Extractivismo y deforestación de bosque nativo en territorio campesinos e indígenas de SaltaPor Mariana Schmidt*
A más de quince años de la primera sanción de la Ley 7543 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) en Salta, y con diez años de retraso según lo previsto en la ley nacional, la provincia aprobó la actualización de la normativa que tiene como objetivo la conservación y aprovechamiento sostenible del monte nativo. El nuevo mapa, sancionado en diciembre, habilita la deforestación de 700.000 hectáreas. El proceso volvió a poner de relieve las posiciones en conflicto entre los distintos actores y organizaciones que disputan por la zonificación de las áreas de conservación y producción en una provincia signada por la deforestación, la crisis hídrica y la emergencia sociosanitaria.
Salta fue uno de los principales focos de conflicto por el avance sin precedentes de la deforestación desde inicios del siglo XX. Los años en los que se debatió y sancionó la Ley Nacional 26.331 de Bosques Nativos no fueron la excepción. Fue la primera jurisdicción en dar inicio a su proceso de OTBN, plasmado en la Ley 7543 (sancionada en 2008 y reglamentada en 2009). Pero esto no supuso el cierre de las disputas en torno al destino de los bosques salteños sino la apertura de nuevas controversias. Tras arduas negociaciones e instancias de judicialización mediante, aquel OTBN asignó 1.294.778 hectáreas a a la mayor categoría de conservación (rojo), 5.393.018 a la de mediana conservación (amarillo) y 1.592.399 a las superficies boscosas susceptibles de ser desmontadas (verde).
Desde entonces, la pérdida y degradación de la superficie boscosa no se detuvo. Según datos oficiales del organismo ambiental nacional, desde 1998 al 2022 se perdieron más de 1.500.000 hectáreas en Salta. De ese total, casi la mitad fueron deforestadas en vigencia de la Ley 26.331. Las estimaciones agrícolas muestran que en el período 1990/90-2022/23, la superficie cultivada total aumentó un 403 por ciento, en gran medida a expensas de los bosques.
A contrapelo de las promesas de actores políticos y económicos que auguraban la llegada del progreso y el desarrollo regional a manos del agronegocio, los indicadores de pobreza y necesidades básicas insatisfechas en los principales departamentos agrícolas siguen siendo alarmantes y la conflictividad en territorios indígenas y campesinos se hace cada vez más vigente.
Si bien se atravesaron numerosas etapas para arribar a la confección de un mapa consensuado con el aporte de saberes expertos, los resultados son abiertos. Más aun, cuando en la agenda nacional predominan el negacionismo, la desregulación y el desfinanciamiento del control, monitoreo y gestión de los bienes naturales.
La disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y la reciente derogación del decreto que prorrogaba la Ley 26.160 de emergencia de la propiedad indígena son decisiones que auguran un panorama sombrío para el futuro de la ley nacional y de los OTBN provinciales.
Mientras tanto, los procesos de negociación para la actualización de los OTBN siguen vigentes en el marco de disputas judiciales, políticas y económicas. Tal proceso se dio de igual manera este año en Chaco, donde las familias campesinas e indígenas se encuentran entre las principales afectadas. Esto revela las consecuencias de largo aliento de un modelo de desarrollo provincial que no resuelve -y profundiza- la situación de pobreza estructural de la gran mayoría de su población, privada del acceso a los bienes comunes y a las políticas de salud. Mientras tanto, los desmontes, los desalojos, las fumigaciones con agrotóxicos y los incendios forestales no cesan en territorio salteño.
Hacia un nuevo ordenamiento de bosques nativos
La primera actualización del OTBN debió haberse realizado a cinco años de su sanción inicial, de acuerdo con la reglamentación de la Ley 26.331. Si bien desde entonces se dieron sucesivos intentos para su revisión, nunca prosperaron. No fue sino hasta la actual gobernación de Gustavo Sáenz que el proceso volvió a cobrar nuevo impulso. A partir de ciertos acuerdos políticos y metodológicos, se dio inicio a la revisión del OTBN. No sin conflictos, se canalizó institucionalmente a través de mesas técnicas, talleres y reuniones.
