Desguace total de los organismos estatales: cómo impacta a Chubut la retirada del Estado nacional En la carrera por el ahorro fiscal, el Gobierno nacional viene imponiendo el ajuste en distintas áreas del Estado, vaciando organismos y paralizando obras clave en las provincias. Los afectados van desde Radio Nacional, INTA, AFIP y ANSES hasta Vialidad Nacional, una de las últimas entidades en la mira. En el medio, se engrosan cada vez más los despidos de trabajadores y los recortes presupuestarios en políticas públicas. El desmantelamiento del Estado que propone Javier Milei afecta directamente a la región patagónica, sobre todo a las pequeñas localidades.
Las medidas de Javier Milei, si bien indignan a buena parte de la población, no sorprenden. En su paso por Diputados ya esbozaba los lineamientos de una política de ajuste con ambiciones presidenciales. En ocasión de la presentación de su libro "El camino del libertario" -en marzo del 2022- aseguró, en diálogo con Infobae, que hacía falta "una suerte de privatización" de las empresas públicas, y utilizó como ejemplo a Aerolíneas Argentinas: "Le cedería la empresa a sus empleados y que ellos sean los dueños de la empresa y la manejen ellos y le busquen la vuelta".
"Aerolíneas es una sola de las empresas que tiene el Estado, pero todas las empresas tienen un déficit del 0,7 del PBI", agregó. Y explicó que era necesario "un fuerte ahorro fiscal sin tocar un solo empleado público, un jubilado o un plan social". Una promesa cumplida a medias, según la óptica que se la mire.
El día de su asunción, el 10 de diciembre, declaró que su objetivo era recortar 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), una reducción inédita imposible de llevar a cabo sin un mega recorte en tiempo récord. La "motosierra" redujo la mitad de los ministerios y secretarías, frenó la obra pública en todo el país, recortó subsidios y eliminó transferencias a las provincias.
A fuerza de decreto, prorrogó el Presupuesto 2023, lo que condujo a una fuerte reducción, ya que se manejaron los mismos valores del año anterior pero con una inflación acumulada que rozaba un aumento del 300%.
En apenas tres meses, el Gobierno nacional recortó en más del 38% las jubilaciones y pensiones, achicó un 27% los salarios públicos, un 64% los subsidios económicos y un 86% la obra pública. La devaluación hizo que la inflación se duplicara entre noviembre y diciembre, llegando al 25,5% mensual a fin de año.
Por un lado, el Presidente resaltó que la inflación percibió una importante baja en los primeros meses de gobierno, sumado a que, por primera vez en una década, el Ministerio de Economía anunció superávit fiscal. La contracara del ahorro fiscal es un detrimento acelerado en las condiciones de vida.
Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza en enero del 2024 superó el 57%, el peor índice desde la crisis del 2001, una tendencia que se mantuvo durante todo el año y muestra índices similares en 2025, con una fuerte caída en el consumo y el poder adquisitivo.
Sin plata para obras ni salud
El impacto de la motosierra se sintió rápidamente en las provincias. En la zona patagónica, afectó organismos clave como Radio Nacional -que asegura la comunicación rural en épocas invernales- o Vialidad Nacional -que garantiza el mejoramiento de buena parte de las rutas nacionales, que actualmente se encuentran en condiciones intransitables-.
El primer cimbronazo se produjo con la paralización total de la obra pública en el país, lo que puso en jaque las que se venían desarrollando en Chubut y que le corresponden realizar a Nación. El mejoramiento de ciertos tramos de las rutas patagónicas o la repotenciación del acueducto que llega a Comodoro Rivadavia eran algunos de los proyectos más esperados, frenados en pos del ahorro fiscal.
Al igual que sucedió en otras provincias, esta decisión generó tensiones con los gobernadores. En el caso de Chubut, Ignacio Torres encabezó un reclamo judicial para que Nación se haga cargo de garantizar las obras clave en la región.
Un escenario similar se vivió en el área de Salud. En abril del año pasado, Nación anunció un recorte de 140 mil millones de pesos en la cartera sanitaria, como parte del objetivo general de la gestión de "desarmar este Estado empobrecedor que lo único que hizo fue favorecer a los funcionarios de turno".
Esta reestructuración implicó que Nación se desligara de su obligación ante la garantización de recursos y presupuesto para programas vinculados a la salud sexual y reproductiva, obligación que en muchos casos fue asumida por las provincias.
