Un nuevo 25N en medio del ajuste brutal a las políticas de género: "Seguimos con la creencia de que la salida es colectiva"En el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, los movimientos feministas, de mujeres y disidencias se movilizaron en Comodoro, igual que en el resto del país, en un contexto de brutal desfinanciamiento de las políticas de género. Si bien las violencias machistas reflejan una problemática de larga data, el 2024 estuvo signado por la suspensión de programas clave para la prevención, lo que puso a los movimientos en estado de alerta. En diálogo con El Extremo Sur, Valeria Velásquez -de la Multisectorial Feminista de Comodoro- realizó un balance de la última movilización y remarcó la necesidad de acrecentar la participación. El activismo se sostiene en un escenario con un componente importante de violencia discursiva y deslegitimación de los feminismos. Las cifras más recientes a nivel nacional muestran que las violencias persisten, y ubican a Chubut como una de las provincias con la mayor tasa de femicidios de todo el país.
Como todos los años, la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia -que está compuesta por referentes de distintas organizaciones- organizó la marcha en ocasión del 25N, con actividades especialmente convocantes dado el contexto de desguace de las políticas de género que se produjo desde la asunción de la gestión libertaria.
Los reclamos no sólo apuntaron a la cuestión presupuestaria y la necesidad de justicia en casos de femicidios y transfemicidios, sino que también apunta a las condiciones laborales y salariales en igualdad, la efectivización de la Ley de Cupo Laboral travesti-trans, la implementación de ESI en todos los niveles, al repudio de la represión policial y al derecho a un territorio libre de proyectos extractivistas.
En el documento colectivo leído durante la marcha expresan su rechazo "al agravamiento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población y la escandalosa concentración de la riqueza en manos de pocos, sumado a "el desmantelamiento progresivo de sectores clave del estado destinados a la salud, educación y cuidados. Particularmente de todas las políticas de prevención contra las violencias por motivo de género".
"El mismo mes en que Argentina vota en soledad en las Naciones Unidas contra la Resolución para eliminar las violencias hacia mujeres y niñas, se conoce la escalofriante cifra de femicidios, lesbicidios y transfemicidios en lo que va del año: 269 víctimas por violencia de género. Según el vocero presidencial en la interpelación que le hizo la Corte Interamericana de DDHH ‘existen las violencias en general' y a eso quieren que se dedique la línea 144 con la mitad del personal que tenía antes", agrega el documento.
En esta línea, señalan directamente al gobierno de Javier Milei, el cual "eliminó la promoción de la ESI, dando intervención a fundaciones extranjeras que en verdad atentan contra su implementación. Paralizó todas las obras destinadas a casas de acogida a mujeres en situación de violencia y redujo al extremo el Programa Acompañar. Compañeras, es hora de preguntarnos ¿Cuánto más vamos a tolerar?"
"El discurso provocativo es el escenario que ha elegido el gobierno para librar una gran batalla ideológica, política y cultural. Se pavonean orgullosos de sus medidas y dichos, plantean que los derechos y herramientas conquistadas a lo largo de estos años en las calles, son privilegios, negando e invisibilizando la violencia patriarcal", concluye.
A pesar de este panorama, Valeria Velásquez, de la Multisectorial Feminista de Comodoro, señala que observan una merma en la participación en las distintas actividades de protesta que se realizaron en el año, sobre todo en la última marcha.
"El análisis que hicimos es que hay varias cuestiones del contexto que comprometen a las mujeres y a las diversidades y la participación fue el lunes, un día laboral. Hay mucha preocupación por sobre el día a día, dejar un día de trabajo o retirarse un poco antes hoy es muy costoso en términos de supervivencia", remarcó.
Por otro lado, desde la organización reconocen la cuestión del desgaste: "Tenemos muchos frentes de lucha. Hay números concretos sobre lo que está pasando con los derechos las mujeres y diversidades, pero también tenemos una situación con las niñeces, con la comunidad mapuche, son muchos frentes en los que las mujeres nos encontramos participando. En noviembre, en este contexto, es un poco agotador. Sin embargo, las que estuvimos nos sentimos representantes de aquellas que por distintas circunstancias no pudieron ir".
Sin embargo, sostuvo: "Vamos a seguir en las calles, vamos a seguir defendiendo, vamos a buscar formas de acrecentar esta participación. Seguimos con la creencia de que la salida es colectiva".
