Recientemente se publicó el Monitoreo sociocultural y lingüístico de acceso a los derechos sexuales y reproductivos de los pueblos indígenas y la población campesina en Argentina, un trabajo coordinado por Católicas por el Derecho a Decidir en alianza con lideresas indígenas de todo el país. El documento final ofrece datos concretos sobre una realidad que los Pueblos Originarios y los feminismos reclaman desde hace tiempo: las mujeres indígenas y campesinas enfrentan serios obstáculos en el sistema de salud formal para acceder a los derechos sexuales y reproductivos. Además de brindar un panorama concreto que puede orientar políticas públicas, el documento final refleja un profundo trabajo de intercambio de saberes, labor activa en los territorios y una apuesta por un sistema de Salud Intercultural. Si bien el derecho al aborto seguro, legal y gratuito fue consagrado como Ley en 2020, su garantización no se agota ahí, y de ello dan cuenta los múltiples testimonios y cifras que componen el Monitoreo. Mónica Menini, Coordinadora del proyecto y parte de Católicas por el Derecho a Decidir, dialogó con El Extremo Sur sobre la realización del Monitoreo y los principales hallazgos.
Un trabajo colectivo
La alianza de la organización con las lideresas de los Pueblos Originarios tiene larga data. De hecho, en el marco del acceso a los derechos sexuales y reproductivos, en 2023 lanzaron una serie de protocolos de acceso a la interrupción del embarazo adaptados a distintas lenguas indígenas, un proyecto que más allá de una mera traducción, implicó profundizar la visión intercultural de la salud y garantizar la difusión de información entre los Pueblos Originarios, muchas veces truncada por barreras lingüísticas.
"Nosotros comenzamos en el año 2019 como Católicas por el Derecho a Decidir en búsqueda de un sujeto político con el que no estábamos conversando en el movimiento feminista que son las mujeres indígenas", explica Mónica Menini, "y siempre estuvimos cerca, yo soy salteña, entonces vivo en una provincia con diversidad étnica y en mi historia feminista ya había trabajado mucho con las mujeres indígenas".
A pesar del contacto permanente, señala que "siempre llevábamos nuestra agenda, siempre íbamos con la agenda feminista, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, contra la violencia, las situaciones de trata, por supuesto la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Cuando hicimos nosotras mismas la diferencia atravesadas por la interseccionalidad y por el entendimiento de lo que es como concepto abrazado por el feminismo, levarlo a la práctica nos llevó a escuchar y a encontrarnos con nuestras hermanas dentro de nuestra mirada feminista y dentro de los feminismos".
"Ahí se dio un una estrategia de trabajo conjunto que todavía continúa y que tenía varias ideas, una de ellas era el monitoreo, además empezamos haciendo cosas en paralelo, trabajando en los territorios la consulta previa, libre e informada con las autoridades indígenas sobre ESI, aborto, acceso a métodos anticonceptivos, violencia de género. Luego también trabajamos con la adaptación sociolingüísticas los materiales que dan acceso como los protocolos, los consentimientos informados y a la vez empezamos a trabajar también la idea del monitoreo", detalla.
El proceso da cuenta de un debate reciente entre los feminismos sobre la participación de las mujeres indígenas como sujetos políticos del movimiento, quienes históricamente han quedado relegadas de la construcción de las agendas de género.
Una mirada interseccional sobre los derechos
El Monitoreo indaga sobre la atención integral de la salud sexual y reproductiva en la población indígena y campesina en 12 provincias argentinas: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén, Chaco y Mendoza, considerando los escenarios territoriales y las necesidades concretas en cada caso.
En total se realizaron 480 encuestas a sujetas de derecho indígenas y campesinas, y 48 encuestas a equipos de salud del servicio público. Uno de los principales desafíos que remarca Menini es la confección de un instrumento de recolección de datos acorde a la cosmovisión y las realidades indígenas y campesinas, algo que se logró conjuntamente y con más de un año de trabajo.
"Lo empezamos a trabajar por el 2022 así y entonces lo primero con lo que nos encontramos era con una epistemología indígena y con una metodología que representaba un cambio también para nosotras como organización feminista y es justamente que las mujeres indígenas dejen de ser ese objeto de investigación para pasar a ser ellas las investigadoras", explica.
