Los feminismos resisten la motosierra: balance de las políticas de género en el primer año de Milei El primer año de la gestión de Javier Milei estuvo signado por los recortes en áreas de Género y Derechos Humanos, acompañado de un discurso reaccionario contra el proceso de institucionalización de las políticas de género que se venía consolidando. Las medidas fueron desde recortes en programas clave de género y niñez hasta la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en la Administración Pública Nacional. En un país con un femicidio cada 30 horas, el Gobierno nacional habla de las medidas de prevención y capacitación como "caprichos ideológicos". El 2025 viene con más ajuste, dejando algunos programas totalmente a la deriva. Mientras tanto, los feminismos resisten y siguen apostando por la salida colectiva.
La postura del gobierno libertario sobre los derechos de las mujeres y diversidades no fue inesperada. Uno de los ejes de la campaña Milei-Villarruel fue la eliminación de las políticas de género y de todas aquellas áreas consideradas un gasto público "innecesario", aún con las cifras de violencia machista a la vista.
"No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el Ministerio de la Mujer pierde pista, porque la única igualdad es ante la ley", aseguró Javier Milei en 2022, cuando todavía era diputado.
Sobre el aborto legal, seguro y gratuito sancionado en diciembre de 2020, tanto él como Victoria Villarroel expresaron su rechazo. "Si el resultado es a favor mío, se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Si los argentinos creen en el asesinato de un humano indefenso en el vientre de la madre, se verá", dijo la futura vicepresidente en una entrevista televisiva, adelantando que llevaría el tema a plebiscito. Una decisión que nunca pudo llevar a cabo ya que las leyes penales como el aborto no pueden ser modificadas a través de consultas populares.
Su compañero también habló de "reabrir la discusión" y sostuvo: "Hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término", una frase que fue desmentida por los datos recogidos por áreas de Salud. Desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aire indicaron que el "90% de los abortos que se hacen en la Argentina son de menos de 12 semanas y hay una tendencia hacia la baja".
Nota relacionada: La protección contra la violencia machista, un "capricho ideológico" para un gobierno que aborrece los géneros
Posturas similares fueron desplegadas por el círculo libertario en torno a los feminismos, la Ley de Educación Sexual Integral, el colectivo LGBT y las políticas de derechos para las infancias.
Una de las primeras medidas de Milei fue crear, a finales de diciembre, la Subsecretaría de protección contra la violencia de género, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. El organismo funcionaría como reemplazo del ex Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidades, con objetivos similares aunque ya sin rango ministerial y con presupuesto más acotado.
Esta decisión, sin embargo, fue de carácter temporal mientras se preparaba el cierre definitivo del área, que fue anunciado el 6 de junio.
"En línea con el mandato del presidente Javier Milei de achicar el tamaño del Estado y de eliminar los organismos politizados, en diciembre de 2023 -fecha en la que asumieron las nuevas autoridades- el Gobierno nacional dispuso que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades se transformara en una Subsecretaría mientras se completaba su cierre", se informó en un comunicado oficial.
De acuerdo al comunicado, "fue creado y utilizado por la administración anterior con fines políticos-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes, y organizar charlas y eventos".
"Ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito. Por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas", agregó el Ministerio de Justicia.
Si bien el Ministerio había sido objeto de críticas por distintas falencias, lo cierto es que los informes de gestión mostraban en números concretos los avances en materia de género. El informe 2023, por ejemplo, muestra que en cuatro años las acciones del Ministerio tuvieron llegada a las 23 provincias y alcanzaron a 1.822.426 personas. Además, se realizaron más de un millón de comunicaciones a la Línea 144 y de ese total se derivaron 93.783 intervenciones frente a situaciones de violencia de género.
La situación de las provincias
La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación en 2019 resultó un hito en el proceso de institucionalización de las políticas de género, que hasta el momento estaban presentes en Argentina pero nunca habían tenido rango ministerial. Esto permitió mejor articulación entre los programas y un presupuesto propio para las cuestiones en materia de promoción de la equidad de género y prevención de las violencias, entre otros ítems, además del trabajo transversal que encararon otras áreas de gobierno.
