Adrián Moyano: "El odio anti mapuche es transversal a varias fuerzas políticas"En diálogo con El Extremo Sur, el escritor y periodista Adrián Moyano brindó un panorama sobre la situación de los Pueblos Originarios en Río Negro, en el marco de un escenario de vulnerabilidad generalizado a nivel nacional, sobre todo tras la derogación de la Ley de Emergencia Territorial.
Sin embargo, advierte que en Río Negro el Relevamiento Territorial propuesto por la Ley no se practica desde 2012, y aun cuando estaba en vigencia su aplicación era "muy parcial y arbitraria". También señala que hoy el Gobierno provincial rionegrino "aspira a poner en funcionamiento emprendimientos mineros que afectarían el territorio de unas 12 comunidades en parajes relativamente cercanos a Bariloche", por lo que la ofensiva "arrancó bastante antes que el partido de Milei llegara al poder político".
Más allá de que los Pueblos Originarios vienen sufriendo ataques sistemáticos, ¿creés que durante este año se vio un recrudecimiento de la vulneración de derechos?
Me cuesta periodizar la ofensiva anti mapuche. En Río Negro arrancó antes de que finalice 2023, todavía durante el mandato del Gobierno provincial anterior, cuando con premura extrema se modificaron las legislaciones sobre tierras fiscales y sobre minería. Aunque se trate de un eufemismo, porque las tierras fiscales están ocupadas desde fines del siglo XIX o principios del XX por comunidades mapuche, la reforma precarizó aún más la tenencia de los campos y, por otro lado, favoreció la llegada o consolidación del capitalismo extractivista en sus diversas variantes. Como consecuencia práctica de las innovaciones, el gobierno de Juntos Somos Río Negro (JSRN) aceleró la puesta en marcha del proyecto Calcatreu, que hace unos 20 años intenta explotarse al sur de Ingeniero Jacobacci. Aunque cooptó con éxito a una de las comunidades vecinas del yacimiento, la oposición mapuche es cerrada y se hizo notar en varias oportunidades. Sí fue notable durante 2024 la arremetida simbólica contra los pueblos indígenas en general y el mapuche en particular. El gobierno de Javier Milei reivindicó en varias oportunidades a las figuras de Julio Roca y de Domingo Sarmiento. El primero ideó y ejecutó un genocidio; y el segundo dejó constancia en sus escritos del odio que sentía por araucanos (su denominación) y gauchos, además de sentar las bases durante su presidencia de la usurpación territorial que se concretó en el mandato de Nicolás Avellaneda. También durante la actual gestión se volvió a hablar de Día de la Raza, en desmedro del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y en el ámbito barilochense, el intendente que asumió el 10 de diciembre de 2023 clausuró el debate sobre el monumento a Roca y celebró el Día de la Hispanidad con la colectividad española. Se dice peronista, evidencia de que el odio anti mapuche es transversal a varias fuerzas políticas.
¿Cómo se perfila la situación a nivel provincial? ¿Cómo analizás el proyecto de regulación de consulta previa a la comunidad mapuche que se aprobó recientemente?
El gobierno de JSRN está decidido a profundizar el capitalismo extractivista y la manera mapuche de entender las cosas es un obstáculo enorme a sus designios. Además de Calcatreu, aspira a poner en funcionamiento emprendimientos mineros que afectarían el territorio de unas 12 comunidades en parajes relativamente cercanos a Bariloche. En este caso, la ofensiva arrancó bastante antes que el partido de Milei llegara al poder político, al punto de negar un funcionario de Minería la existencia de comunidades mapuche en los predios que apetecen las compañías. No por nada, después de enfrentamientos solamente verbales, los diputados y senadores que responden al oficialismo provincial en el Congreso votaron todas las leyes importantes que propuso La Libertad Avanza y, además, Río Negro adhirió al RIGI. En ese contexto, si no fuera de consecuencias potenciales tan graves, su proyecto de consulta previa sería risible. Procura establecer un mecanismo de consulta sin consultar a los directamente involucrados. La incoherencia de esa iniciativa ya fue apuntada por la Coordinadora del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro y por mi parte añado que va en sentido contrario a la letra y espíritu de la Ley 24.071, que es el Convenio 169 de la OIT en la Argentina. En un país donde el Poder Judicial fuera efectivamente independiente del Ejecutivo no debería prosperar, pero acá esa independencia no existe.
