El caso Kim reavivó rápidamente la polémica sobre la baja de edad de imputabilidad y aceleró el debate en Diputados, que en estos días se reunió en un plenario convocado por el Presidente para intentar lograr un acuerdo en torno a un nuevo régimen penal juvenil. Otras miradas, sin embargo, apuestan a pensar en la vulneración de derechos de todos los menores implicados. "Para que adolescentes menores de edad estén cometiendo crímenes como estos tiene que haber una adversidad tan grande en la sociedad que los lleva a ese grado también de desamparo total y absoluto", sostiene Sonia Almada, psicoanalista y activista por los derechos de las infancias.
Kim Anura Gómez, de siete años, falleció en medio de un robo el 25 de febrero por la noche, en las afueras de la ciudad de La Plata, en la localidad Altos de San Lorenzo. Ocurrió cuando dos jóvenes, también menores de edad, robaron el auto de su mamá con ella adentro del vehículo y lo arrastraron varias cuadras.
La niña murió por un "shock hipovolémico" debido a una serie de traumatismos a causa de los golpes sufridos. La autopsia revela además que el cuerpo presentaba fracturas múltiples y una serie de lesiones producidas por el arrastre.
El vehículo fue hallado a pocas cuadras en un zanjón y con el cuerpo debajo. Los responsables -de 14 y 17 años- están detenidos. La jueza María José Lescano determinó que el más joven permanecerá bajo arresto en un instituto, mientras que el otro acusado ya cumple prisión preventiva por un plazo de 180 días.
El caso generó conmoción en medios y redes sociales: rápidamente reaparecieron discursos que abogan por la baja de edad de imputabilidad, en consonancia con un proyecto presentado por el gobierno de Javier Milei para implementar un nuevo régimen penal juvenil. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aprovechó el hecho para insistir en el proyecto y arremeter además contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axcel Kicillof, quien se opone a la baja.
Otros referentes del arco político, como Elisa Carrió, también reclamaron por el tratamiento urgente del proyecto. En su perfil de X, expresó: "Siento un profundo dolor por el crimen de Kim Gómez. No puedo entender por qué nunca se trató el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que lleva más de 23 años de presentado, compatible con los Tratados de los Derechos del Niño. No hay explicación alguna".
Organizaciones sociales, sin embargo, advierten que, lejos de ser compatible, el proyecto vulnera los derechos de niños y adolescentes.
Proyectos para la baja
"Hace un año presentamos el Régimen Penal Juvenil. Su tratamiento debe ser ¡URGENTE! Los argentinos no podemos esperar más. No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menores delincuentes, y menos aún de los reincidentes", escribió en su cuenta de X Patricia Bullrich, en el marco del caso Kim.
En Argentina, la edad de imputabilidad -el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir a la cárcel- se estableció en los 16 años. No obstante, el Ministerio de Seguridad anunció el año pasado la presentación de un proyecto para bajar este límite a los 13 años.
"Por decisión del Presidente (Javier) Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente", afirmaba el comunicado.
— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) June 28, 2024
La iniciativa, sometida a tratamiento parlamentario esta semana, también prevé que la pena máxima para los menores condenados sea de 20 años, "regla aplicable aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes". En este sentido, el círculo de Milei habla de un "cambio de paradigma".
La discusión no sólo pasa por el proyecto en sí, sino por la edad en que debe establecerse el límite. Legisladores de Unión por la Patria en general coinciden en mantenerlo en 16 años, aunque espacios más cercanos a Milei hablan de bajarla incluso a 12 años.
La normativa actual establece que los adolescentes de entre 16 y 18 años pueden ser juzgados, aunque no por el mismo sistema que los adultos. Sólo son punibles aquellos que cometan delitos con penas mayores a 2 años pero recién pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel a los 18 años. Mientras tanto, son privados de su libertad en institutos denominados "Centros de recepción y contención de menores".
Las múltiples vulneraciones de derechos
La psicoanalista, activista en derechos de las infancias y Presidenta de Aralma, Sonia Almada, dialogó con El Extremo Sur sobre sus primeras impresiones del caso y analizó las distintas aristas desde una perspectiva de derechos.
"La verdad es que a mí me pareció aterradora toda la secuencia del crimen. Primero me quedé pensando en lo que podía estar sintiendo la familia, y pensé el miedo que tuvo la nena durante todo el trayecto hasta morir; qué terror quedar atrapado en tanta indefensión", relató.