En la misma línea, las provincias fortalecieron estos espacios. En el 2023, 5 de las 23 provincias contaban con espacios de género de rango ministerial. A partir del cambio de gestión en diciembre, todos fueron degradados a secretarías o subsecretarías. La excepción fue la provincia de Buenos Aires.
En Neuquén se mantuvo como Ministerio pero adosó otras áreas. En Santa Fe y Córdoba, el área de género pasó a ser Secretaría, mientras que en Chubut quedó como Subsecretaría.
Otras provincias mantuvieron los espacios de género como secretarías (Córdoba, Salta, Tucumán, Formosa, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Santa Cruz, La Rioja y La Pampa), subsecretarías (Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Misiones), direcciones (Santiago del Estero, Catamarca, San juan y Mendoza) y concejos (Jujuy y Corrientes).
A pesar del sostenimiento de estas áreas en un contexto de embate de las derechas, los presupuestos provinciales o municipales no alcanzan a garantizar los programas que se cubrían desde Nación. El Acompañar fue, en este sentido, uno de los más afectados. Durante los primeros meses de gestión libertaria reinó la incertidumbre.
Renata Hiller, quien fue titular de la Secretaría de Género de Comodoro Rivadavia hasta su renuncia el pasado lunes 16, relató a este medio que el año estuvo signado por "el desfinanciamiento y el desconcierto de no tener claro quién es el interlocutor", sobre todo después de la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
Recortes, suspensiones y falta de transparencia
Los programas de género y diversidades no se agotan en la lucha contra las violencias de género. Implican acciones de prevención, capacitaciones, promoción de oportunidades para la equidad, distribución de recursos, fortalecimiento de los derechos de las infancias, cuidado de la salud reproductiva y sexual y sostenimiento de las economías familiares.
Buena parte de estas políticas eran diseñadas y ejecutadas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, aunque también se venía trabajando en la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas del Estado. Es decir, que las políticas en este sentido también estaban presentes en otras carteras, como la de Salud, Trabajo, Infraestructura y Economía.
Sin embargo, junto a la eliminación del Ministerio de las Mujeres, el gobierno libertario arremetió contra todas las áreas de género, en el marco de su plan de achicamiento del Estado que implicó que varias carteras quedaran como subsecretarías bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
En junio, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), lanzaron un informe de análisis del presupuesto de género ejecutado en el primer cuatrimestre del año, comparado con el mismo período del año anterior.
Allí encontraron que el recorte de gasto público implicaba un fuerte ajuste en las políticas destinadas a la reducción de las brechas de género. La mayoría de los programas registraron caídas de entre el 60% y el 90% y se evidenció una ejecución casi nula en otros programas, como aquellos vinculados a la infraestructura de cuidado.
El gasto en las políticas públicas de género en los primeros meses del 2024 resultó un 33% más bajo que el del año anterior, un ajuste incluso más elevado que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24%.
Cabe recordar que el presupuesto nacional del 2024 surge de la prórroga del presupuesto de 2023, que no fue actualizado por inflación. Para las partidas de género, los aumentos (que alcanzaron el 30%) resultaron insuficientes ante una inflación de más del 60% en el primer cuatrimestre.
En todos los programas se observan recortes y suspensiones. El Programa Acompañar, por ejemplo, redujo su ejecución en un 79%. Las acciones de ayuda urgente para familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios no ejecutó presupuesto. Otros programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90%.
En relación a infraestructura del cuidado, se advierte que la ejecución es casi nula, mientras que en el gasto en protección social se observan reducciones del 32,2% en Moratorias, del 10% en la Prestación Alimentar y un aumento del 13,5% en las erogaciones asociadas a la Asignación Universal para Protección Social (AUH y AUE).
En esta línea, las actividades Protección de víctimas de violencia y Rescate y acompañamiento a víctimas de trata -ambas pertenecientes al Ministerio de Justicia- prácticamente no tuvieron ejecución en el primer bimestre de 2024.
