Francisco, "cómplice" y "encubridor" de la pedofilia eclesial: la lucha de las víctimas contra la impunidad católica Frente al crítico estado de salud del Papa Francisco, los sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico advierten que "podría morir sin responder ante la justicia como cómplice y encubridor de la pedofilia eclesial en el mundo". A pesar de las políticas de "tolerancia cero" encabezadas por Jorge Bergoglio, la Iglesia sostiene su red de impunidad frente a los abusos sexuales. Y la máxima autoridad católica, lejos de ser indiferente, ha sido objeto de polémica en reiteradas ocasiones por estar involucrada directamente en el encubrimiento de los casos.
El comunicado de los sobrevivientes
"Parece que Bergoglio, el Papa Francisco, está muy enfermo. Y como pasó con muchos de los militares que actuaron en la última dictadura de nuestro país, podría morir sin responder ante la justicia como cómplice y encubridor de la pedofilia eclesial en el mundo", expresó la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina mediante un comunicado publicado en redes sociales días atrás.
"La Iglesia Católica permitió y permite la pederastia al interior de su institución y encubre a los delincuentes que perpetran el atroz delito del abuso. Paga abogados y traslados de los pederastas. Los premia con cargos más altos. Eso sí, como lo hace Bergoglio, proclama la ‘Tolerancia 0'", continúa.
En este sentido, apuntan contra Bergoglio y toda la jerarquía de la Iglesia por ser culpables "de los delitos de pederastia y del encubrimiento de ellos". "Gran parte de la feligresía colabora con su inacción y su falta de exigencia del castigo a los culpables", sostienen.
Finalmente, desde la Red de Sobrevivientes exigen que los archivos de la Iglesia sean abiertos y entregados a la justicia "para que todos los delincuentes que habitan en esa institución sean juzgados por la justicia civil de cada uno de los países donde viven".
¿Tolerancia cero?
En el marco de un discurso en Bélgica en 2024, luego de que se hicieran públicos una serie de abusos cometidos por sacerdotes de una Iglesia de ese país, el Papa expresó en una misa ante 30 mil personas su indignación por los casos de abuso sexual eclasiástico y exigió a los obispos "que no los cubran y que se juzgue a los responsables".
Tras una reunión con las víctimas expresó: "No hay lugar para los abusos, ni para cubrir los abusos". Y agregó: "Pensamos en lo que ocurre cuando los pequeños son escandalizados, heridos, maltratados por quienes deberían cuidarlos, en las heridas de dolor e impotencia en primer lugar en las víctimas, pero también en sus familias y en la comunidad".
"Pido a todos: ¡no encubran los abusos! Pido a los obispos: ¡no encubran los abusos! Condenen a los abusadores y ayúdenlos a curarse de esta enfermedad del abuso", cerró.
Parte de las acciones reformistas que el actual Papa ha impulsado en su gestión estuvieron vinculadas con la cuestión de los abusos, un tema históricamente marginado en los estratos más altos de la Iglesia Católica. Se trata de reformas que modifican las reglas internas de la Iglesia en relación a estos delitos, que hasta entonces garantizaban la impunidad de los responsables.
En marzo del 2014 se erigió en las afueras del Vaticano la Comisión para la Protección de Menores, un organismo dedicado a impulsar "las iniciativas más adecuadas para la protección de los menores y adultos vulnerables, a fin de poner en marcha todo lo posible para que tales delitos no se repitan nunca más en la Iglesia", en palabras del Papa Francisco.
Las acciones concretas, sin embargo, tomaron más tiempo. Recién en 2019 se eliminó el secreto pontificio para los casos de abuso sexual. Aunque el acto de confesión permanece sin alteraciones a pesar de que algunos países habían exigido que los sacerdotes estuvieran obligados a denunciar los abusos conocidos a través de esta modalidad, esta decisión abrió las puertas a mayor transparencia y protección para las víctimas.
