El INAI dejó sin efecto el reconocimiento de ocupación de una comunidad del pueblo QomPor Christian Masello
En general, cuando se habla de cuestiones vinculadas a conflictos territoriales que tienen como eje a la cuestión indígena, en Argentina suele ponerse la lupa sobre la Patagonia.
Los casos que trascendieron en los últimos años, con sus particularidades, llevaron a que incluso los medios nacionales siguieran con atención lo que sucedía al respecto en el sur del país.
Desde ya, la situación de Villa Mascardi fue la que más repercusión ha tenido. Todo lo que la rodeó -y rodea- captó la atención por fuera de los límites de la región. Por un lado, que se hubiese levantado una machi y erigido un rewe; por otro, la violencia que envolvió a la cuestión, con versiones cruzadas, acusaciones de vecinos, planteamientos de quienes se asentaron en el lugar y demás.
Y ese halo violento se repitió, con mayor o menor intensidad, en diversos sitios patagónicos.
Por ejemplo, lo que pasó en Los Alerces, con la lof Pailako, recientemente desalojada.
Ambos casos, Mascardi y los Alerces, fueron tomados como bandera de lo que se pretende en la gestión actual de la Administración de Parques Nacionales, ya que los dos casos se produjeron en áreas protegidas, y el presidente del Directorio del organismo, Cristian Larsen, apenas asumió, anunció que, desmarcándose de lo que había sucedido en el Gobierno anterior, se opondría con firmeza a las usurpaciones.
Más allá de eso, debe recordarse que la violencia en la zona se vio también con la muerte de Rafael Nahuel durante un operativo de prefectos que se efectuó en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri, cuando, además, se produjo el fallecimiento de Santiago Maldonado, en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut. Ese sitio, asimismo, se relaciona con un nombre que suele asociarse a la violencia: Facundo Jones Huala. El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche fue quien en su momento encabezó la instalación indígena en aquellas tierras.
Además, si se habla de violencia, debe añadirse el asesinato de Elías Garay en Cuesta del Ternero, en 2021.
Esos casos (sumados a varios otros, como el difícil entramado relacionado con la comunidad Buenuleo en Bariloche, así como las idas y vueltas, en la misma ciudad, en relación a los terrenos en posesión del Ejército reclamados por Millalonco Ranquehue) hicieron que se dibujara un perfil problemático ceñido a la Patagonia.
Sin embargo, en octubre de 2021, por ejemplo, se había organizado en el norte un foro denominado Consenso Tucumán, una especie de reflejo de lo que había sido el primer encuentro de Consenso Bariloche en agosto de aquel mismo año.
La organización en Tucumán estuvo a cargo de la asociación civil Protección, Desarrollo y Cooperación de la Propiedad Privada (PRODECO), con el fin de visibilizar problemáticas del norte del país, sobre todo, según recalcaban en aquel momento, tomas de tierra que vinculaban al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).
Incluso, una referente de PRODECO, María Eugenia Briones, por aquel entonces, sostuvo: "Tenemos los mismos problemas, aunque acá, en el norte, son menos visibles, porque en las provincias feudales existen blindajes mediáticos que no permiten que las noticias trasciendan, sobre todo acerca de determinadas cosas, como este tema tan delicado de los pueblos originarios".
Ahora, la aparición en el Boletín Oficial de la República Argentina de una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deja claro que la cuestión también involucra a aquella parte de Argentina. Así, en el texto, que lleva la firma del presidente del organismo, Claudio Avruj, se deja sin efecto otra resolución (de 2023), por medio de la cual se había reconocido "la ocupación actual, tradicional y pública" de la comunidad Añi Alba, perteneciente al pueblo Qom, en Makallé, Chaco.
Según expuso el titular del INAI a través de sus redes sociales, la gestión anterior, al reconocer esa ocupación indígena, había violado una propiedad privada.
"Nuestro compromiso: poner las cosas en su lugar y de acuerdo a las leyes y respetando a todos los argentinos. No más prepotencia ni engaños para favorecer a unos en detrimento de otros", sostuvo Avruj.
De tal forma, quedó evidenciada una vez más la decisión gubernamental de ir, en este caso en lo que hace a política indígena, contra determinaciones tomadas durante la gestión anterior (cabe recordar que el presidente Javier Milei, en diciembre de 2024, derogó la prórroga a la emergencia territorial indígena, con lo que abrió la puerta a posibles desalojos), y también que el tema no es una cuestión que atañe solo a la Patagonia.
