Torres hace equilibrio entre la falta de presupuesto nacional y la necesidad de aprobar el provincial con grandes desafíos Mientras el Gobierno nacional de Javier Milei sigue sin convocar a la discusión del Presupuesto 2025 en sesiones extraordinarias, el gobernador Ignacio Torres intenta conseguir una armonía entre la ausencia de números nacionales y la necesidad de sancionar las proyecciones propias para el año que viene. Nación insiste con el déficit cero a partir del ajuste y persiste la puja por fondos coparticipables, particularmente los relacionados con la obra pública y el sostenimiento de servicios estatales que fueron transferidos por la vía del ajuste a la provincia; mientras que abre la posibilidad de manejar a su antojo cerca de 30 billones de pesos. Desde la Legislatura se asegura que el Presupuesto chubutense ingresaría la semana que viene para su tratamiento, que se concretaría en la sesión del 19 de diciembre. En las vísperas de un año electoral en el que se sostendría el ajuste en los gastos, se prevé un superávit más acotado y adquieren vital importancia las obras de infraestructura.
La actual gestión de Ignacio Torres enviaría la semana que viene el proyecto de Presupuesto 2025 para que la Legislatura le de sanción a la previsión de ingresos y gastos en Chubut, el que seguramente sería aprobado en la última sesión del próximo 19 de diciembre sin grandes cambios producto de las mayorías legislativas con las que cuenta el oficialismo.
Las previsiones para la provincia se encuentran atascadas por la falta de previsibilidad que viene dando la administración de Javier Milei, ya que convoca a sesiones extraordinarias -que van del 5 y el 27 de diciembre- pero no incluye por ahora en el temario el tratamiento del Presupuesto 2025.
Elaborar las proyecciones chubutenses sin el marco nacional demanda un esfuerzo extra para armonizar los números de la provincia con los de un Gobierno nacional que no termina de consolidar sus propias previsiones.
Todas las variables estarán intervenidas por un año electoral donde el Gobierno provincial deberá remontar el ajuste nacional y afrontar el desafío de desarrollar la congelada obra pública, conseguir el repunte de la depreciada actividad petrolera y obtener un flujo de fondos que le posibilite el sostenimiento de los gastos esenciales y recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los sectores estatales.
Presupuesto, discrecionalidad y puja con gobernadores
La gestión libertaria estira los plazos y todo hace pensar que busca gobernar un año más con el Presupuesto del 2023 reconducido por decreto, tal como lo hizo durante este año; lo que habilita un manejo discrecional de fondos y evitar tener metas reales para cumplir con vistas a un año electoral donde se prevé que seguirá habiendo ajuste y motosierra para sostener el tan ansiado déficit cero.
Pero justamente por tratarse de un año electoral la posibilidad de utilizar los fondos del Estado sin márgenes estrictos le posibilitaría a Milei moverse libremente a la hora de cerrar o abrir el grifo de gastos en base a las necesidades electorales.
Sin un presupuesto aprobado se especula que el Poder Ejecutivo Nacional podría administrar a su gusto entre un 21 y 28% del gasto público que representaría entre 25 y 33 billones de pesos, según publicó el portal Cenital.
En ese enorme paquete de fondos estarían incluidos alrededor de 7 billones de pesos para negociar con los gobernadores, incluyendo transferencias corrientes y obra pública; 6 billones en subsidios al transporte y la energía; y otros 3 billones con los que se financia el PAMI donde se profundizó el ajuste con el recorte de medicamentos gratuitos.
"No vale la pena discutir"
El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, avanzó en el sincericidio del gobierno libertario y afirmó que "no vale la pena" discutir el presupuesto porque pone en tensión el tan mentado equilibrio fiscal.
"Preferiría que pase porque es una buena señal institucional, pero si para que pase eso hay que arriesgar el ancla fiscal, que es lo más importante en nuestro modelo, no vale la pena", sentenció Caputo.
Desde el Gobierno nacional aducen que los reclamos de los gobernadores rompen el equilibrio fiscal y bajo ese argumento, rechazado por los mandatarios provinciales, es que no se descarta la reconducción del presupuesto del año pasado y así habilitar el manejo discrecional de fondos.
La Casa Rosada dejó trascender que, de acceder las provincias a garantizar el apoyo al proyecto original que defendió el propio mandatario en el recinto, podría tratarse durante el mes de febrero.
