Desguace del Estado: Nación avanza con el proceso de privatización de centrales hidroeléctricasEn un movimiento que marca una profunda transformación en el manejo de los recursos energéticos del país, el gobierno del presidente Javier Milei ha decidido avanzar con la privatización de varias centrales hidroeléctricas clave ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro.
Fue establecido en el Decreto 263/2025, y lleva las firmas del propio presidente y de su ministro de Economía, Luis Caputo. Es parte de un amplio plan que apunta a "desmantelar el control estatal sobre sectores estratégicos".
La medida contempla la planificación de un Concurso Público Nacional e Internacional para encontrar oferentes que asuman el control de las instalaciones hidroeléctricas, una estrategia que está directamente vinculada al interés de Milei por reducir la influencia del Estado en la economía y estimular una mayor participación privada.
Esta decisión también responde a un pedido específico de los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro. Los mencionados gobernadores, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, han pedido más tiempo para que sus equipos técnicos puedan revisar y analizar el proceso antes de realizar cualquier observación.
Las cuatro centrales sujetas a privatización, Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados, y Piedra del Aguila, tienen un significado histórico importante. Originalmente concesionadas en los años 90 durante la administración de Carlos Menem, las licencias expiraron en 2022, lo que ha facilitado la apertura a nuevas licitaciones.
Además, esta iniciativa ha sido respaldada por la creación de empresas por parte de Energía Argentina SA y Nucleoeléctrica Argentina S.A., como lo establece el ya mencionado Decreto 718/2024, revisado luego por el Decreto 895/2024 para incluir a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Esta agencia, dependiente del Ministerio de Economía y trabajando en conjunto con la Secretaría de Energía, se encargará de coordinar la privatización asegurando que las voces provinciales sean parte integral del proceso.
Con un plazo acotado a 15 días desde la publicación del decreto, el presidente busca "un proceso transparente y efectivo que implica mucho más que un mero cambio de mando, sino un abordaje transformacional del sector energético del país".
Fuente: El Cordillerano
En un movimiento que marca una profunda transformación en el manejo de los recursos energéticos del país, el gobierno del presidente Javier Milei ha decidido avanzar con la privatización de varias centrales hidroeléctricas clave ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro.
Fue establecido en el Decreto 263/2025, y lleva las firmas del propio presidente y de su ministro de Economía, Luis Caputo. Es parte de un amplio plan que apunta a "desmantelar el control estatal sobre sectores estratégicos".
La medida contempla la planificación de un Concurso Público Nacional e Internacional para encontrar oferentes que asuman el control de las instalaciones hidroeléctricas, una estrategia que está directamente vinculada al interés de Milei por reducir la influencia del Estado en la economía y estimular una mayor participación privada.
Esta decisión también responde a un pedido específico de los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro. Los mencionados gobernadores, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, han pedido más tiempo para que sus equipos técnicos puedan revisar y analizar el proceso antes de realizar cualquier observación.
Las cuatro centrales sujetas a privatización, Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados, y Piedra del Aguila, tienen un significado histórico importante. Originalmente concesionadas en los años 90 durante la administración de Carlos Menem, las licencias expiraron en 2022, lo que ha facilitado la apertura a nuevas licitaciones.
Además, esta iniciativa ha sido respaldada por la creación de empresas por parte de Energía Argentina SA y Nucleoeléctrica Argentina S.A., como lo establece el ya mencionado Decreto 718/2024, revisado luego por el Decreto 895/2024 para incluir a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Esta agencia, dependiente del Ministerio de Economía y trabajando en conjunto con la Secretaría de Energía, se encargará de coordinar la privatización asegurando que las voces provinciales sean parte integral del proceso.
Con un plazo acotado a 15 días desde la publicación del decreto, el presidente busca "un proceso transparente y efectivo que implica mucho más que un mero cambio de mando, sino un abordaje transformacional del sector energético del país".
Fuente: El Cordillerano