Otros programas destinados a reducir la brecha laboral sufrieron el mismo recorte: el Potenciar Trabajo muestra una reducción del presupuesto ejecutado del 71%, un programa que en el primer bimestre de 2023 representó casi el 14% del presupuesto con perspectiva de género. El programa "Registradas" -que busca reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares- si bien tenía presupuesto asignado, fue eliminado.
Un capítulo aparte merece la situación de los programas contra la trata, brutalmente desfinanciados mientras los medios de todo el país se llenaban con el rostro de Loan y la hipótesis de que había sido víctima de este delito.
Nota relacionada: En manos de las mafias: El caso de Loan expone el desguace de los programas contra la trata de personas
En abril, el Gobierno dispuso la transferencia del Consejo Federal Contra la Trata desde la Jefatura de Gabinete a la órbita del Ministerio de Seguridad, lo que conlleva un abordaje totalmente distinto, ya que se trata de un delito transversal que no puede ser abordado únicamente desde esta perspectiva.
Además, 24 delegados y delegadas provinciales del Comité fueron despedidos mediante una notificación por teléfono. La dirección la asumió la periodista Verónica Toller, en reemplazo de Gustavo Vera.
En esta línea, se suspendieron programas clave para las víctimas de trata como el Programa Nacional de Reparación y Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las Personas Afectadas por los Delitos de Trata y Explotación, el de Programa Acompañamiento Terapéutico Especializado, el Programa de Soluciones Habitacionales para las Personas Damnificadas y sus Familias y el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, sumado a otros programas transversales como el Potenciar y el Acompañar.
El 2025 sin perspectiva de género
El proyecto de Presupuesto 2025 enviado por el Ejecutivo -sin todavía indicios de que sea tratado en el Congreso- recrudece la situación de las infancias, las mujeres y las diversidades. Algunos programas sufren la eliminación completa de partidas, mientras que otros reciben mucho menos de lo necesario para funcionar con la inflación proyectada para el año entrante.
Un análisis de ELA y ACIJ del Presupuesto sostiene que, de aprobarse, dejaría a las mujeres "libradas a su suerte". Y advierte las consecuencias de reforzar brechas de género en la distribución presupuestaria: "Desde la economía feminista se ha advertido que las medidas de austeridad fiscal no son neutras en términos de género sino que tienden a reforzar las desigualdades existentes".
En este sentido, son necesarias tanto las políticas destinadas a la prevención y asistencia de violencia de género como aquellas que se presentan como "neutrales al género": "Por ejemplo, si un gobierno decide reducir el gasto en educación o en salud pública, el impacto no lo sufrirán solo los usuarios directos de escuelas u hospitales sino que tendrá un efecto sobre las familias que deberán absorber los cuidados de las niñeces y otras personas que requieren de asistencia y cuidado, como personas mayores o personas con discapacidad. Y, al interior de los hogares, estas tareas no remuneradas recaen principalmente sobre las mujeres: en Argentina, dedican, en promedio el doble de tiempo por día que los varones".
Nota relacionada: Un nuevo 25N en medio del ajuste brutal a las políticas de género: "Seguimos con la creencia de que la salida es colectiva"
Para el Programa Acompañar se destina un 0% de presupuesto. Esto supone dos escenarios: que el programa tenga continuidad pero sin una línea presupuestaria específica o que sea eliminado. Ambos implican un fuerte retroceso en las políticas para la asistencia a las víctimas de violencia.
En la misma dirección, la Línea 144 deja de tener una erogación propia. Aunque se menciona dentro de las políticas del Ministerio de Justicia, desde ELA advierte que "la ausencia de una
asignación presupuestaria clara representa un retroceso en términos de transparencia,
dificultando el análisis de los recursos destinados a esta línea y el monitoreo de su ejecución".
A la falta de presupuesto se suman otros igualmente relevantes como el Potenciar Inclusión Joven el Patrocinio Jurídico a Víctimas de Abuso Sexual, la Ley Lucio y la Educación Sexual Integral.
