Crecen las denuncias por violencia de género, pero disminuye a casi cero el apoyo estatal a las víctimasPor Maira López
En el marco del Día Internacional de Acciones por la Eliminación de la Violencia basada en Género, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) de la provincia de Salta presentó ayer su informe anual 2024. El trabajo estadístico refleja los datos recolectados desde fines del año pasado hasta octubre de este año sobre violencia de género.
También figuran datos recolectados desde 2014, momento en el que se declara la emergencia pública por violencia de género en todo el territorio provincial, aprobada por la Ley 7867, y que ya fue prorrogada cinco veces. El Observatorio realizó asimismo un recuento de los diez años de avances institucionales y estadísticos en la materia.
El informe registró que las denuncias por violencia de género aumentaron en un 82% respecto a lo registrado en 2016. En ese año hubo 14.695 denuncias, mientras que en 2023 se contabilizaron 26.734. Para este año el organismo mantiene una proyección de al menos 29.037 denuncias.
La directora del Observatorio en representación del Poder Legislativo, Florencia Sánchez, consideró que el aumento de las denuncias es importante porque "visibiliza justamente la desnaturalización de las violencias en mujeres y diversidades".
El organismo sostuvo que el incremento en la cantidad de denuncias "no significa necesariamente un aumento de las situaciones de violencia por motivos de género", sino que interpretó que es posible que haya aumentado la cantidad de víctimas que denuncian como consecuencia de las campañas de sensibilización, del conjunto de leyes abocadas a la problemática, las capacitaciones masivas, las acciones de los movimientos de la sociedad civil y la apertura de espacios específicos, tanto en el Poder Ejecutivo Provincial, Municipal como en el Poder Judicial y el Ministerio Público, durante la última década. "Son factores que influyen en que se hagan visibles y se denuncien situaciones que antes permanecían ocultas o eran naturalizadas", aseguró el Observatorio.
En el mismo sentido, también se destacó que si se pone atención en el grupo etario en el que se concentran las denuncias es posible explicar su aumento con los cambios generacionales "que marcan una menor tolerancia de comportamientos violentos", sobre todo en edades que van entre los 18 y 35 años.
El informe también señala que se produjeron avances en el abordaje de la violencia en las distintas localidades. Actualmente el 70% de los municipios cuenta con un área sobre violencia de género, cuando en 2017 sólo había un 39%. No obstante, en comparación a 2022 hubo una disminución de 3% de esas áreas.
Desde el Observatorio se manifestó que si bien han aumentado las áreas específicas dentro de los municipios y se ha jerarquizado provincialmente el organismo competente, con la creación de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad (en 2022), "aún son escasos los recursos si se considera el incremento significativo de la demanda". Sánchez insistió en que es positivo jerarquizar un área que aborde la problemática, pero afirmó que estos mismos espacios están atravesados por una baja considerable de recursos para su funcionamiento. Esto incide, por ejemplo, en la falta de profesionales para una correcta atención y seguimiento de los casos.
En comparación con los primeros años de la emergencia por violencia de género, Sánchez afirmó que los recursos en 2015 para este fin no crecieron en relación a la cantidad de denuncias, por lo tanto, no hubo un adecuado seguimiento y acompañamiento del Estado a quienes decidieron denunciar. "Si bien aumentó en un 82% la cantidad de denuncias, los recursos, las instituciones y los mecanismos para atender ese crecimiento no han sido a la par", señaló la directora.
Falta acompañamiento
La funcionaria explicó que muchas de las instituciones que se han creado en el marco de la emergencia cumplen con la tarea de sistematizar la información, o brindar los lugares para denunciar, o dar capacitaciones vinculadas a la materia, pero "vemos que la mayoría atienden la primera intervención", es decir, sólo el momento de la denuncia.
Por eso entendió que "es necesario seguir trabajando en el acompañamiento", en referencia a "todas aquellas instituciones que deberían estar acompañando a la víctima luego de la denuncia porque justamente es cuando más está ansiosa la víctima, donde más necesita de mecanismos para poder sostener esa decisión de terminar con la violencia y de justamente incrementar su autonomía en diferentes esferas de su vida".
