Mendoza avanza contra la lucha del movimiento que enfrenta la megamineríaPor Nahuel Lag
"El segundo preso político del gobernador Alfredo Cornejo y de las mineras." Marcelo Romano, abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, definió así la detención preventiva de Federico Soria, histórico integrante de la asamblea mendocina y uno de los impulsores del Área Protegida Uspallata-Polvaredas, alternativa propuesta frente al proyecto minero San Jorge, de la multinacional Solway Holding, que el gobierno provincial busca reinstalar en esa localidad del departamento de Las Heras. En una causa iniciada por un comerciante prominero e impulsada por el fiscal Juan Manuel Sánchez, Soria es el segundo detenido de la causa junto a Mauricio Cornejo, quien pasó tres semanas en la cárcel del Polo Judicial y continúa bajo prisión domiciliaria.
La detención de Soria ocurrió en lo que Romano calificó como una estrategia "artera y tramposa" por parte del fiscal Sánchez. Claudia Tula, jueza del Juzgado Penal Colegiado N°2, había convocado a la audiencia de control jurisdiccional a las 11. A esa hora, la Asamblea Popular por el Agua, que reúne al movimiento asambleario mendocino, ya estaba en las afueras del edificio del Polo Judicial exigiendo el desprocesamiento de los dos asambleístas y la inmediata libertad de Cornejo. Soria era la primera vez que se presentaba ante la jueza, tras haber recibido la notificación y con la representación del defensor oficial Alfredo Guevara. "Tengo miedo porque no confió en el Poder Judicial", había confesado el defensor por el agua en la previa de la audiencia.
La jueza Tula puso dos horas como plazo para el tratamiento de la audiencia en la que tenía que comparecer el fiscal Sánchez y los abogados técnicos de Soria y Cornejo, los letrados Alfredo Guevara y Ariel Civit, respectivamente. Al cumplirse las dos horas, Tula ordenó cerrar la audiencia y ejecutar el pedido de detención contra Soria, tal como había ocurrido con Cornejo el 24 de febrero, en el que no solo lo detuvieron a él sino que se realizaron una serie de allanamientos denunciados por las asambleas mendocinas. A fines de esta semana habrá una nueva audiencia en la que jueza podría definir si mantiene las imputaciones o libera a los asambleístas detenidos.
Soria, que sufre ataques de pánico, se descompensó en los pasillos del edificio del Poder Judicial al conocer la noticia de su detención. Desde las asambleas denunciaron que no hubo médico que pudiera atenderlo y fueron sus propios compañeros en defensa del agua los que lo asistieron antes de que fuera trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos del Poder Judicial. La misma donde Cornejo permaneció tres semanas, también con problemas de salud que pusieron en riesgo su integridad.
"Decidieron pasar a este cuarto intermedio para poner preso a Soria, ya tenían preso a Mauricio, y esta pena de escarmiento hace que todos aquellos que pensamos defender el agua nos puede pasar lo mismo", analizó Romano. Y calificó la causa abierta contra los dos asambleístas como una "persecución por parte del gobierno de Mendoza a través del Poder Judicial".
El modus operandi para intentar quebrar la organización en Mendoza
El trasfondo es la decisión del gobernador Alfredo Cornejo para instalar la megaminería en suelo mendocino. En Uspallata el proyecto minero San Jorge -cobre, oro, plata y molibedno- no es nuevo. Fue presentado en 2008 y rechazado en la Legislatura provincial en 2011 y por los propios vecinos de Uspallata en una histórica audiencia pública. Además de ir en contra de la Ley 7722, que prohíbe el uso de químicos contaminantes. Ley que fue defendida por las históricas movilizaciones populares de 2019, cuando intentó ser derogada.
La causa por la que están detenidos Soria y Cornejo fue abierta por Edgardo Vera, representante de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata. Vera es un comerciante local que prestó su local para instalar las nuevas oficinas de la multinacional Solway Holding. En enero, como relató la asambleísta Eugenia Segura a Tierra Viva, empresarios mineros, el intendente oficialista de Las Heras, Francisco Lo Presti, y una patota de la Uocra se hicieron presentes en Uspallata para inaugurar las oficinas que marcaban, junto a la presentación de un nuevo estudio de Impacto Ambiental, la decisión de insistir con el proyecto minero.
