policía. El documento sugiere que solo las víctimas o sus familias deben tomar la decisión de acudir a las autoridades.
El manual no estuvo exento de críticas, no sólo por su contenido, sino porque en la redacción no participó la Pontificia Comisión para la Protección de Menores que el Papa Francisco había creado apenas dos años antes para dar respuesta a estas situaciones. Y en ese marco había exhortado a adoptar una postura de "tolerancia cero", resaltando que se debe hacer "todo lo que es posible para garantizar que delitos como los cometidos no se repetirán más en la Iglesia".
El manual para obispos, en cambio, hace hincapié en que los religiosos manejen los casos internamente, aunque sin ignorar las leyes locales.
"De acuerdo al estado de las leyes civiles de cada país donde la denuncia es obligatoria, no es necesariamente el deber del obispo referir los sospechosos a las autoridades, la policía o los fiscales del Estado en el momento cuando quedan al tanto de crímenes o hechos pecaminosos", dice la guía.
El documento fue redactado por el monseñor francés Tony Anatrella, entonces asesor del Pontifico Consejo para la Familia, una figura controvertida ya que se lo conoce por defender la "teoría de género", la creencia de que la creciente aceptación de la homosexualidad está exponiendo a los menores a "nociones radicales de orientación sexual".
Aunque reconoce que "la iglesia ha estado particularmente afectada por los crímenes sexuales perpetrados contra los niños", hace énfasis en las cifras que muestran que la mayoría de los abusos ocurren dentro de la familia o el círculo más cercano y no suele ser perpetrado por otras figuras de autoridad.
Escándalos que destapan la olla de los abusos
Desde su asunción en 2013, el Papa Francisco fue implementando distintas medidas para visibilizar y combatir los abusos sexuales eclesiásticos, frente a la presión de grupos de sobrevivientes que exigían medidas más concretas de escucha y acompañamiento. En 2019 se pronunció una vez más sobre el tema ante los presidentes de todas las conferencias episcopales en el marco de una Cumbre sobre la Protección de los Menores en la Iglesia.
"Quisiera reafirmar con claridad: si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso -que representa ya en sí mismo una monstruosidad-, ese caso será afrontado con la mayor seriedad. Hermanos y hermanas, en la justificada rabia de la gente, la Iglesia ve el reflejo de la ira de Dios, traicionado y abofeteado por estos consagrados deshonestos. El eco de este grito silencioso de los pequeños, que en vez de encontrar en ellos paternidad y guías espirituales han encontrado a sus verdugos, hará temblar los corazones anestesiados por la hipocresía y por el poder. Nosotros tenemos el deber de escuchar atentamente este sofocado grito silencioso", expresó en esa ocasión.
Sin embargo, del 2019 a la actualidad los cuestionamientos siguieron llegando en la medida en que se reportan casos en todo el mundo en los que se comprueba algún tipo de acción de encubrimiento por parte de autoridades religiosas o incluso el mismo Vaticano. Es el caso de las víctimas del Provolo en Argentina, quienes sostienen que el Papa Francisco tenía conocimiento de los hechos mucho antes de que se pronunciara al respecto luego de que los responsables sean condenados.
En 2020, tras una ola de escándalos por presuntos encubrimientos de denuncia en distintos países, el Vaticano publicó un manual para el tratamiento de estos delitos, una guía orientadora para sacerdotes y obispos sobre cómo accionar frente a casos de abuso sexual al interior de la comunidad católica.
El texto desglosa en nueve puntos la definición del delito y la respuesta que deben dar las autoridades religiosas en caso de que se confirme la culpabilidad del clérigo involucrado.
"Este Vademécum no pretende sustituir la formación de los profesionales del derecho canónico, en particular en lo que respecta a la materia penal o procesal. Solo un conocimiento profundo de la ley y de su espíritu podrá dar el debido servicio a la verdad y a la justicia, que se debe buscar con particular atención en la materia de delicta graviora por razón de las profundas heridas que producen a la comunión eclesial", señala el documento.
Sin embargo, el secretario de la Congregación, Giacomo Morandi, advirtió que el manual no representa un documento "normativo" y tampoco tiene la potestad de modificar la legislación vigente. Su objetivo es unificar la línea de acción religiosa ante estos casos, la cual frecuentemente ha sido cuestionada por encubrimiento de las denuncias. Entre otras cosas, el documento estipula medidas como la apertura de una investigación interna y la cooperación con las autoridades judiciales.
Francesco Zanardi, el presidente de la Red de Víctimas de Italia, expresó que se trata de un instrumento útil en el aspecto técnico aunque no allana el terreno para reconocer la pedofilia como una problemática social y estructural. Zanardi dijo que para que haya justicia, el manejo de los casos debe ser potestad exclusiva de las autoridades.
La postura de la Iglesia está lejos de ser condenatoria de los abusos: durante la cumbre del 2019 el jefe de la Iglesia Católica en Alemania y consejero directo del Papa Francisco, Reinhard Marx, admitió que hay evidencia de que algunos archivos de casos documentados en los últimos 70 años en ese país fueron "manipulados" o "no incluyen todo lo que debería contener".
