Derrame de crudo en Ecuador: un nuevo crimen ambiental y social Por Manuel Suárez V.
La costa de Esmeraldas, en Ecuador, se ha convertido en el escenario de un desastre ambiental que trasciende lo meramente accidental. La ruptura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), originada por un deslizamiento de tierra en el sector El Vergel, ha desencadenado un derrame de crudo que amenaza la vida, la salud y el sustento de miles de personas. El Estado y la empresa petrolera son responsables de esta tragedia.
Este nuevo derrame petrolero en Ecuador, lejos de ser un "incidente" aislado, refleja la continuidad de un modelo negligente y extractivista del capitalismo que coloca los intereses económicos y las ganancias de las grandes empresas petroleras por encima de la protección de los ecosistemas y la vida en las comunidades. Es toda una política de Estado y de los gobiernos de turno que van abriendo el camino para que las empresas petroleras vayan destruyendo la naturaleza y todos nuestros bienes comunes, además de amenazar la vida de grandes sectores de la población.
Embarcaciones se han visto inmovilizadas, con redes, anzuelos y trampas sepultadas bajo una capa invasiva de petróleo. Los pescadores, quienes dependen del mar para mantener a sus familias, enfrentan ahora una doble tragedia: la pérdida de su herramienta de vida y la incertidumbre de un futuro sin el apoyo real del Estado. Este sector esencial, históricamente marginado, vuelve a cobrar protagonismo en un escenario donde el abandono gubernamental y la falta de previsión parecen imperar.
El costo humano y ambiental: pueblos en luto y ecosistemas desangrados
Detrás de cada gota de petróleo derramada se esconde el sufrimiento silencioso de comunidades enteras. No son solo las embarcaciones y los equipos pesqueros los que han sido afectados: son los pueblos costeros, con su forma de vida tradicional y su cultura profundamente ligada al mar, los que ahora enfrentan la incertidumbre de perder su sustento. La contaminación ha invadido las aguas, alterando el delicado equilibrio ecológico y provocando el colapso de especies marinas que durante generaciones han sido la principal fuente de alimentación y de ingresos para estas comunidades.
Los testimonios de los habitantes son desgarradores: familias enteras relatan la pérdida no solo de recursos económicos, sino de su identidad, al ver con impotencia cómo sus playas, antaño símbolo de vida y esperanza, se han convertido en paisajes desolados y contaminados. La salud de niños, ancianos y mujeres se ve comprometida ante la exposición prolongada a sustancias tóxicas; y el ambiente, que durante siglos ha permitido el florecimiento de la vida, ahora padece heridas que podrían tardar décadas en sanar.
El derrame no solo es un desastre económico o una falla técnica, es una tragedia social y ecológica. Cada hectárea de costa contaminada y cada río envenenado son una demanda silenciosa de justicia y de reparación por parte de la naturaleza y de los pueblos que han sido testigos y víctimas de la negligencia estatal y empresarial. Por eso es que decimos que el Estado y las grandes petroleras son responsables de esta tragedia.
Según informes recientes, el derrame ha afectado a más de 80 kilómetros de ríos, entre ellos el río Esmeraldas, contaminando fuentes de agua potable que abastecen aproximadamente a 500,000 personas. La contaminación se extiende también a un refugio de vida silvestre, poniendo en riesgo la biodiversidad marino-costera y de los ecosistemas circundantes. Para evitar una crisis sanitaria mayor, tres playas han sido cerradas de emergencia. En medio de esta situación, las ciudades afectadas enfrentan una severa escasez de agua dulce, lo que coloca en riesgo la salud pública y la vida diaria de miles de familias.