En abril de 2022 tuvo lugar un taller donde funcionarios y técnicos del organismo ambiental presentaron la propuesta de revisión del Ordenamiento Territorial (OTBN). E informaron los plazos y mecanismos previstos para arribar a una nueva zonificación a través de un proceso "participativo, inclusivo y vinculante". La propuesta surgió a instancias de la Mesa Técnica de expertos, conformada por integrantes de instituciones académicas y de investigación. Fueron quienes impulsaron la incorporación de herramientas metodológicas para el proceso participativo y la consideración de distintas visiones en torno al OTBN.
En octubre de 2023 se llevó a cabo la última reunión del Consejo Asesor de OTBN en la sede del gobierno provincial en la ciudad de Salta. A partir de la conformación de diferentes mesas de trabajo, donde los representantes de las distintas organizaciones participantes debían consensuar mapas de zonificación, quedaron conformados cuatro mapas. Desde el organismo ambiental se destacó el proceso como "inédito en el país por su nivel de participación, su transparencia y su rigor científico".
La información surgida fue analizada a partir del método de evaluación multicriterio. El mapa que sintetizó las posiciones de los distintos grupos fue presentado hacia fin de ese año. El Informe Final del Equipo Técnico establece un total de 1.278.221 hectáreas zonificadas en la categoría roja, 5.539.750 en amarillo y 721.568 ha en verde. Pero en el nuevo mapa, las áreas verdes no tienen una ubicación geográfica definida, sino que está previsto que se distribuyan al interior de una categoría transitoria denominada "Área de Producción y Conservación".
En concreto, el amarillo se divide entre una zona "estricta" (3.247.625 hectáreas) y otra "potencial" (2.292.125 hectáreas). Esto quiere decir que se puede transformar a verde siempre y cuando no aumente la superficie efectivamente otorgada a esa categoría. Es decir, que no estaría asociada a una ubicación determinada.
Un ordenamiento territorial sin las voces de los territorios
La propuesta reposa en la confianza en la técnica y el conocimiento experto para la resolución de los conflictos por los bosques nativos en Salta, y como modo de dar mayor legitimidad al proceso. Más allá de sus fortalezas, no dejaron de alzarse voces que expresan su preocupación. En concreto, respecto de los horizontes temporales para la actualización, que entran en contradicción con la participación en el "interior profundo" de la provincia por parte de poblaciones que tienen otras temporalidades y formas de participación, y donde también se pone en juego el problema de la traducción (tanto lingüística como técnica). Desde Greenpeace se anticiparon críticas a la zonificación flexible, por abrir la posibilidad a recategorizaciones y por considerar excesiva la superficie asignada a la categoría verde.
Si bien el nuevo mapa reduce la superficie destinada a cambios en el uso del suelo con relación a la cartografía vigente, lo cierto es que desde el año 2007 la provincia de Salta ya perdió 1.000.000 hectáreas de bosques, tanto de manera legal como ilegal. En el transcurso de los debates por el nuevo ordenamiento se hicieron públicas convocatorias a audiencias para solicitudes de desmonte. Esto revitalizó los debates respecto de si era posible continuar emitiendo autorizaciones mientras se discutía el nuevo mapa del OTBN.
Tras meses de dilaciones y en un clima de crecientes críticas, hacia fines de 2024 el Ejecutivo provincial presentó el proyecto de ley, vaticinando un "proyecto reparador" de los errores históricos cometidos. Las cámaras de Diputados y Senadores debatieron el proyecto y lo aprobaron en menos de diez días (el 19 de diciembre pasado). No tardaron en hacerse presentes las declaraciones por parte de organizaciones de la sociedad civil. Las mismas alertaron sobre inconsistencias legales, técnicas y procedimentales "que podrían desencadenar un retroceso significativo en la protección ambiental".
Además de señalar la falta de participación efectiva, intercultural y bilingüe, buena parte de las críticas recae sobre la introducción de la categoría transitoria (en amarillo oscuro con un punto verde en la cartografía aprobada). Dicha categoría no está contemplada en la ley nacional ni provincial vigentes. Y abre la incertidumbre sobre cómo se definirá la ubicación de las zonas en las que podrá desmontarse. En tanto, la autoridad de aplicación cuenta con 120 días desde la promulgación de la norma para definir estos procedimientos. Esto cobra mayor criticidad en el caso de los territorios indígenas, que históricamente no cuentan con la titularidad de las tierras que habitan y tampoco con recursos para afrontar posibles causas judiciales en defensa de sus espacios de vida.
*Investigadora del Conicet. Compiladora del libro «Bosques en disputa».