El artículo 1 del nuevo documento establece que "no son cubiertos por el secreto pontificio las denuncias, los procesos y las decisiones" relacionadas al abuso sexual contra menores. El artículo 2 sostiene que el secreto pontificio queda eliminado también para los casos en que esos delitos "fueron cometidos en concomitancia con otros delitos".
El artículo 4 establece que el secreto de oficio no debe obstaculizar el trabajo de las autoridades judiciales y exhorta a una mayor colaboración con las mismas.
Además, modifica el límite de edad a partir del cual la Iglesia no consideraba delito la posesión y distribución de material sexualmente explícito que involucre a menores. Hasta el momento, se consideraba como tal si incluía niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años; ahora se considera delito si incluye menores de 18.
En este sentido, también se estableció que ahora podrá ser un laico quien se desempeñe como abogado en las causas de abuso ante los tribunales diocesanos, un rol que antes debía ser exclusivamente cumplido por un sacerdote.
En junio del 2021 se anunció la reforma del Libro VI del Código de Derecho Canónico, lo que permitió que los sacerdotes comenzaran a ser sancionados por cometer abusos sexuales, ya que hasta la fecha las condenas eran por no respetar el celibato, independientemente de si cometían o no un abuso. Esta reforma era objeto de debate desde el 2007.
Los sobrevivientes, sin embargo, denuncian que se trata sólo de discursos, ya que las demandas que vienen sosteniendo desde hace décadas no se hacen efectivas, se desoyen a las víctimas y no se garantizan las medidas de protección adecuadas, engrosando aún más el círculo de impunidad de los religiosos. En algunos casos paradigmáticos como el Provolo, los sobrevivientes sostienen que Bergoglio tenía conocimiento de los hechos, y aun así, no hizo nada al respecto.
Los casos que salpican a Bergoglio
En 2019, tras un largo camino, la Justicia argentina dictó condena contra los responsables del caso Provolo, que lleva ese nombre por el establecimiento religioso del mismo nombre ubicado en Mendoza, donde se cometieron abusos contra unos 30 menores.
El Instituto Antonio Próvolo -ubicado en Luján de Cuyo y destinado al cuidado de niños sordos- fue cerrado en 2016, tras conocerse que varios miembros habían abusado de niños y niñas durante 12 años, con episodios que iniciaron en el 2004 y se prolongaron hasta su clausura.
El sacerdote italiano Nicola Corradi, de 83 años, fue el principal responsable. Fue condenado a 42 años de prisión, y luego se conoció que ya había sido denunciado por abuso en la sede central del Instituto Provolo en Verona, Italia. Su segundo, el cura Horacio Corbacho, de 59 años, recibió una pena de 45 años de prisión.
El jardinero del instituto, Armando Gómez, que fue juzgado junto con los religiosos, también fue condenado a 18 años de cárcel por abusar de dos menores. Además, fueron detenidas dos monjas que habrían sido partícipes necesarias, una de ellas acusada también de haber cometido abusos.
La comunidad de sobrevivientes del Próvolo señaló en reiteradas ocasiones que el propio Francisco tenía conocimiento de los hechos, lo que contrasta fuertemente con su discurso de tolerancia cero ante los abusos.
El mismo año que inició su Papado, en 2013, un grupo de sobrevivientes en la sede italiana del instituto elaboró un informe en el que se detallaba lo sucedido. Esa fue la única vez que recibieron una respuesta oficial, firmada por monseñor Angelo Beccio, secretario para los Asuntos Generales de la Santa Sede, donde la Iglesia afirmó su compromiso "el apoyo al drama de las víctimas y la investigación de los casos".
Al año siguiente, realizaron un video donde exponían los nombres de los integrantes del instituto que habían abusado de ellos, entre los que aparecían mencionados los sacerdotes Nicola Corradi, Eliseo Primati y Luigi Spinelli, que para ese momento ya estaban instalados en Argentina.