Además, subrayó que las movilizaciones callejeras no son la única estrategia de reclamo: "Hay spots, imágenes, clases públicas, muchas herramientas alternativas. Estamos tratando de organizarnos en contra de la embestida de la derecha".
Recortes y más recortes
Durante su campaña, Javier Milei dejó en claro su intención de eliminar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto a una decena de políticas públicas de género construidas en los últimos años. Y fue, de hecho, una de las primeras medidas que concretó tras su asunción en diciembre del año pasado.
La eliminación del Ministerio fue una suerte de efecto dominó que fue generalizando la suspensión y el recorte de distintos programas que apuntaban a la prevención de las violencias, el fortalecimiento de las políticas de igualdad y la sensibilización en materia de género. Además de los recortes concretos del área, se eliminaron espacios de género en otros ministerios, así como políticas transversales que garantizaban derechos de las mujeres y diversidades.
Y si bien los efectos del ajuste fueron materializándose a lo largo del año, algunas medidas en concreto fueron las más sentidas por las organizaciones y los espacios institucionales a la hora de acompañar situaciones de violencia.
El Programa Acompañar es una de las principales políticas en esta dirección. Brinda ayuda económica (equivalente a un salario mínimo, vital y móvil) a las víctimas de violencia para asegurar su autonomía. Desde su creación en 2020, brindó asistencia a cerca de 400 mil personas en situación de violencia de género.
En los primeros meses del año, reinaba la incertidumbre sobre la continuidad de este programa. Y si bien no fue suspendido, como otras políticas, fue profundamente ajustado. El número de destinatarias bajó de manera considerable: entre diciembre de 2023 y fines de febrero de 2024 hubo aproximadamente menos de 8 mil altas nuevas. A veces, quienes solicitan la asistencia se enfrentan a rechazos o demoras en los pagos.
Un informe de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) muestra que, si se comparan los datos del primer cuatrimestre de 2023 con los del 2024 en valores reales, el presupuesto asignado al Acompañar refleja una caída del 80% en la ejecución interanual.
En la búsqueda del déficit cero, el Gobierno modificó el Programa y acortó su plazo. El decreto 755/2024 indica que el período de pago se reduce de 6 a 3 meses. Además, establece un nuevo requisito para acceder al programa: acreditar la denuncia judicial o policial de violencia de género.
Otro organismo seriamente afectado fue la Línea 144, con despidos masivos y un claro vaciamiento de la perspectiva de género.
La Línea funciona de manera gratuita, las 24 horas del día, los 365 días del año y en todo el país. Fue creada en 2013, y durante los últimos 10 años recibió más de 900 mil comunicaciones por violencia de género. El Ministerio de las Mujeres encaró un proceso de fortalecimiento del servicio a partir del 2019, lo que permitió pudieran sumarse otras opciones de comunicación vía WhatsApp (1127716463), mail (linea144@mingeneros.gob.ar) e incluso por videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.
En junio el Gobierno despidió a cerca del 40% de las personas que trabajaban en la Línea, quedando turnos con apenas 2 trabajadoras atendiendo.
Recientemente, transformó la Línea 144 en una línea que brinda "atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia y riesgo", desconociendo así las desigualdades estructurales que afectan con más fuerza a las mujeres y diversidades. Ahora también se atienden consultas por situaciones de abandono de ancianos, violencia familiar o cuestiones relacionadas a la niñez.
Más allá de las modificaciones, en el Presupuesto 2025 no se prevén partidas para su funcionamiento, al igual que otros programas de protección de género y de las infancias como el Programa Acompañar, el patrocinio jurídico a víctimas de abuso sexual y la ESI.
Una de las tareas que asume la Multisectorial Feminista local es el acompañamiento de víctimas de violencia. En este sentido, Velásquez señala que en ese proceso se hacen notorios los ajustes.
"El patriarcado es un sistema que tiene muchos años. Habíamos avanzado mucho en materia de derechos, ahora vemos muchos retrocesos. Al año pasado tenemos muchas más herramientas para acompañar y asistir a las mujeres víctimas de violencia. Hoy una mujer que está saliendo de una situación de violencia y una situación económica necesita ciertos recursos para poder ser autónoma", enfatiza.
Y agrega que hay recortes en recursos tanto materiales como humanos, además de mal pagos y en ocasiones sin formación específica.