Fuente: Agencia Tierra Viva
Por Mariana Schmidt*
A más de quince años de la primera sanción de la Ley 7543 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) en Salta, y con diez años de retraso según lo previsto en la ley nacional, la provincia aprobó la actualización de la normativa que tiene como objetivo la conservación y aprovechamiento sostenible del monte nativo. El nuevo mapa, sancionado en diciembre, habilita la deforestación de 700.000 hectáreas. El proceso volvió a poner de relieve las posiciones en conflicto entre los distintos actores y organizaciones que disputan por la zonificación de las áreas de conservación y producción en una provincia signada por la deforestación, la crisis hídrica y la emergencia sociosanitaria.
Salta fue uno de los principales focos de conflicto por el avance sin precedentes de la deforestación desde inicios del siglo XX. Los años en los que se debatió y sancionó la Ley Nacional 26.331 de Bosques Nativos no fueron la excepción. Fue la primera jurisdicción en dar inicio a su proceso de OTBN, plasmado en la Ley 7543 (sancionada en 2008 y reglamentada en 2009). Pero esto no supuso el cierre de las disputas en torno al destino de los bosques salteños sino la apertura de nuevas controversias. Tras arduas negociaciones e instancias de judicialización mediante, aquel OTBN asignó 1.294.778 hectáreas a a la mayor categoría de conservación (rojo), 5.393.018 a la de mediana conservación (amarillo) y 1.592.399 a las superficies boscosas susceptibles de ser desmontadas (verde).
Desde entonces, la pérdida y degradación de la superficie boscosa no se detuvo. Según datos oficiales del organismo ambiental nacional, desde 1998 al 2022 se perdieron más de 1.500.000 hectáreas en Salta. De ese total, casi la mitad fueron deforestadas en vigencia de la Ley 26.331. Las estimaciones agrícolas muestran que en el período 1990/90-2022/23, la superficie cultivada total aumentó un 403 por ciento, en gran medida a expensas de los bosques.
A contrapelo de las promesas de actores políticos y económicos que auguraban la llegada del progreso y el desarrollo regional a manos del agronegocio, los indicadores de pobreza y necesidades básicas insatisfechas en los principales departamentos agrícolas siguen siendo alarmantes y la conflictividad en territorios indígenas y campesinos se hace cada vez más vigente.
Si bien se atravesaron numerosas etapas para arribar a la confección de un mapa consensuado con el aporte de saberes expertos, los resultados son abiertos. Más aun, cuando en la agenda nacional predominan el negacionismo, la desregulación y el desfinanciamiento del control, monitoreo y gestión de los bienes naturales.
La disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y la reciente derogación del decreto que prorrogaba la Ley 26.160 de emergencia de la propiedad indígena son decisiones que auguran un panorama sombrío para el futuro de la ley nacional y de los OTBN provinciales.
Mientras tanto, los procesos de negociación para la actualización de los OTBN siguen vigentes en el marco de disputas judiciales, políticas y económicas. Tal proceso se dio de igual manera este año en Chaco, donde las familias campesinas e indígenas se encuentran entre las principales afectadas. Esto revela las consecuencias de largo aliento de un modelo de desarrollo provincial que no resuelve -y profundiza- la situación de pobreza estructural de la gran mayoría de su población, privada del acceso a los bienes comunes y a las políticas de salud. Mientras tanto, los desmontes, los desalojos, las fumigaciones con agrotóxicos y los incendios forestales no cesan en territorio salteño.
Hacia un nuevo ordenamiento de bosques nativos
La primera actualización del OTBN debió haberse realizado a cinco años de su sanción inicial, de acuerdo con la reglamentación de la Ley 26.331. Si bien desde entonces se dieron sucesivos intentos para su revisión, nunca prosperaron. No fue sino hasta la actual gobernación de Gustavo Sáenz que el proceso volvió a cobrar nuevo impulso. A partir de ciertos acuerdos políticos y metodológicos, se dio inicio a la revisión del OTBN. No sin conflictos, se canalizó institucionalmente a través de mesas técnicas, talleres y reuniones.