Nación confirmó que finalizó el contrato de 619 consultores en el marco del rediseño del Plan ENIA y que comenzó a revisar los requisitos de inscripción al Registro de Productores de Cannabis (REPROCANN). En la misma línea, sostuvo que no garantizará la cobertura de insumos y medicamentos de la interrupción legal del embarazo (IVE-ILE).
Y aunque confirmó que sí garantizaría la provisión de insumos para el VIH y tuberculosis, las organizaciones denunciaron a principio de año un fuerte ajuste sobre las partidas presupuestarias para la prevención y tratamiento de estas enfermedades que se traduce en un desfinanciamiento del 76%, además de la paralización de compras públicas y su consecuente falta de medicamentos, sumado a faltantes de preservativos, reactivos para estudios de carga viral y células CD4, testeos centrales para el monitoreo de la efectividad de los tratamientos.
"A nivel nacional hubo repercusiones en varias provincias, pero en nuestro caso el Ministerio de Salud provincial se hizo cargo de la medicación", explicó Mirta Balcón, de la Fundación Convivir, en diálogo con este medio. Además, hablaba de "más resistencia" por parte de Nación a la entrega de preservativos, copas menstruales y parches anticonceptivos.
En el medio, las provincias también discuten la modificación por decreto de la Ley de Identidad de Género, que ahora prohíbe los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas en menores de 18 años. En este sentido, durante el último Consejo Federal de Salud (COFESA) la mayoría de las provincias acordaron que los pacientes menores de 18 años que se encuentran en proceso de cambio no verán interrumpido su tratamiento, garantizando los servicios de salud necesarios.
En el marco de esta reunión, llevada a cabo el pasado 25 de febrero, el Gobierno provincial subrayó la falta de posibilidades de financiamiento nacional en materia de infraestructura y equipamiento sanitario. Torres adelantó que se encuentra trabajando en la gestión de nuevas fuentes de financiamiento para sostener las posibles faltas ante la ausencia del Estado nacional.
Contra el federalismo de Radio Nacional
Cuatro meses después de la paralización de la obra pública, el Gobierno anunció el vaciamiento y la reestructuración de Radio Nacional, en el marco de un proceso de intervención de los medios públicos que había comenzado a principios de la gestión.
La noticia fue recibida con preocupación en la zona patagónica, que entonces atravesaba un temporal de nieve, con algunas localidades rurales que dependían enteramente de Radio Nacional para garantizar la comunicación. Las emisoras locales se convirtieron en la única vía de comunicación de emergencias entre los pobladores.
El Gobierno nacional, mientras tanto, disponía el recorte de programación y una reestructuración del contenido enfocada enteramente en las noticias de Buenos Aires. Pobladores rurales y sindicatos de prensa calificaron estas acciones como un embate contra el federalismo que caracteriza al organismo.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en Radio Nacional compartió en redes sociales la información de Radio Kamikaze donde se denunciaba que "LRA9, Esquel, LRA 55 Río Senguer, LU4 Comodoro, RLA 11 Comodoro y LRA 58 Río Mayo están cerradas y transmitiendo contenido de Buenos Aires".
"En la Meseta es imposible comunicarse y sólo se tienen noticias del temporal por la radio. El temporal seguirá todo el fin de semana y la gente está aislada y con su vida en peligro", expresaron.
"Radio Nacional es un faro en la inmensidad de nuestro territorio. Cada emisora es una célula de conexión entre pueblos. Que el mercado no nos aísle", subrayó el sindicato, que convocó a un "tuitazo" defensa de la radio pública y su función social "ante la emergencia climática que sufre nuestra Patagonia y contra la privatización de las empresas que garantizan derechos en casos como este".
Los trabajadores llevaron su reclamo contra la privatización de la radio y el cierre de sus emisoras en Comodoro Rivadavia, Río Senguer, Río Mayo; LU4 Radio Patagonia y la emisora de Esquel a la Legislatura en Rawson con la amenaza de despido para sus 79 trabajadores. Además, realizaron una junta de firmas y enfatizaron la defensa del derecho a la información.
Torres dijo en conferencia de prensa que si el Gobierno nacional avanzaba con el desguace del organismo, tanto la Provincia como la Municipalidad de Comodoro Rivadavia podrían absorber a los trabajadores de Radio Nacional y LU4. Los trabajadores, por su parte, continúan en alerta.
El caso de Correo Argentino
El 26 de abril de 2024 las autoridades de Correo Argentino enviaron un centenar de despidos en distintas sucursales en todo el país. En algunas localidades chubutenses esto llevó al cierre de las oficinas, por lo que los trabajadores encabezaron un reclamo similar al de Radio Nacional, en defensa del federalismo.