Meses más tarde, enviaron una carta al Vaticano en el que consignaron uno por uno a todos los abusadores. Esta vez no tuvieron respuestas. El mismo año, una de las víctimas italianas consiguió un primer encuentro con Francisco, a quien le entregó una carta en mano relatando los abusos sufridos cuando era alumno del Próvolo.
Bergoglio dio una respuesta en 2017, después de que estallara el escándalo en Argentina. En ese momento, nombró a dos religiosos Dante Simón y Juan Martínez, para que realicen una investigación preliminar canónica del caso mendocino. Más tarde nombró al monseñor auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, como "comisario apostólico" para que siguiera de cerca las causas.
Sin embargo, no es el único caso que salpica a la máxima autoridad católica. También está en la mira por el presunto encubrimiento de otros casos renombrados como el de Julio César Grassi -creador de la Fundación Felices los Niños y convicto por abusar sexualmente de menores- y el del obispo Gustavo Zanchetta, quien fue nombrado asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica por el mismo Bergoglio.
La organización Poniendo Fin a los Abusos del Clero (ECA, por sus siglas en inglés), que cuenta con activistas en más de noventa países, exige al Papa que entregue todos los documentos alusivos a su gestión como como arzobispo de Buenos Aires (1998-2013) y coopere con las autoridades argentinas para determinar si encubrió a Grassi, a Corradi y a Zanchetta.
"Después de la cumbre en Roma, nosotros hicimos nuestros propios planteamientos para refutar las medidas con las cuales el Vaticano dice querer prevenir y castigar el abuso sexual de menores y adultos vulnerables", expresó Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, tras la cumbre celebrada en Roma en 2019.
"La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina les pide a las víctimas de todo el mundo que presionen a sus respectivos Gobiernos para que el Vaticano sea declarado Estado genocida. Dada la pasmosa cantidad de vidas destruidas por el sistema operado desde las más altas esferas de la Santa Sede, nosotros consideramos que ese calificativo está ajustado a la realidad. La meta es que el Vaticano se vea obligado a cumplir los convenios internacionales que hoy viola, como la Convención de los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura, por citar dos de ellos", sostuvo Lombardi en diálogo con DW.
"Al pedirle a Bergoglio que asuma responsabilidad por el caso Grassi, el caso Corradi, el caso Zanchetta u otros, ECA aplica una estrategia errónea. Bergoglio es un demagogo. Bergoglio es el protector de Grassi; él no lo ha expulsado de la Iglesia, a pesar de que Grassi ya está preso", precisó.
La punta del iceberg
En 2021, cuatro funcionarios de Relatorías Especiales de Naciones Unidas enviaron un comunicado al Vaticano donde instan a la "santa sede" a "tomar todas las medidas para frenar y prevenir la repetición de violencia y abusos sexuales contra niños en instituciones católicas. Y asegurar que los responsables responderán por ello y se pagarán indemnizaciones a las víctimas".
En el documento se detallan numerosas denuncias de abuso en distintos países del mundo, incluyendo el caso del Provolo. El año anterior, representantes del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Instituto Próvolo y sus abogados Lucas Lecour y Sergio Salinas viajaron a Suiza a presentar la denuncia ante Naciones Unidas, enfatizando el accionar de la Iglesia, caracterizado por la obstaculización del proceso judicial y la falta de medidas reparatorias para los sobrevivientes.
La ONU afirma en el comunicado enviado a Roma que desde la jerarquía eclesiástica se procuró "proteger a los presuntos autores, encubrir delitos, obstaculizar la rendición de cuentas de los presuntos autores y evadir las reparaciones debidas a las víctimas". Y subraya el sistema de encubrimiento que desde hace décadas garantiza la impunidad de los miembros de la Iglesia, un mecanismo que fue descubierto a principios de los 2000 a raíz de una investigación periodística de Estados Unidos. En todo el mundo, los casos son ocultados y los responsables trasladados a sedes religiosas de otros países, con pleno conocimiento de las máximas autoridades.
