Presupuesto cero para las rutas nacionales: la lucha de las provincias frente a un Estado ausente En línea con la promesa de Javier Milei de achicar el gasto público, una de las primeras medidas del gobierno libertario fue la paralización de la obra pública en todo el país, lo que profundizó un escenario de larga data de deterioro de las rutas nacionales. Actualmente, cerca del 50% de las vías están en mal estado. En Patagonia, preocupa sobre todo la 3 y la 40, con tramos prácticamente destruidos. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, es uno de los que encabeza el reclamo a Nación. El gobierno de Milei, por su parte, sostuvo, a través de su vocero, que el tema no requiere "atención de ningún tipo, ni nada que tengamos que ver".
Mediante el decreto 195/2024, en febrero el Gobierno nacional oficializó la eliminación del Ministerio de Infraestructura, cuyas funciones fueron asumidas por el ministro de Economía, Luis Caputo, bajo el lema "no hay plata para pagar más obra pública". Esto generó la paralización de buena parte de la obra pública del país: para marzo se registraba una caída del 87% de los proyectos de ejecución de fondos nacionales. Para febrero, 2217 proyectos quedaron paralizados.
Si bien en el proyecto de Presupuesto 2025 se contemplaban algunas obras para la Patagonia, las más urgentes quedaron relegadas, lo que generó una serie de cuestionamientos de los distintos gobernadores e intendentes patagónicos hacia el Gobierno nacional.
Para la Ruta 40 se incluyó en el proyecto una asignación de $3.840 millones, aunque dejaba afuera el tramo Facundo-Los Tamariscos, el tramo más complicado, objeto de reclamos y accidentes de los conductores por su estado intransitable, ya que supone 40 km de pozos y baches continuos.
Hacia la privatización
En este escenario, el gobierno libertario sostuvo en reiteradas ocasiones su plan de privatización de las rutas nacionales. De esta forma, el Estado relega el mantenimiento de los tramos al sector privado, que mediante licitaciones podrá invertir el capital en la operación y mantenimiento de las trazas.
La decisión se oficializó el pasado 15 de enero, mediante el Decreto 28/2025, que da inicio a la primera etapa del proceso licitatorio de la Red Federal de Concesiones.
Esta fase contempla la licitación del Corredor Vial 18, que incluye principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y recorre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes
El plan de privatización implica más de 9000 kilómetros de rutas y autopistas de la denominada "Ruta del Mercosur". Se estableció un plazo de un año para llevar a cabo el proceso que implica la licitación de ocho tramos y rutas de la Red Vial Nacional.
"El objetivo primordial de esta apertura al capital privado es reducir los gastos que esto genera al Tesoro Nacional, que se calculan en aproximadamente 6.100 millones de dólares, en promedio, proyectados entre 15 y 20 años", detalla el comunicado oficial, y enfatiza: "El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios".
La medida no sólo apunta a la reducción del gasto público, sino que tiene que ver con las prioridades de la gestión libertaria que, a pesar de los múltiples reclamos de conductores y empresarios y el creciente número de accidentes a causa del mal estado de las rutas, sostuvo que no tienen ningún tipo de preocupación al respecto. Así lo afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa el 17 de diciembre.
Negó que existiera algún plan de recuperación y sostuvo: "No tenemos esa prioridad", agregando que el tema no requiere "atención de ningún tipo de preocupación, ni nada que tengamos que ver".
Las rutas patagónicas
La desidia sobre la obra pública no hace más que profundizar una problemática ya conocida para los patagónicos. Concretamente, las rutas N° 40 y la N° 3 han sido fuente de reclamo por sus tramos intransitables. El 2024 estuvo signado por accidentes causados por los numerosos baches del camino, especialmente el del tramo Facundo-Los Tamariscos.
Durante el invierno, el tránsito por la Ruta 3 se vio afectado por las nevadas. La falta de mantenimiento hizo que la acumulación de nieve provocase accidentes, así como largas demoras y pasajeros varados.
Recientemente, el intendente de Comodoro, Othar Macharasvilli, se reunió con autoridades y técnicos de Vialidad Nacional para discutir las obras de mantenimiento de un tramo de la Ruta 3, que hasta la fecha no cuenta con los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de conductores y peatones.
