Hay presión para devaluarPor Julio Gambina
Sobre el fin de año, el gobierno sacó pecho con datos de recuperación económica, especialmente derivados de la expansión del sector agro exportador, la minería y la energía. Esos sectores compensaban la caída de otros ámbitos, muy importantes en materia de empleo e ingresos de la población, caso de la industria manufacturera, la construcción o el comercio, entre otros.
La expansión expresada por la ecuación macroeconómica, pequeña aun, era la pauta de lo que se viene para 2025, con un pronóstico de crecimiento anual del orden del 4 al 5%.
Con ese discurso, sustentado en datos de consultoras privadas que afirman el mantenimiento del consenso mayoritario, el gobierno confirmó la prórroga del presupuesto del 2023 para el 2025.
Se asegura la continuidad de la discrecionalidad en el manejo presupuestario, clave del superávit fiscal del 2024.
Hay que consignar que el presupuesto vigente fue elaborado con premisas a futuro en 2022, y quedó desactualizado con la inflación del 2023 y del 2024.
El congelamiento de la pauta presupuestaria es funcional al ajuste fiscal.
Con esa lectura es que el gobierno mantiene el bono para jubilados de la mínima, sin actualización, sosteniendo la lógica de privilegiar el ajuste con ingresos previsionales.
Por si fuera poco, el año se inicia con incremento de combustible, que como sabemos, impacta en el conjunto de los precios de la economía.
La lógica es entonces, profundizar la "motosierra" y la "licuadora", asegurando la política de superávit fiscal para 2025.
El que no llora no mama
Sorpresivamente apareció la suspensión de pagos de grandes empresas del sector más dinámico de la economía, las del complejo sojero de exportación.
Especialmente, "Los Grobo", que anunciaron a la Comisión Nacional de Valores, CNV, que no harían frente a un vencimiento por 100.000 dólares, ni a otros por un total de 10 millones de dólares en "pagarés bursátiles" con vencimientos hasta marzo de 2025. Argumentan problemas "temporales de liquidez".
Se armó la discusión a partir de esta situación que involucró a otras empresas proveedoras de insumos para la actividad de mayor rentabilidad económica de los últimos años.
Es interesante el debate. Y especialmente en dónde poner el acento sobre los problemas de la economía argentina y de los impactos sociales que supone.
Desde el sector concentrado del agro-negocio se sostiene que hay problemas locales y globales.
Entre los globales se alude a la baja del precio internacional, de más de 600 dólares la tonelada a la mitad, aproximadamente en el último lustro, asociado a un incremento de la producción mundial, especialmente de los principales productores y exportadores, competidores del país: EEUU y Brasil.
A ello agregan problemas locales, en relación a que se mantienen elevadas las retenciones y, además, se contiene el tipo de cambio, apreciando la moneda local.
Lo que razonan y demandan es: como baja el precio internacional, el gobierno debiera bajar las retenciones para mejorar la rentabilidad de este sector concentrado de la economía. Además, y por si esto fuera poco, una devaluación, para mejorar el precio de venta de las exportaciones en la que se sustenta el agro-negocio de exportación del complejo oleaginoso.
El gobierno responde que es un problema de las empresas, que acumularon stock a precios elevados en un cálculo erróneo de nuevas y sucesivas devaluaciones luego de la grande operada en diciembre del 2023. Aseguran que fue una "errónea decisión" de las empresas y, por lo tanto, deberán asumir el costo.
Ante el problema de estas empresas, el lobby de grandes exportadores demanda la baja de retenciones y la devaluación monetaria, instalando el mensaje de baja rentabilidad de la actividad.
Lo curioso es que se escuchan también voces del espacio "progre" que hablan de "atraso cambiario" y por ende, se suman al club de la devaluación, que siempre perjudica a la población de ingresos fijos y bajos.
Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿a cuál sector social debe orientarse la política pública? ¿qué intereses socioeconómicos privilegiar?
Cada cual atiende su juego y desde los sectores de la producción y exportación primario exportadora concentrada se privilegia la baja o quita de retenciones y la corrección del tipo de cambio.
Si se eliminan las retenciones se debilita el equilibrio fiscal y exigirá un mayor ajuste en el gasto social potenciando la afectación de la población empobrecida, tal como ocurrió en este 2024.
La devaluación se traslada a precios y aviva la inflación, un tema central en la política pública para la disputa del consenso social.