En abril de 2022 tuvo lugar un taller donde funcionarios y técnicos del organismo ambiental presentaron la propuesta de revisión del Ordenamiento Territorial (OTBN). E informaron los plazos y mecanismos previstos para arribar a una nueva zonificación a través de un proceso "participativo, inclusivo y vinculante". La propuesta surgió a instancias de la Mesa Técnica de expertos, conformada por integrantes de instituciones académicas y de investigación. Fueron quienes impulsaron la incorporación de herramientas metodológicas para el proceso participativo y la consideración de distintas visiones en torno al OTBN.
En octubre de 2023 se llevó a cabo la última reunión del Consejo Asesor de OTBN en la sede del gobierno provincial en la ciudad de Salta. A partir de la conformación de diferentes mesas de trabajo, donde los representantes de las distintas organizaciones participantes debían consensuar mapas de zonificación, quedaron conformados cuatro mapas. Desde el organismo ambiental se destacó el proceso como "inédito en el país por su nivel de participación, su transparencia y su rigor científico".
La información surgida fue analizada a partir del método de evaluación multicriterio. El mapa que sintetizó las posiciones de los distintos grupos fue presentado hacia fin de ese año. El Informe Final del Equipo Técnico establece un total de 1.278.221 hectáreas zonificadas en la categoría roja, 5.539.750 en amarillo y 721.568 ha en verde. Pero en el nuevo mapa, las áreas verdes no tienen una ubicación geográfica definida, sino que está previsto que se distribuyan al interior de una categoría transitoria denominada "Área de Producción y Conservación".
En concreto, el amarillo se divide entre una zona "estricta" (3.247.625 hectáreas) y otra "potencial" (2.292.125 hectáreas). Esto quiere decir que se puede transformar a verde siempre y cuando no aumente la superficie efectivamente otorgada a esa categoría. Es decir, que no estaría asociada a una ubicación determinada.
Un ordenamiento territorial sin las voces de los territorios
La propuesta reposa en la confianza en la técnica y el conocimiento experto para la resolución de los conflictos por los bosques nativos en Salta, y como modo de dar mayor legitimidad al proceso. Más allá de sus fortalezas, no dejaron de alzarse voces que expresan su preocupación. En concreto, respecto de los horizontes temporales para la actualización, que entran en contradicción con la participación en el "interior profundo" de la provincia por parte de poblaciones que tienen otras temporalidades y formas de participación, y donde también se pone en juego el problema de la traducción (tanto lingüística como técnica). Desde Greenpeace se anticiparon críticas a la zonificación flexible, por abrir la posibilidad a recategorizaciones y por considerar excesiva la superficie asignada a la categoría verde.
Si bien el nuevo mapa reduce la superficie destinada a cambios en el uso del suelo con relación a la cartografía vigente, lo cierto es que desde el año 2007 la provincia de Salta ya perdió 1.000.000 hectáreas de bosques, tanto de manera legal como ilegal. En el transcurso de los debates por el nuevo ordenamiento se hicieron públicas convocatorias a audiencias para solicitudes de desmonte. Esto revitalizó los debates respecto de si era posible continuar emitiendo autorizaciones mientras se discutía el nuevo mapa del OTBN.
Tras meses de dilaciones y en un clima de crecientes críticas, hacia fines de 2024 el Ejecutivo provincial presentó el proyecto de ley, vaticinando un "proyecto reparador" de los errores históricos cometidos. Las cámaras de Diputados y Senadores debatieron el proyecto y lo aprobaron en menos de diez días (el 19 de diciembre pasado). No tardaron en hacerse presentes las declaraciones por parte de organizaciones de la sociedad civil. Las mismas alertaron sobre inconsistencias legales, técnicas y procedimentales "que podrían desencadenar un retroceso significativo en la protección ambiental".
Además de señalar la falta de participación efectiva, intercultural y bilingüe, buena parte de las críticas recae sobre la introducción de la categoría transitoria (en amarillo oscuro con un punto verde en la cartografía aprobada). Dicha categoría no está contemplada en la ley nacional ni provincial vigentes. Y abre la incertidumbre sobre cómo se definirá la ubicación de las zonas en las que podrá desmontarse. En tanto, la autoridad de aplicación cuenta con 120 días desde la promulgación de la norma para definir estos procedimientos. Esto cobra mayor criticidad en el caso de los territorios indígenas, que históricamente no cuentan con la titularidad de las tierras que habitan y tampoco con recursos para afrontar posibles causas judiciales en defensa de sus espacios de vida.
*Investigadora del Conicet. Compiladora del libro «Bosques en disputa».
Fuente: Agencia Tierra Viva