El informe de la variación del Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) y su proyección para 2025, elaborado por el CEPA, muestra que "solo 5 de los 20 programas seleccionados de PPG registran un crecimiento real en el crédito asignado para 2025 en comparación con el presupuesto ejecutado en 2023; siendo 2 de ellos (AUH y 1.000 días) parte de la estrategia de atención y transferencia de ingresos".
Mientras que 8 de los 20 programas muestran una profundización del ajuste ya efectuado en 2024. Y se vislumbran 6 programas eliminados o sin partidas que especifiquen sus presupuestos, "en el mejor de los casos se trata de un problema de transparencia, en el peor, el incumplimiento por parte del Estado del deber de asistir y proteger a las mujeres víctimas de violencia".
Lejos de caer en el mítico "no hay plata", desde ELA subrayan que los fondos destinados para otros programas superan con creces el presupuesto en materia de género: "Por ejemplo, el gasto
tributario correspondiente al Régimen de promoción de la Economía del Conocimiento
alcanzó los 77.392 millones de pesos (en valores nominales de 2023). Este régimen incluye beneficios para grandes empresas que ya no lo requieren para despegar económicamente. Este equivale a casi 50 veces lo que se destinó en 2023 para fortalecer a la línea 144 (1.553 millones de pesos, también en valores nominales de 2023), donde se atiende 24 horas los 7 días de la semana".
El ajuste implica un escenario desfavorable en múltiples sentidos: desde las miles de trabajadoras despedidas hasta los derechos vulnerados de las víctimas de la violencia machista. Los espacios provinciales y municipales de género, junto a las organizaciones sociales, sostuvieron las situaciones de riesgo en la medida de lo posible. Durante todo el año, se vieron las acciones de los distintos colectivos, que no abandonaron la movilización callejera aún con la amenaza del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. La presencia en fechas centrales como el 8M, el 3J y el 25N dieron cuenta de un cambio de era que no puede ser borrado con ajuste presupuestario y ataques por parte del Gobierno nacional, y reivindican que la salida sigue siendo colectiva.
El primer año de la gestión de Javier Milei estuvo signado por los recortes en áreas de Género y Derechos Humanos, acompañado de un discurso reaccionario contra el proceso de institucionalización de las políticas de género que se venía consolidando. Las medidas fueron desde recortes en programas clave de género y niñez hasta la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en la Administración Pública Nacional. En un país con un femicidio cada 30 horas, el Gobierno nacional habla de las medidas de prevención y capacitación como "caprichos ideológicos". El 2025 viene con más ajuste, dejando algunos programas totalmente a la deriva. Mientras tanto, los feminismos resisten y siguen apostando por la salida colectiva.
La postura del gobierno libertario sobre los derechos de las mujeres y diversidades no fue inesperada. Uno de los ejes de la campaña Milei-Villarruel fue la eliminación de las políticas de género y de todas aquellas áreas consideradas un gasto público "innecesario", aún con las cifras de violencia machista a la vista.
"No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el Ministerio de la Mujer pierde pista, porque la única igualdad es ante la ley", aseguró Javier Milei en 2022, cuando todavía era diputado.
Sobre el aborto legal, seguro y gratuito sancionado en diciembre de 2020, tanto él como Victoria Villarroel expresaron su rechazo. "Si el resultado es a favor mío, se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Si los argentinos creen en el asesinato de un humano indefenso en el vientre de la madre, se verá", dijo la futura vicepresidente en una entrevista televisiva, adelantando que llevaría el tema a plebiscito. Una decisión que nunca pudo llevar a cabo ya que las leyes penales como el aborto no pueden ser modificadas a través de consultas populares.
Su compañero también habló de "reabrir la discusión" y sostuvo: "Hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término", una frase que fue desmentida por los datos recogidos por áreas de Salud. Desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aire indicaron que el "90% de los abortos que se hacen en la Argentina son de menos de 12 semanas y hay una tendencia hacia la baja".