Fuente: El Cordillerano
Por Christian Masello
En general, cuando se habla de cuestiones vinculadas a conflictos territoriales que tienen como eje a la cuestión indígena, en Argentina suele ponerse la lupa sobre la Patagonia.
Los casos que trascendieron en los últimos años, con sus particularidades, llevaron a que incluso los medios nacionales siguieran con atención lo que sucedía al respecto en el sur del país.
Desde ya, la situación de Villa Mascardi fue la que más repercusión ha tenido. Todo lo que la rodeó -y rodea- captó la atención por fuera de los límites de la región. Por un lado, que se hubiese levantado una machi y erigido un rewe; por otro, la violencia que envolvió a la cuestión, con versiones cruzadas, acusaciones de vecinos, planteamientos de quienes se asentaron en el lugar y demás.
Y ese halo violento se repitió, con mayor o menor intensidad, en diversos sitios patagónicos.
Por ejemplo, lo que pasó en Los Alerces, con la lof Pailako, recientemente desalojada.
Ambos casos, Mascardi y los Alerces, fueron tomados como bandera de lo que se pretende en la gestión actual de la Administración de Parques Nacionales, ya que los dos casos se produjeron en áreas protegidas, y el presidente del Directorio del organismo, Cristian Larsen, apenas asumió, anunció que, desmarcándose de lo que había sucedido en el Gobierno anterior, se opondría con firmeza a las usurpaciones.
Más allá de eso, debe recordarse que la violencia en la zona se vio también con la muerte de Rafael Nahuel durante un operativo de prefectos que se efectuó en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri, cuando, además, se produjo el fallecimiento de Santiago Maldonado, en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut. Ese sitio, asimismo, se relaciona con un nombre que suele asociarse a la violencia: Facundo Jones Huala. El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche fue quien en su momento encabezó la instalación indígena en aquellas tierras.
Además, si se habla de violencia, debe añadirse el asesinato de Elías Garay en Cuesta del Ternero, en 2021.
Esos casos (sumados a varios otros, como el difícil entramado relacionado con la comunidad Buenuleo en Bariloche, así como las idas y vueltas, en la misma ciudad, en relación a los terrenos en posesión del Ejército reclamados por Millalonco Ranquehue) hicieron que se dibujara un perfil problemático ceñido a la Patagonia.
Sin embargo, en octubre de 2021, por ejemplo, se había organizado en el norte un foro denominado Consenso Tucumán, una especie de reflejo de lo que había sido el primer encuentro de Consenso Bariloche en agosto de aquel mismo año.
La organización en Tucumán estuvo a cargo de la asociación civil Protección, Desarrollo y Cooperación de la Propiedad Privada (PRODECO), con el fin de visibilizar problemáticas del norte del país, sobre todo, según recalcaban en aquel momento, tomas de tierra que vinculaban al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).
Incluso, una referente de PRODECO, María Eugenia Briones, por aquel entonces, sostuvo: "Tenemos los mismos problemas, aunque acá, en el norte, son menos visibles, porque en las provincias feudales existen blindajes mediáticos que no permiten que las noticias trasciendan, sobre todo acerca de determinadas cosas, como este tema tan delicado de los pueblos originarios".
Ahora, la aparición en el Boletín Oficial de la República Argentina de una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deja claro que la cuestión también involucra a aquella parte de Argentina. Así, en el texto, que lleva la firma del presidente del organismo, Claudio Avruj, se deja sin efecto otra resolución (de 2023), por medio de la cual se había reconocido "la ocupación actual, tradicional y pública" de la comunidad Añi Alba, perteneciente al pueblo Qom, en Makallé, Chaco.
Según expuso el titular del INAI a través de sus redes sociales, la gestión anterior, al reconocer esa ocupación indígena, había violado una propiedad privada.
"Nuestro compromiso: poner las cosas en su lugar y de acuerdo a las leyes y respetando a todos los argentinos. No más prepotencia ni engaños para favorecer a unos en detrimento de otros", sostuvo Avruj.
De tal forma, quedó evidenciada una vez más la decisión gubernamental de ir, en este caso en lo que hace a política indígena, contra determinaciones tomadas durante la gestión anterior (cabe recordar que el presidente Javier Milei, en diciembre de 2024, derogó la prórroga a la emergencia territorial indígena, con lo que abrió la puerta a posibles desalojos), y también que el tema no es una cuestión que atañe solo a la Patagonia.
Fuente: El Cordillerano
