Universidades: La lucha por el presupuesto y salarios se reabre contra Milei en un 2025 calientePor Emilia Racciatti
En las calles, el movimiento estudiantil fue el único que logró hacer mella en el primer año del gobierno de Javier Milei. Con incertidumbre por los gastos de funcionamiento y sin acuerdos paritarios, las autoridades de universidades públicas de todo el país se preparan en 2025 para ir a golpear la puerta de Alejandro Álvarez, subsecretario de políticas universitarias.
Para quienes conducen las cerca de 70 universidades de todo el país, llegar a diciembre con las instituciones abiertas y en funcionamiento resultó ser un logro porque, antes de la masiva marcha del 24 de abril que puso en jaque la motosierra libertaria, las condiciones para garantizar la cursada no estaban garantizadas.
Esa movilización logró sumar a más de un millón de personas en distintas provincias y dejó la promesa presidencial de que no se iban a arancelar las universidades; mientras que los interlocutores del ministerio devenido en secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, garantizaban los fondos para el funcionamiento de las casas de estudios.
El reparto generó una diferencia al interior del sector, porque la Universidad de Buenos Aires (UBA) recibió un aumento del 270% antes que el resto de las instituciones que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Después la situación conflictiva se concentró en los salarios que sufrieron un deterioro del 40% en relación a la inflación acumulada y produjo una segunda marcha en octubre. La respuesta de la Casa Rosada fue un aumento del 5,8% en los sueldos y un incremento de la garantía salarial.
Ya que el gobierno libertario tiene paralizadas las instancias de negociación colectiva, al otorgar incrementos salariales en forma arbitraria y unilateral, esta Garantía Salarial Docente (que se define en la paritaria nacional) estuvo congelada todo el año, afectando principalmente las categorías más bajas.
El interlocutor con diálogo directo con Javier Milei
La segunda marcha nacional universitaria de octubre tuvo un acto de cierre en la plaza de Congreso durante la tarde, pero un epílogo televisivo esa misma noche en los estudios del canal de noticias Todo Noticias. Debatieron en vivo el vicerrector de la UBA y exdiputado por Evolución Radical, Emiliano Yacobitti, y el subsecretario Álvarez. En un tono chicanero, la discusión duró poco más de una hora.
Entre rectoras y rectores activos integrantes del CIN, la presencia de Yacobitti como vocero del sector generó malestar. No todos estaban de acuerdo con ese debate y tampoco con que fuera él el único representante. En su entorno se limitar a explican que la producción lo invitó a participar y que no dudó en asistir.
Álvarez, por su parte, usó ese aire televisivo para terminar de consolidar su lugar como interlocutor directo con el Presidente. El dirigente, que viene del peronismo y se presentó como un cruzado contra el funcionamiento del sistema universitario, será en 2025 otra vez el rostro de un modelo de ajuste que tendrá nuevamente un presupuesto prorrogado.
Lo que viene
Rectoras y rectores acordaron en su plenario del CIN un pedido de $7,2 billones para garantizar el funcionamiento en 2025, pero en el proyecto de Presupuesto que no se llegó a tratar en las sesiones ordinarias por falta de acuerdos, el Gobierno estableció que sería poco más de la mitad: 3,8 billones de pesos.
Se trata de una diferencia abismal que deja abierta la incógnita del porcentaje de esos fondos totales se destinarán para los primeros meses de 2025. Estos $3,4 billones entre lo reclamado y lo presupuestado por Milei, abre una escenario de inevitable conflicto que estallará más temprano que tarde en el cronograma anual. Con la intención de no paralizar el inicio de clases, la estrategia universitaria es volver a generar instancias de diálogo con Álvarez.
Con la paralización de obras en algunos casos, y menor oferta académica en otros, las instituciones van sorteando el día a día, pero no descartan volver a discutir en el Congreso una nueva ley de financiamiento universitario. La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA avanza en una propuesta, bajo la idea de que el Congreso convoque a una consulta popular vinculante para que sea la voluntad popular la que defina la aplicación de esa norma. La iniciativa fue aprobada en el consejo directivo.
Con este escenario, sigue activo el Frente Sindical de Universidades Nacionales en la que confluyen todos los gremios que representan a los docentes y no docentes y se consolida la mesa compartida también con rectores y rectoras y dirigentes de las federaciones estudiantiles. Este armado tripartito tiene como objetivo en 2025 garantizar las condiciones para que las universidades sigan abiertas, pero también que haya una recomposición salarial para sus trabajadores y trabajadoras.