Antecedentes de un sistema en ruinas
Este nuevo desastre en Esmeraldas se suma a una larga lista de tragedias, donde el extractivismo y la ansiedad de ganancias a costa de depredar la naturaleza y vidas humanas prevalece, es el capitalismo que mata. En 2017, un derrame en el Terminal Marítimo de Balao evidenció la fragilidad del SOTE y las vulnerabilidades latentes en la infraestructura petrolera nacional. El incidente de julio de 2023, en el que se vertieron 1.200 barriles de crudo en la playa Las Palmas, dejó claro que el patrón se repite y que las medidas de prevención y mantenimiento son escasas e insuficientes. La repetición de estos episodios no es una coincidencia, sino el reflejo de un modelo patronal que coloca la rentabilidad por sobre la seguridad ambiental y la vida de las comunidades.
Respuestas improductivas y medidas de contención paliativas
Frente a la emergencia, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y las autoridades ambientales han activado protocolos de emergencia: cierre de playas y despliegue de equipos técnicos para controlar la dispersión del crudo. Sin embargo, estas acciones, de corte meramente reactivo, no abordan la raíz del problema. El cierre de playas de Camarones, La Palma y Las Piedras, lejos de ser soluciones integrales, son parches efímeros sobre una herida abierta, que continúan evidenciando la desconexión entre las políticas públicas y las necesidades reales de preservación ambiental y conservación de los bienes comunes, así como la vida de las comunidades.
En lugar de desplegar recursos inmediatos para garantizar el suministro de agua potable a las ciudades y comunidades afectadas, se optó por enviar contingentes militares a la zona. Esta medida, que ha sido ampliamente criticada, pone de relieve una respuesta que muchos interpretan más como un intento de control y militarización que como una acción centrada en la atención de las necesidades vitales de la población. Dichas acciones han incrementado la frustración y el descontento entre los habitantes, quienes ven cómo se ignora su necesidad básica de agua mientras se prioriza un orden que parece más orientado al control social que a la asistencia humanitaria.
En declaraciones recientes, la ministra Inés Manzano sugirió que el derrame podría estar relacionado con un sabotaje. Estas declaraciones han alimentado la polémica, ya que muchos sectores consideran que se busca desviar la atención de las fallas en la gestión y el grave deterioro de las condiciones de vida en las áreas afectadas. Es el viejo discurso para no asumir las responsabilidades de esta nueva tragedia.
La narrativa del sabotaje ha sido recibida con escepticismo y criticada por expertos ambientales y líderes comunitarios, quienes señalan que este tipo de discurso busca minimizar la responsabilidad gubernamental en el mantenimiento adecuado de la infraestructura petrolera y en la prevención de desastres ambientales. Además, la coincidencia con el período preelectoral ha generado sospechas de las declaraciones de la Ministra Manzano sobre la instrumentalización política de la crisis.
La urgencia de una transición energética real
El derrame de crudo en Esmeraldas es, en última instancia, la manifestación visible de una crisis estructural que amenaza la biodiversidad, la salud humana y la cultura de un sector vital para el país. Los ecosistemas marinos y costeros, que han sostenido durante años a comunidades enteras, se encuentran ahora asediados por un modelo extractivista fallido. Resulta urgente replantear la relación con nuestros recursos naturales, implementando medidas preventivas, de reparación y, sobre todo, una transformación estructural en la política energética y ambiental.
Cada gota de petróleo que contamina nuestras costas es un recordatorio del precio que paga la vida por la inacción y la mala gestión del poder. La comunidad exige respuestas, justicia y un cambio que permita a las futuras generaciones disfrutar de un ambiente sano y de una economía que no se construya a costa del deterioro de nuestro patrimonio natural y de las ganancias de las empresas petroleras y del capitalismo que mata.
Para el capitalismo, la energía es considerada un negocio, y no como un derecho. Para terminar con el problema de raíz, es necesario estatizar el conjunto de la industria energética, bajo control de trabajadoras y trabajadores, las comunidades afectadas, profesionales de universidades públicas, y organizaciones ambientales. Solo así se podrá iniciar una transición energética y ecológica. La lucha por este programa es urgente si queremos evitar desastres mayores.
