Hace poco más de dos meses, y gracias a las movilizaciones de organizaciones locales de mujeres, se dio a conocer una serie de denuncias hacia el interior de la Municipalidad de Trelew, que componen actos de violencia verbal, laboral y abuso sexual y para los cuales el común denominador ha sido la falta de respuestas. La ONG Puerta Violeta acompaña las denuncias desde el inicio y apunta contra la institución municipal por la desidia. Lorena Elisaincin, referente de la ONG, dialogó con El Extremo Sur y remarcó que en los primeros meses recibían cerca de dos casos por día, cometidos en distintas áreas municipales. Lo más grave, para Elisaincin, es que no se aplicó ningún tipo de protocolo contra la violencia y espera que la resolución de uno de los casos siente un precedente para garantizar la prevención a futuro.
A la fecha se registran 33 denuncias, la mayoría radicadas en la esfera laboral y unas pocas judicializadas, ya que gran parte de las víctimas sufrió maltratos en el ámbito de trabajo, desde violencia verbal hasta irregularidades administrativas como traslados o baja en las funciones. También se han registrado casos de acoso sexual y una denuncia por abuso sexual, todas ellas cometidas por funcionarios municipales.
En diálogo con El Extremo Sur, Lorena Elisaincin, referente de Puerta Violeta, indicó que venían registrando cerca de dos casos por día. Los hechos comenzaron a producirse en marzo, en los primeros meses de la gestión de Gerardo Merino, y paulatinamente fueron radicándose las denuncias.
El 20 de octubre, en el marco del acto por el aniversario de Trelew, la organización realizó una intervención con carteles y banderas para denunciar la situación de desidia que venían atravesando. La referente reconoce que esta intervención fue un punto de inflexión, ya que desde ese momento hasta la fecha no recibieron nuevos casos.
"Ahí le pusimos un freno al intendente, con banderas y carteles, y eso ayudó a que hasta ahora no hayan llegado más casos. Los que tenemos están en Fiscalía y otros en lo laboral", remarcó.
"De todas las notas e informes que hemos pedido todavía no nos han dado ninguno. Sí vemos que la violencia mermó y cesó, pero yo creo que por unos meses. Es mucha casualidad que después de la intervención se frenó la violencia de género. Fue por el activismo que impulsamos, en el medio del acto fue. No dábamos abasto ya", agregó.
Según la referente de la organización, la intervención "incomodó a los funcionarios": "De la Municipalidad no vino nadie, vino uno de los secretarios privados de la Gobernación en el momento; cuando terminó la intervención se acercó hasta la sede, preguntó y le brindamos información".
Precisó que ahora están a la espera de las audiencias y la decisión de los jueces, ya que, al no haberse aplicado ningún protocolo de prevención o actuación, estima que a la Municipalidad podría caberle algún tipo de sanción.
A la espera de un precedente
De los pocos casos judicializados, el más complejo corresponde a una denuncia por abuso sexual, que según comenta Elisaincin, debió ser dividido en dos expedientes, uno en Fiscalía, por abuso sexual dentro del municipio, y otro por incumplimiento del deber de funcionario público ante la ausencia de protocolos.
"Estamos esperando que (la instancia) laboral dictamine qué van a hacer con el funcionario responsable, que era el superior en la escala jerárquica y el que tenía que aplicar los protocolos. Creo que después de ese fallo vamos a tener las cosas claras de qué es lo que hay que aplicar en Trelew en estos casos, estoy esperando que salga como un fallo modelo", adelantó.
Este caso también refleja la vulneración de los derechos laborales ante la situación irregular que vivió la víctima, a quien no le permitieron regresar a su oficina tras radicar la denuncia.
"Llegó al otro día de la intervención y había 8 policías, le sacaron la oficina y la empezaron a perseguir y hostigar. Hoy está con tratamiento psiquiátrico y con una licencia psiquiátrica, es eso lo que estamos reclamando en el laboral. Ese es el fallo que nos va a permitir ver qué es lo que va a hacer el municipio, porque primero la dejó sin funciones, después la dejó sin oficina, y ahora surge una carpeta psiquiátrica a raíz de todo eso. No solamente la abusaron, sino que sufrió toda la violencia institucional. Bueno, es esa es la justicia que estamos pidiendo", remarca Elisaincin.
En diálogo reciente con este medio, Miriam Vázquez -referente feminista local y una de las denunciantes- se refirió al mismo caso, que por su magnitud fue uno de los más resonados.
"Le dijeron que tenían que llevarla a su casa para que se quede tranquila, y dijo que no, que quería seguir trabajando hasta que la Justicia haga lo suyo. No le dieron ningún tipo de tarea a realizar, ella iba a cumplir horario, y ahora directamente la expulsaron sin ningún tipo de notificación. No puede ingresar más al edificio. Nunca he visto un acto de violencia así", relató.
Además del acoso y la violencia verbal que se vivía hacia adentro del municipio, Vázquez indicó que también se registraron varios casos de mujeres que fueron removidas de sus lugares de trabajo o cambiadas de funciones sin aplicar los protocolos administrativos.
Elisaincin reconoce que, de no ser por la acción de la organización, "las mujeres iban a terminar siendo disciplinadas".
Y si bien reconoce que hoy "se están cuidado", advierte que "si no hay reglas claras o una cuestión judicial que diga que tienen que aplicar los protocolos van a seguir viviendo los casos".
"Tenemos la forma de reclamar ahora el 25 de noviembre así que nos estamos preparando, no vamos a permitir que toquen a una mujer más", concluye.