"Sin interés por negociar"
En contrapartida, los gobernadores reclaman cinco puntos. Allí se incluyen las deudas por las cajas previsionales no transferidas; la devolución del 1,9% de los impuestos coparticipables; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el Ejecutivo no usa; el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017 y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
A finales de noviembre, Torres aseguró que "la Argentina necesita previsibilidad y calidad institucional, y no avanzar en los consensos necesarios sería un error"; aunque parece que ese reclamo no fue escuchado en la Casa Rosada.
"No hay nada. El Gobierno no tiene ningún interés en negociar, quiere que el Presupuesto se trate a libro cerrado, como una escribanía. Eso no va a suceder", expresaron a Ámbito fuentes cercanas a gobernadores del extinto Juntos por el Cambio (JxC). "Nunca hubo interés en sacarlo ni se abrieron espacios de negociación", sentenciaron.
El mecanismo llevado adelante por Milei parece, a priori, bastante injusto para con los mandatarios provinciales que no solamente le aportaron gobernabilidad, sino que además le votaron favorablemente leyes esenciales como la Ley Bases, no le bajaron el DNU 70 o lo acompañaron con la sanción del RIGI y el blanqueo de capitales.
No obstante, la fórmula de látigo y billetera encaja casi a la perfección en un 2025 donde predominarán las ambiciones electorales de los oficialismos a la hora de consolidarse y donde las oposiciones tendrían muy poco margen de maniobra ante los manejos del Ejecutivo nacional.
Los números en Chubut
Aún no se conocen en detalle las proyecciones del Ejecutivo chubutense para el Presupuesto 2025, aunque las filtraciones hablan de un aumento del 35% en el gasto respecto del reconducido por decreto y ampliado en agosto pasado.
A priori esa previsión de suba de los gastos se ubica en casi el doble del 18% de inflación previsto en el proyecto presupuestario que presentó Milei en septiembre pasado.
Será cuestión de días para saber con precisión cómo se encolumnan los gastos y los ingresos previstos para Chubut en el 2025, aunque todo parece apuntar a un reacomodamiento de los egresos sobre la base de un nuevo recorte de fondos.
No obstante, el oficialismo cuenta con margen de maniobra en la Legislatura para poder modificar el presupuesto y agregar ampliaciones si la situación del 2025 llega a desbocarse en el marco del ajuste nacional y la discrecionalidad en el manejo de los fondos que preanuncia la administración nacional.
Desde Fontana 50 se asegura que habrá recortes de cargos políticos y que se eliminarían alrededor del 270, pero una de las claves estará puesta en la recientemente sancionada Ley de 3x1 que busca achicar la planta de personal del Estado provincial.
Hasta que finalice el mandato de Torres el Ejecutivo busca que sólo se produzca un ingreso por cada tres bajas que se generen entre los empleados públicos, para de esa manera terminar la gestión con una reducción considerable de la planta estatal.
Reducir la cantidad de empleados públicos ha sido una búsqueda constante de gobiernos anteriores que intentaron aplicas ajustes brutales, pero que terminaron cerrando sus gestiones con más incorporaciones que bajas y pocas veces se limpiaron las capas geológicas de "ñoquis" y cargos políticos que se fueron estratificando en diferentes estamentos del Estado.
La lógica de achicar el Estado no siempre es buena consejera si se aplica de manera indiscriminada sobre el personal de planta porque afecta la capacidad estatal de dar respuestas a los servicios públicos y estamentos esenciales como educación, salud, seguridad y justicia; aunque por ahora no se anuncia el avance con una política específica de despidos o jubilaciones forzadas.
Desde el Ejecutivo se augura un proceso beneficioso de "austeridad y eficiencia", un desafío complejo que habrá que ver cuál termina siendo su resultado y cómo esta situación afecta sobre la actualmente deficitaria caja de jubilaciones que maneja el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS).
La Ley del 3x1 impactará, habrá que ver en qué dimensión, en la relación entre activos y pasivos. En los últimos años ese correlato se fue modificando de manera negativa y profundizó el déficit en las cuentas del Instituto.
Por ejemplo, en el 2016 había 3,6 activos por cada pasivo y en el 2022 se había achicado a 3 activos por cada pasivo; reflejándose la mayor variación en el sector docente donde se pasó de 5 activos por cada pasivo para llegar a 3,4 en el 2022.
