Desalojo de la Lof Paliako: "El trabajo de la Gremial de Abogados aún no terminó" La postura de la Gremial de Abogados ante el conflicto. "Jamás deja cuestiones pendientes y en este caso específico mantendremos el último recurso que hemos presentado ante la Corte y nos prepararemos con todo lo que tenemos para el juicio oral que alguna vez tendrá que producirse", sostiene.
A la Gremial se le encomendó la defensa de la Lof Paillako en tiempos del gobierno anterior.
Cuando el propio ministro de Ambiente Juan Cabandié hablaba de la Comunidad como "pseudo Mapuche" y los acusaban de terroristas y de incendiar los bosques, utilizando el mismo lenguaje que ahora usa este Gobierno.
Fue una denuncia penal presentada y luego impulsada por los empleados de Cabandié en Parques Nacionales. Muchos de esos "empleados públicos" hoy continúan brindando sus servicios, ahora a otro amo, pero con el mismo desprecio y saña de siempre.
Primera aclaración: Fue en el marco de ese proceso penal en donde se intentó llevar el conflicto al diálogo, siempre fracasado por la miopía y el racismo, más o menos disimulado, de los funcionarios públicos, que simplemente no pueden aceptar la "impertinencia" de aquellos a los que, de manera transparente, consideran como inferiores.
Así que es mentira eso de que "se agotaron las vías de diálogo".
En primer lugar porque el diálogo que pretenden las roscas mafiosas que manejan Parques Nacionales es siempre trucho, el diálogo (que no la dialéctica) del amo y el esclavo. Ese es el supuesto diálogo del que hablan.
En segundo lugar, porque es pura y llana mentira: en el marco de este expediente judicial no hubo ningún diálogo, ni era posible.
El "proceso judicial" que llevó al desalojo
Nunca mejor aplicado el nombre: porque lo que hicieron los funcionarios y los tribunales fue ni más ni menos que aplicar un bando militar (que, gracias a más de 40 años de esta democracia, ahora lo llaman Ley) firmado por Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. O sea, con las herramientas de la dictadura en la mano y Roca en el corazón se arrojaron decididos a escribir un nuevo capítulo de la Argentina colonialista.
Ese bando permite (por supuesto) expulsar sin juicio previo (es decir, sin proceso, sin partes que se enfrenten judicialmente, sin pruebas, sin debate) a los "intrusos". Como el bando nunca (nunca) menciona a las comunidades originarias que estuvieran o fueran a constituirse en los territorios de los parques, cualquier funcionario más o menos avispado se da cuenta que los intrusos son las comunidades indígenas, no alguna empresa de turismo que se instala "floja de papeles".
Así, este expediente (que no merece otro nombre) comenzó con una "sentencia de desalojo" de la cual la comunidad y los abogados nos enteramos por los diarios.
La sentencia fue dictada por el juez Otranto pero, a contramano de otras por las que ha ganado fama, esta fue dentro de sus funciones de juez en lo civil (o contencioso administrativo) y no penal.
La comunidad Pailako, con patrocinio legal de la Gremial, presentó un recurso contra esa sentencia ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Básicamente dijimos que Parques no había sustanciado como marca la ley el expediente administrativo previo al pedido de desalojo (que Parques manejó, por supuesto, arbitrariamente y donde ni siquiera se lo concluyó como manda la ley, saltándose la instancia de los recursos administrativos). Además sostuvimos que es obligatorio constitucional y convencionalmente, que se respete el derecho a una revisión exhaustiva de las decisiones administrativas por parte del poder judicial y, que por lo tanto, la pretendida ley (o al menos el articulo correspondiente) que no lo permite es inconstitucional.
Para ser breves, después de varias idas y vueltas, la Cámara confirmó la decisión del juez y, cuando pretendimos impugnar su decisión ante la Corte Suprema de la Nación nos negó esa posibilidad.
Tuvimos que acudir a la Corte con un recurso "de queja", es decir dirigirnos directamente pasando por sobre la Cámara.
Llegados a ese punto, y citando jurisprudencia de la Corte en casos similares, el juez Otranto entendió que, para avanzar con el desalojo, había que esperar a que se pronunciara ese tribunal superior nacional.
Pero, a pedido, de Parques, la Cámara de Comodoro le ordenó proceder inmediatamente al desalojo.
Estos son los hechos judiciales. Esta es la verdad judicial.