En este sentido, le exigió al Vaticano, entre otras cosas, que proporcione detalles sobre las investigaciones recientes sobre abusos eclesiásticos, que informe si ha adoptado medidas para prohibir la práctica de trasladar a miembros de la iglesia acusados de cometer abusos y en general, si ha implementado medidas para que cualquier persona condenada por estar involucrada en un caso de abuso sexual sea eliminada de la jerarquía de la iglesia. Para ello, le otorgó un plazo de 60 días.
La respuesta, sin embargo, fue el silencio. Pasado el plazo, las autoridades religiosas no dieron información al respecto. No obstante, la presión crece día a día y se trata de una demanda global: las investigaciones a cargo de instituciones religiosas, gubernamentales y organizaciones muestran la existencia de miles de casos en todo el mundo.
En Argentina, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos elaboró un mapa de casos y contabilizó cerca de 150 denuncias desde 1970. Gran parte de los responsables fueron condenados y expulsados del sacerdocio, mientras que otros siguen perteneciendo a la institución católica. Es el caso de Grassi, así como el de Justo José Ilarraz -condenado por abuso sexual a menores seminaristas de una institución religiosa en Entre Ríos- y Horacio Corbacho -uno de los acusados de la Causa Próvolo-.
De los 148 casos registrados hasta el 2022, sólo 66 fueron radicados en el fuero penal, mientras que 27 se hicieron sólo en el ámbito eclesiástico y 38 en otros ámbitos. A eso se suman 17 denuncias que no prosperaron por el fallecimiento del agresor. En este sentido, recomiendan no acudir a tribunales eclesiásticos sino acudir a la justicia penal. Sostienen que en los Tribunales Canónicos" no se respetan las más mínimas garantías que contempla la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, actuando con imparcialidad y malicia en detrimento de la integridad de lxs sobrevivientes".
Estas cifras son apenas la punta del iceberg, ya que la estructura de impunidad que rodea a las jerarquías católicas dificultan la transparencia y la denuncia. Pese a la eliminación legal del secreto pontificio, en la práctica cotidiana el silencio parece seguir siendo la norma.
Frente al crítico estado de salud del Papa Francisco, los sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico advierten que "podría morir sin responder ante la justicia como cómplice y encubridor de la pedofilia eclesial en el mundo". A pesar de las políticas de "tolerancia cero" encabezadas por Jorge Bergoglio, la Iglesia sostiene su red de impunidad frente a los abusos sexuales. Y la máxima autoridad católica, lejos de ser indiferente, ha sido objeto de polémica en reiteradas ocasiones por estar involucrada directamente en el encubrimiento de los casos.
El comunicado de los sobrevivientes
"Parece que Bergoglio, el Papa Francisco, está muy enfermo. Y como pasó con muchos de los militares que actuaron en la última dictadura de nuestro país, podría morir sin responder ante la justicia como cómplice y encubridor de la pedofilia eclesial en el mundo", expresó la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina mediante un comunicado publicado en redes sociales días atrás.
"La Iglesia Católica permitió y permite la pederastia al interior de su institución y encubre a los delincuentes que perpetran el atroz delito del abuso. Paga abogados y traslados de los pederastas. Los premia con cargos más altos. Eso sí, como lo hace Bergoglio, proclama la ‘Tolerancia 0'", continúa.
En este sentido, apuntan contra Bergoglio y toda la jerarquía de la Iglesia por ser culpables "de los delitos de pederastia y del encubrimiento de ellos". "Gran parte de la feligresía colabora con su inacción y su falta de exigencia del castigo a los culpables", sostienen.
Finalmente, desde la Red de Sobrevivientes exigen que los archivos de la Iglesia sean abiertos y entregados a la justicia "para que todos los delincuentes que habitan en esa institución sean juzgados por la justicia civil de cada uno de los países donde viven".
¿Tolerancia cero?