En las sucursales de las ciudades cordilleranas de Trevelin y Corcovado, por ejemplo, fueron despedidos los encargados de ambas sucursales, trabajadores con antigüedades de 39 y 28 años de servicio. En el caso de Corcovado, el despido del único empleado implicó el cierre de la sucursal, lo que marca un gran retroceso en materia de integración y conectividad con otras localidades cercanas. También se produjeron despidos y cierre de oficinas en Comodoro Rivadavia y Trelew.
Para finales de abril, cerca de 10 empleados de la provincia habían sido desvinculados; algunos advirtieron que la medida se debía a una represalia por juicios laborales iniciados contra el organismo, aunque esta decisión también se enmarca en el desguace general de organismos nacionales.
Una de las afectadas fue Olga Norambuena, la única empleada mujer de la oficina de Trelew. Sin embargo, tras 10 meses de lucha, el pasado 17 de marzo volvió a su trabajo al lograr la reincorporación formal, rechazando las propuestas de indemnización de la empresa.
Ver: Olga Norambuena le torció el brazo al Correo Argentino y tuvo que ser reincorporada
El Estado se retira de las provincias
A finales de marzo del año pasado, la secretaria General de la UPCN Regional Patagonia Atlántica, María Inés Arribillaga, alertó sobre el avance del ajuste en los organismos nacionales y la voluntad de Javier Milei de "desmantelar" el Estado Nacional a través de una modalidad "violenta": "El objetivo del Gobierno de Milei es desmantelar el Estado y que no queden políticas públicas en pie".
La dirigenta confirmó en diálogo con FM El Chubut que varios trabajadores de distintos organismos ya habían recibido comunicaciones informales -mediante notas o comunicaciones verbales de los jefes de área- que anunciaban los despidos. Aunque adelantó que este accionar derivará en recursos administrativos con la "judicialización" de cada caso.
"En algunos organismos decidieron no notificar, pero tenemos información de muchos compañeros que van a ser desvinculados sin notificación alguna", sostuvo la titular de UPCN y agregó que "a medida que vamos tomando conocimiento, encaramos las medidas de acción gremial en cada organismo".
El ex titular de Anses en Trelew, Nicolás Fischer, habló de una "retirada del Estado nacional de las provincias".
"ANSES es el organismo más grande, no sobra nadie, falta personal", remarcó y pidió que "los municipios y el Gobierno provincial tomen cartas en el asunto y reclamen el cese del desmantelamiento de los organismos nacionales en nuestra provincia".
El organismo contaba con 406 personas distribuidas en 26 oficinas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El desmantelamiento a nivel nacional produjo 60 despidos en la región y el cierre de oficinas en El Maitén, Gobernador Gregores, Las Heras, Puerto Deseado y Tolhuin.
"Que una oficina de ANSES no abra en un pueblo chico significa menos derechos para sus habitantes. Esas oficinas estaban abiertas y operativas para que las personas no tengan que trasladarse más de 200 kilómetros para poder realizar un trámite", expresó el delegado de la Regional Sur II, Alejandro Caruso, y agregó: "Ahora está muy en boga la cuestión de los trámites online; en estas localidades la conectividad es mala o no hay directamente. Muchas veces es engorroso hacer gestiones online".
En octubre del año pasado, a raíz de la decisión del Gobierno nacional de eliminar la AFIP y crear un nuevo organismo, junto con el pase de disponibilidad de más de 3.000 empleados en todo el país, el gremio convocó a medidas de fuerza que incluyeron un apagón informático sin brindar atención al público por dos horas y la realización de asambleas en las distintas dependencias.
"En Comodoro somos 117 empleados de los cuales 11 están en pase a disponibilidad", advirtió Esteban Mariqueo, secretario adjunto del gremio de AFIP Comodoro Rivadavia, y remarcó lo drástico de la decisión del Gobierno nacional.
"No es que son ñoquis o personas que entraron en forma irregular, la mayoría son profesionales y trabajan a la par de otros. Los compañeros están preocupados como nosotros porque no es solamente el pase a disponibilidad, sino el funcionamiento de la AFIP, porque hace a la precariedad del trabajo y eso hace a la recaudación", agregó. Y recordó que "el control es muy amplio el que tenemos que realizar en la región porque abarca Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego".
En enero, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar que le impide al Gobierno avanzar con despidos o con otras medidas que atenten contra la "estabilidad laboral" en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antes AFIP), frente a un pedido de los gremios que en primera instancia había sido rechazado.