"Hace unos días se dio de baja un plan alimentario nacional para las víctimas de violencia, hay subsidios que eran para las victimas indirectas, los hijos de mujeres que fueron víctimas de femicidio, son todos recursos y herramientas con las que contábamos para trabajar, hoy es mucho mas difícil, se encuentran más vulnerados los derechos", resume.
El retroceso en el proceso de institucionalización de las políticas de género que se había producido a partir de 2019 hace que las organizaciones que acompañan tengan un doble esfuerzo.
"Hay muchas ONG, voluntades que colaboran, pero sabemos que la responsabilidad principal es del Estado, esto ya no estaría siendo garantizado, las ONG también están pasando por momentos difíciles, por la misma economía, entonces nos encontramos con un contexto muy difícil, con muchos obstáculos, donde se están legitimando discursos violentos, discriminatorios, donde se vuelven a debatir cuestiones que creíamos superadas", apunta Vásquez.
"Nos estamos organizando, lo que nos preocupa es esta cuestión de sumar voluntades y la participación", agrega.
Las cifras de la violencia en Chubut
Según datos de la Defensoría General de la Nación, en lo que va del año a nivel nacional se registraron 252 femicidios que incluyen 20 femicidios vinculados, 7 personas trans, 10 suicidios feminicidas y 12 casos de muertes violentas de mujeres en contexto de narcotráfico y crimen organizado. Esto resulta en un promedio de 1 femicidio cada 30 horas, con cifras similares a las del 2020, año marcado por la pandemia y la proliferación de las violencias machistas.
Además, se registraron 169 víctimas colaterales: niñas y niños que se quedaron sin sus madres porque fueron víctimas de femicidio.
Un dato no menor recogido por el registro del Observatorio MuMaLá es que, del total de 212 femicidios que contabilizaron, únicamente el 12% de las víctimas había denunciado a su agresor, el dato más bajo de los últimos cinco años.
En Chubut, se evidenció un aumento de los femicidios durante el primer trimestre, superando los números registrados en los últimos tres años.
Además, desde 2013 hasta diciembre del 2024 alrededor de 40 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres en manos de femicidas.
La abogada Marina Barcelona, a cargo del Registro de Femicidios del Superior Tribunal de Justicia, dialogó con FM Del viento y señaló que desde 2013 se registraron en la provincia 30 femicidios directos y tres transversales hasta el 31 de diciembre de 2023.
En 2022 no se reportaron casos de femicidios, mientras que en 2023 se registraron dos incidentes. Sin embargo, en lo que va de 2024, ya se contabilizaron cinco casos, de los cuales tres ya fueron confirmados como femicidios y dos están bajo investigación como muertes violentas o dudosas.
El informe de la Defensoría muestra que Chubut es una de las provincias con la tasa más alta de femicidios en proporción a la población de mujeres y diversidades, junto a Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Salta.
Según datos regionales, desde enero a junio del 2024 se registraron 4.063 denuncias por violencia de género en la provincia de Chubut. De ese total, 1.470 fueron por violencia familiar y 382 por violencia de género. Las cifras aumentan en las localidades más grandes como Trelew, Puerto Madryn Comodoro Rivadavia y Rawson.
La Directora de Género de la Policía del Chubut, Claudia Bocco, destacó en diálogo con Cadena Tiempo que la violencia psicológica es una de las modalidades más frecuentes, sobre todo a través de "humillaciones" en primer lugar y las lesiones físicas en segundo lugar. Además, destacó que hay numerosos casos de reincidencia de las denuncias por parte de la misma persona.
Bocco reconoce que "la violencia es algo social, tenemos que, más allá de saber dónde acudir tenemos que ir antes, en la educación, en la prevención". Y señaló que "en general, cuando las víctimas se acercan a la Comisaría de la Mujer, se le ofrecen alternativas para acompañarlas. Como Dirección de Género, trabajamos para los empleados que conforman la Policía del Chubut". En este sentido, Chubut cuenta actualmente con 19 Comisarías de la Mujer.
Por último, señaló que, si bien en la provincia no faltan comisarías, sí se necesita "capacitación para el personal de las comisarías para que estén en condiciones de recepcionar una denuncia y actuar en consecuencia".
La olvidada Ley de Emergencia
Un reclamo de larga data de la Multisectorial Feminista es la Ley de Declaración de Emergencia Pública en materia de Violencia de Género, un proyecto que fue impulsado en 2017 durante el gobierno de Mario Das Neves y más tarde vetado por Mariano Arcioni.