Fuente: Rebelión
Por Manuel Suárez V.
La costa de Esmeraldas, en Ecuador, se ha convertido en el escenario de un desastre ambiental que trasciende lo meramente accidental. La ruptura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), originada por un deslizamiento de tierra en el sector El Vergel, ha desencadenado un derrame de crudo que amenaza la vida, la salud y el sustento de miles de personas. El Estado y la empresa petrolera son responsables de esta tragedia.
Este nuevo derrame petrolero en Ecuador, lejos de ser un "incidente" aislado, refleja la continuidad de un modelo negligente y extractivista del capitalismo que coloca los intereses económicos y las ganancias de las grandes empresas petroleras por encima de la protección de los ecosistemas y la vida en las comunidades. Es toda una política de Estado y de los gobiernos de turno que van abriendo el camino para que las empresas petroleras vayan destruyendo la naturaleza y todos nuestros bienes comunes, además de amenazar la vida de grandes sectores de la población.
Embarcaciones se han visto inmovilizadas, con redes, anzuelos y trampas sepultadas bajo una capa invasiva de petróleo. Los pescadores, quienes dependen del mar para mantener a sus familias, enfrentan ahora una doble tragedia: la pérdida de su herramienta de vida y la incertidumbre de un futuro sin el apoyo real del Estado. Este sector esencial, históricamente marginado, vuelve a cobrar protagonismo en un escenario donde el abandono gubernamental y la falta de previsión parecen imperar.
El costo humano y ambiental: pueblos en luto y ecosistemas desangrados
Detrás de cada gota de petróleo derramada se esconde el sufrimiento silencioso de comunidades enteras. No son solo las embarcaciones y los equipos pesqueros los que han sido afectados: son los pueblos costeros, con su forma de vida tradicional y su cultura profundamente ligada al mar, los que ahora enfrentan la incertidumbre de perder su sustento. La contaminación ha invadido las aguas, alterando el delicado equilibrio ecológico y provocando el colapso de especies marinas que durante generaciones han sido la principal fuente de alimentación y de ingresos para estas comunidades.
Los testimonios de los habitantes son desgarradores: familias enteras relatan la pérdida no solo de recursos económicos, sino de su identidad, al ver con impotencia cómo sus playas, antaño símbolo de vida y esperanza, se han convertido en paisajes desolados y contaminados. La salud de niños, ancianos y mujeres se ve comprometida ante la exposición prolongada a sustancias tóxicas; y el ambiente, que durante siglos ha permitido el florecimiento de la vida, ahora padece heridas que podrían tardar décadas en sanar.
El derrame no solo es un desastre económico o una falla técnica, es una tragedia social y ecológica. Cada hectárea de costa contaminada y cada río envenenado son una demanda silenciosa de justicia y de reparación por parte de la naturaleza y de los pueblos que han sido testigos y víctimas de la negligencia estatal y empresarial. Por eso es que decimos que el Estado y las grandes petroleras son responsables de esta tragedia.
Según informes recientes, el derrame ha afectado a más de 80 kilómetros de ríos, entre ellos el río Esmeraldas, contaminando fuentes de agua potable que abastecen aproximadamente a 500,000 personas. La contaminación se extiende también a un refugio de vida silvestre, poniendo en riesgo la biodiversidad marino-costera y de los ecosistemas circundantes. Para evitar una crisis sanitaria mayor, tres playas han sido cerradas de emergencia. En medio de esta situación, las ciudades afectadas enfrentan una severa escasez de agua dulce, lo que coloca en riesgo la salud pública y la vida diaria de miles de familias.