¿Qué se puede esperar a corto plazo en la provincia ahora que fue derogada la Ley de Emergencia Territorial?
En Río Negro no se practica el Relevamiento desde 2012, si la memoria no me falla. Yo trabajé dos años para el RETECI (Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas) y cuando se suspendió aún restaba relevar la mitad de las comunidades mapuche o mapuche tehuelche de la provincia. Hay que destacar que por entonces gobernaba a nivel nacional el Frente para la Victoria y que no continuarlo en esa oportunidad no fue una determinación de las fuerzas políticas neoliberales. Como para ejecutar la Ley 26.160 en ese aspecto eran necesarios convenios con las provincias, tampoco se avanzó durante la gestión de Alberto Fernández porque Río Negro se abstuvo de avanzar hacia ese acuerdo. Quiero hacer notar que la norma es de 2006, quiere decir que en 18 años las diversas jurisdicciones estatales fueron incapaces de determinar cuáles son las tierras que ocupan comunidades en el país, incapacidad que no puede atribuirse a mera desidia o negligencia, sino más bien a determinaciones políticas.
Incluso con la Ley vigente se llevaron adelante distintos juicios por usurpación a las comunidades.
En cuanto a los desalojos, los propios abogados del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) instituyeron que la norma era operativa desde 2006 hacia atrás, es decir, la suspensión no regía para los campos que fueron resguardados por las comunidades con posterioridad a esa fecha. Durante el año que finaliza se dio que, en un lapso de 10 días en Bariloche, se ventilaron los juicios contra las comunidades Lafken Wingkul Mapu, Buenuleo, Quemquemtreu y Millapi. La primera fue desalojada el año pasado con la ley en vigencia y sobre las otras tres, el Poder Judicial dispuso desalojos, también con la norma en vigencia. En el caso de los Buenuleo, a pesar de que se concretó el relevamiento y está acreditado el uso tradicional, actual y público de los territorios en conflicto. Lo que quiero decir es que si bien sería deseable desde la perspectiva indígena que la Ley 26.160 continuara en vigor, su aplicación fue muy parcial y arbitraria.
¿Considerás que las construcciones discursivas y mediáticas han jugado un rol importante en este proceso?
Sí. A nivel nacional creería que la ofensiva mediática arrancó o se profundizó a partir de 2017, pero convengamos que a nivel provincial y local en Patagonia siempre hubo expresiones anti mapuches. E insisto en que el odio contra pueblos indígenas es transversal a todas las fuerzas políticas. Cuando todavía era jefe del bloque de senadores del peronismo, Miguel Angel Pichetto reclamaba un despliegue de las Fuerzas Armadas en Patagonia para controlar a las organizaciones que él llamaba pseudo mapuches o proto montoneras. No recuerdo objeciones a ese discurso por parte de sus compañeros o compañeras de entonces. Al día siguiente del asesinato de Rafael Nahuel, el actual gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, suscribió la hipótesis del enfrentamiento y avaló el discurso de Patricia Bullrich. Cuando tuvieron lugar los incendios en Golondrinas un par de años atrás, los adjudicó a células terroristas mapuches y nunca se desdijo. Y la lista podría continuar, pero si mal no recuerdo, aquella resolución insólita de la Legislatura mendocina según la cual los derechos que consagra la Constitución a los pueblos indígenas no serían operativos en Mendoza para el pueblo mapuche, no fue votada solamente por gente del PRO o del partido de Milei.