Sánchez insistió en que en estos diez años de emergencia los dispositivos, sean nuevas instituciones o protocolos de actuación dentro de organismos ya existentes, han posibilitado visibilizar y denunciar, puesto que se hizo posible identificar una sospecha de una situación de abuso sexual o de violencia de género y actuar de manera preventiva. Pero, "el problema es todo el acompañamiento posterior", destacó. Cómo ejemplo, mencionó el acompañamiento a la salud mental de la víctima. Dijo que está ausencia de acompañamiento lleva a poner en discusión la disponibilidad de los efectores de salud mental, psicólogos, trabajadores sociales de los hospitales y centros de salud. "No es suficiente esta cantidad para responder al incremento de la demanda", afirmó.
A ello sumó también la demanda por patrocinio letrado. "Lo que les falta a muchas mujeres es el acompañamiento de parte de un asesor jurídico que les ayude a entender a dónde se va ese expediente, cuáles son las consecuencias de ese accionar, cuáles son las medidas que se pueden solicitar además de las que están pidiendo o cuando se incumplen las medidas también. Por ejemplo, la prohibición de acercamiento del agresor", especificó.
Otros puntos claves
El informe también marcó otros puntos claves que hoy se deben considerar para evaluar cómo está la atención de los casos de violencia de género. El organismo advirtió sobre la escasez de recursos humanos especializados para el abordaje integral, sobre todo en los días y franjas horarias de mayor demanda. También, reseñó la falta de personal policial y de disponibilidad de recursos para renovar la cantidad de dispositivos duales o botones de pánico para dar respuesta a las medidas dispuestas por la justicia.
Señaló asimismo un bajo nivel de jerarquización de la labor de operadores de violencia intrafamiliar, lo cual hace necesario crear comisarías especializadas, ya que en la actualidad son el único ámbito de atención de 21 a 7 los fines de semana y feriados (días y horarios en los cuales se reciben más llamadas al sistema de emergencias 911). Además de la necesidad de la interseccionalidad en las políticas públicas que reconozca las violencias hacia la población LGBTIQ+, comunidades campesinas, indígenas, así como a las personas con discapacidad.
Asimismo, señaló que la escasez de articulación entre los distintos organismos intervinientes provoca "revictimización", principalmente cuando las personas en situación de violencia deben reiterar su relato en diferentes oportunidades. En este aspecto el OVcM propuso, "un sistema informático integral (que) permitirá una fluidez de información y datos" y "la puesta en funcionamiento del Flujograma interinstitucional, que permite abordar estos obstáculos y promover la generación de acuerdos y articulaciones pertinentes".
También advirtió que hasta ahora "las políticas se han centrado en la protección de las víctimas, pero no en el tratamiento de los varones que ejercen violencia, lo cual es clave para abordar el problema de manera integral y promover una responsabilidad compartida". Recordó que en Salta solo hay dos programas específicos para los varones violentos, con lo que los criterios de admisión son limitados y sin atención a la demanda de toda la provincia.
Sobre los femicidios
Sánchez también subrayó que en estos 10 años, la provincia supera la media nacional de feminicidios. "Es una de las provincias que tiene la mayor cantidad de femicidios respecto a las provincias del país", destacó. En el período 2017-2023 hubo 34 sentencias por muertes violentas de mujeres cis. De ese número, 23 corresponden a femicidios íntimos, es decir, que existió una relación previa entre las partes, donde además de la calificación del delito de "homicidio agravado por mediar violencia de género" contempla el tipo de "homicidio agravados por el vínculo/relación de pareja previa/preexistente y por mediar violencia de género".
Otras 7 sentencias refieren a femicidios no íntimos, puesto que no había relación de pareja entre las partes. De estos femicidios no íntimos, uno incluye el agravante por el "crimen de odio de género". En otros 4 casos, se dio una condena basada en los Incisos 1 y 11 del artículo 80 del Código Penal, puesto que se incluyó y calificó por el delito de "desobediencia judicial", dado la existencia de antecedentes de violencia denunciado entre las partes. Por otro lado, hay 2 condenas por "homicidio agravado por el vínculo/ relación de pareja previa" sin que se haya comprobado que mediara violencia de género entre las partes.
También, 1 homicidio criminis causae (que se mata para preparar, facilitar otro delito o para asegurar su resultado o lograr su impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito) y 1 homicidio preterintencional, calificado por el vínculo. Este último, hace referencia a aquél homicidio que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produce la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte.