Mientras el Gobierno nacional de Javier Milei sigue sin convocar a la discusión del Presupuesto 2025 en sesiones extraordinarias, el gobernador Ignacio Torres intenta conseguir una armonía entre la ausencia de números nacionales y la necesidad de sancionar las proyecciones propias para el año que viene. Nación insiste con el déficit cero a partir del ajuste y persiste la puja por fondos coparticipables, particularmente los relacionados con la obra pública y el sostenimiento de servicios estatales que fueron transferidos por la vía del ajuste a la provincia; mientras que abre la posibilidad de manejar a su antojo cerca de 30 billones de pesos. Desde la Legislatura se asegura que el Presupuesto chubutense ingresaría la semana que viene para su tratamiento, que se concretaría en la sesión del 19 de diciembre. En las vísperas de un año electoral en el que se sostendría el ajuste en los gastos, se prevé un superávit más acotado y adquieren vital importancia las obras de infraestructura.
La actual gestión de Ignacio Torres enviaría la semana que viene el proyecto de Presupuesto 2025 para que la Legislatura le de sanción a la previsión de ingresos y gastos en Chubut, el que seguramente sería aprobado en la última sesión del próximo 19 de diciembre sin grandes cambios producto de las mayorías legislativas con las que cuenta el oficialismo.
Las previsiones para la provincia se encuentran atascadas por la falta de previsibilidad que viene dando la administración de Javier Milei, ya que convoca a sesiones extraordinarias -que van del 5 y el 27 de diciembre- pero no incluye por ahora en el temario el tratamiento del Presupuesto 2025.
Elaborar las proyecciones chubutenses sin el marco nacional demanda un esfuerzo extra para armonizar los números de la provincia con los de un Gobierno nacional que no termina de consolidar sus propias previsiones.
Todas las variables estarán intervenidas por un año electoral donde el Gobierno provincial deberá remontar el ajuste nacional y afrontar el desafío de desarrollar la congelada obra pública, conseguir el repunte de la depreciada actividad petrolera y obtener un flujo de fondos que le posibilite el sostenimiento de los gastos esenciales y recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los sectores estatales.
Presupuesto, discrecionalidad y puja con gobernadores
La gestión libertaria estira los plazos y todo hace pensar que busca gobernar un año más con el Presupuesto del 2023 reconducido por decreto, tal como lo hizo durante este año; lo que habilita un manejo discrecional de fondos y evitar tener metas reales para cumplir con vistas a un año electoral donde se prevé que seguirá habiendo ajuste y motosierra para sostener el tan ansiado déficit cero.
Pero justamente por tratarse de un año electoral la posibilidad de utilizar los fondos del Estado sin márgenes estrictos le posibilitaría a Milei moverse libremente a la hora de cerrar o abrir el grifo de gastos en base a las necesidades electorales.
Sin un presupuesto aprobado se especula que el Poder Ejecutivo Nacional podría administrar a su gusto entre un 21 y 28% del gasto público que representaría entre 25 y 33 billones de pesos, según publicó el portal Cenital.
En ese enorme paquete de fondos estarían incluidos alrededor de 7 billones de pesos para negociar con los gobernadores, incluyendo transferencias corrientes y obra pública; 6 billones en subsidios al transporte y la energía; y otros 3 billones con los que se financia el PAMI donde se profundizó el ajuste con el recorte de medicamentos gratuitos.
"No vale la pena discutir"
El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, avanzó en el sincericidio del gobierno libertario y afirmó que "no vale la pena" discutir el presupuesto porque pone en tensión el tan mentado equilibrio fiscal.
"Preferiría que pase porque es una buena señal institucional, pero si para que pase eso hay que arriesgar el ancla fiscal, que es lo más importante en nuestro modelo, no vale la pena", sentenció Caputo.
Desde el Gobierno nacional aducen que los reclamos de los gobernadores rompen el equilibrio fiscal y bajo ese argumento, rechazado por los mandatarios provinciales, es que no se descarta la reconducción del presupuesto del año pasado y así habilitar el manejo discrecional de fondos.
La Casa Rosada dejó trascender que, de acceder las provincias a garantizar el apoyo al proyecto original que defendió el propio mandatario en el recinto, podría tratarse durante el mes de febrero.
