Casi la mitad de las comunidades aborígenes están siendo afectadas por el gobierno de MileiLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiestó su «preocupación ante decisiones administrativas recientes de Argentina que podrían afectar la protección de los derechos sobre tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas y su ejercicio del derecho a la libre determinación». El organismo internacional aludió así a la modificación de instituciones y directivas adoptadas tanto por el gobierno de Javier Milei como por algunos provinciales, lo que se suma a un incremento de la represión y de la criminalización de las comunidades aborígenes. La CIDH exhortó al Estado argentino a «cumplir con sus deberes internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas al adoptar decisiones administrativas y cualquier disposición interna sobre reconocimiento de las personerías jurídicas y titulación de tierras de los pueblos indígenas». En diálogo con Página/12, la referenta mapuche Moira Millán expresó que «a pesar de que los gobiernos no están obligados a proceder según las indicaciones de la CIDH, es importante que en estamentos internacionales se pronuncien sobre lo que nos está pasando, ya que permite poner en agenda a los pueblos indígenas en las esferas de la cooperación internacional».
El pronunciamiento de la Comisión se basó en datos concretos. El 30 de septiembre, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) suspendió las solicitudes de personería jurídica de comunidades indígenas en trámite en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), e invitó a los gobiernos locales a crear registros propios. Dicha medida, adoptada sin la participación de los pueblos indígenas, podría llegar a impactar al menos 250 de las 1881 comunidades indígenas identificadas oficialmente en el país, y a cerca del 47% del total de ellas, que aún no han realizado el relevamiento territorial correspondiente.
Según la CIDH, la información proporcionada por el Estado indica que la suspensión del Registro no afectaría el relevamiento territorial de las comunidades, y que se han suscrito convenios con 11 de las 24 jurisdicciones. Sin embargo, remarcó que «la medida se enmarca en un contexto de retrocesos en el reconocimiento de los territorios indígenas y desalojos forzosos de comunidades en provincias como Jujuy, Río Negro y Chubut, a pesar de la vigencia de la Ley de Emergencia Territorial que suspende los desalojos hasta noviembre de 2025. Y agregó que estos desalojos han estado acompañados de situaciones de violencia institucional y estigmatización hacia líderes e integrantes de comunidades indígenas». En efecto, los integrantes de las Lof Buenuleo y Pailako están punto de ser desalojados.
La Comisión destacó uno de esos hechos: el homicidio de Juan Carlos Villa, miembro de la comunidad mapuche, el 11 de agosto pasado por parte de un agente de las fuerzas de seguridad en la provincia de Rio Negro. «Además, se han registrado declaraciones estigmatizantes de autoridades nacionales que desconocen los derechos culturales y espirituales de estas comunidades», apuntó el organismo de la OEA.
La CIDH reiteró que «conforme al orden público interamericano, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación mediante el autorreconocimiento individual y colectivo, el derecho de asociación conforme a su cosmovisión, libres de violencia y discriminación. Este derecho es esencial para su desarrollo autónomo e implica el reconocimiento de sus territorios y recursos naturales como sujetos colectivos de derechos». Por ello, instó al Estado a «implementar mecanismos eficaces para proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas, como el reconocimiento de personalidad jurídica y la restitución de tierras, garantizando la consulta y consentimiento libre, previo e informado, respetando la identidad cultural, espiritualidad y promoviendo relaciones interculturales armónicas».
Racismo y despojo
«Argentina ha sido históricamente un estado negacionista de la existencia de las naciones indígenas y sus derechos, Milei viene a reforzar los postulados de los fundadores de la argentinidad, basados en el racismo y el despojo», opinó Millán ante este diario. «Recientemente hemos solicitado la intervención de la CIDH y de otros organismos internacionales porque nos preocupa que la política de odio se exprese en represión sin límites. Los Lof están enfrentando hostigamiento y provocación continúa, no solo del gobierno nacional sino también de gobernadores como Ignacio torres, creo que buscan que reaccionemos visceralmente, y con ello tener la excusa para reprimir», añadió la weichafe (guerrera) mapuche.
Por su parte, desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, expresó a Página/12 que la CIDH recogió las situaciones que vienen denunciando las distintas agrupaciones indígenas de Argentina. «Tuvimos la capacidad organizativa de internacionalizar el conflicto extractivo y minero, que implica la sistemática violación de los derechos humanos, porque la violación de un derecho indígena es eso, y es pasible de sanción al Estado, algo que tiene antecedentes como el fallo Lhaka Honhat», dijo el werken (vocero). Carriqueo agregó que esa sanción también debe apuntar «a los referentes políticos, gobernadores y al Presidente, que impulsan estos avances extractivistas que son genocidas, el Estado debe proteger los modos de vida de las comunidades y está haciendo todo lo contrario». A modo de ejemplo, destacó que «el INAI está a favor de las empresas mineras, de las empresas y de la Sociedad Rural». Además, señaló que el Poder Judicial no aplica el derecho indígena.
Días atrás la CIDH se pronunció contra Chile por acusar de usurpaciones a las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas. «Estas reivindicaciones están contempladas por el Convenio 169 de la OIT como un derecho a exigir los territorios como propios cuando el Estado lo niega, pero en Argentina la justicia penal condena nuestras recuperaciones», completó Carriqueo. En su mirada, «el RIGI, la modificación de la Constitución de Jujuy, de la Ley de Tierras en Río Negro y el protocolo de consulta sin participación indígena, por nombrar algunos, son retrocesos en nuestros derechos, eso no genera seguridad jurídica para nadie, porque el derecho internacional reconoce la posesión comunitaria y la obligación del Estado de respetarla».