"Hace muchos años que pedimos presupuesto para emergencia en violencia. Es una necesidad desde hace años, hoy es mucho más complejo. Los montos claramente son mucho mayores. Hasta hace algunos años se podía discutir eso todavía, todavía estábamos con políticas públicas, programas y planes que mínimamente daban algún recurso. Hoy no contamos ni con eso. Hoy lo que es el presupuesto para emergencia es mucho más urgente", explica Vásquez.
El proyecto prevé un marco presupuestario acorde a las necesidades de infraestructura y recurso humano, y plantea una base sólida de apoyo estatal en el proceso de recuperación de las víctimas de violencia de género durante un período mínimo de 24 meses.
El Artículo 2 plantea que "el Poder Ejecutivo Provincial debe adecuar y dotar de personal técnico y administrativo suficiente a la Dirección Provincial de Equidad y Género, en un plazo de doce (12) meses, a fin de garantizar inmediata atención a las víctimas en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica. Dicho equipo interdisciplinario deberá contar como mínimo de tres (3) psicólogos, un (1) abogado, un (1) ginecólogo y cinco (5) asistentes sociales. Los profesionales que asuman deben hacerlo por concurso abierto y acreditar en forma fehaciente idoneidad en la temática".
Además, contempla la creación de un Programa de Reinserción Social Laboral para las personas en situación de violencia de género, políticas de protección integral para mujeres y niñas y personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ -en articulación con provincias, municipios, comunas y parajes-, y transversalización de la perspectiva de Género en los organismos judiciales.
Dos años atrás, también en ocasión del 25N, la referente de la izquierda local y miembro de la Multisectorial, Emilse Saavedra, explicaba a este medio el camino trunco de la ley.
"La ley fue vetada, definieron que era útil pero ya llegando a fin de año sostuvieron que no daban los números. Sabemos que ningún justificativo es válido para hacer esa atrocidad. Esa emergencia fue una de las más favorables que teníamos, planteaba presupuesto real para los refugios, para las mujeres que sufren violencia, planteaba un subsidio ya que muchas de las víctimas dependen económicamente de su pareja. La ley venía a arreglar muchas cosas y nunca se puso en práctica", comentaba en 2022; y ya entonces se mostraba escéptica sobre la posibilidad de que la Ley vuelva a ser presentada.
Violencia discursiva y demonización
Además de las cuestiones presupuestarias concretas y la falta de recursos, los movimientos feministas venían advirtiendo hace varios años la construcción de un discurso enfocado en el ataque a los activismos por los derechos.
Vásquez reconoce que hoy circulan muchos discursos de este tipo, y subraya: "Antes contábamos con políticas públicas, por ejemplo, el INADI, que mínimamente regulaba algunas cuestiones en cuanto a los medios, se podían hacer denuncias cuando había discursos de carácter de violencia racista o machista, que incitaban a la violencia, todo eso era sancionado y hoy vemos que hay cierta legitimidad para esos discursos, ya no contamos con esa protección".
Reconoce que, sobre todo en el marco de las redes sociales, hay poco control y sanción de los ataques: "Vemos que discursivamente hay mucha violencia. Tenemos compañeras que tienen mucho miedo de decir que son feministas en el espacio público. Pareciera que es una mala palabra y no ha hasta hace mucho se entendía que si eras feminista estabas en defensa de los derechos de las mujeres, derechos y diversidades. Han proliferado mucho los discursos violentos".
Más que una invisibilización de los feminismos en la agenda pública, Vásquez habla de una "demonización de las personas que defienden sus derechos. Esto ha sido construido de a poco, no creemos que sea tan espontaneo. Se ha construido discursivamente. Es constante".
Parte del desafío que hoy atañe a los feminismos -en un escenario de retroceso de un proceso largo que comenzaba a materializarse en políticas públicas sólidas y con cifras de violencia machista que no decrecen- es la defensa del movimiento y la implementación de nuevas estrategias de lucha.
"La verdad que es muy difícil, estamos tratando de visibilizar que esto no es así, el movimiento sigue, no es una cuestión partidaria, el movimiento feminista tiene mas de 100 años y vamos a seguir adelante sea el partido que sea, sabemos que muchas veces no alcanza con una sola ley o una sola política, es mas estructural. Vamos a seguir en ese camino", reafirma Vásquez.