"Y empecé a ver a los medios, por lo menos a los medios masivos, utilizar el caso para poner en agenda la baja. La verdad es algo que me asusta mucho porque para que adolescentes menores de edad estén cometiendo crímenes como estos tiene que haber una adversidad tan grande en la sociedad que los lleva a ese grado también de desamparo total y absoluto", agrega.
En este sentido, sostuvo que todos los menores involucrados tienen derechos: "La niña, por supuesto, a no vivir esa violencia y a no morir. Eso lo quiero dejar super remarcado porque el ataque fue feroz cuando puse esto en redes. Porque pareciera que uno no tiene empatía con la víctima, pero los chicos también deberían haber tenido derecho a no vivir una vida de violencia para llegar a este grado de marginalidad".
El Ministerio de la Infancia
Frente a una reacción en cadena de pedidos de castigo, las organizaciones que trabajan por los derechos de las infancias buscan dar una respuesta distinta. Almada se refiere a un proyecto presentado desde su Asociación, Aralma, que plantea la creación de un Ministerio de la Infancia para poner a los niños, niñas y adolescentes en la agenda política.
"Trabajamos muchísimo en armarlo para poder darle un sentido a lo que estamos diciendo en relación a poner a la infancia en agenda, que es no solo velar porque los derechos se restituyan cuando son avasallados y se protejan, sino mecanismos de protección a quienes están más desfavorecidos, además de la prevención", explica.
Subraya que para la Asociación el rango ministerial es esencial, e indica que varios países como Noruega o Paraguay ya lo han implementado.
En Argentina, en cambio, predomina una "teoría del derrame" en la mirada de la infancia: "Es decir, si yo ayudo a la familia, entonces al niño le llega la ayuda. Que en un punto es verdad, digamos que vos ayudás a la familia, por supuesto, al niño adolescente le va a llegar una ayuda, la básica, pero hay una cantidad de cuestiones que atraviesan a la infancia que no tienen que ver sólo con lo familiar".
Almada piensa, por ejemplo, en los niños y niñas que están en situación de institucionalización, privados de cuidados parentales o adolescentes en conflicto como la ley penal, como los responsables por el crimen de Kim: "Requieren de un Estado muy presente específicamente para las problemáticas que atraviesan".
Esta perspectiva también implica pensar en "la niñez migrante, la niñez indígena y en los niños que viven con sus familias también están atravesados por múltiples violencias, como la violencia sexual y el maltrato infantil, así que no siempre la familia es el lugar más seguro este para vivir".
"Entonces pensar a la infancia como un espacio de derecho, de deseos y de protección también, pero que no se vuelva un lugar tutelado solamente por el adultocentrismo, para nosotros es la respuesta a dar en estos casos", resume.
Respuestas del sistema penal
La especialista no niega la existencia de la criminalidad en la adolescencia y la niñez, sin embargo remarca que "la respuesta nunca es la baja", especialmente considerando los sistemas penitenciarios en Argentina.
"Uno ya sabe que no son la solución, que se agravan las cuestiones de violencia, no hay un trabajo con la persona privada de la libertad para que pueda enmendar su su vida, para estar encaminado, estudiando, trabajando. Pasa en algunos casos, pero en general los sistemas penitenciarios sacan a la gente más violenta, imaginate con los jóvenes", apunta.
Para Almada, los proyectos actuales que buscan la baja de edad de imputabilidad "esconden, disciplinan y esconden a quienes cometieron un crimen, no tiene nada que ver con los derechos de la infancia en general. Es hacer todo lo contrario, es esconder el problema que tenemos y es gravísimo porque más de la mitad de los niños en Argentina son pobres y probablemente en situaciones de alta marginalidad haya criminalidad porque eso es una ecuación mundial".
"Entonces, ¿qué se hace? Esconder debajo de la alfombra o detrás de las rejas a los menores de edad que cometen crímenes porque están en esta situaciones tan crueles", continúa.
"El crimen de Kim me parece que prende una alerta tremenda, como otros crímenes, como las desapariciones de Lian, de Loan. Los crímenes hacia la infancia no están en la agenda pública, nunca estuvieron y le cuesta al contexto político especialmente, pero también al contexto social, pensar a la infancia como víctima de un crimen", cuestiona.
"O sea, se puede ver el crimen de Kim, pero no se ve el crimen o los crímenes que probablemente hayan padecido estos adolescentes que cometieron este delito", agrega y remarca: "No digo que no hay que sancionar algo, hay que sancionar porque la ley funciona como un límite, un coto al puro gozo, como decimos en el psicoanálisis, al hacer cualquier cosa. La ley tiene que existir pero no en los términos en que en que está planteada, habría que trabajar en una reforma judicial en general y penal".