"Sin interés por negociar"
En contrapartida, los gobernadores reclaman cinco puntos. Allí se incluyen las deudas por las cajas previsionales no transferidas; la devolución del 1,9% de los impuestos coparticipables; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el Ejecutivo no usa; el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017 y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
A finales de noviembre, Torres aseguró que "la Argentina necesita previsibilidad y calidad institucional, y no avanzar en los consensos necesarios sería un error"; aunque parece que ese reclamo no fue escuchado en la Casa Rosada.
"No hay nada. El Gobierno no tiene ningún interés en negociar, quiere que el Presupuesto se trate a libro cerrado, como una escribanía. Eso no va a suceder", expresaron a Ámbito fuentes cercanas a gobernadores del extinto Juntos por el Cambio (JxC). "Nunca hubo interés en sacarlo ni se abrieron espacios de negociación", sentenciaron.
El mecanismo llevado adelante por Milei parece, a priori, bastante injusto para con los mandatarios provinciales que no solamente le aportaron gobernabilidad, sino que además le votaron favorablemente leyes esenciales como la Ley Bases, no le bajaron el DNU 70 o lo acompañaron con la sanción del RIGI y el blanqueo de capitales.
No obstante, la fórmula de látigo y billetera encaja casi a la perfección en un 2025 donde predominarán las ambiciones electorales de los oficialismos a la hora de consolidarse y donde las oposiciones tendrían muy poco margen de maniobra ante los manejos del Ejecutivo nacional.
Los números en Chubut
Aún no se conocen en detalle las proyecciones del Ejecutivo chubutense para el Presupuesto 2025, aunque las filtraciones hablan de un aumento del 35% en el gasto respecto del reconducido por decreto y ampliado en agosto pasado.
A priori esa previsión de suba de los gastos se ubica en casi el doble del 18% de inflación previsto en el proyecto presupuestario que presentó Milei en septiembre pasado.
Será cuestión de días para saber con precisión cómo se encolumnan los gastos y los ingresos previstos para Chubut en el 2025, aunque todo parece apuntar a un reacomodamiento de los egresos sobre la base de un nuevo recorte de fondos.
No obstante, el oficialismo cuenta con margen de maniobra en la Legislatura para poder modificar el presupuesto y agregar ampliaciones si la situación del 2025 llega a desbocarse en el marco del ajuste nacional y la discrecionalidad en el manejo de los fondos que preanuncia la administración nacional.
Desde Fontana 50 se asegura que habrá recortes de cargos políticos y que se eliminarían alrededor del 270, pero una de las claves estará puesta en la recientemente sancionada Ley de 3x1 que busca achicar la planta de personal del Estado provincial.
Hasta que finalice el mandato de Torres el Ejecutivo busca que sólo se produzca un ingreso por cada tres bajas que se generen entre los empleados públicos, para de esa manera terminar la gestión con una reducción considerable de la planta estatal.
Reducir la cantidad de empleados públicos ha sido una búsqueda constante de gobiernos anteriores que intentaron aplicas ajustes brutales, pero que terminaron cerrando sus gestiones con más incorporaciones que bajas y pocas veces se limpiaron las capas geológicas de "ñoquis" y cargos políticos que se fueron estratificando en diferentes estamentos del Estado.
La lógica de achicar el Estado no siempre es buena consejera si se aplica de manera indiscriminada sobre el personal de planta porque afecta la capacidad estatal de dar respuestas a los servicios públicos y estamentos esenciales como educación, salud, seguridad y justicia; aunque por ahora no se anuncia el avance con una política específica de despidos o jubilaciones forzadas.
Desde el Ejecutivo se augura un proceso beneficioso de "austeridad y eficiencia", un desafío complejo que habrá que ver cuál termina siendo su resultado y cómo esta situación afecta sobre la actualmente deficitaria caja de jubilaciones que maneja el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS).
La Ley del 3x1 impactará, habrá que ver en qué dimensión, en la relación entre activos y pasivos. En los últimos años ese correlato se fue modificando de manera negativa y profundizó el déficit en las cuentas del Instituto.
Por ejemplo, en el 2016 había 3,6 activos por cada pasivo y en el 2022 se había achicado a 3 activos por cada pasivo; reflejándose la mayor variación en el sector docente donde se pasó de 5 activos por cada pasivo para llegar a 3,4 en el 2022.