En el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, los movimientos feministas, de mujeres y disidencias se movilizaron en Comodoro, igual que en el resto del país, en un contexto de brutal desfinanciamiento de las políticas de género. Si bien las violencias machistas reflejan una problemática de larga data, el 2024 estuvo signado por la suspensión de programas clave para la prevención, lo que puso a los movimientos en estado de alerta. En diálogo con El Extremo Sur, Valeria Velásquez -de la Multisectorial Feminista de Comodoro- realizó un balance de la última movilización y remarcó la necesidad de acrecentar la participación. El activismo se sostiene en un escenario con un componente importante de violencia discursiva y deslegitimación de los feminismos. Las cifras más recientes a nivel nacional muestran que las violencias persisten, y ubican a Chubut como una de las provincias con la mayor tasa de femicidios de todo el país.
Como todos los años, la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia -que está compuesta por referentes de distintas organizaciones- organizó la marcha en ocasión del 25N, con actividades especialmente convocantes dado el contexto de desguace de las políticas de género que se produjo desde la asunción de la gestión libertaria.
Los reclamos no sólo apuntaron a la cuestión presupuestaria y la necesidad de justicia en casos de femicidios y transfemicidios, sino que también apunta a las condiciones laborales y salariales en igualdad, la efectivización de la Ley de Cupo Laboral travesti-trans, la implementación de ESI en todos los niveles, al repudio de la represión policial y al derecho a un territorio libre de proyectos extractivistas.
En el documento colectivo leído durante la marcha expresan su rechazo "al agravamiento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población y la escandalosa concentración de la riqueza en manos de pocos, sumado a "el desmantelamiento progresivo de sectores clave del estado destinados a la salud, educación y cuidados. Particularmente de todas las políticas de prevención contra las violencias por motivo de género".
"El mismo mes en que Argentina vota en soledad en las Naciones Unidas contra la Resolución para eliminar las violencias hacia mujeres y niñas, se conoce la escalofriante cifra de femicidios, lesbicidios y transfemicidios en lo que va del año: 269 víctimas por violencia de género. Según el vocero presidencial en la interpelación que le hizo la Corte Interamericana de DDHH ‘existen las violencias en general' y a eso quieren que se dedique la línea 144 con la mitad del personal que tenía antes", agrega el documento.
En esta línea, señalan directamente al gobierno de Javier Milei, el cual "eliminó la promoción de la ESI, dando intervención a fundaciones extranjeras que en verdad atentan contra su implementación. Paralizó todas las obras destinadas a casas de acogida a mujeres en situación de violencia y redujo al extremo el Programa Acompañar. Compañeras, es hora de preguntarnos ¿Cuánto más vamos a tolerar?"
"El discurso provocativo es el escenario que ha elegido el gobierno para librar una gran batalla ideológica, política y cultural. Se pavonean orgullosos de sus medidas y dichos, plantean que los derechos y herramientas conquistadas a lo largo de estos años en las calles, son privilegios, negando e invisibilizando la violencia patriarcal", concluye.
A pesar de este panorama, Valeria Velásquez, de la Multisectorial Feminista de Comodoro, señala que observan una merma en la participación en las distintas actividades de protesta que se realizaron en el año, sobre todo en la última marcha.
"El análisis que hicimos es que hay varias cuestiones del contexto que comprometen a las mujeres y a las diversidades y la participación fue el lunes, un día laboral. Hay mucha preocupación por sobre el día a día, dejar un día de trabajo o retirarse un poco antes hoy es muy costoso en términos de supervivencia", remarcó.
Por otro lado, desde la organización reconocen la cuestión del desgaste: "Tenemos muchos frentes de lucha. Hay números concretos sobre lo que está pasando con los derechos las mujeres y diversidades, pero también tenemos una situación con las niñeces, con la comunidad mapuche, son muchos frentes en los que las mujeres nos encontramos participando. En noviembre, en este contexto, es un poco agotador. Sin embargo, las que estuvimos nos sentimos representantes de aquellas que por distintas circunstancias no pudieron ir".
Sin embargo, sostuvo: "Vamos a seguir en las calles, vamos a seguir defendiendo, vamos a buscar formas de acrecentar esta participación. Seguimos con la creencia de que la salida es colectiva".