Sin embargo, el Gobierno planea profundizar la reducción de personal, que a diciembre llegó a 1.500 trabajadores, en el marco de la reestructuración de la ex-AFIP.
La postal se repite en casi todos los organismos nacionales que funcionan en la provincia, y se registran despidos en el ENACOM, el CONICET, el Ejército, Anses, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Desarrollo Social, Aerolíneas Argentinas, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), INTA y Vialidad, entre otros.
Ver: Crónica de un ajuste anunciado: Trabajadores sostienen el INTA frente al embate de la motosierra
Vialidad Nacional: rutas abandonadas y temor por la temporada invernal
El abandono del Gobierno de las rutas nacionales se profundiza en los últimos días a la luz del vaciamiento de Vialidad Nacional. "Hay incertidumbre, esto es una cacería. Nos cambian el horario para ver dónde podemos trastabillar y así despedir", precisó Soledad García, referente gremial del organismo, tras una asamblea realizada en Trelew el mes pasado.
García indicó que el organismo decidió paralizar cinco obras en rutas de Chubut: "El administrador general ordenó que se cierren todas las obras que estaban abiertas. Están cerrando todo y las rutas van a quedar abandonadas, sin obras y sólo con el mantenimiento que podamos hacerle nosotros".
La falta de partidas económicas por parte de Nación hace que las empresas no avancen con las obras, muchas de las cuales se encuentran legalmente cerradas y sólo cuentan con el mantenimiento mínimo de los trabajadores.
Este panorama no es casual: a finales de febrero el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, "ante la inminente decisión de firmar el decreto para la desaparición de Vialidad Nacional".
El decreto contemplaría la derogación de la Ley N °505 que establece a la Dirección de Vialidad Nacional como "entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar privada y públicamente", por lo que su eliminación dejaría sin funciones al organismo. El decreto también fijaría una baja del 30% del personal y la absorción del organismo al Estado Nacional, lo que lo dejaría sin presupuesto propio.
En relación a los trabajadores de Chubut, García detalló: "Tenemos ahora 170 en toda la provincia incluyendo al interior, Comodoro Rivadavia, Esquel, Los Altares y Las Plumas, que son nativos de ahí pero son trasladados cuando hay emergencias. El año pasado, a nivel nacional, tuvimos 157 bajas y 4 a nivel provincial. Para hacer el mantenimiento de los 2.100 kilómetros en la provincia necesitamos 71 personas más".
La preocupación central gira en torno al Plan Invernal, que implica diversos recursos humanos y técnicos para mantener las rutas en condiciones frente a las nevadas. El año pasado el clima fue de total incertidumbre respecto al envío de partidas por parte de Nación, que finalmente confirmó que se haría cargo de la campaña invernal, tal como le corresponde. No obstante, el panorama de este año no vaticina certezas.
"Venimos con una situación de clima bastante duro. Este invierno también va a ser bastante complicado. Acá se planifica desde muy temprano la gente, la maquinaria, los repuestos y demás. Pero la verdad es que hasta último momento no sabemos si nos mandarán la plata. El año pasado a veces no dábamos abasto y se contrató a una empresa a la que todavía no le pagaron. Estamos advirtiéndole a Central y a la población", explicó García.
En lo que va del 2025, la tendencia parece profundizarse. "Siguen los despidos en la Administración Nacional y el gremio se mantiene en estado de alerta y movilización", expresó Inés Arribillaga esta semana. "Hace muy poquito, notificaron a los compañeros del ex Centro de Referencia (CDR) y ex Secretaría Nacional de Familia (SNAF), los que habían quedado de los despidos anteriores, que iban a pasar a disponibilidad tanto planta permanente como los que habían quedado contratados, que eran muy pocos y en todo el país; incluyendo nuestra zona, han quedado en disponibilidad 1.800 personas", remarcó.
Adelantó que le comunicaron que "en el Ministerio de Trabajo hará una reducción de personal, entre el 60/70% en todo el país, de contratados y planta permanente", lo que genera preocupación ya que "se trata de un montón de familias que quedan en la calle y como está la situación hoy, donde no hay trabajo, no hay posibilidad de conseguir un empleo".
Si bien algunos casos lograron la reincorporación -como en Correo Argentino- o directamente frenaron los despidos -como sucedió en el INTA-, el panorama general es de incertidumbre y todos los gremios que nuclean a los trabajadores de los organismos nacionales permanecen en alerta. La población también.