Segunda aclaración: Está claro que el gobierno vuelve a mentir cuando dice que se agotaron las instancias judiciales. No quisieron esperar la decisión de la Corte Suprema. Está empezando un año electoral y seguramente tienen un montón de otras cosas sobre las cuales mentir para seguir con su marcha "triunfal". Este circo sobre la soberanía, la recuperación de territorio para la patria y todas esas puestas en escena suponen que es una buena manera de empezar el 2025 electoral. (Y por si fuera poco con un gobernador "aliado", que tampoco quiso quedarse afuera de la foto.) Esperamos no ofender a nadie si usamos aquel gastado chiste de que esta gente exaltando la soberanía es como si el siniestro Barreda exaltara el feminismo. En fin.
También circula que la Gremial habría terminado su trabajo en defensa de la comunidad Pailako.
Falso, también.
La causa de usurpación contra Lemu Cruz Cárdenas está elevada a juicio y somos sus defensores. Todavía el juicio no tiene fecha.
Y, como dijimos, hay un recurso presentado en la Corte y es posible que esta abra una instancia en la cual tengamos que fundamentar la inconstitucionalidad y la nulidad de todo los hecho por los poderes político y judicial contra la comunidad mapuche Pailako
Como siempre, la Gremial no dejó ni dejará nada por hacer, resolución por recurrir, instancia por enfrentar y planteos por presentar.
También esta vez, estamos tratando de cumplir con otro de nuestros compromisos: informar absolutamente todo, cada paso, cada escrito, tanto nuestro como de ellos y siempre con explicaciones simples y sencillas.
Y después está la lucha
Jamás nos cansaremos de indicar una y otra vez que la Gremial es apenas una humilde organización de solidaridad.
No es una organización política, no responde a una.
No es un organismo de DDHH.
Y no dependió jamás de ningún gobierno.
De manera que nuestro papel es exclusivamente defender a los que luchan, a los humildes que son avasallados, a los reprimidos o perseguidos.
Pero las luchas son una cosa y la defensa de los luchadores o perseguidos otra.
La Gremial no define, ni aconseja, ni sugiere jamás ningún método de lucha.
Las formas, los medios y los métodos de lucha los establecen los pueblos, las organizaciones, las comunidades.
Jamás los abogados. Sea Paillako o cualquiera otro territorio, comunidad u organización la Gremial tendrá siempre el límite de su propia naturaleza.
Obviamente con o sin desalojo, la Gremial jamás deja cuestiones pendientes y en este caso específico mantendremos el último recurso que hemos presentado ante la Corte y nos prepararemos con todo lo que tenemos para el juicio oral que alguna vez tendrá que producirse.
Es nuestra obligación y nuestro compromiso.
Fuente: Resumen Latinoamericano
La postura de la Gremial de Abogados ante el conflicto. "Jamás deja cuestiones pendientes y en este caso específico mantendremos el último recurso que hemos presentado ante la Corte y nos prepararemos con todo lo que tenemos para el juicio oral que alguna vez tendrá que producirse", sostiene.
A la Gremial se le encomendó la defensa de la Lof Paillako en tiempos del gobierno anterior.
Cuando el propio ministro de Ambiente Juan Cabandié hablaba de la Comunidad como "pseudo Mapuche" y los acusaban de terroristas y de incendiar los bosques, utilizando el mismo lenguaje que ahora usa este Gobierno.
Fue una denuncia penal presentada y luego impulsada por los empleados de Cabandié en Parques Nacionales. Muchos de esos "empleados públicos" hoy continúan brindando sus servicios, ahora a otro amo, pero con el mismo desprecio y saña de siempre.
Primera aclaración: Fue en el marco de ese proceso penal en donde se intentó llevar el conflicto al diálogo, siempre fracasado por la miopía y el racismo, más o menos disimulado, de los funcionarios públicos, que simplemente no pueden aceptar la "impertinencia" de aquellos a los que, de manera transparente, consideran como inferiores.
Así que es mentira eso de que "se agotaron las vías de diálogo".
En primer lugar porque el diálogo que pretenden las roscas mafiosas que manejan Parques Nacionales es siempre trucho, el diálogo (que no la dialéctica) del amo y el esclavo. Ese es el supuesto diálogo del que hablan.
En segundo lugar, porque es pura y llana mentira: en el marco de este expediente judicial no hubo ningún diálogo, ni era posible.
El "proceso judicial" que llevó al desalojo
Nunca mejor aplicado el nombre: porque lo que hicieron los funcionarios y los tribunales fue ni más ni menos que aplicar un bando militar (que, gracias a más de 40 años de esta democracia, ahora lo llaman Ley) firmado por Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. O sea, con las herramientas de la dictadura en la mano y Roca en el corazón se arrojaron decididos a escribir un nuevo capítulo de la Argentina colonialista.