Además, subrayó que las movilizaciones callejeras no son la única estrategia de reclamo: "Hay spots, imágenes, clases públicas, muchas herramientas alternativas. Estamos tratando de organizarnos en contra de la embestida de la derecha".
Recortes y más recortes
Durante su campaña, Javier Milei dejó en claro su intención de eliminar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto a una decena de políticas públicas de género construidas en los últimos años. Y fue, de hecho, una de las primeras medidas que concretó tras su asunción en diciembre del año pasado.
La eliminación del Ministerio fue una suerte de efecto dominó que fue generalizando la suspensión y el recorte de distintos programas que apuntaban a la prevención de las violencias, el fortalecimiento de las políticas de igualdad y la sensibilización en materia de género. Además de los recortes concretos del área, se eliminaron espacios de género en otros ministerios, así como políticas transversales que garantizaban derechos de las mujeres y diversidades.
Y si bien los efectos del ajuste fueron materializándose a lo largo del año, algunas medidas en concreto fueron las más sentidas por las organizaciones y los espacios institucionales a la hora de acompañar situaciones de violencia.
El Programa Acompañar es una de las principales políticas en esta dirección. Brinda ayuda económica (equivalente a un salario mínimo, vital y móvil) a las víctimas de violencia para asegurar su autonomía. Desde su creación en 2020, brindó asistencia a cerca de 400 mil personas en situación de violencia de género.
En los primeros meses del año, reinaba la incertidumbre sobre la continuidad de este programa. Y si bien no fue suspendido, como otras políticas, fue profundamente ajustado. El número de destinatarias bajó de manera considerable: entre diciembre de 2023 y fines de febrero de 2024 hubo aproximadamente menos de 8 mil altas nuevas. A veces, quienes solicitan la asistencia se enfrentan a rechazos o demoras en los pagos.
Un informe de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) muestra que, si se comparan los datos del primer cuatrimestre de 2023 con los del 2024 en valores reales, el presupuesto asignado al Acompañar refleja una caída del 80% en la ejecución interanual.
En la búsqueda del déficit cero, el Gobierno modificó el Programa y acortó su plazo. El decreto 755/2024 indica que el período de pago se reduce de 6 a 3 meses. Además, establece un nuevo requisito para acceder al programa: acreditar la denuncia judicial o policial de violencia de género.
Otro organismo seriamente afectado fue la Línea 144, con despidos masivos y un claro vaciamiento de la perspectiva de género.
La Línea funciona de manera gratuita, las 24 horas del día, los 365 días del año y en todo el país. Fue creada en 2013, y durante los últimos 10 años recibió más de 900 mil comunicaciones por violencia de género. El Ministerio de las Mujeres encaró un proceso de fortalecimiento del servicio a partir del 2019, lo que permitió pudieran sumarse otras opciones de comunicación vía WhatsApp (1127716463), mail (linea144@mingeneros.gob.ar) e incluso por videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.
En junio el Gobierno despidió a cerca del 40% de las personas que trabajaban en la Línea, quedando turnos con apenas 2 trabajadoras atendiendo.
Recientemente, transformó la Línea 144 en una línea que brinda "atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia y riesgo", desconociendo así las desigualdades estructurales que afectan con más fuerza a las mujeres y diversidades. Ahora también se atienden consultas por situaciones de abandono de ancianos, violencia familiar o cuestiones relacionadas a la niñez.
Más allá de las modificaciones, en el Presupuesto 2025 no se prevén partidas para su funcionamiento, al igual que otros programas de protección de género y de las infancias como el Programa Acompañar, el patrocinio jurídico a víctimas de abuso sexual y la ESI.
Una de las tareas que asume la Multisectorial Feminista local es el acompañamiento de víctimas de violencia. En este sentido, Velásquez señala que en ese proceso se hacen notorios los ajustes.
"El patriarcado es un sistema que tiene muchos años. Habíamos avanzado mucho en materia de derechos, ahora vemos muchos retrocesos. Al año pasado tenemos muchas más herramientas para acompañar y asistir a las mujeres víctimas de violencia. Hoy una mujer que está saliendo de una situación de violencia y una situación económica necesita ciertos recursos para poder ser autónoma", enfatiza.
Y agrega que hay recortes en recursos tanto materiales como humanos, además de mal pagos y en ocasiones sin formación específica.