¿Se podría profundizar también el escenario represivo y de violencia institucional?
Y sí. Mientras las apuestas gubernamentales en las tres jurisdicciones del Estado tengan que ver con profundizaciones del extractivismo, siempre encontrarán la oposición del pueblo mapuche y sus organizaciones. Hay que tener presente que el 54% de la gente que votó se inclinó por fuerzas políticas que caracterizan a los pueblos originarios como factores disolventes de la sociedad, palabras del actual Presidente. La prédica que desde 2017 busca deshumanizar a la gente mapuche tiene como finalidad naturalizar y justificar represiones. No hay nada nuevo en eso, es el mismo método de, precisamente, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y sus émulos de siempre.
Algunos proyectos a nivel nacional y regional van en contra del reconocimiento de los derechos de los Pueblos en tratados internacionales. ¿Es factible avanzar en algún tipo de medida legal para frenar este escenario?
La verdad, no lo sé. La historia indica que por más bonita que sean las legislaciones, sin movilización en todos los ámbitos la ley es letra muerta. En 2024 se cumplieron 30 años de la reforma constitucional y, que yo sepa, no se otorgó ningún título de propiedad comunitario indígena en Río Negro, Chubut ni Neuquén. En un punto, es insólito que a punto de cumplirse 150 años de la presentación de Sayhueque, hecho que se interpreta como la finalización de la resistencia mapuche armada, el Estado y el capitalismo todavía tengan necesidad -es un decir- de continuar arrinconando a los sobrevivientes de aquel genocidio. Es evidente que la voracidad capitalista no repara en ley alguna y si se analiza con detenimiento el acontecer de las últimas décadas, es el Estado el primero en infringir sus propias normas. Ojalá que prospere la iniciativa en tribunales de reconocimiento del genocidio. De hecho, personalmente vengo hablando del tema hace rato, pero me parece que mientras sean las necesidades del capital las que estén en las prioridades de los gobiernos, las luchas van a tener que continuar.
En diálogo con El Extremo Sur, el escritor y periodista Adrián Moyano brindó un panorama sobre la situación de los Pueblos Originarios en Río Negro, en el marco de un escenario de vulnerabilidad generalizado a nivel nacional, sobre todo tras la derogación de la Ley de Emergencia Territorial.
Sin embargo, advierte que en Río Negro el Relevamiento Territorial propuesto por la Ley no se practica desde 2012, y aun cuando estaba en vigencia su aplicación era "muy parcial y arbitraria". También señala que hoy el Gobierno provincial rionegrino "aspira a poner en funcionamiento emprendimientos mineros que afectarían el territorio de unas 12 comunidades en parajes relativamente cercanos a Bariloche", por lo que la ofensiva "arrancó bastante antes que el partido de Milei llegara al poder político".
Más allá de que los Pueblos Originarios vienen sufriendo ataques sistemáticos, ¿creés que durante este año se vio un recrudecimiento de la vulneración de derechos?
Me cuesta periodizar la ofensiva anti mapuche. En Río Negro arrancó antes de que finalice 2023, todavía durante el mandato del Gobierno provincial anterior, cuando con premura extrema se modificaron las legislaciones sobre tierras fiscales y sobre minería. Aunque se trate de un eufemismo, porque las tierras fiscales están ocupadas desde fines del siglo XIX o principios del XX por comunidades mapuche, la reforma precarizó aún más la tenencia de los campos y, por otro lado, favoreció la llegada o consolidación del capitalismo extractivista en sus diversas variantes. Como consecuencia práctica de las innovaciones, el gobierno de Juntos Somos Río Negro (JSRN) aceleró la puesta en marcha del proyecto Calcatreu, que hace unos 20 años intenta explotarse al sur de Ingeniero Jacobacci. Aunque cooptó con éxito a una de las comunidades vecinas del yacimiento, la oposición mapuche es cerrada y se hizo notar en varias oportunidades. Sí fue notable durante 2024 la arremetida simbólica contra los pueblos indígenas en general y el mapuche en particular. El gobierno de Javier Milei reivindicó en varias oportunidades a las figuras de Julio Roca y de Domingo Sarmiento. El primero ideó y ejecutó un genocidio; y el segundo dejó constancia en sus escritos del odio que sentía por araucanos (su denominación) y gauchos, además de sentar las bases durante su presidencia de la usurpación territorial que se concretó en el mandato de Nicolás Avellaneda. También durante la actual gestión se volvió a hablar de Día de la Raza, en desmedro del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y en el ámbito barilochense, el intendente que asumió el 10 de diciembre de 2023 clausuró el debate sobre el monumento a Roca y celebró el Día de la Hispanidad con la colectividad española. Se dice peronista, evidencia de que el odio anti mapuche es transversal a varias fuerzas políticas.