Los instrumentos de monitoreo con los que ya contaba la organización "no nos servían porque no se condicen con esta metodología intercultural y tampoco con la epistemología de los pueblos, entonces tuvimos que trabajar en un instrumento, un año trabajamos en ese instrumento con compañeras indígenas con Nancy Segundo, que es médica quom de Chaco, Carina Lisiardi que es es trabajadora social en Formosa, Verónica Azpiroz, mapuche y politóloga que está doctorándose en Salud Intercultural".
"Una vez que trabajamos en el instrumento juntamos a todas las lideresas de 12 provincias y trabajamos con ellas el instrumento, así que volvió a cambiar y así hasta que finalmente las hermanas llegaron a su territorio e hicieron las entrevistas, luego se digitalizaron y trabajamos otra etapa que es analizar estos datos y eso lo tenían que hacer ellas también, entonces fue todo un proceso porque son muchas provincias y muchas encuestas", agrega. Para la realización de encuestas, las encargadas fueron 25 mujeres indígenas y campesinas, muchas de las cuales ya tenían relación con las entrevistadas en sus territorios.
El resultado "da cuenta de una mirada interseccional, decolonial, feminista y con datos, que era lo que buscamos, un monitoreo siempre busca evidencia, este es un monitoreo social y y la verdad que a medida que vamos entre cruzando datos incluso con otros monitoreos vamos viendo que realmente todos los datos son fiables, tiene que ver con esto, desde la perspectiva de las mujeres indígenas, de eso me siento muy orgullosa, que lo hayan hecho todas las hermanas indígenas y desde una perspectiva indígena".
La sinergia católica-indígena
Uno de los desafíos centrales a la hora de trabajar en alianza fue la resistencia de algunas lideresas a la identificación católica de la organización. Lejos de dos posturas contrapuestas, la coordinadora del proyecto habla de un intercambio y de posiciones que no siempre son antagónicas.
"Católicas por el Derecho a Decidir es una organización que ha protagonizado el movimiento feminista en Argentina desde la campaña y desde muchas otros lugares diferentes. Diferente es cuando Católicas entra al mundo indígena, por ser católicas, por todo lo que ha hecho la Iglesia Católica, damos cuenta de ese otro trabajo enorme de interseccionalidad, porque además nuestra compañeras y hermanas indígenas muchas de ellas también son católicas, incluso son evangelistas y entonces también poder pararnos desde ahí como nos ha sucedido a nosotras, de decir, soy católica y feminista, para ellas también ha sido muy interesante de intercambio que pudieron hacer con nosotras", resalta Menini.
Una de las monitoreantes, perteneciente al Pueblo Qom, sostiene en el documento: "La verdad es que hoy hay un montón de compañeras que son indígenas y son cristianas. Entonces en esa sinergia de la realidad actual, donde no sé cómo... ¿Cómo pensamos la articulación hacia el futuro? Como lo que trae la compañera... ¿Cómo cuido yo de que no haya un proceso de colonización pero a la vez de que haya acceso a información? ¿Cómo hacemos este caminito? Porque ya no podemos retrotraernos a dos cosmovisiones totalmente aparte porque hay cuerpos que ya unifican esas dos existencias. Entonces estamos construyendo una nueva moral".
Discriminación, plazos incumplidos y falta de apoyo
Los hallazgos del Monitoreo dan cuenta de múltiples barreras que enfrentan las mujeres indígenas y campesinas por su pertenencia a un Pueblo o por hablar una lengua originaria. También se registraron situaciones de violencia y discriminación en el Sistema de Saud, desde comentarios ofensivos del personal hasta procedimientos realizados sin consentimiento.
En relación al último punto, el 21,3% de las mujeres reportó haber sido sometida a intervenciones médicas no consentidas, que se desglosan en prácticas sin consentimiento durante el parto que suponen violencia obstétrica (33,75%), administración de medicamentos (31,25%), ligaduras tubarias (11,25%), colocación de implantes subdérmicos (6,25%) y otras prácticas médicas realizadas sin consentimiento (17,5%).
En cuanto a la IVE, de las 480 personas encuestadas, 40 reportaron haber enfrentado dificultades al solicitar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) o la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), lo que representa un 8,3% del total. Entre las respuestas más comunes, se encuentran: "Me sentí juzgada por el sistema de salud", seguida de "me demoraron los turnos para hacerme exámenes" y "me dijeron palabras muy hirientes".
Algunos testimonios incluso hablan de situaciones en las que fueron obligadas a escuchar los latidos del feto en la ecografía o fueron derivadas a un psicólogo para convencerlas de no realizar la práctica. Otra respuesta frecuente fue la falta de acceso al misoprostol; quienes reportaron esta situación indicaron que no les recomendaron algún tratamiento alternativo.