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Posturas similares fueron desplegadas por el círculo libertario en torno a los feminismos, la Ley de Educación Sexual Integral, el colectivo LGBT y las políticas de derechos para las infancias.
Una de las primeras medidas de Milei fue crear, a finales de diciembre, la Subsecretaría de protección contra la violencia de género, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. El organismo funcionaría como reemplazo del ex Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidades, con objetivos similares aunque ya sin rango ministerial y con presupuesto más acotado.
Esta decisión, sin embargo, fue de carácter temporal mientras se preparaba el cierre definitivo del área, que fue anunciado el 6 de junio.
"En línea con el mandato del presidente Javier Milei de achicar el tamaño del Estado y de eliminar los organismos politizados, en diciembre de 2023 -fecha en la que asumieron las nuevas autoridades- el Gobierno nacional dispuso que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades se transformara en una Subsecretaría mientras se completaba su cierre", se informó en un comunicado oficial.
De acuerdo al comunicado, "fue creado y utilizado por la administración anterior con fines políticos-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes, y organizar charlas y eventos".
"Ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito. Por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas", agregó el Ministerio de Justicia.
Si bien el Ministerio había sido objeto de críticas por distintas falencias, lo cierto es que los informes de gestión mostraban en números concretos los avances en materia de género. El informe 2023, por ejemplo, muestra que en cuatro años las acciones del Ministerio tuvieron llegada a las 23 provincias y alcanzaron a 1.822.426 personas. Además, se realizaron más de un millón de comunicaciones a la Línea 144 y de ese total se derivaron 93.783 intervenciones frente a situaciones de violencia de género.
La situación de las provincias
La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación en 2019 resultó un hito en el proceso de institucionalización de las políticas de género, que hasta el momento estaban presentes en Argentina pero nunca habían tenido rango ministerial. Esto permitió mejor articulación entre los programas y un presupuesto propio para las cuestiones en materia de promoción de la equidad de género y prevención de las violencias, entre otros ítems, además del trabajo transversal que encararon otras áreas de gobierno.
En la misma línea, las provincias fortalecieron estos espacios. En el 2023, 5 de las 23 provincias contaban con espacios de género de rango ministerial. A partir del cambio de gestión en diciembre, todos fueron degradados a secretarías o subsecretarías. La excepción fue la provincia de Buenos Aires.
En Neuquén se mantuvo como Ministerio pero adosó otras áreas. En Santa Fe y Córdoba, el área de género pasó a ser Secretaría, mientras que en Chubut quedó como Subsecretaría.
Otras provincias mantuvieron los espacios de género como secretarías (Córdoba, Salta, Tucumán, Formosa, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Santa Cruz, La Rioja y La Pampa), subsecretarías (Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Misiones), direcciones (Santiago del Estero, Catamarca, San juan y Mendoza) y concejos (Jujuy y Corrientes).
A pesar del sostenimiento de estas áreas en un contexto de embate de las derechas, los presupuestos provinciales o municipales no alcanzan a garantizar los programas que se cubrían desde Nación. El Acompañar fue, en este sentido, uno de los más afectados. Durante los primeros meses de gestión libertaria reinó la incertidumbre.
Renata Hiller, quien fue titular de la Secretaría de Género de Comodoro Rivadavia hasta su renuncia el pasado lunes 16, relató a este medio que el año estuvo signado por "el desfinanciamiento y el desconcierto de no tener claro quién es el interlocutor", sobre todo después de la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
Recortes, suspensiones y falta de transparencia
Los programas de género y diversidades no se agotan en la lucha contra las violencias de género. Implican acciones de prevención, capacitaciones, promoción de oportunidades para la equidad, distribución de recursos, fortalecimiento de los derechos de las infancias, cuidado de la salud reproductiva y sexual y sostenimiento de las economías familiares.
Buena parte de estas políticas eran diseñadas y ejecutadas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, aunque también se venía trabajando en la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas del Estado. Es decir, que las políticas en este sentido también estaban presentes en otras carteras, como la de Salud, Trabajo, Infraestructura y Economía.