En el marco de un discurso en Bélgica en 2024, luego de que se hicieran públicos una serie de abusos cometidos por sacerdotes de una Iglesia de ese país, el Papa expresó en una misa ante 30 mil personas su indignación por los casos de abuso sexual eclasiástico y exigió a los obispos "que no los cubran y que se juzgue a los responsables".
Tras una reunión con las víctimas expresó: "No hay lugar para los abusos, ni para cubrir los abusos". Y agregó: "Pensamos en lo que ocurre cuando los pequeños son escandalizados, heridos, maltratados por quienes deberían cuidarlos, en las heridas de dolor e impotencia en primer lugar en las víctimas, pero también en sus familias y en la comunidad".
"Pido a todos: ¡no encubran los abusos! Pido a los obispos: ¡no encubran los abusos! Condenen a los abusadores y ayúdenlos a curarse de esta enfermedad del abuso", cerró.
Parte de las acciones reformistas que el actual Papa ha impulsado en su gestión estuvieron vinculadas con la cuestión de los abusos, un tema históricamente marginado en los estratos más altos de la Iglesia Católica. Se trata de reformas que modifican las reglas internas de la Iglesia en relación a estos delitos, que hasta entonces garantizaban la impunidad de los responsables.
En marzo del 2014 se erigió en las afueras del Vaticano la Comisión para la Protección de Menores, un organismo dedicado a impulsar "las iniciativas más adecuadas para la protección de los menores y adultos vulnerables, a fin de poner en marcha todo lo posible para que tales delitos no se repitan nunca más en la Iglesia", en palabras del Papa Francisco.
Las acciones concretas, sin embargo, tomaron más tiempo. Recién en 2019 se eliminó el secreto pontificio para los casos de abuso sexual. Aunque el acto de confesión permanece sin alteraciones a pesar de que algunos países habían exigido que los sacerdotes estuvieran obligados a denunciar los abusos conocidos a través de esta modalidad, esta decisión abrió las puertas a mayor transparencia y protección para las víctimas.
El artículo 1 del nuevo documento establece que "no son cubiertos por el secreto pontificio las denuncias, los procesos y las decisiones" relacionadas al abuso sexual contra menores. El artículo 2 sostiene que el secreto pontificio queda eliminado también para los casos en que esos delitos "fueron cometidos en concomitancia con otros delitos".
El artículo 4 establece que el secreto de oficio no debe obstaculizar el trabajo de las autoridades judiciales y exhorta a una mayor colaboración con las mismas.
Además, modifica el límite de edad a partir del cual la Iglesia no consideraba delito la posesión y distribución de material sexualmente explícito que involucre a menores. Hasta el momento, se consideraba como tal si incluía niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años; ahora se considera delito si incluye menores de 18.
En este sentido, también se estableció que ahora podrá ser un laico quien se desempeñe como abogado en las causas de abuso ante los tribunales diocesanos, un rol que antes debía ser exclusivamente cumplido por un sacerdote.
En junio del 2021 se anunció la reforma del Libro VI del Código de Derecho Canónico, lo que permitió que los sacerdotes comenzaran a ser sancionados por cometer abusos sexuales, ya que hasta la fecha las condenas eran por no respetar el celibato, independientemente de si cometían o no un abuso. Esta reforma era objeto de debate desde el 2007.
Los sobrevivientes, sin embargo, denuncian que se trata sólo de discursos, ya que las demandas que vienen sosteniendo desde hace décadas no se hacen efectivas, se desoyen a las víctimas y no se garantizan las medidas de protección adecuadas, engrosando aún más el círculo de impunidad de los religiosos. En algunos casos paradigmáticos como el Provolo, los sobrevivientes sostienen que Bergoglio tenía conocimiento de los hechos, y aun así, no hizo nada al respecto.
Los casos que salpican a Bergoglio
En 2019, tras un largo camino, la Justicia argentina dictó condena contra los responsables del caso Provolo, que lleva ese nombre por el establecimiento religioso del mismo nombre ubicado en Mendoza, donde se cometieron abusos contra unos 30 menores.
