"Vendrá una inusitada ola de violencia hacia las comunidades indígenas"En una controvertida decisión publicada en el Boletín Oficial el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Gobierno nacional derogó la prórroga establecida por el Decreto 805/2021 a la Ley 26.160, que declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria de tierras indígenas. La medida, instrumentada a través del Decreto 1083/2024, elimina la prohibición de desalojos administrativos y judiciales que protegía a las comunidades indígenas desde 2007.
Martín Plaza, abogado y exdirector de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), explicó que esta derogación deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica y social. "El Estado prioriza la propiedad privada sobre los derechos indígenas reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Esto generará una ola de violencia y conflictividad inédita", advirtió.
En provincias como Salta, que cuenta con más de 500 comunidades indígenas pertenecientes a 14 pueblos originarios, los conflictos territoriales son particularmente graves. Según Plaza, la región enfrenta presiones por actividades extractivas, como la minería en la Puna, la expansión agropecuaria en el Chaco salteño, y el turismo y monocultivos en los Valles Calchaquíes. Estos intereses económicos han intensificado históricas disputas por la posesión de tierras comunitarias.
La derogación de la Ley 26.160 también deja sin efecto el relevamiento territorial que permitió identificar a casi mil comunidades indígenas y sus derechos sobre 12 millones de hectáreas. "En su último año, el programa emitió más resoluciones que nunca. Era una política pública fundamental para garantizar la paz social y frenar los desalojos. Hoy, todo ese trabajo quedó interrumpido", señaló Plaza.
Organizaciones indígenas y civiles han alertado sobre el riesgo de que los conflictos paralizados judicialmente se reactiven, multiplicando los desalojos y las represiones violentas. "Cuando hay desalojos, son las fuerzas de seguridad las que intervienen, y ya hemos vivido situaciones de represión y muertes de referentes indígenas", recordó Plaza.
Ante este panorama, se plantea la necesidad de que las provincias legislen para prohibir los desalojos y ofrezcan garantías mínimas a las comunidades afectadas. "El derecho a la posesión y propiedad comunitaria indígena sigue vigente en la Constitución, pero el Gobierno nacional ha elegido un camino que prioriza los intereses extractivistas sobre los derechos humanos", concluyó.
En una controvertida decisión publicada en el Boletín Oficial el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Gobierno nacional derogó la prórroga establecida por el Decreto 805/2021 a la Ley 26.160, que declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria de tierras indígenas. La medida, instrumentada a través del Decreto 1083/2024, elimina la prohibición de desalojos administrativos y judiciales que protegía a las comunidades indígenas desde 2007.
Martín Plaza, abogado y exdirector de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), explicó que esta derogación deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica y social. "El Estado prioriza la propiedad privada sobre los derechos indígenas reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Esto generará una ola de violencia y conflictividad inédita", advirtió.
En provincias como Salta, que cuenta con más de 500 comunidades indígenas pertenecientes a 14 pueblos originarios, los conflictos territoriales son particularmente graves. Según Plaza, la región enfrenta presiones por actividades extractivas, como la minería en la Puna, la expansión agropecuaria en el Chaco salteño, y el turismo y monocultivos en los Valles Calchaquíes. Estos intereses económicos han intensificado históricas disputas por la posesión de tierras comunitarias.
La derogación de la Ley 26.160 también deja sin efecto el relevamiento territorial que permitió identificar a casi mil comunidades indígenas y sus derechos sobre 12 millones de hectáreas. "En su último año, el programa emitió más resoluciones que nunca. Era una política pública fundamental para garantizar la paz social y frenar los desalojos. Hoy, todo ese trabajo quedó interrumpido", señaló Plaza.
Organizaciones indígenas y civiles han alertado sobre el riesgo de que los conflictos paralizados judicialmente se reactiven, multiplicando los desalojos y las represiones violentas. "Cuando hay desalojos, son las fuerzas de seguridad las que intervienen, y ya hemos vivido situaciones de represión y muertes de referentes indígenas", recordó Plaza.
Ante este panorama, se plantea la necesidad de que las provincias legislen para prohibir los desalojos y ofrezcan garantías mínimas a las comunidades afectadas. "El derecho a la posesión y propiedad comunitaria indígena sigue vigente en la Constitución, pero el Gobierno nacional ha elegido un camino que prioriza los intereses extractivistas sobre los derechos humanos", concluyó.
