Imputaron a Vanesa Fita por presunta estafa con terrenos y viviendas por casi $60 millonesVanesa Elizabeth Fita simulaba ser intermediaria y organizadora de una cooperativa de viviendas, fingiendo "trascendentes vinculaciones" con funcionarios públicos provinciales, y aprovechándose de la necesidad habitacional imperante en la ciudad, ofreció a un grupo indeterminado de personas la adjudicación y/o adquisición de una vivienda construida o próxima a construirse por el IPV en esta ciudad, y sin contar para ello con recursos materiales suficientes ni autorización legal vigente".
Lo anterior es parte de la argumentación del fiscal Martín Cárcamo para pedir la imputación de Fita, Lucía Miranda, Gisela Mansilla, María Curán y Camila Páez. Fue este miércoles en la audiencia de apertura de la investigación, presidida por el juez penal, Alejandro Soñis.
Cárcamo calificó provisoriamente el supuesto delito como "estafa por calidad simulada e influencia mentida". Se trata de 594 hechos "en concurso real" y en calidad de "autor" para Fita y de "partícipes necesarias" para las restantes 4 imputadas.
La Maniobra
Según el fiscal, mediante contacto telefónico previo, y utilizando tres celulares, Fita les solicitó a las personas interesadas el depósito bancario por la suma de $100.000. Una vez acreditada la suma, se informaba enviando el recibo de pago y se las ingresaba a distintos grupos de WhatsApp donde se les requería información y se organizaban reuniones informativas.
Así, Fita incorporó a la maniobra defraudatoria a las otras cuatro imputadas cuyo aporte consistió en mantener el ardid o engaño e ingresar nuevos adherentes.
De esta forma se llega al número de 594 casos, con un perjuicio económico de $59.400.000.
El fiscal también pidió 6 meses para concluir con la investigación, lo cual también le fue concedido por el juez Soñis.
Los abogados de las imputadas se opusieron a la investigación con diversos argumentos, como que Curán, por ejemplo, pretendía acceder a una vivienda de buena fe.
Las defensoras públicas de Fita, en tanto, señalaron que "el relato del hecho carece de contenido", ya que consideraron que el fiscal no supo precisar "en qué consistió el ardid o engaño".
Fuente: MPF Comodoro Rivadavia
Vanesa Elizabeth Fita simulaba ser intermediaria y organizadora de una cooperativa de viviendas, fingiendo "trascendentes vinculaciones" con funcionarios públicos provinciales, y aprovechándose de la necesidad habitacional imperante en la ciudad, ofreció a un grupo indeterminado de personas la adjudicación y/o adquisición de una vivienda construida o próxima a construirse por el IPV en esta ciudad, y sin contar para ello con recursos materiales suficientes ni autorización legal vigente".
Lo anterior es parte de la argumentación del fiscal Martín Cárcamo para pedir la imputación de Fita, Lucía Miranda, Gisela Mansilla, María Curán y Camila Páez. Fue este miércoles en la audiencia de apertura de la investigación, presidida por el juez penal, Alejandro Soñis.
Cárcamo calificó provisoriamente el supuesto delito como "estafa por calidad simulada e influencia mentida". Se trata de 594 hechos "en concurso real" y en calidad de "autor" para Fita y de "partícipes necesarias" para las restantes 4 imputadas.
La Maniobra
Según el fiscal, mediante contacto telefónico previo, y utilizando tres celulares, Fita les solicitó a las personas interesadas el depósito bancario por la suma de $100.000. Una vez acreditada la suma, se informaba enviando el recibo de pago y se las ingresaba a distintos grupos de WhatsApp donde se les requería información y se organizaban reuniones informativas.
Así, Fita incorporó a la maniobra defraudatoria a las otras cuatro imputadas cuyo aporte consistió en mantener el ardid o engaño e ingresar nuevos adherentes.
De esta forma se llega al número de 594 casos, con un perjuicio económico de $59.400.000.
El fiscal también pidió 6 meses para concluir con la investigación, lo cual también le fue concedido por el juez Soñis.
Los abogados de las imputadas se opusieron a la investigación con diversos argumentos, como que Curán, por ejemplo, pretendía acceder a una vivienda de buena fe.
Las defensoras públicas de Fita, en tanto, señalaron que "el relato del hecho carece de contenido", ya que consideraron que el fiscal no supo precisar "en qué consistió el ardid o engaño".
Fuente: MPF Comodoro Rivadavia
