Los ataques armados en Chipas dejan más de 3 mil desplazados indígenasOrganizaciones de derechos humanos manifestaron su "profunda preocupación" frente a los últimos ataques armados en comunidades del municipio de Pantelhó, en los Altos de Chiapas, que han provocado desplazamientos forzados de la población tseltal y tsotsil, así como impactos psicosociales, especialmente en la infancia, por el "terror" generalizado.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), los ataques armados en las comunidades de Pantelhó se extendieron hacia las comunidades Tijera Chimix, Jabaltón y la Esperanza, del municipio de Chenalhó, y en ambos municipios se han desplazado de manera forzada alrededor de 3 mil 400 personas.
"Estos hechos tienen fuertes impactos en la población civil. Por un lado, se encuentran quienes se están desplazando de manera forzada y, por el otro, quienes no pueden salir de sus casas por temor de ser víctimas de una bala perdida. Además, la población civil no tiene acceso a su territorio, a sus campos de cultivo ni a servicios básicos como educación, salud o transporte", denunciaron organizaciones como Front Line Defenders y el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) en México.
El pronunciamiento de las organizaciones es en respuesta al llamado de urgencia de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, tras las detonaciones y quema de casas que realizaron grupos del crimen organizado los pasados 3 y 4 de diciembre en las comunidades de San José Tercero, San Francisco y El Roblar.
La Diócesis de San Cristóbal acusó que tanto en Pantelhó como en otros municipios las comunidades indígenas "siguen convertidas en crueles campos de batalla y viven sitiadas por delincuentes, grupos armados y cárteles del narcotráfico, como se encuentra hoy Frontera Comalapa y otros municipios, con la burda aquiescencia de los cuerpos de seguridad presentes en el territorio".
Las organizaciones exigieron que las autoridades atiendan de manera integral a las víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo a la Ley Estatal sobre Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas, investiguen y desarticulen a los grupos armados que operan en la región y garanticen la seguridad y protección a la población civil, en particular a los defensores de derechos humanos y actores religiosos.
Finalmente, demandaron la promoción de espacios de reflexión, diálogo y formación en torno a la construcción de paz en las comunidades indígenas "que así lo deseen, con un énfasis en la seguridad ciudadana, los derechos humanos y en un marco de pertinencia cultural, respetando los derechos colectivos de los pueblos Indígenas, incluyendo su autonomía y libre determinación".
Organizaciones de derechos humanos manifestaron su "profunda preocupación" frente a los últimos ataques armados en comunidades del municipio de Pantelhó, en los Altos de Chiapas, que han provocado desplazamientos forzados de la población tseltal y tsotsil, así como impactos psicosociales, especialmente en la infancia, por el "terror" generalizado.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), los ataques armados en las comunidades de Pantelhó se extendieron hacia las comunidades Tijera Chimix, Jabaltón y la Esperanza, del municipio de Chenalhó, y en ambos municipios se han desplazado de manera forzada alrededor de 3 mil 400 personas.
"Estos hechos tienen fuertes impactos en la población civil. Por un lado, se encuentran quienes se están desplazando de manera forzada y, por el otro, quienes no pueden salir de sus casas por temor de ser víctimas de una bala perdida. Además, la población civil no tiene acceso a su territorio, a sus campos de cultivo ni a servicios básicos como educación, salud o transporte", denunciaron organizaciones como Front Line Defenders y el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) en México.
El pronunciamiento de las organizaciones es en respuesta al llamado de urgencia de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, tras las detonaciones y quema de casas que realizaron grupos del crimen organizado los pasados 3 y 4 de diciembre en las comunidades de San José Tercero, San Francisco y El Roblar.
La Diócesis de San Cristóbal acusó que tanto en Pantelhó como en otros municipios las comunidades indígenas "siguen convertidas en crueles campos de batalla y viven sitiadas por delincuentes, grupos armados y cárteles del narcotráfico, como se encuentra hoy Frontera Comalapa y otros municipios, con la burda aquiescencia de los cuerpos de seguridad presentes en el territorio".
Las organizaciones exigieron que las autoridades atiendan de manera integral a las víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo a la Ley Estatal sobre Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas, investiguen y desarticulen a los grupos armados que operan en la región y garanticen la seguridad y protección a la población civil, en particular a los defensores de derechos humanos y actores religiosos.
Finalmente, demandaron la promoción de espacios de reflexión, diálogo y formación en torno a la construcción de paz en las comunidades indígenas "que así lo deseen, con un énfasis en la seguridad ciudadana, los derechos humanos y en un marco de pertinencia cultural, respetando los derechos colectivos de los pueblos Indígenas, incluyendo su autonomía y libre determinación".