Sin embargo, junto a la eliminación del Ministerio de las Mujeres, el gobierno libertario arremetió contra todas las áreas de género, en el marco de su plan de achicamiento del Estado que implicó que varias carteras quedaran como subsecretarías bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
En junio, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), lanzaron un informe de análisis del presupuesto de género ejecutado en el primer cuatrimestre del año, comparado con el mismo período del año anterior.
Allí encontraron que el recorte de gasto público implicaba un fuerte ajuste en las políticas destinadas a la reducción de las brechas de género. La mayoría de los programas registraron caídas de entre el 60% y el 90% y se evidenció una ejecución casi nula en otros programas, como aquellos vinculados a la infraestructura de cuidado.
El gasto en las políticas públicas de género en los primeros meses del 2024 resultó un 33% más bajo que el del año anterior, un ajuste incluso más elevado que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24%.
Cabe recordar que el presupuesto nacional del 2024 surge de la prórroga del presupuesto de 2023, que no fue actualizado por inflación. Para las partidas de género, los aumentos (que alcanzaron el 30%) resultaron insuficientes ante una inflación de más del 60% en el primer cuatrimestre.
En todos los programas se observan recortes y suspensiones. El Programa Acompañar, por ejemplo, redujo su ejecución en un 79%. Las acciones de ayuda urgente para familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios no ejecutó presupuesto. Otros programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90%.
En relación a infraestructura del cuidado, se advierte que la ejecución es casi nula, mientras que en el gasto en protección social se observan reducciones del 32,2% en Moratorias, del 10% en la Prestación Alimentar y un aumento del 13,5% en las erogaciones asociadas a la Asignación Universal para Protección Social (AUH y AUE).
En esta línea, las actividades Protección de víctimas de violencia y Rescate y acompañamiento a víctimas de trata -ambas pertenecientes al Ministerio de Justicia- prácticamente no tuvieron ejecución en el primer bimestre de 2024.
Otros programas destinados a reducir la brecha laboral sufrieron el mismo recorte: el Potenciar Trabajo muestra una reducción del presupuesto ejecutado del 71%, un programa que en el primer bimestre de 2023 representó casi el 14% del presupuesto con perspectiva de género. El programa "Registradas" -que busca reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares- si bien tenía presupuesto asignado, fue eliminado.
Un capítulo aparte merece la situación de los programas contra la trata, brutalmente desfinanciados mientras los medios de todo el país se llenaban con el rostro de Loan y la hipótesis de que había sido víctima de este delito.
Nota relacionada: En manos de las mafias: El caso de Loan expone el desguace de los programas contra la trata de personas
En abril, el Gobierno dispuso la transferencia del Consejo Federal Contra la Trata desde la Jefatura de Gabinete a la órbita del Ministerio de Seguridad, lo que conlleva un abordaje totalmente distinto, ya que se trata de un delito transversal que no puede ser abordado únicamente desde esta perspectiva.
Además, 24 delegados y delegadas provinciales del Comité fueron despedidos mediante una notificación por teléfono. La dirección la asumió la periodista Verónica Toller, en reemplazo de Gustavo Vera.
En esta línea, se suspendieron programas clave para las víctimas de trata como el Programa Nacional de Reparación y Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las Personas Afectadas por los Delitos de Trata y Explotación, el de Programa Acompañamiento Terapéutico Especializado, el Programa de Soluciones Habitacionales para las Personas Damnificadas y sus Familias y el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, sumado a otros programas transversales como el Potenciar y el Acompañar.
El 2025 sin perspectiva de género
El proyecto de Presupuesto 2025 enviado por el Ejecutivo -sin todavía indicios de que sea tratado en el Congreso- recrudece la situación de las infancias, las mujeres y las diversidades. Algunos programas sufren la eliminación completa de partidas, mientras que otros reciben mucho menos de lo necesario para funcionar con la inflación proyectada para el año entrante.