Otro dato revelador es que en el 84,1% de los casos analizados no se respetó el plazo de 10 días establecido por la Ley 27.610, que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, lo que eventualmente puede provocar que se supere el límite permitido y se pierda el derecho a acceder a una ILE.
También se registraron altos porcentajes de mujeres que manifestaron no haber recibido el apoyo necesario en el Sistema de Salud, así como quienes manifestaron haber recurrido a terapias alternativas o medicinas complementarias para acompañar su decisión.
El documento indica que esto refleja "situaciones preocupantes" en torno al acceso a servicios de salud: "Por un lado, la alta proporción de mujeres que no recibieron apoyo al buscarlo en otro servicio pone en evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de referencia y contrarreferencia, asegurando una continuidad de atención en casos de incertidumbre o preocupación. Es crucial que los servicios de salud consideren la integración de prácticas tradicionales y complementarias en el enfoque de atención, respetando las creencias y decisiones de las personas para asegurar un cuidado integral".
El factor económico también es determinante en el acceso, tanto por parte de las mujeres que no siempre cuentan con recursos y tiempo para movilizarse a los centros de salud así como por la falta de insumos y presupuesto del propio sistema público, panorama que se agrava para quienes viven en la ruralidad.
Menini explica que todavía están desagregando los datos por provincias, pero a nivel general vislumbran situaciones de difícil acceso tanto a nivel general como en situaciones particulares.
"Uno de los obstáculos grandes tiene que ver con las distancias y las faltas de camino de acceso, el costo para poder superar las distancias", dice la coordinadora. El monitoreo revela que para el 14,2% de las encuestadas el costo del traslado una sola vez, ida y vuelta a un centro de salud equivale al 10% del salario mínimo vital y móvil mensual.
"A esto se suma que todas las mujeres en general dejan su propio cuidado por los tantísimos cuidados de los que son responsables", detalla, en relación a las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas que históricamente han representado un obstáculo para las mujeres. A las mujeres indígenas, además, se suma "el cuidado de las medicinas ancestrales, el cuidado de las aguas, el cuidado del territorio".
"Cuando en la agenda de una familia, el cuidado del territorio está primero porque la están desalojando, entonces ahí todo lo demás queda en segundo lugar y lo demás es nada más y nada menos que la salud", remarca.
Barreras lingüísticas y falta de información
Parte del trabajo que ya se venía haciendo desde la organización tiene que ver con reconocer la barrera lingüística que frecuentemente dificulta el acceso de las mujeres indígenas a sus derechos sexuales y reproductivos. Este era el objetivo de la adaptación sociolingüística de los protocolos de acceso a la IVE/ILE. Más que traducir la información, busca adaptar los contenidos a las cosmovisiones y costumbres de un Pueblo, que no siempre se condicen con el modelo de salud hegemónico. El monitoreo reveló datos fundamentales en este sentido.
El 95% de las mujeres indígenas entrevistadas afirman que los equipos de salud sexual y reproductiva no hablan la lengua de su pueblo. Consultadas si los agentes sanitarios hablan la lengua de su pueblo, el 50,9% de las entrevistadas indicó que no hablan la lengua que ellas priorizan. El 18,7% respondió que existen intérpretes lingüísticos o facilitadores interculturales en los centros de salud, porcentaje que se visibiliza con mayor énfasis en las provincias de Salta, Chaco y Jujuy.
Sin embargo, el 73,2% de las mujeres que indicaron la existencia de intérpretes en los servicios de salud, señalaron que estos intérpretes no tienen un conocimiento suficiente sobre derechos sexuales y reproductivos.
Si bien señalan que es alentador que un 64,9% de las personas entrevistadas haya informado haber recibido información sobre derechos sexuales y reproductivos a través del sistema de salud público o a través de programas de ministerios nacionales o provinciales, todavía existe un 35,1% considerable que no recibió ninguna información.
Todavía más esclarecedor es que entre quienes reportan haber recibido información, solo un 19,9% afirmó haberla recibido en su lengua, "lo que subraya la necesidad de reforzar la accesibilidad lingüística en la comunicación de estos derechos", indica el documento.
La información fue recibida mayoritariamente en formato de folletos, cartillas y talleres presenciales, difusión a través de la radio, materiales audiovisuales, y actividades lúdicas y didácticas. Sin embargo, un 59,2% de las personas entrevistadas consideró que los materiales no eran adecuados a su realidad como mujeres indígenas y campesinas, lo que refleja la necesidad de adaptar los recursos informativos a las realidades culturales y contextuales de las comunidades.