Fuente: Desinformémonos
Organizaciones de derechos humanos manifestaron su "profunda preocupación" frente a los últimos ataques armados en comunidades del municipio de Pantelhó, en los Altos de Chiapas, que han provocado desplazamientos forzados de la población tseltal y tsotsil, así como impactos psicosociales, especialmente en la infancia, por el "terror" generalizado.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), los ataques armados en las comunidades de Pantelhó se extendieron hacia las comunidades Tijera Chimix, Jabaltón y la Esperanza, del municipio de Chenalhó, y en ambos municipios se han desplazado de manera forzada alrededor de 3 mil 400 personas.
"Estos hechos tienen fuertes impactos en la población civil. Por un lado, se encuentran quienes se están desplazando de manera forzada y, por el otro, quienes no pueden salir de sus casas por temor de ser víctimas de una bala perdida. Además, la población civil no tiene acceso a su territorio, a sus campos de cultivo ni a servicios básicos como educación, salud o transporte", denunciaron organizaciones como Front Line Defenders y el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) en México.
El pronunciamiento de las organizaciones es en respuesta al llamado de urgencia de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, tras las detonaciones y quema de casas que realizaron grupos del crimen organizado los pasados 3 y 4 de diciembre en las comunidades de San José Tercero, San Francisco y El Roblar.
La Diócesis de San Cristóbal acusó que tanto en Pantelhó como en otros municipios las comunidades indígenas "siguen convertidas en crueles campos de batalla y viven sitiadas por delincuentes, grupos armados y cárteles del narcotráfico, como se encuentra hoy Frontera Comalapa y otros municipios, con la burda aquiescencia de los cuerpos de seguridad presentes en el territorio".
Las organizaciones exigieron que las autoridades atiendan de manera integral a las víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo a la Ley Estatal sobre Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas, investiguen y desarticulen a los grupos armados que operan en la región y garanticen la seguridad y protección a la población civil, en particular a los defensores de derechos humanos y actores religiosos.
Finalmente, demandaron la promoción de espacios de reflexión, diálogo y formación en torno a la construcción de paz en las comunidades indígenas "que así lo deseen, con un énfasis en la seguridad ciudadana, los derechos humanos y en un marco de pertinencia cultural, respetando los derechos colectivos de los pueblos Indígenas, incluyendo su autonomía y libre determinación".
Organizaciones de derechos humanos manifestaron su "profunda preocupación" frente a los últimos ataques armados en comunidades del municipio de Pantelhó, en los Altos de Chiapas, que han provocado desplazamientos forzados de la población tseltal y tsotsil, así como impactos psicosociales, especialmente en la infancia, por el "terror" generalizado.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), los ataques armados en las comunidades de Pantelhó se extendieron hacia las comunidades Tijera Chimix, Jabaltón y la Esperanza, del municipio de Chenalhó, y en ambos municipios se han desplazado de manera forzada alrededor de 3 mil 400 personas.
"Estos hechos tienen fuertes impactos en la población civil. Por un lado, se encuentran quienes se están desplazando de manera forzada y, por el otro, quienes no pueden salir de sus casas por temor de ser víctimas de una bala perdida. Además, la población civil no tiene acceso a su territorio, a sus campos de cultivo ni a servicios básicos como educación, salud o transporte", denunciaron organizaciones como Front Line Defenders y el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) en México.
El pronunciamiento de las organizaciones es en respuesta al llamado de urgencia de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, tras las detonaciones y quema de casas que realizaron grupos del crimen organizado los pasados 3 y 4 de diciembre en las comunidades de San José Tercero, San Francisco y El Roblar.
La Diócesis de San Cristóbal acusó que tanto en Pantelhó como en otros municipios las comunidades indígenas "siguen convertidas en crueles campos de batalla y viven sitiadas por delincuentes, grupos armados y cárteles del narcotráfico, como se encuentra hoy Frontera Comalapa y otros municipios, con la burda aquiescencia de los cuerpos de seguridad presentes en el territorio".
Las organizaciones exigieron que las autoridades atiendan de manera integral a las víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo a la Ley Estatal sobre Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas, investiguen y desarticulen a los grupos armados que operan en la región y garanticen la seguridad y protección a la población civil, en particular a los defensores de derechos humanos y actores religiosos.
Finalmente, demandaron la promoción de espacios de reflexión, diálogo y formación en torno a la construcción de paz en las comunidades indígenas "que así lo deseen, con un énfasis en la seguridad ciudadana, los derechos humanos y en un marco de pertinencia cultural, respetando los derechos colectivos de los pueblos Indígenas, incluyendo su autonomía y libre determinación".
Fuente: Desinformémonos