En la carrera por el ahorro fiscal, el Gobierno nacional viene imponiendo el ajuste en distintas áreas del Estado, vaciando organismos y paralizando obras clave en las provincias. Los afectados van desde Radio Nacional, INTA, AFIP y ANSES hasta Vialidad Nacional, una de las últimas entidades en la mira. En el medio, se engrosan cada vez más los despidos de trabajadores y los recortes presupuestarios en políticas públicas. El desmantelamiento del Estado que propone Javier Milei afecta directamente a la región patagónica, sobre todo a las pequeñas localidades.
Las medidas de Javier Milei, si bien indignan a buena parte de la población, no sorprenden. En su paso por Diputados ya esbozaba los lineamientos de una política de ajuste con ambiciones presidenciales. En ocasión de la presentación de su libro "El camino del libertario" -en marzo del 2022- aseguró, en diálogo con Infobae, que hacía falta "una suerte de privatización" de las empresas públicas, y utilizó como ejemplo a Aerolíneas Argentinas: "Le cedería la empresa a sus empleados y que ellos sean los dueños de la empresa y la manejen ellos y le busquen la vuelta".
"Aerolíneas es una sola de las empresas que tiene el Estado, pero todas las empresas tienen un déficit del 0,7 del PBI", agregó. Y explicó que era necesario "un fuerte ahorro fiscal sin tocar un solo empleado público, un jubilado o un plan social". Una promesa cumplida a medias, según la óptica que se la mire.
El día de su asunción, el 10 de diciembre, declaró que su objetivo era recortar 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), una reducción inédita imposible de llevar a cabo sin un mega recorte en tiempo récord. La "motosierra" redujo la mitad de los ministerios y secretarías, frenó la obra pública en todo el país, recortó subsidios y eliminó transferencias a las provincias.
A fuerza de decreto, prorrogó el Presupuesto 2023, lo que condujo a una fuerte reducción, ya que se manejaron los mismos valores del año anterior pero con una inflación acumulada que rozaba un aumento del 300%.
En apenas tres meses, el Gobierno nacional recortó en más del 38% las jubilaciones y pensiones, achicó un 27% los salarios públicos, un 64% los subsidios económicos y un 86% la obra pública. La devaluación hizo que la inflación se duplicara entre noviembre y diciembre, llegando al 25,5% mensual a fin de año.
Por un lado, el Presidente resaltó que la inflación percibió una importante baja en los primeros meses de gobierno, sumado a que, por primera vez en una década, el Ministerio de Economía anunció superávit fiscal. La contracara del ahorro fiscal es un detrimento acelerado en las condiciones de vida.
Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza en enero del 2024 superó el 57%, el peor índice desde la crisis del 2001, una tendencia que se mantuvo durante todo el año y muestra índices similares en 2025, con una fuerte caída en el consumo y el poder adquisitivo.
Sin plata para obras ni salud
El impacto de la motosierra se sintió rápidamente en las provincias. En la zona patagónica, afectó organismos clave como Radio Nacional -que asegura la comunicación rural en épocas invernales- o Vialidad Nacional -que garantiza el mejoramiento de buena parte de las rutas nacionales, que actualmente se encuentran en condiciones intransitables-.
El primer cimbronazo se produjo con la paralización total de la obra pública en el país, lo que puso en jaque las que se venían desarrollando en Chubut y que le corresponden realizar a Nación. El mejoramiento de ciertos tramos de las rutas patagónicas o la repotenciación del acueducto que llega a Comodoro Rivadavia eran algunos de los proyectos más esperados, frenados en pos del ahorro fiscal.
Al igual que sucedió en otras provincias, esta decisión generó tensiones con los gobernadores. En el caso de Chubut, Ignacio Torres encabezó un reclamo judicial para que Nación se haga cargo de garantizar las obras clave en la región.
Un escenario similar se vivió en el área de Salud. En abril del año pasado, Nación anunció un recorte de 140 mil millones de pesos en la cartera sanitaria, como parte del objetivo general de la gestión de "desarmar este Estado empobrecedor que lo único que hizo fue favorecer a los funcionarios de turno".
Esta reestructuración implicó que Nación se desligara de su obligación ante la garantización de recursos y presupuesto para programas vinculados a la salud sexual y reproductiva, obligación que en muchos casos fue asumida por las provincias.
