Feudalismo patagónico: Estancieros de Tierra del Fuego ponen alambrados para impedir el libre acceso al marPor Susana Lara
Atlántico en Tierra del Fuego padecen el abuso de los propietarios de tierras junto a la costa que avanzan con alambrados y zanjas sobre el espacio público. En las últimas semanas, lxs pescadorxs volvieron a reclamar a las autoridades provinciales el cumplimiento de la legislación vigente que garantiza una servidumbre de uso costero. En la primera quincena de enero se encontrarán nuevamente con funcionarios públicos, quienes, en una reunión realizada el 21 de diciembre pasado, asumieron la responsabilidad de plantear a los estancieros el cumplimiento voluntario del libre acceso a la costa. Estos trabajadores vuelcan la totalidad de la captura fresca al mercado local, tanto al circuito gastronómico como para las familias consumidoras que ya tienen su proveedor habitual.
El cierre de fuentes de trabajo industrial volcó más gente a la pesca el último tiempo, precisó Silvia Nieva, presidenta de la asociación civil de pescadores Mirando al Mar, espacio organizativo que está en proceso de fortalecimiento y ampliación, a la par que se sostiene el reclamo al gobierno por el libre acceso a las costas.
La Ley N.º 244 de Pesca prevé con total claridad en su artículo 19 que "a los efectos de acceder a la costa marítima con fines de pesca, las rutas nacionales, provinciales, municipales y de servicios existentes o futuros se consideran pasos obligatorios. En lugares donde no existen rutas de las enumeradas en el párrafo anterior en una distancia no mayor de tres kilómetros, los predios ribereños al mar quedan sometidos a servidumbre de tránsito a efectos de permitir el acceso a la costa con fines de pesca". Para esto fija "una servidumbre de paso de cincuenta metros de ancho a partir de las más altas mareas hacia tierra, salvo casos excepcionales donde la topografía lo justifique", en donde será mayor. Aunque esta ley está vigente desde 1995, es sistemática y masiva la negación a esa servidumbre de paso, y esto que afecta a decenas de familias en toda la isla.
Andrés Lechman es uno de los casos denunciados públicamente por lxs pescadores, ya que colocó postes y alambrados desde el puente del río Laines hasta el mar, obstruyendo completamente el acceso. Si bien lxs pescadorx artesanales no tienen una organización única, en esta oportunidad están "todos unidos por el artículo 19 de la ley 244", como sintetiza Orlando Genes, que trabaja en la pesca con su familia desde hace 18 años en caleta San Pablo, a unos 200 kilómetros al este de Usuahia, la capital provincial. Hace unos días participó de una reunión oficial, aunque no tiene demasiadas expectativas de que finalmente los estancieros cumplan la ley. "Es histórico esto. Todos los años lo mismo", explica Genes.
A diferencia de otras prácticas artesanales, en este caso no usan embarcaciones de ningún tipo ni tamaño. Sólo sus propias fuerzas, las redes y los movimientos en armonía con el oleaje. Durante la marea baja colocan las redes; durante la alta esperan que los peces queden atrapados; en la bajante retiran la captura. El ciclo es rutinario y, a la vez, único e irrepetible. Todo el año esperando los cardúmenes, que según la especie tienen su estacionalidad. Ahora, por ejemplo, es la época del róbalo hasta marzo, que para el invierno se aleja a aguas más cálidas.
Linajes
Orlando (61 años) nació en Formosa, viene de familia de pescadores; aprendió el oficio de chico en el río Bermejo. Ya en Tierra del Fuego, tuvo otros trabajos hasta que regresó a la infancia. Desde hace una década está totalmente dedicado a la pesca en San Pablo con Liliana, su esposa, y sus hijos de 29 y 33 años. La actividad es toda la semana completa, sin horarios fijos: son los que determinan las mareas. Tiran redes en una marea; recogen en la otra.
En ese sector el conflicto es con los propietarios de las estancias La Pirinaica, La fueguina y María Luisa, entre otras. Los privados alambran, hacen zanjas obstaculizando el libre acceso a la costa. En ocasiones hubo ataques anónimos a los vehículos y amenazas. Igualmente pasan a pescar, pero les implica mayor esfuerzo, mayor distancia de caminata cargando todo el equipo y el regreso con la pesca. A los alambrados los pasan por arriba, confirma, ya que es ilegal. "La playa la recorremos en cuatriciclo. Cuando encontramos las zanjas buscamos alternativa", detalla el pescador.
Pescan róbalo, pejerrey, cazón, palometa; el salmón es el más valorado en la comercialización, según la experiencia de Orlando. Venden directo al consumidor en Río Grande y Tolhuin. La captura de la centolla tiene actores y procesos diferentes, aclara.
Linajes II
Silvia Nievas (53 años) vive en Río Grande, más al norte. En su zona son más de cien pescadores con permiso de pesca comercial otorgado por la autoridad provincial. El canon por ese permiso en octubre tenía un costo de 43.000 pesos. Aumentó todos los meses hasta llegar a los 120.000 pesos en diciembre.
