Memoria, Verdad y Justicia: una deuda histórica con los pueblos originariosEn Argentina, el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia por los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) es un símbolo de lucha contra la impunidad. Sin embargo, esta demanda contrasta con el silencio histórico sobre el genocidio y las violencias sufridas por los pueblos originarios, tanto en dictaduras como en períodos democráticos.
Otras dictaduras, otras víctimas
Antes de 1976, el Estado argentino ya había perpetrado masacres sistemáticas contra indígenas. Bajo gobiernos democráticos y de facto, se ejecutaron campañas como la Conquista del Desierto (siglo XIX), que exterminó a miles y desplazó a comunidades enteras. En el siglo XX, masacres como Napalpí (1924) en Chaco, donde cientos de qom y moqoit fueron asesinados, o Rincón Bomba (1947) en Formosa, evidencian una continuidad de violencia estatal. Durante la última dictadura, indígenas fueron desaparecidos, torturados y desplazados para apropiarse de sus tierras, crímenes aún impunes y poco documentados.
La sociedad cómplice
Mientras se secuestraba a militantes y estudiantes en los 70, la mayoría de la sociedad miraba hacia otro lado, algo que también ocurrió -y ocurre- con los pueblos originarios. El racismo estructural y la deshumanización, alimentados por relatos nacionales que los borraron de la historia, facilitaron su invisibilización. Sus luchas por territorio y derechos fueron tratadas como "problemas del pasado" o "obstáculos al progreso".
¿Humanos de segunda categoría?
Hoy, comunidades como los mapuche, wichí o qom enfrentan desalojos violentos, contaminación de sus tierras por agronegocios, y asesinatos como los de Rafael Nahuel o Santiago Maldonado . El Estado reconoce constitucionalmente sus derechos, pero persiste en criminalizar sus protestas y negarles justicia.
La consigna Memoria, Verdad y Justicia debe ampliarse: no hay democracia plena mientras se ignore el exterminio indígena y su lucha actual. Recordar a los 30.000 también implica cuestionar por qué el país aún no asume que la justicia debe ser anticolonial y antirracista. Los pueblos originarios no somos pasado: somos memoria viva exigiendo reparación.
En Argentina, el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia por los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) es un símbolo de lucha contra la impunidad. Sin embargo, esta demanda contrasta con el silencio histórico sobre el genocidio y las violencias sufridas por los pueblos originarios, tanto en dictaduras como en períodos democráticos.
Otras dictaduras, otras víctimas
Antes de 1976, el Estado argentino ya había perpetrado masacres sistemáticas contra indígenas. Bajo gobiernos democráticos y de facto, se ejecutaron campañas como la Conquista del Desierto (siglo XIX), que exterminó a miles y desplazó a comunidades enteras. En el siglo XX, masacres como Napalpí (1924) en Chaco, donde cientos de qom y moqoit fueron asesinados, o Rincón Bomba (1947) en Formosa, evidencian una continuidad de violencia estatal. Durante la última dictadura, indígenas fueron desaparecidos, torturados y desplazados para apropiarse de sus tierras, crímenes aún impunes y poco documentados.
La sociedad cómplice
Mientras se secuestraba a militantes y estudiantes en los 70, la mayoría de la sociedad miraba hacia otro lado, algo que también ocurrió -y ocurre- con los pueblos originarios. El racismo estructural y la deshumanización, alimentados por relatos nacionales que los borraron de la historia, facilitaron su invisibilización. Sus luchas por territorio y derechos fueron tratadas como "problemas del pasado" o "obstáculos al progreso".
¿Humanos de segunda categoría?
Hoy, comunidades como los mapuche, wichí o qom enfrentan desalojos violentos, contaminación de sus tierras por agronegocios, y asesinatos como los de Rafael Nahuel o Santiago Maldonado . El Estado reconoce constitucionalmente sus derechos, pero persiste en criminalizar sus protestas y negarles justicia.
La consigna Memoria, Verdad y Justicia debe ampliarse: no hay democracia plena mientras se ignore el exterminio indígena y su lucha actual. Recordar a los 30.000 también implica cuestionar por qué el país aún no asume que la justicia debe ser anticolonial y antirracista. Los pueblos originarios no somos pasado: somos memoria viva exigiendo reparación.