Fuente: Página 12
Por Maira López
En el marco del Día Internacional de Acciones por la Eliminación de la Violencia basada en Género, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) de la provincia de Salta presentó ayer su informe anual 2024. El trabajo estadístico refleja los datos recolectados desde fines del año pasado hasta octubre de este año sobre violencia de género.
También figuran datos recolectados desde 2014, momento en el que se declara la emergencia pública por violencia de género en todo el territorio provincial, aprobada por la Ley 7867, y que ya fue prorrogada cinco veces. El Observatorio realizó asimismo un recuento de los diez años de avances institucionales y estadísticos en la materia.
El informe registró que las denuncias por violencia de género aumentaron en un 82% respecto a lo registrado en 2016. En ese año hubo 14.695 denuncias, mientras que en 2023 se contabilizaron 26.734. Para este año el organismo mantiene una proyección de al menos 29.037 denuncias.
La directora del Observatorio en representación del Poder Legislativo, Florencia Sánchez, consideró que el aumento de las denuncias es importante porque "visibiliza justamente la desnaturalización de las violencias en mujeres y diversidades".
El organismo sostuvo que el incremento en la cantidad de denuncias "no significa necesariamente un aumento de las situaciones de violencia por motivos de género", sino que interpretó que es posible que haya aumentado la cantidad de víctimas que denuncian como consecuencia de las campañas de sensibilización, del conjunto de leyes abocadas a la problemática, las capacitaciones masivas, las acciones de los movimientos de la sociedad civil y la apertura de espacios específicos, tanto en el Poder Ejecutivo Provincial, Municipal como en el Poder Judicial y el Ministerio Público, durante la última década. "Son factores que influyen en que se hagan visibles y se denuncien situaciones que antes permanecían ocultas o eran naturalizadas", aseguró el Observatorio.
En el mismo sentido, también se destacó que si se pone atención en el grupo etario en el que se concentran las denuncias es posible explicar su aumento con los cambios generacionales "que marcan una menor tolerancia de comportamientos violentos", sobre todo en edades que van entre los 18 y 35 años.
El informe también señala que se produjeron avances en el abordaje de la violencia en las distintas localidades. Actualmente el 70% de los municipios cuenta con un área sobre violencia de género, cuando en 2017 sólo había un 39%. No obstante, en comparación a 2022 hubo una disminución de 3% de esas áreas.
Desde el Observatorio se manifestó que si bien han aumentado las áreas específicas dentro de los municipios y se ha jerarquizado provincialmente el organismo competente, con la creación de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad (en 2022), "aún son escasos los recursos si se considera el incremento significativo de la demanda". Sánchez insistió en que es positivo jerarquizar un área que aborde la problemática, pero afirmó que estos mismos espacios están atravesados por una baja considerable de recursos para su funcionamiento. Esto incide, por ejemplo, en la falta de profesionales para una correcta atención y seguimiento de los casos.
En comparación con los primeros años de la emergencia por violencia de género, Sánchez afirmó que los recursos en 2015 para este fin no crecieron en relación a la cantidad de denuncias, por lo tanto, no hubo un adecuado seguimiento y acompañamiento del Estado a quienes decidieron denunciar. "Si bien aumentó en un 82% la cantidad de denuncias, los recursos, las instituciones y los mecanismos para atender ese crecimiento no han sido a la par", señaló la directora.
Falta acompañamiento
La funcionaria explicó que muchas de las instituciones que se han creado en el marco de la emergencia cumplen con la tarea de sistematizar la información, o brindar los lugares para denunciar, o dar capacitaciones vinculadas a la materia, pero "vemos que la mayoría atienden la primera intervención", es decir, sólo el momento de la denuncia.
Por eso entendió que "es necesario seguir trabajando en el acompañamiento", en referencia a "todas aquellas instituciones que deberían estar acompañando a la víctima luego de la denuncia porque justamente es cuando más está ansiosa la víctima, donde más necesita de mecanismos para poder sostener esa decisión de terminar con la violencia y de justamente incrementar su autonomía en diferentes esferas de su vida".