Fuente: Página 12
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiestó su «preocupación ante decisiones administrativas recientes de Argentina que podrían afectar la protección de los derechos sobre tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas y su ejercicio del derecho a la libre determinación». El organismo internacional aludió así a la modificación de instituciones y directivas adoptadas tanto por el gobierno de Javier Milei como por algunos provinciales, lo que se suma a un incremento de la represión y de la criminalización de las comunidades aborígenes. La CIDH exhortó al Estado argentino a «cumplir con sus deberes internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas al adoptar decisiones administrativas y cualquier disposición interna sobre reconocimiento de las personerías jurídicas y titulación de tierras de los pueblos indígenas». En diálogo con Página/12, la referenta mapuche Moira Millán expresó que «a pesar de que los gobiernos no están obligados a proceder según las indicaciones de la CIDH, es importante que en estamentos internacionales se pronuncien sobre lo que nos está pasando, ya que permite poner en agenda a los pueblos indígenas en las esferas de la cooperación internacional».
El pronunciamiento de la Comisión se basó en datos concretos. El 30 de septiembre, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) suspendió las solicitudes de personería jurídica de comunidades indígenas en trámite en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), e invitó a los gobiernos locales a crear registros propios. Dicha medida, adoptada sin la participación de los pueblos indígenas, podría llegar a impactar al menos 250 de las 1881 comunidades indígenas identificadas oficialmente en el país, y a cerca del 47% del total de ellas, que aún no han realizado el relevamiento territorial correspondiente.
Según la CIDH, la información proporcionada por el Estado indica que la suspensión del Registro no afectaría el relevamiento territorial de las comunidades, y que se han suscrito convenios con 11 de las 24 jurisdicciones. Sin embargo, remarcó que «la medida se enmarca en un contexto de retrocesos en el reconocimiento de los territorios indígenas y desalojos forzosos de comunidades en provincias como Jujuy, Río Negro y Chubut, a pesar de la vigencia de la Ley de Emergencia Territorial que suspende los desalojos hasta noviembre de 2025. Y agregó que estos desalojos han estado acompañados de situaciones de violencia institucional y estigmatización hacia líderes e integrantes de comunidades indígenas». En efecto, los integrantes de las Lof Buenuleo y Pailako están punto de ser desalojados.
La Comisión destacó uno de esos hechos: el homicidio de Juan Carlos Villa, miembro de la comunidad mapuche, el 11 de agosto pasado por parte de un agente de las fuerzas de seguridad en la provincia de Rio Negro. «Además, se han registrado declaraciones estigmatizantes de autoridades nacionales que desconocen los derechos culturales y espirituales de estas comunidades», apuntó el organismo de la OEA.
La CIDH reiteró que «conforme al orden público interamericano, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación mediante el autorreconocimiento individual y colectivo, el derecho de asociación conforme a su cosmovisión, libres de violencia y discriminación. Este derecho es esencial para su desarrollo autónomo e implica el reconocimiento de sus territorios y recursos naturales como sujetos colectivos de derechos». Por ello, instó al Estado a «implementar mecanismos eficaces para proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas, como el reconocimiento de personalidad jurídica y la restitución de tierras, garantizando la consulta y consentimiento libre, previo e informado, respetando la identidad cultural, espiritualidad y promoviendo relaciones interculturales armónicas».
Racismo y despojo
«Argentina ha sido históricamente un estado negacionista de la existencia de las naciones indígenas y sus derechos, Milei viene a reforzar los postulados de los fundadores de la argentinidad, basados en el racismo y el despojo», opinó Millán ante este diario. «Recientemente hemos solicitado la intervención de la CIDH y de otros organismos internacionales porque nos preocupa que la política de odio se exprese en represión sin límites. Los Lof están enfrentando hostigamiento y provocación continúa, no solo del gobierno nacional sino también de gobernadores como Ignacio torres, creo que buscan que reaccionemos visceralmente, y con ello tener la excusa para reprimir», añadió la weichafe (guerrera) mapuche.
Por su parte, desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, expresó a Página/12 que la CIDH recogió las situaciones que vienen denunciando las distintas agrupaciones indígenas de Argentina. «Tuvimos la capacidad organizativa de internacionalizar el conflicto extractivo y minero, que implica la sistemática violación de los derechos humanos, porque la violación de un derecho indígena es eso, y es pasible de sanción al Estado, algo que tiene antecedentes como el fallo Lhaka Honhat», dijo el werken (vocero). Carriqueo agregó que esa sanción también debe apuntar «a los referentes políticos, gobernadores y al Presidente, que impulsan estos avances extractivistas que son genocidas, el Estado debe proteger los modos de vida de las comunidades y está haciendo todo lo contrario». A modo de ejemplo, destacó que «el INAI está a favor de las empresas mineras, de las empresas y de la Sociedad Rural». Además, señaló que el Poder Judicial no aplica el derecho indígena.
Días atrás la CIDH se pronunció contra Chile por acusar de usurpaciones a las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas. «Estas reivindicaciones están contempladas por el Convenio 169 de la OIT como un derecho a exigir los territorios como propios cuando el Estado lo niega, pero en Argentina la justicia penal condena nuestras recuperaciones», completó Carriqueo. En su mirada, «el RIGI, la modificación de la Constitución de Jujuy, de la Ley de Tierras en Río Negro y el protocolo de consulta sin participación indígena, por nombrar algunos, son retrocesos en nuestros derechos, eso no genera seguridad jurídica para nadie, porque el derecho internacional reconoce la posesión comunitaria y la obligación del Estado de respetarla».
Fuente: Página 12