Macharashvili viene exigiendo soluciones y una intervención inmediata de Nación, que hasta el momento no ha dado respuestas. Al reclamo se suma su par de Rada Tilly, Mariel Peralta; ambos coinciden en la necesidad de mantenimiento de la Ruta 3 así como la urgente finalización de los trabajos de la trocha Comodoro-Rada Tilly-Caleta Olivia, otra de las obras prioritarias en la región.
Tal como viene sosteniendo, el intendente comodorense analiza la posibilidad de avanzar mediante la vía judicial con la presentación de un recurso de amparo, en caso de que el Gobierno siga sin cumplir sus obligaciones.
A principios de este año, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y su bloque de entidades patagónicas se sumaron a los reclamos. Expresaron preocupación por el estado de ambas rutas, lo que además de perjudicar la actividad comercial y turística, incrementa el riesgo de siniestros viales.
El bloque patagónico, integrado por la Federación de Entidades Empresarias de Neuquén (FEEN), la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP), la Federación Empresaria del Chubut (FECh), la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia, solicitó un diagnóstico sobre la situación actual de ambas rutas y el plan vial nacional, especialmente en torno a la posibilidad de privatización.
"Ambas rutas son claves para la conectividad logística, comercial y turística de la región, por ser los caminos que unen a la Patagonia con las otras provincias de la Argentina y con los países vecinos", afirmaron.
"El actual estado de deterioro constante genera no sólo un encarecimiento significativo de los costos de transporte y logística, sino también un alarmante aumento de accidentes viales con consecuencias fatales", aseguraron mediante un comunicado.
Y advirtieron que "ante la inminente privatización de las rutas nacionales, la mayoría de las que atraviesan la Patagonia no son rentables como negocio", por lo que consideraron "necesaria la intervención del Gobierno nacional para la puesta en valor de las rutas más extensas del país".
La situación es similar en el resto del país, con rutas nacionales en pésimo estado que ocasionan accidentes y quejas por parte de conductores y empresarios.
Un informe del Ministerio de Obras Públicas del 2021 muestra que sólo el 31% de la red vial nacional está en buen estado, mientras que el 27,6% se encuentra en estado regular y el 40,7% en mal estado. Es decir que en Argentina el 70% de las rutas nacionales tienen algún tipo de deterioro. La situación se agrava a la luz del estancamiento de licitaciones, las obras inconclusas y la falta de mantenimiento.
Incertidumbres sobre la campaña invernal
En línea con la incertidumbre y la falta de interlocutores que varios actores encontraron en el actual gobierno, en marzo del 2024 la preocupación crecía en la región patagónica ante el invierno inminente y la ausencia de una campaña invernal de Vialidad para garantizar el tránsito en las rutas.
La campaña invernal supone un operativo clave para la zona patagónica, además de un gran despliegue logístico, y hasta el momento comenzaba a prepararse en enero para asegurar la compra de insumos y equipos. Sin embargo, a fines de febrero no había novedades y la posibilidad más cercana era que la Patagonia quedara aislada y con sus rutas congeladas.
Frente a este escenario, funcionarios de la región se pusieron en contacto con la dirección de Vialidad para obtener respuestas.
"Vialidad puede dejar de hacer obra pública, pero nunca puede dejar de mantener las rutas. Ya se ve el pasto crecido en muchas rutas y dejaron de tapar los baches. Tarde o temprano eso trae accidentes", explicaba un funcionario técnico nacional en diálogo con La Política Online.
La medida amenazaba el tránsito patagónico y, sobre todo, la cuestión económica y turística, sobre todo en los pasos cordilleranos que conectan a Argentina con Chile.
Pocos días más tarde, luego de que el pedido llegara al Congreso, el Gobierno nacional informó cuáles son los planes de ejecución del Plan integral de Mantenimiento Invernal 2024, que contempla las rutas de las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de 11 rutas de Mendoza.
Los reclamos patagónicos
La cuestión de las rutas nacionales reavivó las tensiones entre el Gobierno nacional y los gobernadores patagónicos, cuyos territorios, a falta de un Estado presente, tienden a quedar relegados.