Nación confirmó que finalizó el contrato de 619 consultores en el marco del rediseño del Plan ENIA y que comenzó a revisar los requisitos de inscripción al Registro de Productores de Cannabis (REPROCANN). En la misma línea, sostuvo que no garantizará la cobertura de insumos y medicamentos de la interrupción legal del embarazo (IVE-ILE).
Y aunque confirmó que sí garantizaría la provisión de insumos para el VIH y tuberculosis, las organizaciones denunciaron a principio de año un fuerte ajuste sobre las partidas presupuestarias para la prevención y tratamiento de estas enfermedades que se traduce en un desfinanciamiento del 76%, además de la paralización de compras públicas y su consecuente falta de medicamentos, sumado a faltantes de preservativos, reactivos para estudios de carga viral y células CD4, testeos centrales para el monitoreo de la efectividad de los tratamientos.
"A nivel nacional hubo repercusiones en varias provincias, pero en nuestro caso el Ministerio de Salud provincial se hizo cargo de la medicación", explicó Mirta Balcón, de la Fundación Convivir, en diálogo con este medio. Además, hablaba de "más resistencia" por parte de Nación a la entrega de preservativos, copas menstruales y parches anticonceptivos.
En el medio, las provincias también discuten la modificación por decreto de la Ley de Identidad de Género, que ahora prohíbe los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas en menores de 18 años. En este sentido, durante el último Consejo Federal de Salud (COFESA) la mayoría de las provincias acordaron que los pacientes menores de 18 años que se encuentran en proceso de cambio no verán interrumpido su tratamiento, garantizando los servicios de salud necesarios.
En el marco de esta reunión, llevada a cabo el pasado 25 de febrero, el Gobierno provincial subrayó la falta de posibilidades de financiamiento nacional en materia de infraestructura y equipamiento sanitario. Torres adelantó que se encuentra trabajando en la gestión de nuevas fuentes de financiamiento para sostener las posibles faltas ante la ausencia del Estado nacional.
Contra el federalismo de Radio Nacional
Cuatro meses después de la paralización de la obra pública, el Gobierno anunció el vaciamiento y la reestructuración de Radio Nacional, en el marco de un proceso de intervención de los medios públicos que había comenzado a principios de la gestión.
La noticia fue recibida con preocupación en la zona patagónica, que entonces atravesaba un temporal de nieve, con algunas localidades rurales que dependían enteramente de Radio Nacional para garantizar la comunicación. Las emisoras locales se convirtieron en la única vía de comunicación de emergencias entre los pobladores.
El Gobierno nacional, mientras tanto, disponía el recorte de programación y una reestructuración del contenido enfocada enteramente en las noticias de Buenos Aires. Pobladores rurales y sindicatos de prensa calificaron estas acciones como un embate contra el federalismo que caracteriza al organismo.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en Radio Nacional compartió en redes sociales la información de Radio Kamikaze donde se denunciaba que "LRA9, Esquel, LRA 55 Río Senguer, LU4 Comodoro, RLA 11 Comodoro y LRA 58 Río Mayo están cerradas y transmitiendo contenido de Buenos Aires".
"En la Meseta es imposible comunicarse y sólo se tienen noticias del temporal por la radio. El temporal seguirá todo el fin de semana y la gente está aislada y con su vida en peligro", expresaron.
"Radio Nacional es un faro en la inmensidad de nuestro territorio. Cada emisora es una célula de conexión entre pueblos. Que el mercado no nos aísle", subrayó el sindicato, que convocó a un "tuitazo" defensa de la radio pública y su función social "ante la emergencia climática que sufre nuestra Patagonia y contra la privatización de las empresas que garantizan derechos en casos como este".
Los trabajadores llevaron su reclamo contra la privatización de la radio y el cierre de sus emisoras en Comodoro Rivadavia, Río Senguer, Río Mayo; LU4 Radio Patagonia y la emisora de Esquel a la Legislatura en Rawson con la amenaza de despido para sus 79 trabajadores. Además, realizaron una junta de firmas y enfatizaron la defensa del derecho a la información.
Torres dijo en conferencia de prensa que si el Gobierno nacional avanzaba con el desguace del organismo, tanto la Provincia como la Municipalidad de Comodoro Rivadavia podrían absorber a los trabajadores de Radio Nacional y LU4. Los trabajadores, por su parte, continúan en alerta.
El caso de Correo Argentino
El 26 de abril de 2024 las autoridades de Correo Argentino enviaron un centenar de despidos en distintas sucursales en todo el país. En algunas localidades chubutenses esto llevó al cierre de las oficinas, por lo que los trabajadores encabezaron un reclamo similar al de Radio Nacional, en defensa del federalismo.