"El proyecto San Jorge representa un grave riesgo para el millón y medio de mendocinos, tres de cada cuatro habitantes de la provincia vivimos aguas abajo, en las cuencas del río Mendoza y Tunuyán inferior, que podrían verse afectados por la contaminación que genera con sustancias tóxicas, con metales pesados, este proyecto megaminero. Todo el ambiente natural y social del Valle Uspallata estaría en gravísimo riesgo con el uso de sustancias tóxicas como el xantato", denunciaba, megáfono en mano, Marcelo Giraud, en las puertas del Poder Judicial, donde exigían el fin de la persecución para sus compañeros de asamblea.
Sin embargo, la decisión de la jueza Tula convalidó lo que hasta ahora es la acusación del fiscal Sánchez avalada por la denuncia del comerciante prominero. "Es un mamarracho técnico-jurídico con la acusación de un fabulador que ha cambiado cuatro veces su versión", sostuvo el abogado Romano. Las acusaciones planteadas por el Fiscal están enmarcadas en el artículo 213 del Código Penal, que apunta contra los asambleístas por "pertenecer a una organización que busca imponer sus ideas por el terror". La denuncia del Fiscal agrega amenazas (artículo 149), que elevan el monto de la pena entre tres a ocho años y habilitó las detenciones preventivas.
"Es una acusación agarrada de los pelos sin ningún tipo de prueba objetiva, por la que tienen presos a dos asambleístas solo como pena de escarmiento del poder político y económico, tanto del gobernador Cornejo como de las mineras, que están usando toda su influencia sobre el Poder Judicial", sostuvo Romano y alertó: "Es un riesgo para el derecho de todos los mendocinos. Esta figura no se aplicó ni siquiera en la última dictadura cívico-militar".
El abogado de la asamblea también recordó que el titular de la Corte provincial fue el ministro de gobierno del primer mandato de Cornejo y detalló que el Gobernador controla el Consejo de la Magistratura y la Legislatura. Por otra parte, apuntó contra el fiscal Sánchez, quien hasta el momento no impulsó ninguna investigación contra los integrantes de la Uocra que en enero pasado agredieron y le rompieron el tabique a otro asambleísta.
Tras conocerse la noticia de la nueva detención, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) emitió un comunicado para denunciar la "situación de hostigamiento y persecución contra defensores ambientales" y calificó el accionar del Poder Judicial como "un dispositivo de criminalización por parte del Estado provincial". El comunicado repudió el uso del artículo 213 y recordó que "Argentina ha ratificado el Acuerdo de Escazú y debe garantizar el acceso a la justicia de los defensores ambientales, no incriminarlos".
La detención de Soria es significativa además por su recorrido como asambleísta por el agua y su carrera profesional como guardaparques, actualmente en el Parque Nacional El Leoncito (ubicado en San Juan), colindante con el proyecto minero San Jorge. Soria fue uno de los impulsores desde la Asamblea de Uspallata del proyecto del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, la alternativa frente a la falta de licencia social para la instalación de la minería.
En la previa de su detención, Soria hizo pública una carta en la que describió su trabajo de años por la preservación ambiental y la persecución "ideológica, intimidación pública y daños culposos psíquica y física" de la que es víctima tanto por el gobierno de Cornejo como por parte de la Administración de Parques Nacionales, a cargo de Cristian Larsen, donde se le abrió un sumario administrativo a partir de recolección de información de sus redes sociales por la participación en la Asamblea de Uspallata.
"Esta metodología violatoria de los derechos humanos y propia de la dictadura, es pública y notoria, uso y costumbre, de gobiernos y empresas que pretenden imponer la megaminería donde no hay licencia social, tal como ocurre en Uspallata", denunció Soria antes de quedar detenido. Y recordó que la multinacional Solway, a la que el gobierno de Cornejo busca abrirle camino fue "denunciada por la prensa internacional por sobornos, contaminación, persecución, criminalización de la protesta social, apremios ilegales y asesinatos de opositores e indígenas, en países como Guatemala, Indonesia, Filipinas, Macedonia, Congo y Liberia".
"Es el modus operandi que ahora pretende imponer también en Uspallata, rompiendo la paz social, e imponiendo un régimen de miedo y violencia, en un lugar que siempre se ha caracterizado por ser apacible y tranquilo", denunció Soria.