¿Cómo se perfila la situación a nivel provincial? ¿Cómo analizás el proyecto de regulación de consulta previa a la comunidad mapuche que se aprobó recientemente?
El gobierno de JSRN está decidido a profundizar el capitalismo extractivista y la manera mapuche de entender las cosas es un obstáculo enorme a sus designios. Además de Calcatreu, aspira a poner en funcionamiento emprendimientos mineros que afectarían el territorio de unas 12 comunidades en parajes relativamente cercanos a Bariloche. En este caso, la ofensiva arrancó bastante antes que el partido de Milei llegara al poder político, al punto de negar un funcionario de Minería la existencia de comunidades mapuche en los predios que apetecen las compañías. No por nada, después de enfrentamientos solamente verbales, los diputados y senadores que responden al oficialismo provincial en el Congreso votaron todas las leyes importantes que propuso La Libertad Avanza y, además, Río Negro adhirió al RIGI. En ese contexto, si no fuera de consecuencias potenciales tan graves, su proyecto de consulta previa sería risible. Procura establecer un mecanismo de consulta sin consultar a los directamente involucrados. La incoherencia de esa iniciativa ya fue apuntada por la Coordinadora del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro y por mi parte añado que va en sentido contrario a la letra y espíritu de la Ley 24.071, que es el Convenio 169 de la OIT en la Argentina. En un país donde el Poder Judicial fuera efectivamente independiente del Ejecutivo no debería prosperar, pero acá esa independencia no existe.
¿Qué se puede esperar a corto plazo en la provincia ahora que fue derogada la Ley de Emergencia Territorial?
En Río Negro no se practica el Relevamiento desde 2012, si la memoria no me falla. Yo trabajé dos años para el RETECI (Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas) y cuando se suspendió aún restaba relevar la mitad de las comunidades mapuche o mapuche tehuelche de la provincia. Hay que destacar que por entonces gobernaba a nivel nacional el Frente para la Victoria y que no continuarlo en esa oportunidad no fue una determinación de las fuerzas políticas neoliberales. Como para ejecutar la Ley 26.160 en ese aspecto eran necesarios convenios con las provincias, tampoco se avanzó durante la gestión de Alberto Fernández porque Río Negro se abstuvo de avanzar hacia ese acuerdo. Quiero hacer notar que la norma es de 2006, quiere decir que en 18 años las diversas jurisdicciones estatales fueron incapaces de determinar cuáles son las tierras que ocupan comunidades en el país, incapacidad que no puede atribuirse a mera desidia o negligencia, sino más bien a determinaciones políticas.
Incluso con la Ley vigente se llevaron adelante distintos juicios por usurpación a las comunidades.