Silvia aprendió el oficio de su esposo, quien ahora se dedica a otra actividad económica. Ella trabajaba en una empresa que cerró hace diez años. Así se volcó a la pesca a tiempo completo, acompañada por sus tres hijas. La mayor, de 23 años, estudia ciencias naturales. Rayén (13 años) ya hizo dos cursos sobre cómo cabalgar redes, mientras sigue con sus estudios de nivel medio. La menor, de diez años, también es del grupo.
"Nuestro trabajo depende de las mareas. Nos guiamos por la tabla de mareas". Con gran pasión explica en detalle la rutina de trabajo, las diferencias en las redes, las técnicas del fileteado. El testeo diario para pulsar cómo viene la pesca de la jornada. A las exigencias propias de la actividad, absolutamente regidas por la naturaleza, se suman las ejercidas por el poder económico, protegidas por la política criolla. La lista de ataques intimidatorios incluye carpas quemadas, toros largados sobre la costa, tranqueras de acceso libre cerradas con candado, zanjones de un metro de profundidad por 70 de largo, puntales de madera clavados en el suelo para impedir el tránsito con los cuatriciclos, alambres de púas, botellas de vidrio con las puntas hacia arriba. "Para qué denunciar", reflexiona la mujer.
Les consta que al menos en un caso se usó una máquina topadora de Vialidad provincial para hacer una zanja ilegal con el fin de impedir el acceso a la costa junto a la estancia María Luisa, en San Pablo. En ocasiones alambran y las mareas socavan hasta ese alambrado, por lo que se quedan sin espacio para trabajar.
Pescan todo el año, aunque en invierno afloja un poco. Prohibieron hacer fuego en los campamentos de trabajo porque supuestamente corren riesgo de incendio los pastizales de las estancias. Cualquier incendio es atribuido a los pescadores, un clásico de la política local. La gente pasa mucho frío. Un muchacho sufrió hipotermia. Con el costo del combustible, no está para ir y volver todos los días, por lo que la gente acampa en el lugar de pesca, pero sin poder hacer fuego ni para cocinar ni para calentarse.
Silvia parece un poco más esperanzada en esta ronda de negociaciones con el gobierno porque los privados jamás se prestaron al diálogo. Nació en Catamarca, lo que se le nota en la tonada. Sus tres hijas nacieron en la isla y garantizan el recambio generacional.
La costa Atlántica es un espacio territorial prácticamente ausente en la cultura política criolla, para lo que trabajan día a día los estancieros fueguinos, apropiándose no sólo de la costa, sino de un recurso de alimento sano, ecológicamente sostenible, sin intermediaciones innecesarias y con gente creando sus ingresos económicos con total autonomía.
Fuente: El Cohete a la Luna
Por Susana Lara
Atlántico en Tierra del Fuego padecen el abuso de los propietarios de tierras junto a la costa que avanzan con alambrados y zanjas sobre el espacio público. En las últimas semanas, lxs pescadorxs volvieron a reclamar a las autoridades provinciales el cumplimiento de la legislación vigente que garantiza una servidumbre de uso costero. En la primera quincena de enero se encontrarán nuevamente con funcionarios públicos, quienes, en una reunión realizada el 21 de diciembre pasado, asumieron la responsabilidad de plantear a los estancieros el cumplimiento voluntario del libre acceso a la costa. Estos trabajadores vuelcan la totalidad de la captura fresca al mercado local, tanto al circuito gastronómico como para las familias consumidoras que ya tienen su proveedor habitual.
El cierre de fuentes de trabajo industrial volcó más gente a la pesca el último tiempo, precisó Silvia Nieva, presidenta de la asociación civil de pescadores Mirando al Mar, espacio organizativo que está en proceso de fortalecimiento y ampliación, a la par que se sostiene el reclamo al gobierno por el libre acceso a las costas.
La Ley N.º 244 de Pesca prevé con total claridad en su artículo 19 que "a los efectos de acceder a la costa marítima con fines de pesca, las rutas nacionales, provinciales, municipales y de servicios existentes o futuros se consideran pasos obligatorios. En lugares donde no existen rutas de las enumeradas en el párrafo anterior en una distancia no mayor de tres kilómetros, los predios ribereños al mar quedan sometidos a servidumbre de tránsito a efectos de permitir el acceso a la costa con fines de pesca". Para esto fija "una servidumbre de paso de cincuenta metros de ancho a partir de las más altas mareas hacia tierra, salvo casos excepcionales donde la topografía lo justifique", en donde será mayor. Aunque esta ley está vigente desde 1995, es sistemática y masiva la negación a esa servidumbre de paso, y esto que afecta a decenas de familias en toda la isla.
Andrés Lechman es uno de los casos denunciados públicamente por lxs pescadores, ya que colocó postes y alambrados desde el puente del río Laines hasta el mar, obstruyendo completamente el acceso. Si bien lxs pescadorx artesanales no tienen una organización única, en esta oportunidad están "todos unidos por el artículo 19 de la ley 244", como sintetiza Orlando Genes, que trabaja en la pesca con su familia desde hace 18 años en caleta San Pablo, a unos 200 kilómetros al este de Usuahia, la capital provincial. Hace unos días participó de una reunión oficial, aunque no tiene demasiadas expectativas de que finalmente los estancieros cumplan la ley. "Es histórico esto. Todos los años lo mismo", explica Genes.