Fuente: Tierra Viva
Por Nahuel Lag
"El segundo preso político del gobernador Alfredo Cornejo y de las mineras." Marcelo Romano, abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, definió así la detención preventiva de Federico Soria, histórico integrante de la asamblea mendocina y uno de los impulsores del Área Protegida Uspallata-Polvaredas, alternativa propuesta frente al proyecto minero San Jorge, de la multinacional Solway Holding, que el gobierno provincial busca reinstalar en esa localidad del departamento de Las Heras. En una causa iniciada por un comerciante prominero e impulsada por el fiscal Juan Manuel Sánchez, Soria es el segundo detenido de la causa junto a Mauricio Cornejo, quien pasó tres semanas en la cárcel del Polo Judicial y continúa bajo prisión domiciliaria.
La detención de Soria ocurrió en lo que Romano calificó como una estrategia "artera y tramposa" por parte del fiscal Sánchez. Claudia Tula, jueza del Juzgado Penal Colegiado N°2, había convocado a la audiencia de control jurisdiccional a las 11. A esa hora, la Asamblea Popular por el Agua, que reúne al movimiento asambleario mendocino, ya estaba en las afueras del edificio del Polo Judicial exigiendo el desprocesamiento de los dos asambleístas y la inmediata libertad de Cornejo. Soria era la primera vez que se presentaba ante la jueza, tras haber recibido la notificación y con la representación del defensor oficial Alfredo Guevara. "Tengo miedo porque no confió en el Poder Judicial", había confesado el defensor por el agua en la previa de la audiencia.
La jueza Tula puso dos horas como plazo para el tratamiento de la audiencia en la que tenía que comparecer el fiscal Sánchez y los abogados técnicos de Soria y Cornejo, los letrados Alfredo Guevara y Ariel Civit, respectivamente. Al cumplirse las dos horas, Tula ordenó cerrar la audiencia y ejecutar el pedido de detención contra Soria, tal como había ocurrido con Cornejo el 24 de febrero, en el que no solo lo detuvieron a él sino que se realizaron una serie de allanamientos denunciados por las asambleas mendocinas. A fines de esta semana habrá una nueva audiencia en la que jueza podría definir si mantiene las imputaciones o libera a los asambleístas detenidos.
Soria, que sufre ataques de pánico, se descompensó en los pasillos del edificio del Poder Judicial al conocer la noticia de su detención. Desde las asambleas denunciaron que no hubo médico que pudiera atenderlo y fueron sus propios compañeros en defensa del agua los que lo asistieron antes de que fuera trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos del Poder Judicial. La misma donde Cornejo permaneció tres semanas, también con problemas de salud que pusieron en riesgo su integridad.
"Decidieron pasar a este cuarto intermedio para poner preso a Soria, ya tenían preso a Mauricio, y esta pena de escarmiento hace que todos aquellos que pensamos defender el agua nos puede pasar lo mismo", analizó Romano. Y calificó la causa abierta contra los dos asambleístas como una "persecución por parte del gobierno de Mendoza a través del Poder Judicial".
El modus operandi para intentar quebrar la organización en Mendoza
El trasfondo es la decisión del gobernador Alfredo Cornejo para instalar la megaminería en suelo mendocino. En Uspallata el proyecto minero San Jorge -cobre, oro, plata y molibedno- no es nuevo. Fue presentado en 2008 y rechazado en la Legislatura provincial en 2011 y por los propios vecinos de Uspallata en una histórica audiencia pública. Además de ir en contra de la Ley 7722, que prohíbe el uso de químicos contaminantes. Ley que fue defendida por las históricas movilizaciones populares de 2019, cuando intentó ser derogada.
La causa por la que están detenidos Soria y Cornejo fue abierta por Edgardo Vera, representante de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata. Vera es un comerciante local que prestó su local para instalar las nuevas oficinas de la multinacional Solway Holding. En enero, como relató la asambleísta Eugenia Segura a Tierra Viva, empresarios mineros, el intendente oficialista de Las Heras, Francisco Lo Presti, y una patota de la Uocra se hicieron presentes en Uspallata para inaugurar las oficinas que marcaban, junto a la presentación de un nuevo estudio de Impacto Ambiental, la decisión de insistir con el proyecto minero.