Almada aboga por la existencia de la ley como límite, pero enfatiza la necesidad de establecer regímenes especiales para los menores de edad, "de un trabajo en relación a esas subjetividades tan dañadas como para cometer tales crímenes, y de trabajo para que pueda salir adelante y pueda llevar una vida sin hacer daño ni a sí mismo ni a terceros". Sostiene que los sistemas actuales "son bestiales, son bien de castigo, lo vemos en las frases que aparecen siempre, como 'que lo metan en cana, que lo maten'. A la violencia se responde con violencia".
"Me parece que sí, tiene que haber justicia, obviamente los papás la requieren, la ley tiene que existir, si no es un desmadre total la sociedad, pero tienen que tener la compasión de mirar también la historia individual de los menores de edad. Para ver cómo se puede restituir lo que ha fallado, porque es eso, se supone que estuviesen con amigos, yendo a la escuela y divirtiéndose; no nacieron malos. No nacieron pensando 'vamos a matar a una nena de 7 años'", cierra Almada.
"Avanzada punitiva" contra las infancias
En los días previos al debate en Diputados, la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia elaboró un documento sobre el proyecto de ley penal juvenil, que será remitido al Congreso por el Gobierno nacional. Allí expresa que la iniciativa "vulnera gravemente la libertad y los derechos de lxs pibxs", al tiempo que advierte que "los proyectos que proponen bajar la edad de punibilidad también afectan sus derechos".
En un extenso comunicado, detallan punto por punto los ítems de la ley y contrastan con datos los discursos a favor de la baja que circulan en los últimos días.
Desde la Mesa de Articulación cuestionan la voluntad del oficialismo de "abordar el problema del delito juvenil desde una perspectiva integral" mientras la sociedad asiste "al desmantelamiento y cierre de las políticas de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes", con el cierre de programas destinados al sostenimiento de las familias y la salud pública. Y en este sentido remarcan que "los únicos recursos que se asignan, se destinan a las fuerzas represivas".
El comunicado advierte que, contrario a lo que indica el proyecto, la baja de edad de imputabilidad va en contra de la Constitución Nacional y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y los organismos especializados afirman que la criminalización temprana es "reproductora de la conducta delictiva".
Argumenta que el proyecto "propone un modelo retrógrado" y "agrava el actual sistema penal y retrotrae al paradigma tutelar y de judicialización de la pobreza".
El comunicado resalta las condiciones de vulnerabilidad en la generalmente que se encuentran los menores en conflicto con la ley, condiciones que con frecuencia se producen a causa de acción y omisión estatal.
En contra del argumento oficialista de que es necesario bajar la edad de punibilidad cuando las tasas de delito aumentan, desde la Mesa de Articulación explican que "en base a estadísticas oficiales, se demuestra que la mayoría de los hechos cometidos por adolescentes son de mayores de 16 años y que, solo una ínfima proporción son atribuidos a adolescentes de menos de esa edad. Además, en arrolladora proporción, se trata de delitos contra la propiedad y no de carácter más violento".
En este sentido, subrayan: "No se trata de legislar en base a casos aislados, que resuenan, justamente, por su excepcionalidad y alientan una demagogia punitivista que utiliza inescrupulosamente el dolor de las víctimas, respecto de quienes -el mismo proyecto- hace un aparente ‘reconocimiento de derechos', que ya se encuentran mejor y más ampliamente reconocidos por leyes plenamente vigentes (Ley 27.372)".
"En síntesis, esta avanzada punitiva amplía la criminalización de la infancia y adolescencia, en el marco de un ajuste feroz de las economías trabajadoras, el ataque al lazo comunitario que ofrecen las organizaciones y el recorte de los sistemas de garantía de derechos, incluido el derecho a la alimentación y a la salud", agrega.
"Desde esta Mesa apelamos a la responsabilidad que tienen como legisladores y legisladoras votados emocráticamente y les solicitamos tomar el tema con seriedad, no utilizar a niñas, niños y adolescentes para desviar el foco de los temas importantes que hoy afectan al país. Sí es real que la seguridad es un tema urgente e importante. Nadie niega los hechos de violencia. Pero la salida no es bajar la edad penal ni más punitivismo porque no son los niñxs y adolescentes quienes generan las estadísticas de casos a los que se debe atender", concluye.