Fuente: Letra P
Por Emilia Racciatti
En las calles, el movimiento estudiantil fue el único que logró hacer mella en el primer año del gobierno de Javier Milei. Con incertidumbre por los gastos de funcionamiento y sin acuerdos paritarios, las autoridades de universidades públicas de todo el país se preparan en 2025 para ir a golpear la puerta de Alejandro Álvarez, subsecretario de políticas universitarias.
Para quienes conducen las cerca de 70 universidades de todo el país, llegar a diciembre con las instituciones abiertas y en funcionamiento resultó ser un logro porque, antes de la masiva marcha del 24 de abril que puso en jaque la motosierra libertaria, las condiciones para garantizar la cursada no estaban garantizadas.
Esa movilización logró sumar a más de un millón de personas en distintas provincias y dejó la promesa presidencial de que no se iban a arancelar las universidades; mientras que los interlocutores del ministerio devenido en secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, garantizaban los fondos para el funcionamiento de las casas de estudios.
El reparto generó una diferencia al interior del sector, porque la Universidad de Buenos Aires (UBA) recibió un aumento del 270% antes que el resto de las instituciones que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Después la situación conflictiva se concentró en los salarios que sufrieron un deterioro del 40% en relación a la inflación acumulada y produjo una segunda marcha en octubre. La respuesta de la Casa Rosada fue un aumento del 5,8% en los sueldos y un incremento de la garantía salarial.
Ya que el gobierno libertario tiene paralizadas las instancias de negociación colectiva, al otorgar incrementos salariales en forma arbitraria y unilateral, esta Garantía Salarial Docente (que se define en la paritaria nacional) estuvo congelada todo el año, afectando principalmente las categorías más bajas.
El interlocutor con diálogo directo con Javier Milei
La segunda marcha nacional universitaria de octubre tuvo un acto de cierre en la plaza de Congreso durante la tarde, pero un epílogo televisivo esa misma noche en los estudios del canal de noticias Todo Noticias. Debatieron en vivo el vicerrector de la UBA y exdiputado por Evolución Radical, Emiliano Yacobitti, y el subsecretario Álvarez. En un tono chicanero, la discusión duró poco más de una hora.
Entre rectoras y rectores activos integrantes del CIN, la presencia de Yacobitti como vocero del sector generó malestar. No todos estaban de acuerdo con ese debate y tampoco con que fuera él el único representante. En su entorno se limitar a explican que la producción lo invitó a participar y que no dudó en asistir.
Álvarez, por su parte, usó ese aire televisivo para terminar de consolidar su lugar como interlocutor directo con el Presidente. El dirigente, que viene del peronismo y se presentó como un cruzado contra el funcionamiento del sistema universitario, será en 2025 otra vez el rostro de un modelo de ajuste que tendrá nuevamente un presupuesto prorrogado.
Lo que viene
Rectoras y rectores acordaron en su plenario del CIN un pedido de $7,2 billones para garantizar el funcionamiento en 2025, pero en el proyecto de Presupuesto que no se llegó a tratar en las sesiones ordinarias por falta de acuerdos, el Gobierno estableció que sería poco más de la mitad: 3,8 billones de pesos.
Se trata de una diferencia abismal que deja abierta la incógnita del porcentaje de esos fondos totales se destinarán para los primeros meses de 2025. Estos $3,4 billones entre lo reclamado y lo presupuestado por Milei, abre una escenario de inevitable conflicto que estallará más temprano que tarde en el cronograma anual. Con la intención de no paralizar el inicio de clases, la estrategia universitaria es volver a generar instancias de diálogo con Álvarez.
Con la paralización de obras en algunos casos, y menor oferta académica en otros, las instituciones van sorteando el día a día, pero no descartan volver a discutir en el Congreso una nueva ley de financiamiento universitario. La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA avanza en una propuesta, bajo la idea de que el Congreso convoque a una consulta popular vinculante para que sea la voluntad popular la que defina la aplicación de esa norma. La iniciativa fue aprobada en el consejo directivo.
Con este escenario, sigue activo el Frente Sindical de Universidades Nacionales en la que confluyen todos los gremios que representan a los docentes y no docentes y se consolida la mesa compartida también con rectores y rectoras y dirigentes de las federaciones estudiantiles. Este armado tripartito tiene como objetivo en 2025 garantizar las condiciones para que las universidades sigan abiertas, pero también que haya una recomposición salarial para sus trabajadores y trabajadoras.
Fuente: Letra P