Ese bando permite (por supuesto) expulsar sin juicio previo (es decir, sin proceso, sin partes que se enfrenten judicialmente, sin pruebas, sin debate) a los "intrusos". Como el bando nunca (nunca) menciona a las comunidades originarias que estuvieran o fueran a constituirse en los territorios de los parques, cualquier funcionario más o menos avispado se da cuenta que los intrusos son las comunidades indígenas, no alguna empresa de turismo que se instala "floja de papeles".
Así, este expediente (que no merece otro nombre) comenzó con una "sentencia de desalojo" de la cual la comunidad y los abogados nos enteramos por los diarios.
La sentencia fue dictada por el juez Otranto pero, a contramano de otras por las que ha ganado fama, esta fue dentro de sus funciones de juez en lo civil (o contencioso administrativo) y no penal.
La comunidad Pailako, con patrocinio legal de la Gremial, presentó un recurso contra esa sentencia ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Básicamente dijimos que Parques no había sustanciado como marca la ley el expediente administrativo previo al pedido de desalojo (que Parques manejó, por supuesto, arbitrariamente y donde ni siquiera se lo concluyó como manda la ley, saltándose la instancia de los recursos administrativos). Además sostuvimos que es obligatorio constitucional y convencionalmente, que se respete el derecho a una revisión exhaustiva de las decisiones administrativas por parte del poder judicial y, que por lo tanto, la pretendida ley (o al menos el articulo correspondiente) que no lo permite es inconstitucional.
Para ser breves, después de varias idas y vueltas, la Cámara confirmó la decisión del juez y, cuando pretendimos impugnar su decisión ante la Corte Suprema de la Nación nos negó esa posibilidad.
Tuvimos que acudir a la Corte con un recurso "de queja", es decir dirigirnos directamente pasando por sobre la Cámara.
Llegados a ese punto, y citando jurisprudencia de la Corte en casos similares, el juez Otranto entendió que, para avanzar con el desalojo, había que esperar a que se pronunciara ese tribunal superior nacional.
Pero, a pedido, de Parques, la Cámara de Comodoro le ordenó proceder inmediatamente al desalojo.
Estos son los hechos judiciales. Esta es la verdad judicial.
Segunda aclaración: Está claro que el gobierno vuelve a mentir cuando dice que se agotaron las instancias judiciales. No quisieron esperar la decisión de la Corte Suprema. Está empezando un año electoral y seguramente tienen un montón de otras cosas sobre las cuales mentir para seguir con su marcha "triunfal". Este circo sobre la soberanía, la recuperación de territorio para la patria y todas esas puestas en escena suponen que es una buena manera de empezar el 2025 electoral. (Y por si fuera poco con un gobernador "aliado", que tampoco quiso quedarse afuera de la foto.) Esperamos no ofender a nadie si usamos aquel gastado chiste de que esta gente exaltando la soberanía es como si el siniestro Barreda exaltara el feminismo. En fin.
También circula que la Gremial habría terminado su trabajo en defensa de la comunidad Pailako.
Falso, también.
La causa de usurpación contra Lemu Cruz Cárdenas está elevada a juicio y somos sus defensores. Todavía el juicio no tiene fecha.
Y, como dijimos, hay un recurso presentado en la Corte y es posible que esta abra una instancia en la cual tengamos que fundamentar la inconstitucionalidad y la nulidad de todo los hecho por los poderes político y judicial contra la comunidad mapuche Pailako
Como siempre, la Gremial no dejó ni dejará nada por hacer, resolución por recurrir, instancia por enfrentar y planteos por presentar.
También esta vez, estamos tratando de cumplir con otro de nuestros compromisos: informar absolutamente todo, cada paso, cada escrito, tanto nuestro como de ellos y siempre con explicaciones simples y sencillas.
Y después está la lucha
Jamás nos cansaremos de indicar una y otra vez que la Gremial es apenas una humilde organización de solidaridad.
No es una organización política, no responde a una.
No es un organismo de DDHH.
Y no dependió jamás de ningún gobierno.
De manera que nuestro papel es exclusivamente defender a los que luchan, a los humildes que son avasallados, a los reprimidos o perseguidos.
Pero las luchas son una cosa y la defensa de los luchadores o perseguidos otra.
La Gremial no define, ni aconseja, ni sugiere jamás ningún método de lucha.
Las formas, los medios y los métodos de lucha los establecen los pueblos, las organizaciones, las comunidades.
Jamás los abogados. Sea Paillako o cualquiera otro territorio, comunidad u organización la Gremial tendrá siempre el límite de su propia naturaleza.
Obviamente con o sin desalojo, la Gremial jamás deja cuestiones pendientes y en este caso específico mantendremos el último recurso que hemos presentado ante la Corte y nos prepararemos con todo lo que tenemos para el juicio oral que alguna vez tendrá que producirse.
Es nuestra obligación y nuestro compromiso.
Fuente: Resumen Latinoamericano