Por ello, la demanda social de jubiladas y jubilados, de trabajadoras y trabajadores y del conjunto de la economía y de la sociedad vinculada al proceso económico en el mercado interno debe incrementar su presencia y visibilidad en la disputa por ingresos. El que no llora no mama dice el tango.
Lucha por ingresos y riqueza
El problema es cómo se distribuye la riqueza socialmente generada.
No existe la ecuación de suma cero, por lo que se privilegia una u otra demanda y el debate es quien vence a quien en la disputa del ingreso y de la riqueza.
Hay quienes instalan que el problema es la rentabilidad del capital y asocian las soluciones en sintonía con la demanda del núcleo concentrado del poder económico.
No olvidemos que la salida de la convertibilidad se resolvió con devaluación y que estas no terminaron allí. La devaluación fue y es un mecanismo de ciertos sectores del poder económico, en contra de la mayoría empobrecida y explotada.
Por otro lado, convengamos que, si la devaluación perjudica a los de abajo, la apreciación de la moneda, es decir, el contrario, también perjudica a los de abajo.
Una y otra perjudican a trabajadores y trabajadoras, por lo que hay que ensayar nuevos caminos alternativos y no reiterar propuestas que imaginan algunos sectores para hacer sustentable el capitalismo local.
El principal problema está en revertir las consecuencias del ajuste en ingresos previsionales, salariales y de la mayoría social empobrecida por el ajuste y la regresiva reestructuración en curso.
Más allá de la de la situación de las empresas con problemas, lo real es que la política económica se sustenta en el control e intervención estatal de dos precios relevantes de la actividad económica: los salarios y el tipo de cambio.
El gobierno ultra liberal interviene para bajar salarios y apreciar la moneda local y contener la suba de precios, la inflación, y así lograr consenso político a su proyecto estratégico de cambio regresivo de la estructura de relaciones socioeconómicas en el país.
No hay que someterse al chantaje por la rentabilidad del capital, ni a la dinámica discursiva del libre mercado cuando el estado interviene a favor del capital, las ganancias, la acumulación y la dominación.
El desafío es por constituir un consenso político mayoritario para un modelo productivo y de desarrollo que atienda las necesidades de la mayoría de la sociedad, única posibilidad para hacer posible que la demanda social se imponga a la del poder concentrado. Ello supone una política de acumulación de poder popular en contra del régimen del capital.
Fuente: Tramas
Por Julio Gambina
Sobre el fin de año, el gobierno sacó pecho con datos de recuperación económica, especialmente derivados de la expansión del sector agro exportador, la minería y la energía. Esos sectores compensaban la caída de otros ámbitos, muy importantes en materia de empleo e ingresos de la población, caso de la industria manufacturera, la construcción o el comercio, entre otros.
La expansión expresada por la ecuación macroeconómica, pequeña aun, era la pauta de lo que se viene para 2025, con un pronóstico de crecimiento anual del orden del 4 al 5%.
Con ese discurso, sustentado en datos de consultoras privadas que afirman el mantenimiento del consenso mayoritario, el gobierno confirmó la prórroga del presupuesto del 2023 para el 2025.
Se asegura la continuidad de la discrecionalidad en el manejo presupuestario, clave del superávit fiscal del 2024.
Hay que consignar que el presupuesto vigente fue elaborado con premisas a futuro en 2022, y quedó desactualizado con la inflación del 2023 y del 2024.
El congelamiento de la pauta presupuestaria es funcional al ajuste fiscal.
Con esa lectura es que el gobierno mantiene el bono para jubilados de la mínima, sin actualización, sosteniendo la lógica de privilegiar el ajuste con ingresos previsionales.
Por si fuera poco, el año se inicia con incremento de combustible, que como sabemos, impacta en el conjunto de los precios de la economía.
La lógica es entonces, profundizar la "motosierra" y la "licuadora", asegurando la política de superávit fiscal para 2025.
El que no llora no mama
Sorpresivamente apareció la suspensión de pagos de grandes empresas del sector más dinámico de la economía, las del complejo sojero de exportación.
Especialmente, "Los Grobo", que anunciaron a la Comisión Nacional de Valores, CNV, que no harían frente a un vencimiento por 100.000 dólares, ni a otros por un total de 10 millones de dólares en "pagarés bursátiles" con vencimientos hasta marzo de 2025. Argumentan problemas "temporales de liquidez".
Se armó la discusión a partir de esta situación que involucró a otras empresas proveedoras de insumos para la actividad de mayor rentabilidad económica de los últimos años.
Es interesante el debate. Y especialmente en dónde poner el acento sobre los problemas de la economía argentina y de los impactos sociales que supone.