En diciembre, Ignacio Torres -quien ya había encabezado reclamos judiciales por el estado de las rutas-, denunció que el gobierno de Milei continúa cobrando el Impuesto a los Combustibles Líquidos a pesar de no destinar esos fondos a la asignación específica -establecida por ley- del mantenimiento de las rutas nacionales.
En diálogo con A24 dijo que no se está ejecutando y advirtió: "O se eliminan esos impuestos o se descentralizan y nos dan las facultades a las provincias. Ahora, 'hacete cargo provincia' sin darnos la partida que le cobrás a los contribuyentes de las provincias para que las rutas estén en condiciones, no solo es injusto, sino ineficiente".
El reclamo se produce luego de meses en los que el gobierno libertario viene acusando a los intendentes de cobrar una tasa vial en el precio de los combustibles. Manuel Adorni incluso sostuvo que "es un abuso que tiene cautiva a la gente". La medida fue impulsada por distintos intendentes en todo el país para cubrir gastos frente al ajuste nacional.
La contraofensiva del Gobierno fue -con la Resolución 259/2024 de la Secretaría de Energía mediante- ordenar a las estaciones de servicio que informen con calcomanías pegadas en sus surtidores sobre las tasas municipales aplicadas al precio de los combustibles.
Y además de continuar cobrando el Impuesto a los Combustibles Líquidos sin dirigir los fondos para el mantenimiento de las rutas, el Ejecutivo incrementó su valor en diciembre, impactando en el precio de los combustibles. En el proyecto de Presupuesto 2025, que si bien no fue consensuado y en su lugar se prorrogó el proyecto del 2023, figuraba un aumento de este impuesto que pasaba del 0,38 al 0,73 del PBI.
El pedido de que Nación se haga cargo de las rutas nacionales se remonta a principios de la gestión, y los funcionarios patagónicos no son los únicos que reclaman. Sin embargo, ya se cumplió el primer año del gobierno de Milei y no hay avances ni respuestas.
Hacia fin de año, el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico, señaló: "Nadie habla de rutas nacionales porque es un tema que está en el interior y este es un gobierno que tiene una mirada muy porteña, es una porteñocracia, y la verdad es que no les importa".
Los gobernadores patagónicos, por su parte, formaron alianzas para unificar la demanda. Lo mismo hicieron los dirigentes del área central: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y en la misma línea, Axel Kicillof (Buenos Aires).
Dos dirigentes patagónicos fueron más allá y pidieron, ante el abandono de Nación, la provincialización de las rutas. Se trata de Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén), quienes en mayo, ante el temor de la suspensión de la campaña invernal y el número creciente de accidentes, hicieron un pedido a Vialidad para que el gobierno les transfiera la administración de las rutas nacionales.
Desde Vialidad habían pedido un presupuesto de $730 mil millones para 2024, pero al ser prorrogado el presupuesto 2023, los $475 mil millones otorgados significan una reducción del 35%. Ahora, con la doble prórroga, la situación se torna insostenible.
El pedido de Weretilneck y Figueroa apunta concretamente a las rutas nacionales 22, 151, 231 y 242, a las que calificaron como "vitales para el desarrollo económico, industrial, turístico y social de la región del Comahue, así como para la integración de ambas provincias".
"Sin embargo, el estado de abandono en el que se encuentran estas carreteras está generando graves consecuencias, tanto en términos humanos como económicos", advirtieron.
En esta línea, hace poco se firmó el primer acuerdo de compensación de deudas entre el gobierno de Chubut y el Gobierno nacional, con un saldo positivo para la provincia que será utilizado, entre otras cosas, para el mejoramiento de las rutas.
El acuerdo, enmarcado en el "Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas", convierte a Chubut en la primera provincia del país en adherirse a este mecanismo, creado mediante el Decreto Nacional Nº 969.
La deuda será cancelada en un plazo de cuatro años con un período de gracia de 12 meses, lo que implica una compensación de $100 mil millones a lo largo del período, que según detalló el mandatario provincial, serán destinados a obras en los puertos y rutas estratégicas.
La situación de abandono de las rutas por parte del Estado nacional, sin embargo, lejos está de haberse resuelto. Si bien en algunos casos se han logrado acuerdos y distintos mandatarios han sostenido el ajuste a través de medidas alternativas, el escenario se complejiza frente a la nueva prórroga de un presupuesto que ya se revela insuficiente.