"Hace unos días se dio de baja un plan alimentario nacional para las víctimas de violencia, hay subsidios que eran para las victimas indirectas, los hijos de mujeres que fueron víctimas de femicidio, son todos recursos y herramientas con las que contábamos para trabajar, hoy es mucho mas difícil, se encuentran más vulnerados los derechos", resume.
El retroceso en el proceso de institucionalización de las políticas de género que se había producido a partir de 2019 hace que las organizaciones que acompañan tengan un doble esfuerzo.
"Hay muchas ONG, voluntades que colaboran, pero sabemos que la responsabilidad principal es del Estado, esto ya no estaría siendo garantizado, las ONG también están pasando por momentos difíciles, por la misma economía, entonces nos encontramos con un contexto muy difícil, con muchos obstáculos, donde se están legitimando discursos violentos, discriminatorios, donde se vuelven a debatir cuestiones que creíamos superadas", apunta Vásquez.
"Nos estamos organizando, lo que nos preocupa es esta cuestión de sumar voluntades y la participación", agrega.
Las cifras de la violencia en Chubut
Según datos de la Defensoría General de la Nación, en lo que va del año a nivel nacional se registraron 252 femicidios que incluyen 20 femicidios vinculados, 7 personas trans, 10 suicidios feminicidas y 12 casos de muertes violentas de mujeres en contexto de narcotráfico y crimen organizado. Esto resulta en un promedio de 1 femicidio cada 30 horas, con cifras similares a las del 2020, año marcado por la pandemia y la proliferación de las violencias machistas.
Además, se registraron 169 víctimas colaterales: niñas y niños que se quedaron sin sus madres porque fueron víctimas de femicidio.
Un dato no menor recogido por el registro del Observatorio MuMaLá es que, del total de 212 femicidios que contabilizaron, únicamente el 12% de las víctimas había denunciado a su agresor, el dato más bajo de los últimos cinco años.
En Chubut, se evidenció un aumento de los femicidios durante el primer trimestre, superando los números registrados en los últimos tres años.
Además, desde 2013 hasta diciembre del 2024 alrededor de 40 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres en manos de femicidas.
La abogada Marina Barcelona, a cargo del Registro de Femicidios del Superior Tribunal de Justicia, dialogó con FM Del viento y señaló que desde 2013 se registraron en la provincia 30 femicidios directos y tres transversales hasta el 31 de diciembre de 2023.
En 2022 no se reportaron casos de femicidios, mientras que en 2023 se registraron dos incidentes. Sin embargo, en lo que va de 2024, ya se contabilizaron cinco casos, de los cuales tres ya fueron confirmados como femicidios y dos están bajo investigación como muertes violentas o dudosas.
El informe de la Defensoría muestra que Chubut es una de las provincias con la tasa más alta de femicidios en proporción a la población de mujeres y diversidades, junto a Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Salta.
Según datos regionales, desde enero a junio del 2024 se registraron 4.063 denuncias por violencia de género en la provincia de Chubut. De ese total, 1.470 fueron por violencia familiar y 382 por violencia de género. Las cifras aumentan en las localidades más grandes como Trelew, Puerto Madryn Comodoro Rivadavia y Rawson.
La Directora de Género de la Policía del Chubut, Claudia Bocco, destacó en diálogo con Cadena Tiempo que la violencia psicológica es una de las modalidades más frecuentes, sobre todo a través de "humillaciones" en primer lugar y las lesiones físicas en segundo lugar. Además, destacó que hay numerosos casos de reincidencia de las denuncias por parte de la misma persona.
Bocco reconoce que "la violencia es algo social, tenemos que, más allá de saber dónde acudir tenemos que ir antes, en la educación, en la prevención". Y señaló que "en general, cuando las víctimas se acercan a la Comisaría de la Mujer, se le ofrecen alternativas para acompañarlas. Como Dirección de Género, trabajamos para los empleados que conforman la Policía del Chubut". En este sentido, Chubut cuenta actualmente con 19 Comisarías de la Mujer.
Por último, señaló que, si bien en la provincia no faltan comisarías, sí se necesita "capacitación para el personal de las comisarías para que estén en condiciones de recepcionar una denuncia y actuar en consecuencia".
La olvidada Ley de Emergencia
Un reclamo de larga data de la Multisectorial Feminista es la Ley de Declaración de Emergencia Pública en materia de Violencia de Género, un proyecto que fue impulsado en 2017 durante el gobierno de Mario Das Neves y más tarde vetado por Mariano Arcioni.