El Instituto Antonio Próvolo -ubicado en Luján de Cuyo y destinado al cuidado de niños sordos- fue cerrado en 2016, tras conocerse que varios miembros habían abusado de niños y niñas durante 12 años, con episodios que iniciaron en el 2004 y se prolongaron hasta su clausura.
El sacerdote italiano Nicola Corradi, de 83 años, fue el principal responsable. Fue condenado a 42 años de prisión, y luego se conoció que ya había sido denunciado por abuso en la sede central del Instituto Provolo en Verona, Italia. Su segundo, el cura Horacio Corbacho, de 59 años, recibió una pena de 45 años de prisión.
El jardinero del instituto, Armando Gómez, que fue juzgado junto con los religiosos, también fue condenado a 18 años de cárcel por abusar de dos menores. Además, fueron detenidas dos monjas que habrían sido partícipes necesarias, una de ellas acusada también de haber cometido abusos.
La comunidad de sobrevivientes del Próvolo señaló en reiteradas ocasiones que el propio Francisco tenía conocimiento de los hechos, lo que contrasta fuertemente con su discurso de tolerancia cero ante los abusos.
El mismo año que inició su Papado, en 2013, un grupo de sobrevivientes en la sede italiana del instituto elaboró un informe en el que se detallaba lo sucedido. Esa fue la única vez que recibieron una respuesta oficial, firmada por monseñor Angelo Beccio, secretario para los Asuntos Generales de la Santa Sede, donde la Iglesia afirmó su compromiso "el apoyo al drama de las víctimas y la investigación de los casos".
Al año siguiente, realizaron un video donde exponían los nombres de los integrantes del instituto que habían abusado de ellos, entre los que aparecían mencionados los sacerdotes Nicola Corradi, Eliseo Primati y Luigi Spinelli, que para ese momento ya estaban instalados en Argentina.
Meses más tarde, enviaron una carta al Vaticano en el que consignaron uno por uno a todos los abusadores. Esta vez no tuvieron respuestas. El mismo año, una de las víctimas italianas consiguió un primer encuentro con Francisco, a quien le entregó una carta en mano relatando los abusos sufridos cuando era alumno del Próvolo.
Bergoglio dio una respuesta en 2017, después de que estallara el escándalo en Argentina. En ese momento, nombró a dos religiosos Dante Simón y Juan Martínez, para que realicen una investigación preliminar canónica del caso mendocino. Más tarde nombró al monseñor auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, como "comisario apostólico" para que siguiera de cerca las causas.
Sin embargo, no es el único caso que salpica a la máxima autoridad católica. También está en la mira por el presunto encubrimiento de otros casos renombrados como el de Julio César Grassi -creador de la Fundación Felices los Niños y convicto por abusar sexualmente de menores- y el del obispo Gustavo Zanchetta, quien fue nombrado asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica por el mismo Bergoglio.
La organización Poniendo Fin a los Abusos del Clero (ECA, por sus siglas en inglés), que cuenta con activistas en más de noventa países, exige al Papa que entregue todos los documentos alusivos a su gestión como como arzobispo de Buenos Aires (1998-2013) y coopere con las autoridades argentinas para determinar si encubrió a Grassi, a Corradi y a Zanchetta.
"Después de la cumbre en Roma, nosotros hicimos nuestros propios planteamientos para refutar las medidas con las cuales el Vaticano dice querer prevenir y castigar el abuso sexual de menores y adultos vulnerables", expresó Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, tras la cumbre celebrada en Roma en 2019.
"La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina les pide a las víctimas de todo el mundo que presionen a sus respectivos Gobiernos para que el Vaticano sea declarado Estado genocida. Dada la pasmosa cantidad de vidas destruidas por el sistema operado desde las más altas esferas de la Santa Sede, nosotros consideramos que ese calificativo está ajustado a la realidad. La meta es que el Vaticano se vea obligado a cumplir los convenios internacionales que hoy viola, como la Convención de los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura, por citar dos de ellos", sostuvo Lombardi en diálogo con DW.