En línea con la promesa de Javier Milei de achicar el gasto público, una de las primeras medidas del gobierno libertario fue la paralización de la obra pública en todo el país, lo que profundizó un escenario de larga data de deterioro de las rutas nacionales. Actualmente, cerca del 50% de las vías están en mal estado. En Patagonia, preocupa sobre todo la 3 y la 40, con tramos prácticamente destruidos. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, es uno de los que encabeza el reclamo a Nación. El gobierno de Milei, por su parte, sostuvo, a través de su vocero, que el tema no requiere "atención de ningún tipo, ni nada que tengamos que ver".
Mediante el decreto 195/2024, en febrero el Gobierno nacional oficializó la eliminación del Ministerio de Infraestructura, cuyas funciones fueron asumidas por el ministro de Economía, Luis Caputo, bajo el lema "no hay plata para pagar más obra pública". Esto generó la paralización de buena parte de la obra pública del país: para marzo se registraba una caída del 87% de los proyectos de ejecución de fondos nacionales. Para febrero, 2217 proyectos quedaron paralizados.
Si bien en el proyecto de Presupuesto 2025 se contemplaban algunas obras para la Patagonia, las más urgentes quedaron relegadas, lo que generó una serie de cuestionamientos de los distintos gobernadores e intendentes patagónicos hacia el Gobierno nacional.
Para la Ruta 40 se incluyó en el proyecto una asignación de $3.840 millones, aunque dejaba afuera el tramo Facundo-Los Tamariscos, el tramo más complicado, objeto de reclamos y accidentes de los conductores por su estado intransitable, ya que supone 40 km de pozos y baches continuos.
Hacia la privatización
En este escenario, el gobierno libertario sostuvo en reiteradas ocasiones su plan de privatización de las rutas nacionales. De esta forma, el Estado relega el mantenimiento de los tramos al sector privado, que mediante licitaciones podrá invertir el capital en la operación y mantenimiento de las trazas.
La decisión se oficializó el pasado 15 de enero, mediante el Decreto 28/2025, que da inicio a la primera etapa del proceso licitatorio de la Red Federal de Concesiones.
Esta fase contempla la licitación del Corredor Vial 18, que incluye principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y recorre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes
El plan de privatización implica más de 9000 kilómetros de rutas y autopistas de la denominada "Ruta del Mercosur". Se estableció un plazo de un año para llevar a cabo el proceso que implica la licitación de ocho tramos y rutas de la Red Vial Nacional.
"El objetivo primordial de esta apertura al capital privado es reducir los gastos que esto genera al Tesoro Nacional, que se calculan en aproximadamente 6.100 millones de dólares, en promedio, proyectados entre 15 y 20 años", detalla el comunicado oficial, y enfatiza: "El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios".
La medida no sólo apunta a la reducción del gasto público, sino que tiene que ver con las prioridades de la gestión libertaria que, a pesar de los múltiples reclamos de conductores y empresarios y el creciente número de accidentes a causa del mal estado de las rutas, sostuvo que no tienen ningún tipo de preocupación al respecto. Así lo afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa el 17 de diciembre.
Negó que existiera algún plan de recuperación y sostuvo: "No tenemos esa prioridad", agregando que el tema no requiere "atención de ningún tipo de preocupación, ni nada que tengamos que ver".
Las rutas patagónicas
La desidia sobre la obra pública no hace más que profundizar una problemática ya conocida para los patagónicos. Concretamente, las rutas N° 40 y la N° 3 han sido fuente de reclamo por sus tramos intransitables. El 2024 estuvo signado por accidentes causados por los numerosos baches del camino, especialmente el del tramo Facundo-Los Tamariscos.
Durante el invierno, el tránsito por la Ruta 3 se vio afectado por las nevadas. La falta de mantenimiento hizo que la acumulación de nieve provocase accidentes, así como largas demoras y pasajeros varados.
Recientemente, el intendente de Comodoro, Othar Macharasvilli, se reunió con autoridades y técnicos de Vialidad Nacional para discutir las obras de mantenimiento de un tramo de la Ruta 3, que hasta la fecha no cuenta con los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de conductores y peatones.