A diferencia de otras prácticas artesanales, en este caso no usan embarcaciones de ningún tipo ni tamaño. Sólo sus propias fuerzas, las redes y los movimientos en armonía con el oleaje. Durante la marea baja colocan las redes; durante la alta esperan que los peces queden atrapados; en la bajante retiran la captura. El ciclo es rutinario y, a la vez, único e irrepetible. Todo el año esperando los cardúmenes, que según la especie tienen su estacionalidad. Ahora, por ejemplo, es la época del róbalo hasta marzo, que para el invierno se aleja a aguas más cálidas.
Linajes
Orlando (61 años) nació en Formosa, viene de familia de pescadores; aprendió el oficio de chico en el río Bermejo. Ya en Tierra del Fuego, tuvo otros trabajos hasta que regresó a la infancia. Desde hace una década está totalmente dedicado a la pesca en San Pablo con Liliana, su esposa, y sus hijos de 29 y 33 años. La actividad es toda la semana completa, sin horarios fijos: son los que determinan las mareas. Tiran redes en una marea; recogen en la otra.
En ese sector el conflicto es con los propietarios de las estancias La Pirinaica, La fueguina y María Luisa, entre otras. Los privados alambran, hacen zanjas obstaculizando el libre acceso a la costa. En ocasiones hubo ataques anónimos a los vehículos y amenazas. Igualmente pasan a pescar, pero les implica mayor esfuerzo, mayor distancia de caminata cargando todo el equipo y el regreso con la pesca. A los alambrados los pasan por arriba, confirma, ya que es ilegal. "La playa la recorremos en cuatriciclo. Cuando encontramos las zanjas buscamos alternativa", detalla el pescador.
Pescan róbalo, pejerrey, cazón, palometa; el salmón es el más valorado en la comercialización, según la experiencia de Orlando. Venden directo al consumidor en Río Grande y Tolhuin. La captura de la centolla tiene actores y procesos diferentes, aclara.
Linajes II
Silvia Nievas (53 años) vive en Río Grande, más al norte. En su zona son más de cien pescadores con permiso de pesca comercial otorgado por la autoridad provincial. El canon por ese permiso en octubre tenía un costo de 43.000 pesos. Aumentó todos los meses hasta llegar a los 120.000 pesos en diciembre.
Silvia aprendió el oficio de su esposo, quien ahora se dedica a otra actividad económica. Ella trabajaba en una empresa que cerró hace diez años. Así se volcó a la pesca a tiempo completo, acompañada por sus tres hijas. La mayor, de 23 años, estudia ciencias naturales. Rayén (13 años) ya hizo dos cursos sobre cómo cabalgar redes, mientras sigue con sus estudios de nivel medio. La menor, de diez años, también es del grupo.
"Nuestro trabajo depende de las mareas. Nos guiamos por la tabla de mareas". Con gran pasión explica en detalle la rutina de trabajo, las diferencias en las redes, las técnicas del fileteado. El testeo diario para pulsar cómo viene la pesca de la jornada. A las exigencias propias de la actividad, absolutamente regidas por la naturaleza, se suman las ejercidas por el poder económico, protegidas por la política criolla. La lista de ataques intimidatorios incluye carpas quemadas, toros largados sobre la costa, tranqueras de acceso libre cerradas con candado, zanjones de un metro de profundidad por 70 de largo, puntales de madera clavados en el suelo para impedir el tránsito con los cuatriciclos, alambres de púas, botellas de vidrio con las puntas hacia arriba. "Para qué denunciar", reflexiona la mujer.
Les consta que al menos en un caso se usó una máquina topadora de Vialidad provincial para hacer una zanja ilegal con el fin de impedir el acceso a la costa junto a la estancia María Luisa, en San Pablo. En ocasiones alambran y las mareas socavan hasta ese alambrado, por lo que se quedan sin espacio para trabajar.
Pescan todo el año, aunque en invierno afloja un poco. Prohibieron hacer fuego en los campamentos de trabajo porque supuestamente corren riesgo de incendio los pastizales de las estancias. Cualquier incendio es atribuido a los pescadores, un clásico de la política local. La gente pasa mucho frío. Un muchacho sufrió hipotermia. Con el costo del combustible, no está para ir y volver todos los días, por lo que la gente acampa en el lugar de pesca, pero sin poder hacer fuego ni para cocinar ni para calentarse.
Silvia parece un poco más esperanzada en esta ronda de negociaciones con el gobierno porque los privados jamás se prestaron al diálogo. Nació en Catamarca, lo que se le nota en la tonada. Sus tres hijas nacieron en la isla y garantizan el recambio generacional.
La costa Atlántica es un espacio territorial prácticamente ausente en la cultura política criolla, para lo que trabajan día a día los estancieros fueguinos, apropiándose no sólo de la costa, sino de un recurso de alimento sano, ecológicamente sostenible, sin intermediaciones innecesarias y con gente creando sus ingresos económicos con total autonomía.
Fuente: El Cohete a la Luna