Antecedentes de un sistema en ruinas
Este nuevo desastre en Esmeraldas se suma a una larga lista de tragedias, donde el extractivismo y la ansiedad de ganancias a costa de depredar la naturaleza y vidas humanas prevalece, es el capitalismo que mata. En 2017, un derrame en el Terminal Marítimo de Balao evidenció la fragilidad del SOTE y las vulnerabilidades latentes en la infraestructura petrolera nacional. El incidente de julio de 2023, en el que se vertieron 1.200 barriles de crudo en la playa Las Palmas, dejó claro que el patrón se repite y que las medidas de prevención y mantenimiento son escasas e insuficientes. La repetición de estos episodios no es una coincidencia, sino el reflejo de un modelo patronal que coloca la rentabilidad por sobre la seguridad ambiental y la vida de las comunidades.
Respuestas improductivas y medidas de contención paliativas
Frente a la emergencia, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y las autoridades ambientales han activado protocolos de emergencia: cierre de playas y despliegue de equipos técnicos para controlar la dispersión del crudo. Sin embargo, estas acciones, de corte meramente reactivo, no abordan la raíz del problema. El cierre de playas de Camarones, La Palma y Las Piedras, lejos de ser soluciones integrales, son parches efímeros sobre una herida abierta, que continúan evidenciando la desconexión entre las políticas públicas y las necesidades reales de preservación ambiental y conservación de los bienes comunes, así como la vida de las comunidades.
En lugar de desplegar recursos inmediatos para garantizar el suministro de agua potable a las ciudades y comunidades afectadas, se optó por enviar contingentes militares a la zona. Esta medida, que ha sido ampliamente criticada, pone de relieve una respuesta que muchos interpretan más como un intento de control y militarización que como una acción centrada en la atención de las necesidades vitales de la población. Dichas acciones han incrementado la frustración y el descontento entre los habitantes, quienes ven cómo se ignora su necesidad básica de agua mientras se prioriza un orden que parece más orientado al control social que a la asistencia humanitaria.
En declaraciones recientes, la ministra Inés Manzano sugirió que el derrame podría estar relacionado con un sabotaje. Estas declaraciones han alimentado la polémica, ya que muchos sectores consideran que se busca desviar la atención de las fallas en la gestión y el grave deterioro de las condiciones de vida en las áreas afectadas. Es el viejo discurso para no asumir las responsabilidades de esta nueva tragedia.
La narrativa del sabotaje ha sido recibida con escepticismo y criticada por expertos ambientales y líderes comunitarios, quienes señalan que este tipo de discurso busca minimizar la responsabilidad gubernamental en el mantenimiento adecuado de la infraestructura petrolera y en la prevención de desastres ambientales. Además, la coincidencia con el período preelectoral ha generado sospechas de las declaraciones de la Ministra Manzano sobre la instrumentalización política de la crisis.
La urgencia de una transición energética real
El derrame de crudo en Esmeraldas es, en última instancia, la manifestación visible de una crisis estructural que amenaza la biodiversidad, la salud humana y la cultura de un sector vital para el país. Los ecosistemas marinos y costeros, que han sostenido durante años a comunidades enteras, se encuentran ahora asediados por un modelo extractivista fallido. Resulta urgente replantear la relación con nuestros recursos naturales, implementando medidas preventivas, de reparación y, sobre todo, una transformación estructural en la política energética y ambiental.
Cada gota de petróleo que contamina nuestras costas es un recordatorio del precio que paga la vida por la inacción y la mala gestión del poder. La comunidad exige respuestas, justicia y un cambio que permita a las futuras generaciones disfrutar de un ambiente sano y de una economía que no se construya a costa del deterioro de nuestro patrimonio natural y de las ganancias de las empresas petroleras y del capitalismo que mata.
Para el capitalismo, la energía es considerada un negocio, y no como un derecho. Para terminar con el problema de raíz, es necesario estatizar el conjunto de la industria energética, bajo control de trabajadoras y trabajadores, las comunidades afectadas, profesionales de universidades públicas, y organizaciones ambientales. Solo así se podrá iniciar una transición energética y ecológica. La lucha por este programa es urgente si queremos evitar desastres mayores.
Fuente: Rebelión