En 2021, frente al escepticismo crítico de las redes de sobrevivientes que señalaron que el discurso de "tolerancia cero" no tenía correlato en las acciones, el Papa publicó un listado de 21 propuestas, a modo de "punto de partida", para el tratamiento de estos delitos.
Entre otros puntos, la lista propone: guías claras sobre los pasos a seguir para las autoridades religiosas, implementación de "instalaciones de escucha" para un "primer discernimiento en los casos de las presuntas víctimas", respetar las normas civiles y canónicas referidas al tema, revisar periódicamente los protocolos, ofrecer espacios de cuidado para las víctimas y de recuperación para los culpables, proteger el "derecho a la defensa" de los acusados, formular "códigos de conducta obligatorios" para los religiosos y facilitar el acceso para quienes quieran denunciar.
En 2023, el Papa anunció la actualización de las normas para prevenir y sancionar el abuso sexual, que estaban incluidas en el Motu Proprio (un documento del Papa de propia iniciativa" del 2019, "Vos estis lux mundi" (Ustedes son la luz del mundo).
La nueva versión del Motu Proprio establece más obligaciones para miembros de la Iglesia de todas las jerarquías así como laicos moderadores de organizaciones católicas reconocidas por la Santa Sede.
En relación a los abusos de menores con algún tipo de discapacidad, el Vaticano modificó el término "actos sexuales con un menor o una persona vulnerable" y ahora se habla de "delito contra el VI mandamiento del Decálogo (los 10 mandamientos de la Iglesia) cometido con un menor o con una persona que tenga habitualmente un uso imperfecto de la razón o con un adulto vulnerable".
Otro punto se refiere a quienes realizan denuncias o exponen casos de presuntos abusos de terceros; antes se requería el "vínculo de silencio", una norma que obligaba a quien hacía la denuncia contra un religioso a mantener el silencio, y no difundir detalles del caso. Ahora la protección se extiende a la víctima y los testigos. A los afectados, la Iglesia se compromete a ofrecer asistencia médica, psicológica y espiritual.
Sospechas por encubrimiento
A pesar de los avances impulsados por la Santa Sede, para las organizaciones de sobrevivientes, el discurso de "tolerancia cero" de la máxima autoridad católica está muy lejos de las realidades de víctimas que con frecuencia son desoídas por el sistema clerical y de justicia.
En febrero, ante el estado crítico de salud del Papa, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos en Argentina publicó un comunicado en el que exigen respuestas y justicia: "Parece que Bergoglio, el Papa Francisco, está muy enfermo. Y como pasó con muchos de los militares que actuaron en la última dictadura de nuestro país, podría morir sin responder ante la justicia como cómplice y encubridor de la pedofilia eclesial en el mundo".
El Papa fue señalado por presunto encubrimiento en casos de gran visibilidad como el de Julio César Grassi, el del obispo Gustavo Zanchetta -quien fue nombrado asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica por el mismo Bergoglio- y Nicola Corradi -sacerdote condenado por abuso sexual a menores cometido en el Instituto Antonio Provolo para Sordos en Mendoza-.
La organización Poniendo Fin a los Abusos del Clero (ECA, por sus siglas en inglés), que cuenta con activistas en más de noventa países, exige al Papa que entregue todos los documentos alusivos a su gestión como como arzobispo de Buenos Aires (1998-2013) y coopere con las autoridades argentinas para determinar si encubrió a Grassi, a Corradi y a Zanchetta. Hasta la fecha, no hay respuestas concretas por parte de la Santa Sede.
Las medidas que se toman en la actualidad e implican investigaciones rigurosas sobre los casos y en algunas ocasiones la expulsión del religioso condenado del ministerio sacerdotal son relativamente recientes. El accionar histórico de la Iglesia ante los delitos de abuso ha estado signado por el encubrimiento sistemático de las máximas autoridades religiosas.
En 2002, el meticuloso trabajo periodístico de un equipo del Boston Globe reveló la red de complicidad que se escondía tras los aparentemente aislados casos de abuso sexual eclesiástico a menores en Estados Unidos. Con el tiempo, se descubrió que las modalidades de impunidad desplegadas por la Iglesia se repetían en todo el mundo, casi siempre con conocimiento del Vaticano.
Algunos casos, como el mencionado en Neuquén, logran salir a la luz e iniciar un proceso legal, aunque no es la norma. La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina presentó en 2022 un Mapa de Casos, donde registraban cerca de 150 episodios desde 1970. Y aunque algunos religiosos fueron condenados y expulsados de la Iglesia, otros -aun reconociendo su culpabilidad- siguen formando parte del sacerdocio. Los colectivos de sobrevivientes siguen exigiendo transparencia y señalan que estos casos podrían ser apenas la punta del iceberg de una problemática extendida mundialmente.