"El proyecto San Jorge representa un grave riesgo para el millón y medio de mendocinos, tres de cada cuatro habitantes de la provincia vivimos aguas abajo, en las cuencas del río Mendoza y Tunuyán inferior, que podrían verse afectados por la contaminación que genera con sustancias tóxicas, con metales pesados, este proyecto megaminero. Todo el ambiente natural y social del Valle Uspallata estaría en gravísimo riesgo con el uso de sustancias tóxicas como el xantato", denunciaba, megáfono en mano, Marcelo Giraud, en las puertas del Poder Judicial, donde exigían el fin de la persecución para sus compañeros de asamblea.
Sin embargo, la decisión de la jueza Tula convalidó lo que hasta ahora es la acusación del fiscal Sánchez avalada por la denuncia del comerciante prominero. "Es un mamarracho técnico-jurídico con la acusación de un fabulador que ha cambiado cuatro veces su versión", sostuvo el abogado Romano. Las acusaciones planteadas por el Fiscal están enmarcadas en el artículo 213 del Código Penal, que apunta contra los asambleístas por "pertenecer a una organización que busca imponer sus ideas por el terror". La denuncia del Fiscal agrega amenazas (artículo 149), que elevan el monto de la pena entre tres a ocho años y habilitó las detenciones preventivas.
"Es una acusación agarrada de los pelos sin ningún tipo de prueba objetiva, por la que tienen presos a dos asambleístas solo como pena de escarmiento del poder político y económico, tanto del gobernador Cornejo como de las mineras, que están usando toda su influencia sobre el Poder Judicial", sostuvo Romano y alertó: "Es un riesgo para el derecho de todos los mendocinos. Esta figura no se aplicó ni siquiera en la última dictadura cívico-militar".
El abogado de la asamblea también recordó que el titular de la Corte provincial fue el ministro de gobierno del primer mandato de Cornejo y detalló que el Gobernador controla el Consejo de la Magistratura y la Legislatura. Por otra parte, apuntó contra el fiscal Sánchez, quien hasta el momento no impulsó ninguna investigación contra los integrantes de la Uocra que en enero pasado agredieron y le rompieron el tabique a otro asambleísta.
Tras conocerse la noticia de la nueva detención, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) emitió un comunicado para denunciar la "situación de hostigamiento y persecución contra defensores ambientales" y calificó el accionar del Poder Judicial como "un dispositivo de criminalización por parte del Estado provincial". El comunicado repudió el uso del artículo 213 y recordó que "Argentina ha ratificado el Acuerdo de Escazú y debe garantizar el acceso a la justicia de los defensores ambientales, no incriminarlos".
La detención de Soria es significativa además por su recorrido como asambleísta por el agua y su carrera profesional como guardaparques, actualmente en el Parque Nacional El Leoncito (ubicado en San Juan), colindante con el proyecto minero San Jorge. Soria fue uno de los impulsores desde la Asamblea de Uspallata del proyecto del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, la alternativa frente a la falta de licencia social para la instalación de la minería.
En la previa de su detención, Soria hizo pública una carta en la que describió su trabajo de años por la preservación ambiental y la persecución "ideológica, intimidación pública y daños culposos psíquica y física" de la que es víctima tanto por el gobierno de Cornejo como por parte de la Administración de Parques Nacionales, a cargo de Cristian Larsen, donde se le abrió un sumario administrativo a partir de recolección de información de sus redes sociales por la participación en la Asamblea de Uspallata.
"Esta metodología violatoria de los derechos humanos y propia de la dictadura, es pública y notoria, uso y costumbre, de gobiernos y empresas que pretenden imponer la megaminería donde no hay licencia social, tal como ocurre en Uspallata", denunció Soria antes de quedar detenido. Y recordó que la multinacional Solway, a la que el gobierno de Cornejo busca abrirle camino fue "denunciada por la prensa internacional por sobornos, contaminación, persecución, criminalización de la protesta social, apremios ilegales y asesinatos de opositores e indígenas, en países como Guatemala, Indonesia, Filipinas, Macedonia, Congo y Liberia".
"Es el modus operandi que ahora pretende imponer también en Uspallata, rompiendo la paz social, e imponiendo un régimen de miedo y violencia, en un lugar que siempre se ha caracterizado por ser apacible y tranquilo", denunció Soria.
Fuente: Tierra Viva