Desde el sector concentrado del agro-negocio se sostiene que hay problemas locales y globales.
Entre los globales se alude a la baja del precio internacional, de más de 600 dólares la tonelada a la mitad, aproximadamente en el último lustro, asociado a un incremento de la producción mundial, especialmente de los principales productores y exportadores, competidores del país: EEUU y Brasil.
A ello agregan problemas locales, en relación a que se mantienen elevadas las retenciones y, además, se contiene el tipo de cambio, apreciando la moneda local.
Lo que razonan y demandan es: como baja el precio internacional, el gobierno debiera bajar las retenciones para mejorar la rentabilidad de este sector concentrado de la economía. Además, y por si esto fuera poco, una devaluación, para mejorar el precio de venta de las exportaciones en la que se sustenta el agro-negocio de exportación del complejo oleaginoso.
El gobierno responde que es un problema de las empresas, que acumularon stock a precios elevados en un cálculo erróneo de nuevas y sucesivas devaluaciones luego de la grande operada en diciembre del 2023. Aseguran que fue una "errónea decisión" de las empresas y, por lo tanto, deberán asumir el costo.
Ante el problema de estas empresas, el lobby de grandes exportadores demanda la baja de retenciones y la devaluación monetaria, instalando el mensaje de baja rentabilidad de la actividad.
Lo curioso es que se escuchan también voces del espacio "progre" que hablan de "atraso cambiario" y por ende, se suman al club de la devaluación, que siempre perjudica a la población de ingresos fijos y bajos.
Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿a cuál sector social debe orientarse la política pública? ¿qué intereses socioeconómicos privilegiar?
Cada cual atiende su juego y desde los sectores de la producción y exportación primario exportadora concentrada se privilegia la baja o quita de retenciones y la corrección del tipo de cambio.
Si se eliminan las retenciones se debilita el equilibrio fiscal y exigirá un mayor ajuste en el gasto social potenciando la afectación de la población empobrecida, tal como ocurrió en este 2024.
La devaluación se traslada a precios y aviva la inflación, un tema central en la política pública para la disputa del consenso social.
Por ello, la demanda social de jubiladas y jubilados, de trabajadoras y trabajadores y del conjunto de la economía y de la sociedad vinculada al proceso económico en el mercado interno debe incrementar su presencia y visibilidad en la disputa por ingresos. El que no llora no mama dice el tango.
Lucha por ingresos y riqueza
El problema es cómo se distribuye la riqueza socialmente generada.
No existe la ecuación de suma cero, por lo que se privilegia una u otra demanda y el debate es quien vence a quien en la disputa del ingreso y de la riqueza.
Hay quienes instalan que el problema es la rentabilidad del capital y asocian las soluciones en sintonía con la demanda del núcleo concentrado del poder económico.
No olvidemos que la salida de la convertibilidad se resolvió con devaluación y que estas no terminaron allí. La devaluación fue y es un mecanismo de ciertos sectores del poder económico, en contra de la mayoría empobrecida y explotada.
Por otro lado, convengamos que, si la devaluación perjudica a los de abajo, la apreciación de la moneda, es decir, el contrario, también perjudica a los de abajo.
Una y otra perjudican a trabajadores y trabajadoras, por lo que hay que ensayar nuevos caminos alternativos y no reiterar propuestas que imaginan algunos sectores para hacer sustentable el capitalismo local.
El principal problema está en revertir las consecuencias del ajuste en ingresos previsionales, salariales y de la mayoría social empobrecida por el ajuste y la regresiva reestructuración en curso.
Más allá de la de la situación de las empresas con problemas, lo real es que la política económica se sustenta en el control e intervención estatal de dos precios relevantes de la actividad económica: los salarios y el tipo de cambio.
El gobierno ultra liberal interviene para bajar salarios y apreciar la moneda local y contener la suba de precios, la inflación, y así lograr consenso político a su proyecto estratégico de cambio regresivo de la estructura de relaciones socioeconómicas en el país.
No hay que someterse al chantaje por la rentabilidad del capital, ni a la dinámica discursiva del libre mercado cuando el estado interviene a favor del capital, las ganancias, la acumulación y la dominación.
El desafío es por constituir un consenso político mayoritario para un modelo productivo y de desarrollo que atienda las necesidades de la mayoría de la sociedad, única posibilidad para hacer posible que la demanda social se imponga a la del poder concentrado. Ello supone una política de acumulación de poder popular en contra del régimen del capital.
Fuente: Tramas