En las sucursales de las ciudades cordilleranas de Trevelin y Corcovado, por ejemplo, fueron despedidos los encargados de ambas sucursales, trabajadores con antigüedades de 39 y 28 años de servicio. En el caso de Corcovado, el despido del único empleado implicó el cierre de la sucursal, lo que marca un gran retroceso en materia de integración y conectividad con otras localidades cercanas. También se produjeron despidos y cierre de oficinas en Comodoro Rivadavia y Trelew.
Para finales de abril, cerca de 10 empleados de la provincia habían sido desvinculados; algunos advirtieron que la medida se debía a una represalia por juicios laborales iniciados contra el organismo, aunque esta decisión también se enmarca en el desguace general de organismos nacionales.
Una de las afectadas fue Olga Norambuena, la única empleada mujer de la oficina de Trelew. Sin embargo, tras 10 meses de lucha, el pasado 17 de marzo volvió a su trabajo al lograr la reincorporación formal, rechazando las propuestas de indemnización de la empresa.
Ver: Olga Norambuena le torció el brazo al Correo Argentino y tuvo que ser reincorporada
El Estado se retira de las provincias
A finales de marzo del año pasado, la secretaria General de la UPCN Regional Patagonia Atlántica, María Inés Arribillaga, alertó sobre el avance del ajuste en los organismos nacionales y la voluntad de Javier Milei de "desmantelar" el Estado Nacional a través de una modalidad "violenta": "El objetivo del Gobierno de Milei es desmantelar el Estado y que no queden políticas públicas en pie".
La dirigenta confirmó en diálogo con FM El Chubut que varios trabajadores de distintos organismos ya habían recibido comunicaciones informales -mediante notas o comunicaciones verbales de los jefes de área- que anunciaban los despidos. Aunque adelantó que este accionar derivará en recursos administrativos con la "judicialización" de cada caso.
"En algunos organismos decidieron no notificar, pero tenemos información de muchos compañeros que van a ser desvinculados sin notificación alguna", sostuvo la titular de UPCN y agregó que "a medida que vamos tomando conocimiento, encaramos las medidas de acción gremial en cada organismo".
El ex titular de Anses en Trelew, Nicolás Fischer, habló de una "retirada del Estado nacional de las provincias".
"ANSES es el organismo más grande, no sobra nadie, falta personal", remarcó y pidió que "los municipios y el Gobierno provincial tomen cartas en el asunto y reclamen el cese del desmantelamiento de los organismos nacionales en nuestra provincia".
El organismo contaba con 406 personas distribuidas en 26 oficinas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El desmantelamiento a nivel nacional produjo 60 despidos en la región y el cierre de oficinas en El Maitén, Gobernador Gregores, Las Heras, Puerto Deseado y Tolhuin.
"Que una oficina de ANSES no abra en un pueblo chico significa menos derechos para sus habitantes. Esas oficinas estaban abiertas y operativas para que las personas no tengan que trasladarse más de 200 kilómetros para poder realizar un trámite", expresó el delegado de la Regional Sur II, Alejandro Caruso, y agregó: "Ahora está muy en boga la cuestión de los trámites online; en estas localidades la conectividad es mala o no hay directamente. Muchas veces es engorroso hacer gestiones online".
En octubre del año pasado, a raíz de la decisión del Gobierno nacional de eliminar la AFIP y crear un nuevo organismo, junto con el pase de disponibilidad de más de 3.000 empleados en todo el país, el gremio convocó a medidas de fuerza que incluyeron un apagón informático sin brindar atención al público por dos horas y la realización de asambleas en las distintas dependencias.
"En Comodoro somos 117 empleados de los cuales 11 están en pase a disponibilidad", advirtió Esteban Mariqueo, secretario adjunto del gremio de AFIP Comodoro Rivadavia, y remarcó lo drástico de la decisión del Gobierno nacional.
"No es que son ñoquis o personas que entraron en forma irregular, la mayoría son profesionales y trabajan a la par de otros. Los compañeros están preocupados como nosotros porque no es solamente el pase a disponibilidad, sino el funcionamiento de la AFIP, porque hace a la precariedad del trabajo y eso hace a la recaudación", agregó. Y recordó que "el control es muy amplio el que tenemos que realizar en la región porque abarca Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego".
En enero, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar que le impide al Gobierno avanzar con despidos o con otras medidas que atenten contra la "estabilidad laboral" en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antes AFIP), frente a un pedido de los gremios que en primera instancia había sido rechazado.