Macharashvili viene exigiendo soluciones y una intervención inmediata de Nación, que hasta el momento no ha dado respuestas. Al reclamo se suma su par de Rada Tilly, Mariel Peralta; ambos coinciden en la necesidad de mantenimiento de la Ruta 3 así como la urgente finalización de los trabajos de la trocha Comodoro-Rada Tilly-Caleta Olivia, otra de las obras prioritarias en la región.
Tal como viene sosteniendo, el intendente comodorense analiza la posibilidad de avanzar mediante la vía judicial con la presentación de un recurso de amparo, en caso de que el Gobierno siga sin cumplir sus obligaciones.
A principios de este año, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y su bloque de entidades patagónicas se sumaron a los reclamos. Expresaron preocupación por el estado de ambas rutas, lo que además de perjudicar la actividad comercial y turística, incrementa el riesgo de siniestros viales.
El bloque patagónico, integrado por la Federación de Entidades Empresarias de Neuquén (FEEN), la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP), la Federación Empresaria del Chubut (FECh), la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia, solicitó un diagnóstico sobre la situación actual de ambas rutas y el plan vial nacional, especialmente en torno a la posibilidad de privatización.
"Ambas rutas son claves para la conectividad logística, comercial y turística de la región, por ser los caminos que unen a la Patagonia con las otras provincias de la Argentina y con los países vecinos", afirmaron.
"El actual estado de deterioro constante genera no sólo un encarecimiento significativo de los costos de transporte y logística, sino también un alarmante aumento de accidentes viales con consecuencias fatales", aseguraron mediante un comunicado.
Y advirtieron que "ante la inminente privatización de las rutas nacionales, la mayoría de las que atraviesan la Patagonia no son rentables como negocio", por lo que consideraron "necesaria la intervención del Gobierno nacional para la puesta en valor de las rutas más extensas del país".
La situación es similar en el resto del país, con rutas nacionales en pésimo estado que ocasionan accidentes y quejas por parte de conductores y empresarios.
Un informe del Ministerio de Obras Públicas del 2021 muestra que sólo el 31% de la red vial nacional está en buen estado, mientras que el 27,6% se encuentra en estado regular y el 40,7% en mal estado. Es decir que en Argentina el 70% de las rutas nacionales tienen algún tipo de deterioro. La situación se agrava a la luz del estancamiento de licitaciones, las obras inconclusas y la falta de mantenimiento.
Incertidumbres sobre la campaña invernal
En línea con la incertidumbre y la falta de interlocutores que varios actores encontraron en el actual gobierno, en marzo del 2024 la preocupación crecía en la región patagónica ante el invierno inminente y la ausencia de una campaña invernal de Vialidad para garantizar el tránsito en las rutas.
La campaña invernal supone un operativo clave para la zona patagónica, además de un gran despliegue logístico, y hasta el momento comenzaba a prepararse en enero para asegurar la compra de insumos y equipos. Sin embargo, a fines de febrero no había novedades y la posibilidad más cercana era que la Patagonia quedara aislada y con sus rutas congeladas.
Frente a este escenario, funcionarios de la región se pusieron en contacto con la dirección de Vialidad para obtener respuestas.
"Vialidad puede dejar de hacer obra pública, pero nunca puede dejar de mantener las rutas. Ya se ve el pasto crecido en muchas rutas y dejaron de tapar los baches. Tarde o temprano eso trae accidentes", explicaba un funcionario técnico nacional en diálogo con La Política Online.
La medida amenazaba el tránsito patagónico y, sobre todo, la cuestión económica y turística, sobre todo en los pasos cordilleranos que conectan a Argentina con Chile.
Pocos días más tarde, luego de que el pedido llegara al Congreso, el Gobierno nacional informó cuáles son los planes de ejecución del Plan integral de Mantenimiento Invernal 2024, que contempla las rutas de las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de 11 rutas de Mendoza.
Los reclamos patagónicos
La cuestión de las rutas nacionales reavivó las tensiones entre el Gobierno nacional y los gobernadores patagónicos, cuyos territorios, a falta de un Estado presente, tienden a quedar relegados.