"Al pedirle a Bergoglio que asuma responsabilidad por el caso Grassi, el caso Corradi, el caso Zanchetta u otros, ECA aplica una estrategia errónea. Bergoglio es un demagogo. Bergoglio es el protector de Grassi; él no lo ha expulsado de la Iglesia, a pesar de que Grassi ya está preso", precisó.
La punta del iceberg
En 2021, cuatro funcionarios de Relatorías Especiales de Naciones Unidas enviaron un comunicado al Vaticano donde instan a la "santa sede" a "tomar todas las medidas para frenar y prevenir la repetición de violencia y abusos sexuales contra niños en instituciones católicas. Y asegurar que los responsables responderán por ello y se pagarán indemnizaciones a las víctimas".
En el documento se detallan numerosas denuncias de abuso en distintos países del mundo, incluyendo el caso del Provolo. El año anterior, representantes del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Instituto Próvolo y sus abogados Lucas Lecour y Sergio Salinas viajaron a Suiza a presentar la denuncia ante Naciones Unidas, enfatizando el accionar de la Iglesia, caracterizado por la obstaculización del proceso judicial y la falta de medidas reparatorias para los sobrevivientes.
La ONU afirma en el comunicado enviado a Roma que desde la jerarquía eclesiástica se procuró "proteger a los presuntos autores, encubrir delitos, obstaculizar la rendición de cuentas de los presuntos autores y evadir las reparaciones debidas a las víctimas". Y subraya el sistema de encubrimiento que desde hace décadas garantiza la impunidad de los miembros de la Iglesia, un mecanismo que fue descubierto a principios de los 2000 a raíz de una investigación periodística de Estados Unidos. En todo el mundo, los casos son ocultados y los responsables trasladados a sedes religiosas de otros países, con pleno conocimiento de las máximas autoridades.
En este sentido, le exigió al Vaticano, entre otras cosas, que proporcione detalles sobre las investigaciones recientes sobre abusos eclesiásticos, que informe si ha adoptado medidas para prohibir la práctica de trasladar a miembros de la iglesia acusados de cometer abusos y en general, si ha implementado medidas para que cualquier persona condenada por estar involucrada en un caso de abuso sexual sea eliminada de la jerarquía de la iglesia. Para ello, le otorgó un plazo de 60 días.
La respuesta, sin embargo, fue el silencio. Pasado el plazo, las autoridades religiosas no dieron información al respecto. No obstante, la presión crece día a día y se trata de una demanda global: las investigaciones a cargo de instituciones religiosas, gubernamentales y organizaciones muestran la existencia de miles de casos en todo el mundo.
En Argentina, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos elaboró un mapa de casos y contabilizó cerca de 150 denuncias desde 1970. Gran parte de los responsables fueron condenados y expulsados del sacerdocio, mientras que otros siguen perteneciendo a la institución católica. Es el caso de Grassi, así como el de Justo José Ilarraz -condenado por abuso sexual a menores seminaristas de una institución religiosa en Entre Ríos- y Horacio Corbacho -uno de los acusados de la Causa Próvolo-.
De los 148 casos registrados hasta el 2022, sólo 66 fueron radicados en el fuero penal, mientras que 27 se hicieron sólo en el ámbito eclesiástico y 38 en otros ámbitos. A eso se suman 17 denuncias que no prosperaron por el fallecimiento del agresor. En este sentido, recomiendan no acudir a tribunales eclesiásticos sino acudir a la justicia penal. Sostienen que en los Tribunales Canónicos" no se respetan las más mínimas garantías que contempla la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, actuando con imparcialidad y malicia en detrimento de la integridad de lxs sobrevivientes".
Estas cifras son apenas la punta del iceberg, ya que la estructura de impunidad que rodea a las jerarquías católicas dificultan la transparencia y la denuncia. Pese a la eliminación legal del secreto pontificio, en la práctica cotidiana el silencio parece seguir siendo la norma.