"Las hermanas indígenas hablan lenguas originarias como primera lengua. Hablan su lengua primero antes que el español, entonces llegar al sistema de salud y que te hablen en español es como que cualquier persona cuya lengua sea en español llega el sistema de salud y el médico le hable, por ejemplo, en inglés", subraya Menini. "Uno entiende en el contexto, pero no entiende todo con particularidades porque me están hablando en otra lengua, que para el caso de la mujer indígena no es mi primer lengua. No es la lengua que yo hablo todos los días, es una lengua que aprendí a hablar para vivir en esta sociedad".
La falta de intérpretes es un obstáculo grave sobre todo a la hora de dar consentimiento para ciertas prácticas médicas, que implican que las mujeres reciban información clara y exhaustiva al respecto.
Además de la lengua, Menini señala que también debe tenerse en cuenta que "hay una cosmovisión indígena sobre la salud que no es la cosmovisión biomédica que nuestro sistema de salud aplica, entonces muchas de esas miradas deben ser tenidas en cuenta por el sistema de salud. Debemos pensar un sistema de salud que esté integrado o que sea complementado por otras cosmovisiones que son preexistentes al Estado argentino. Esto es algo que estamos en los primeros pasos en nuestro país para poder por lo menos debatirlo, pero como la realidad existe esos ya son obstáculos que viven las hermanas indígenas".
Otro de los hallazgos del monitoreo es que, si bien muchas mujeres saben que la interrupción del embarazo es legal, desconocen cómo se realiza la práctica, cuáles son los plazos, así como que puede llevarse a cabo de forma ambulatoria. "Cuando hacemos la consulta previa, libre e informada con autoridades indígenas nos dicen ‘nosotros tenemos más desinformación que información, hay más gente que nos desinforma que la que nos informa'", agrega.
El rol de los profesionales de la salud
Este escenario se profundiza en las zonas rurales, que no cuentan con médicos todo el tiempo: "Los que están cerca cotidianamente son agentes sanitarios, enfermeros, administrativos, ellos tienen una falta de capacitación que sobresale sobre la capacitación que sí tienen los médicos, el acceso a la capacitación, no a la información, que han tenido los profesionales de salud médicos y médicas es superior a la que han logrado tener agentes sanitarios que en realidad son los que están más cerca de estos pueblos. Eso también hay que revertirlo, es necesario capacitar en derechos sexuales y reproductivos mucho más a equipos de salud que están cerca de la cotidianidad de las comunidades".
El monitoreo incluyó 48 entrevistas a profesionales de la salud que desarrollan sus tareas dando atención a pueblos originarios y/o poblaciones campesinas en los mismos territorios donde habitan y usualmente se atienden las personas que contestaron el monitoreo social.
Un 44,7% de estos efectores respondió que la Atención Primaria de la Salud (APS) de su institución no articula con comunidades u organizaciones indígenas para garantizar
los derechos sexuales y reproductivos. Y un 52,6% no ha recibido formación profesional sobre el derecho al aborto. De aquellos que sí recibieron, un 90,9% respondió que las capacitaciones recibidas aumentaron sus conocimientos sobre la atención de salud sexual y reproductiva, lo que muestra la necesidad de fortalecer aún más esta dimensión.
En el documento también se muestra que en los espacios de formación profesional no hubo protocolos específicos para la atención de mujeres indígenas y campesinas en el 86,1% de los casos. Entre las distintas respuestas sobre cómo resuelven la atención a esta población, considerando que tienen una concepción de salud, del cuerpo y de las enfermedades distinta a la del sistema de salud, la mayoría (81,3%), trata a las mujeres indígenas como a las mujeres blancas, lo que conlleva la invisibilización de necesidades y prácticas culturales propias de las comunidades.
Más allá del acceso de las mujeres indígenas y campesinas al sistema de salud tal como está planteado, Menini sostiene que el reclamo aboga por un sistema de salud integrado: "No es un hallazgo, no es una revelación, sino ponerlo en evidencia, para eso se hacen los monitoreos. Lo están exigiendo las hermanas. Lo están exigiendo las autoridades, hay que escuchar y para pensar un sistema de salud, hay que pensar un sistema de salud integrado, hay que pensar un sistema de salud donde se complementen otras cosmovisiones de salud y no solamente la cosmovisión de las personas que son no indígenas o no campesinas".