En diciembre, Ignacio Torres -quien ya había encabezado reclamos judiciales por el estado de las rutas-, denunció que el gobierno de Milei continúa cobrando el Impuesto a los Combustibles Líquidos a pesar de no destinar esos fondos a la asignación específica -establecida por ley- del mantenimiento de las rutas nacionales.
En diálogo con A24 dijo que no se está ejecutando y advirtió: "O se eliminan esos impuestos o se descentralizan y nos dan las facultades a las provincias. Ahora, 'hacete cargo provincia' sin darnos la partida que le cobrás a los contribuyentes de las provincias para que las rutas estén en condiciones, no solo es injusto, sino ineficiente".
El reclamo se produce luego de meses en los que el gobierno libertario viene acusando a los intendentes de cobrar una tasa vial en el precio de los combustibles. Manuel Adorni incluso sostuvo que "es un abuso que tiene cautiva a la gente". La medida fue impulsada por distintos intendentes en todo el país para cubrir gastos frente al ajuste nacional.
La contraofensiva del Gobierno fue -con la Resolución 259/2024 de la Secretaría de Energía mediante- ordenar a las estaciones de servicio que informen con calcomanías pegadas en sus surtidores sobre las tasas municipales aplicadas al precio de los combustibles.
Y además de continuar cobrando el Impuesto a los Combustibles Líquidos sin dirigir los fondos para el mantenimiento de las rutas, el Ejecutivo incrementó su valor en diciembre, impactando en el precio de los combustibles. En el proyecto de Presupuesto 2025, que si bien no fue consensuado y en su lugar se prorrogó el proyecto del 2023, figuraba un aumento de este impuesto que pasaba del 0,38 al 0,73 del PBI.
El pedido de que Nación se haga cargo de las rutas nacionales se remonta a principios de la gestión, y los funcionarios patagónicos no son los únicos que reclaman. Sin embargo, ya se cumplió el primer año del gobierno de Milei y no hay avances ni respuestas.
Hacia fin de año, el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico, señaló: "Nadie habla de rutas nacionales porque es un tema que está en el interior y este es un gobierno que tiene una mirada muy porteña, es una porteñocracia, y la verdad es que no les importa".
Los gobernadores patagónicos, por su parte, formaron alianzas para unificar la demanda. Lo mismo hicieron los dirigentes del área central: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y en la misma línea, Axel Kicillof (Buenos Aires).
Dos dirigentes patagónicos fueron más allá y pidieron, ante el abandono de Nación, la provincialización de las rutas. Se trata de Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén), quienes en mayo, ante el temor de la suspensión de la campaña invernal y el número creciente de accidentes, hicieron un pedido a Vialidad para que el gobierno les transfiera la administración de las rutas nacionales.
Desde Vialidad habían pedido un presupuesto de $730 mil millones para 2024, pero al ser prorrogado el presupuesto 2023, los $475 mil millones otorgados significan una reducción del 35%. Ahora, con la doble prórroga, la situación se torna insostenible.
El pedido de Weretilneck y Figueroa apunta concretamente a las rutas nacionales 22, 151, 231 y 242, a las que calificaron como "vitales para el desarrollo económico, industrial, turístico y social de la región del Comahue, así como para la integración de ambas provincias".
"Sin embargo, el estado de abandono en el que se encuentran estas carreteras está generando graves consecuencias, tanto en términos humanos como económicos", advirtieron.
En esta línea, hace poco se firmó el primer acuerdo de compensación de deudas entre el gobierno de Chubut y el Gobierno nacional, con un saldo positivo para la provincia que será utilizado, entre otras cosas, para el mejoramiento de las rutas.
El acuerdo, enmarcado en el "Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas", convierte a Chubut en la primera provincia del país en adherirse a este mecanismo, creado mediante el Decreto Nacional Nº 969.
La deuda será cancelada en un plazo de cuatro años con un período de gracia de 12 meses, lo que implica una compensación de $100 mil millones a lo largo del período, que según detalló el mandatario provincial, serán destinados a obras en los puertos y rutas estratégicas.
La situación de abandono de las rutas por parte del Estado nacional, sin embargo, lejos está de haberse resuelto. Si bien en algunos casos se han logrado acuerdos y distintos mandatarios han sostenido el ajuste a través de medidas alternativas, el escenario se complejiza frente a la nueva prórroga de un presupuesto que ya se revela insuficiente.