Un análisis de ELA y ACIJ del Presupuesto sostiene que, de aprobarse, dejaría a las mujeres "libradas a su suerte". Y advierte las consecuencias de reforzar brechas de género en la distribución presupuestaria: "Desde la economía feminista se ha advertido que las medidas de austeridad fiscal no son neutras en términos de género sino que tienden a reforzar las desigualdades existentes".
En este sentido, son necesarias tanto las políticas destinadas a la prevención y asistencia de violencia de género como aquellas que se presentan como "neutrales al género": "Por ejemplo, si un gobierno decide reducir el gasto en educación o en salud pública, el impacto no lo sufrirán solo los usuarios directos de escuelas u hospitales sino que tendrá un efecto sobre las familias que deberán absorber los cuidados de las niñeces y otras personas que requieren de asistencia y cuidado, como personas mayores o personas con discapacidad. Y, al interior de los hogares, estas tareas no remuneradas recaen principalmente sobre las mujeres: en Argentina, dedican, en promedio el doble de tiempo por día que los varones".
Nota relacionada: Un nuevo 25N en medio del ajuste brutal a las políticas de género: "Seguimos con la creencia de que la salida es colectiva"
Para el Programa Acompañar se destina un 0% de presupuesto. Esto supone dos escenarios: que el programa tenga continuidad pero sin una línea presupuestaria específica o que sea eliminado. Ambos implican un fuerte retroceso en las políticas para la asistencia a las víctimas de violencia.
En la misma dirección, la Línea 144 deja de tener una erogación propia. Aunque se menciona dentro de las políticas del Ministerio de Justicia, desde ELA advierte que "la ausencia de una
asignación presupuestaria clara representa un retroceso en términos de transparencia,
dificultando el análisis de los recursos destinados a esta línea y el monitoreo de su ejecución".
A la falta de presupuesto se suman otros igualmente relevantes como el Potenciar Inclusión Joven el Patrocinio Jurídico a Víctimas de Abuso Sexual, la Ley Lucio y la Educación Sexual Integral.
El informe de la variación del Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) y su proyección para 2025, elaborado por el CEPA, muestra que "solo 5 de los 20 programas seleccionados de PPG registran un crecimiento real en el crédito asignado para 2025 en comparación con el presupuesto ejecutado en 2023; siendo 2 de ellos (AUH y 1.000 días) parte de la estrategia de atención y transferencia de ingresos".
Mientras que 8 de los 20 programas muestran una profundización del ajuste ya efectuado en 2024. Y se vislumbran 6 programas eliminados o sin partidas que especifiquen sus presupuestos, "en el mejor de los casos se trata de un problema de transparencia, en el peor, el incumplimiento por parte del Estado del deber de asistir y proteger a las mujeres víctimas de violencia".
Lejos de caer en el mítico "no hay plata", desde ELA subrayan que los fondos destinados para otros programas superan con creces el presupuesto en materia de género: "Por ejemplo, el gasto
tributario correspondiente al Régimen de promoción de la Economía del Conocimiento
alcanzó los 77.392 millones de pesos (en valores nominales de 2023). Este régimen incluye beneficios para grandes empresas que ya no lo requieren para despegar económicamente. Este equivale a casi 50 veces lo que se destinó en 2023 para fortalecer a la línea 144 (1.553 millones de pesos, también en valores nominales de 2023), donde se atiende 24 horas los 7 días de la semana".
El ajuste implica un escenario desfavorable en múltiples sentidos: desde las miles de trabajadoras despedidas hasta los derechos vulnerados de las víctimas de la violencia machista. Los espacios provinciales y municipales de género, junto a las organizaciones sociales, sostuvieron las situaciones de riesgo en la medida de lo posible. Durante todo el año, se vieron las acciones de los distintos colectivos, que no abandonaron la movilización callejera aún con la amenaza del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. La presencia en fechas centrales como el 8M, el 3J y el 25N dieron cuenta de un cambio de era que no puede ser borrado con ajuste presupuestario y ataques por parte del Gobierno nacional, y reivindican que la salida sigue siendo colectiva.