Sánchez insistió en que en estos diez años de emergencia los dispositivos, sean nuevas instituciones o protocolos de actuación dentro de organismos ya existentes, han posibilitado visibilizar y denunciar, puesto que se hizo posible identificar una sospecha de una situación de abuso sexual o de violencia de género y actuar de manera preventiva. Pero, "el problema es todo el acompañamiento posterior", destacó. Cómo ejemplo, mencionó el acompañamiento a la salud mental de la víctima. Dijo que está ausencia de acompañamiento lleva a poner en discusión la disponibilidad de los efectores de salud mental, psicólogos, trabajadores sociales de los hospitales y centros de salud. "No es suficiente esta cantidad para responder al incremento de la demanda", afirmó.
A ello sumó también la demanda por patrocinio letrado. "Lo que les falta a muchas mujeres es el acompañamiento de parte de un asesor jurídico que les ayude a entender a dónde se va ese expediente, cuáles son las consecuencias de ese accionar, cuáles son las medidas que se pueden solicitar además de las que están pidiendo o cuando se incumplen las medidas también. Por ejemplo, la prohibición de acercamiento del agresor", especificó.
Otros puntos claves
El informe también marcó otros puntos claves que hoy se deben considerar para evaluar cómo está la atención de los casos de violencia de género. El organismo advirtió sobre la escasez de recursos humanos especializados para el abordaje integral, sobre todo en los días y franjas horarias de mayor demanda. También, reseñó la falta de personal policial y de disponibilidad de recursos para renovar la cantidad de dispositivos duales o botones de pánico para dar respuesta a las medidas dispuestas por la justicia.
Señaló asimismo un bajo nivel de jerarquización de la labor de operadores de violencia intrafamiliar, lo cual hace necesario crear comisarías especializadas, ya que en la actualidad son el único ámbito de atención de 21 a 7 los fines de semana y feriados (días y horarios en los cuales se reciben más llamadas al sistema de emergencias 911). Además de la necesidad de la interseccionalidad en las políticas públicas que reconozca las violencias hacia la población LGBTIQ+, comunidades campesinas, indígenas, así como a las personas con discapacidad.
Asimismo, señaló que la escasez de articulación entre los distintos organismos intervinientes provoca "revictimización", principalmente cuando las personas en situación de violencia deben reiterar su relato en diferentes oportunidades. En este aspecto el OVcM propuso, "un sistema informático integral (que) permitirá una fluidez de información y datos" y "la puesta en funcionamiento del Flujograma interinstitucional, que permite abordar estos obstáculos y promover la generación de acuerdos y articulaciones pertinentes".
También advirtió que hasta ahora "las políticas se han centrado en la protección de las víctimas, pero no en el tratamiento de los varones que ejercen violencia, lo cual es clave para abordar el problema de manera integral y promover una responsabilidad compartida". Recordó que en Salta solo hay dos programas específicos para los varones violentos, con lo que los criterios de admisión son limitados y sin atención a la demanda de toda la provincia.
Sobre los femicidios
Sánchez también subrayó que en estos 10 años, la provincia supera la media nacional de feminicidios. "Es una de las provincias que tiene la mayor cantidad de femicidios respecto a las provincias del país", destacó. En el período 2017-2023 hubo 34 sentencias por muertes violentas de mujeres cis. De ese número, 23 corresponden a femicidios íntimos, es decir, que existió una relación previa entre las partes, donde además de la calificación del delito de "homicidio agravado por mediar violencia de género" contempla el tipo de "homicidio agravados por el vínculo/relación de pareja previa/preexistente y por mediar violencia de género".
Otras 7 sentencias refieren a femicidios no íntimos, puesto que no había relación de pareja entre las partes. De estos femicidios no íntimos, uno incluye el agravante por el "crimen de odio de género". En otros 4 casos, se dio una condena basada en los Incisos 1 y 11 del artículo 80 del Código Penal, puesto que se incluyó y calificó por el delito de "desobediencia judicial", dado la existencia de antecedentes de violencia denunciado entre las partes. Por otro lado, hay 2 condenas por "homicidio agravado por el vínculo/ relación de pareja previa" sin que se haya comprobado que mediara violencia de género entre las partes.
También, 1 homicidio criminis causae (que se mata para preparar, facilitar otro delito o para asegurar su resultado o lograr su impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito) y 1 homicidio preterintencional, calificado por el vínculo. Este último, hace referencia a aquél homicidio que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produce la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte.
Fuente: Página 12