"Hace muchos años que pedimos presupuesto para emergencia en violencia. Es una necesidad desde hace años, hoy es mucho más complejo. Los montos claramente son mucho mayores. Hasta hace algunos años se podía discutir eso todavía, todavía estábamos con políticas públicas, programas y planes que mínimamente daban algún recurso. Hoy no contamos ni con eso. Hoy lo que es el presupuesto para emergencia es mucho más urgente", explica Vásquez.
El proyecto prevé un marco presupuestario acorde a las necesidades de infraestructura y recurso humano, y plantea una base sólida de apoyo estatal en el proceso de recuperación de las víctimas de violencia de género durante un período mínimo de 24 meses.
El Artículo 2 plantea que "el Poder Ejecutivo Provincial debe adecuar y dotar de personal técnico y administrativo suficiente a la Dirección Provincial de Equidad y Género, en un plazo de doce (12) meses, a fin de garantizar inmediata atención a las víctimas en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica. Dicho equipo interdisciplinario deberá contar como mínimo de tres (3) psicólogos, un (1) abogado, un (1) ginecólogo y cinco (5) asistentes sociales. Los profesionales que asuman deben hacerlo por concurso abierto y acreditar en forma fehaciente idoneidad en la temática".
Además, contempla la creación de un Programa de Reinserción Social Laboral para las personas en situación de violencia de género, políticas de protección integral para mujeres y niñas y personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ -en articulación con provincias, municipios, comunas y parajes-, y transversalización de la perspectiva de Género en los organismos judiciales.
Dos años atrás, también en ocasión del 25N, la referente de la izquierda local y miembro de la Multisectorial, Emilse Saavedra, explicaba a este medio el camino trunco de la ley.
"La ley fue vetada, definieron que era útil pero ya llegando a fin de año sostuvieron que no daban los números. Sabemos que ningún justificativo es válido para hacer esa atrocidad. Esa emergencia fue una de las más favorables que teníamos, planteaba presupuesto real para los refugios, para las mujeres que sufren violencia, planteaba un subsidio ya que muchas de las víctimas dependen económicamente de su pareja. La ley venía a arreglar muchas cosas y nunca se puso en práctica", comentaba en 2022; y ya entonces se mostraba escéptica sobre la posibilidad de que la Ley vuelva a ser presentada.
Violencia discursiva y demonización
Además de las cuestiones presupuestarias concretas y la falta de recursos, los movimientos feministas venían advirtiendo hace varios años la construcción de un discurso enfocado en el ataque a los activismos por los derechos.
Vásquez reconoce que hoy circulan muchos discursos de este tipo, y subraya: "Antes contábamos con políticas públicas, por ejemplo, el INADI, que mínimamente regulaba algunas cuestiones en cuanto a los medios, se podían hacer denuncias cuando había discursos de carácter de violencia racista o machista, que incitaban a la violencia, todo eso era sancionado y hoy vemos que hay cierta legitimidad para esos discursos, ya no contamos con esa protección".
Reconoce que, sobre todo en el marco de las redes sociales, hay poco control y sanción de los ataques: "Vemos que discursivamente hay mucha violencia. Tenemos compañeras que tienen mucho miedo de decir que son feministas en el espacio público. Pareciera que es una mala palabra y no ha hasta hace mucho se entendía que si eras feminista estabas en defensa de los derechos de las mujeres, derechos y diversidades. Han proliferado mucho los discursos violentos".
Más que una invisibilización de los feminismos en la agenda pública, Vásquez habla de una "demonización de las personas que defienden sus derechos. Esto ha sido construido de a poco, no creemos que sea tan espontaneo. Se ha construido discursivamente. Es constante".
Parte del desafío que hoy atañe a los feminismos -en un escenario de retroceso de un proceso largo que comenzaba a materializarse en políticas públicas sólidas y con cifras de violencia machista que no decrecen- es la defensa del movimiento y la implementación de nuevas estrategias de lucha.
"La verdad que es muy difícil, estamos tratando de visibilizar que esto no es así, el movimiento sigue, no es una cuestión partidaria, el movimiento feminista tiene mas de 100 años y vamos a seguir adelante sea el partido que sea, sabemos que muchas veces no alcanza con una sola ley o una sola política, es mas estructural. Vamos a seguir en ese camino", reafirma Vásquez.