Sin embargo, el Gobierno planea profundizar la reducción de personal, que a diciembre llegó a 1.500 trabajadores, en el marco de la reestructuración de la ex-AFIP.
La postal se repite en casi todos los organismos nacionales que funcionan en la provincia, y se registran despidos en el ENACOM, el CONICET, el Ejército, Anses, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Desarrollo Social, Aerolíneas Argentinas, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), INTA y Vialidad, entre otros.
Ver: Crónica de un ajuste anunciado: Trabajadores sostienen el INTA frente al embate de la motosierra
Vialidad Nacional: rutas abandonadas y temor por la temporada invernal
El abandono del Gobierno de las rutas nacionales se profundiza en los últimos días a la luz del vaciamiento de Vialidad Nacional. "Hay incertidumbre, esto es una cacería. Nos cambian el horario para ver dónde podemos trastabillar y así despedir", precisó Soledad García, referente gremial del organismo, tras una asamblea realizada en Trelew el mes pasado.
García indicó que el organismo decidió paralizar cinco obras en rutas de Chubut: "El administrador general ordenó que se cierren todas las obras que estaban abiertas. Están cerrando todo y las rutas van a quedar abandonadas, sin obras y sólo con el mantenimiento que podamos hacerle nosotros".
La falta de partidas económicas por parte de Nación hace que las empresas no avancen con las obras, muchas de las cuales se encuentran legalmente cerradas y sólo cuentan con el mantenimiento mínimo de los trabajadores.
Este panorama no es casual: a finales de febrero el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, "ante la inminente decisión de firmar el decreto para la desaparición de Vialidad Nacional".
El decreto contemplaría la derogación de la Ley N °505 que establece a la Dirección de Vialidad Nacional como "entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar privada y públicamente", por lo que su eliminación dejaría sin funciones al organismo. El decreto también fijaría una baja del 30% del personal y la absorción del organismo al Estado Nacional, lo que lo dejaría sin presupuesto propio.
En relación a los trabajadores de Chubut, García detalló: "Tenemos ahora 170 en toda la provincia incluyendo al interior, Comodoro Rivadavia, Esquel, Los Altares y Las Plumas, que son nativos de ahí pero son trasladados cuando hay emergencias. El año pasado, a nivel nacional, tuvimos 157 bajas y 4 a nivel provincial. Para hacer el mantenimiento de los 2.100 kilómetros en la provincia necesitamos 71 personas más".
La preocupación central gira en torno al Plan Invernal, que implica diversos recursos humanos y técnicos para mantener las rutas en condiciones frente a las nevadas. El año pasado el clima fue de total incertidumbre respecto al envío de partidas por parte de Nación, que finalmente confirmó que se haría cargo de la campaña invernal, tal como le corresponde. No obstante, el panorama de este año no vaticina certezas.
"Venimos con una situación de clima bastante duro. Este invierno también va a ser bastante complicado. Acá se planifica desde muy temprano la gente, la maquinaria, los repuestos y demás. Pero la verdad es que hasta último momento no sabemos si nos mandarán la plata. El año pasado a veces no dábamos abasto y se contrató a una empresa a la que todavía no le pagaron. Estamos advirtiéndole a Central y a la población", explicó García.
En lo que va del 2025, la tendencia parece profundizarse. "Siguen los despidos en la Administración Nacional y el gremio se mantiene en estado de alerta y movilización", expresó Inés Arribillaga esta semana. "Hace muy poquito, notificaron a los compañeros del ex Centro de Referencia (CDR) y ex Secretaría Nacional de Familia (SNAF), los que habían quedado de los despidos anteriores, que iban a pasar a disponibilidad tanto planta permanente como los que habían quedado contratados, que eran muy pocos y en todo el país; incluyendo nuestra zona, han quedado en disponibilidad 1.800 personas", remarcó.
Adelantó que le comunicaron que "en el Ministerio de Trabajo hará una reducción de personal, entre el 60/70% en todo el país, de contratados y planta permanente", lo que genera preocupación ya que "se trata de un montón de familias que quedan en la calle y como está la situación hoy, donde no hay trabajo, no hay posibilidad de conseguir un empleo".
Si bien algunos casos lograron la reincorporación -como en Correo Argentino- o directamente frenaron los despidos -como sucedió en el INTA-, el panorama general es de incertidumbre y todos los gremios que nuclean a los trabajadores de los organismos nacionales permanecen en alerta. La población también.