En cuanto a los desalojos, los propios abogados del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) instituyeron que la norma era operativa desde 2006 hacia atrás, es decir, la suspensión no regía para los campos que fueron resguardados por las comunidades con posterioridad a esa fecha. Durante el año que finaliza se dio que, en un lapso de 10 días en Bariloche, se ventilaron los juicios contra las comunidades Lafken Wingkul Mapu, Buenuleo, Quemquemtreu y Millapi. La primera fue desalojada el año pasado con la ley en vigencia y sobre las otras tres, el Poder Judicial dispuso desalojos, también con la norma en vigencia. En el caso de los Buenuleo, a pesar de que se concretó el relevamiento y está acreditado el uso tradicional, actual y público de los territorios en conflicto. Lo que quiero decir es que si bien sería deseable desde la perspectiva indígena que la Ley 26.160 continuara en vigor, su aplicación fue muy parcial y arbitraria.
¿Considerás que las construcciones discursivas y mediáticas han jugado un rol importante en este proceso?
Sí. A nivel nacional creería que la ofensiva mediática arrancó o se profundizó a partir de 2017, pero convengamos que a nivel provincial y local en Patagonia siempre hubo expresiones anti mapuches. E insisto en que el odio contra pueblos indígenas es transversal a todas las fuerzas políticas. Cuando todavía era jefe del bloque de senadores del peronismo, Miguel Angel Pichetto reclamaba un despliegue de las Fuerzas Armadas en Patagonia para controlar a las organizaciones que él llamaba pseudo mapuches o proto montoneras. No recuerdo objeciones a ese discurso por parte de sus compañeros o compañeras de entonces. Al día siguiente del asesinato de Rafael Nahuel, el actual gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, suscribió la hipótesis del enfrentamiento y avaló el discurso de Patricia Bullrich. Cuando tuvieron lugar los incendios en Golondrinas un par de años atrás, los adjudicó a células terroristas mapuches y nunca se desdijo. Y la lista podría continuar, pero si mal no recuerdo, aquella resolución insólita de la Legislatura mendocina según la cual los derechos que consagra la Constitución a los pueblos indígenas no serían operativos en Mendoza para el pueblo mapuche, no fue votada solamente por gente del PRO o del partido de Milei.
¿Se podría profundizar también el escenario represivo y de violencia institucional?
Y sí. Mientras las apuestas gubernamentales en las tres jurisdicciones del Estado tengan que ver con profundizaciones del extractivismo, siempre encontrarán la oposición del pueblo mapuche y sus organizaciones. Hay que tener presente que el 54% de la gente que votó se inclinó por fuerzas políticas que caracterizan a los pueblos originarios como factores disolventes de la sociedad, palabras del actual Presidente. La prédica que desde 2017 busca deshumanizar a la gente mapuche tiene como finalidad naturalizar y justificar represiones. No hay nada nuevo en eso, es el mismo método de, precisamente, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y sus émulos de siempre.
Algunos proyectos a nivel nacional y regional van en contra del reconocimiento de los derechos de los Pueblos en tratados internacionales. ¿Es factible avanzar en algún tipo de medida legal para frenar este escenario?
La verdad, no lo sé. La historia indica que por más bonita que sean las legislaciones, sin movilización en todos los ámbitos la ley es letra muerta. En 2024 se cumplieron 30 años de la reforma constitucional y, que yo sepa, no se otorgó ningún título de propiedad comunitario indígena en Río Negro, Chubut ni Neuquén. En un punto, es insólito que a punto de cumplirse 150 años de la presentación de Sayhueque, hecho que se interpreta como la finalización de la resistencia mapuche armada, el Estado y el capitalismo todavía tengan necesidad -es un decir- de continuar arrinconando a los sobrevivientes de aquel genocidio. Es evidente que la voracidad capitalista no repara en ley alguna y si se analiza con detenimiento el acontecer de las últimas décadas, es el Estado el primero en infringir sus propias normas. Ojalá que prospere la iniciativa en tribunales de reconocimiento del genocidio. De hecho, personalmente vengo hablando del tema hace rato, pero me parece que mientras sean las necesidades del capital las que estén en las prioridades de los gobiernos, las luchas van a tener que continuar.
