Pettovello denunciada por la destrucción de políticas alimentarias y socialesPor Laura Vales
Este jueves, la UTEP va a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno, y en particular a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la destrucción de las políticas alimentarias y sociales. En la audiencia planteará que la ministra Pettovello miente cuando sostiene que cumple con la entrega de alimentos, que las políticas destinadas a los trabajadores de la economía popular han sufrido una grave regresión y que la Rosada elude su responsabilidad de garantizar la supervivencia de los habitantes más pobres del país.
En la presentación, Alejandro Gramajo, de la UTEP, será acompañado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y Wiego, una organización internacional que se dedica a los problemas de los trabajadores informales.
La UTEP pidió esta audiencia a la CIDH luego de que el gobierno nacional ignoró ocho fallos judiciales que le ordenaron al ministerio de Capital Humano garantizar el derecho a la alimentación de la población más vulnerable.
El tema de los alimentos para los comedores y merenderos de las organizaciones sociales es claro; pero no se trata de la única política desmantelada por el gobierno de Milei, que está desfinanciando prácticamente toda la red de protección y reconocimiento de derechos a los trabajadores de la economía popular -y por esto, a las familias más pobres-. Con excepción de la Asignación Universal por Hijo y de la Tarjeta Alimentar, todas las políticas sociales fueron achicadas o directamente anuladas. La motosierra rompió todas aquellas que ayudaban a las personas a organizarse productiva o comunitariamente.
La delegación que expondrá ante la CIDH está integrada por Gramajo, Natalia Zarza (Utep), Paula Litvachky, Diego Morales (Cels) y Tania Espinosa Sánchez (Wiego). A su vez, el gobierno está citado a la audiencia. Durante la jornada habrá, en realidad, tres audiencias sobre tres temas: políticas sociales, políticas de género y políticas de memoria, verdad y justicia.
El planteo que la UTEP va realizar es el de la regresividad o marcha atrás en los derechos sociales de los trabajadores de la economía popular: desde la gran crisis de finales de los ‘90, que llevó al estallido del 2001, los trabajadores de la economía popular -los expulsados del mercado de trabajo formal que se ganan la vida como cartoneros o con otras actividades informales- conquistaron derechos sociales. Sin embargo, el gobierno de Milei tomó la decisión de paralizar, desmantelar y estigmatizar esas políticas.
"Esto se aleja de principios legales fundamentales como los derechos sociales contenidos en la Carta de la Organización de la OEA y del compromiso de Progresividad reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos", entre otros tratados suscritos por la Argentina. Un dato clave es que este retroceso fue implementado en momentos en que, debido a las políticas del propio gobierno, la pobreza aumentó del 44 al 55 por ciento y la indigencia pasó del 9 al 17 por ciento de la población.
A continuación, algunas de las políticas afectadas, según figura en el pedido de audiencia a la CIDH:
* Programa Potenciar Trabajo: antes equivalía, por ley, al 50 por ciento de un salario mínimo. El gobierno lo desvinculó del SMVM y congeló su monto en 78 mil pesos. (La canasta alimentaria para un hogar de tres personas, mientras tanto, cuesta cuatro veces más).
* Monotributo social: el gobierno ha intentado eliminarlo y hoy su continuidad está bajo amenaza.
* Políticas alimentarias: el ministerio de Capital Humano continúa sin enviar alimentos a los comedores y merenderos de las organizaciones sociales, a pesar de que ocho fallos judiciales se lo ordenaron.
* Urbanización de barrios populares: fue desfinanciada, por lo que quedaron obras a medio hacer y no se avanzó con proyectos que ya habían sido aprobados. Hay 30 mil obras frenadas entre las de integración urbana (unas mil) y los mejoramientos micro del programa Mi Pieza (29 mil).
" La grave situación económica y social que esta atravesando la Argentina por el gobierno de Javier Milei hace que estemos atravesando una de las peores crisis humanitarias. Entre sus consecuencias vemos el avance del narcotráfico en las barriadas, que se instaura como abastecedor de los comedores, que se instaura como mecanismo de endeudamiento, porque los narcotraficante se convirtieron en los prestamistas naturales en los barrios, que también se expresa en una creciente desesperación y angustia de muchas personas que intentan suicidarse o se suicidan. Es frente a esa situación, con un gobierno que define no dialogar, no escuchar, y aplastarle la cabeza a la mayoría del pueblo, que hemos decidido llevar nuestros reclamos a la CIDH", señaló a Página 12 Gramajo, titular de la Utep.
"Nuestro país tiene una larga tradición de protección de los derechos sociales y laborales y mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables a partir de políticas públicas concretas. Hoy estamos sufriendo un retroceso en todos esos derechos, lo que representa una violación a nuestras leyes y normativas pero fundamentalmente la vulneración de los derechos humanos de los más humildes que están sumergidos en la pobreza, la indigencia y el Estado no solo les soltó la mano sino que reprime violentamente cada reclamo".
Fuente: Página 12
Por Laura Vales
Este jueves, la UTEP va a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno, y en particular a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la destrucción de las políticas alimentarias y sociales. En la audiencia planteará que la ministra Pettovello miente cuando sostiene que cumple con la entrega de alimentos, que las políticas destinadas a los trabajadores de la economía popular han sufrido una grave regresión y que la Rosada elude su responsabilidad de garantizar la supervivencia de los habitantes más pobres del país.
En la presentación, Alejandro Gramajo, de la UTEP, será acompañado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y Wiego, una organización internacional que se dedica a los problemas de los trabajadores informales.
La UTEP pidió esta audiencia a la CIDH luego de que el gobierno nacional ignoró ocho fallos judiciales que le ordenaron al ministerio de Capital Humano garantizar el derecho a la alimentación de la población más vulnerable.
El tema de los alimentos para los comedores y merenderos de las organizaciones sociales es claro; pero no se trata de la única política desmantelada por el gobierno de Milei, que está desfinanciando prácticamente toda la red de protección y reconocimiento de derechos a los trabajadores de la economía popular -y por esto, a las familias más pobres-. Con excepción de la Asignación Universal por Hijo y de la Tarjeta Alimentar, todas las políticas sociales fueron achicadas o directamente anuladas. La motosierra rompió todas aquellas que ayudaban a las personas a organizarse productiva o comunitariamente.
La delegación que expondrá ante la CIDH está integrada por Gramajo, Natalia Zarza (Utep), Paula Litvachky, Diego Morales (Cels) y Tania Espinosa Sánchez (Wiego). A su vez, el gobierno está citado a la audiencia. Durante la jornada habrá, en realidad, tres audiencias sobre tres temas: políticas sociales, políticas de género y políticas de memoria, verdad y justicia.
El planteo que la UTEP va realizar es el de la regresividad o marcha atrás en los derechos sociales de los trabajadores de la economía popular: desde la gran crisis de finales de los ‘90, que llevó al estallido del 2001, los trabajadores de la economía popular -los expulsados del mercado de trabajo formal que se ganan la vida como cartoneros o con otras actividades informales- conquistaron derechos sociales. Sin embargo, el gobierno de Milei tomó la decisión de paralizar, desmantelar y estigmatizar esas políticas.
"Esto se aleja de principios legales fundamentales como los derechos sociales contenidos en la Carta de la Organización de la OEA y del compromiso de Progresividad reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos", entre otros tratados suscritos por la Argentina. Un dato clave es que este retroceso fue implementado en momentos en que, debido a las políticas del propio gobierno, la pobreza aumentó del 44 al 55 por ciento y la indigencia pasó del 9 al 17 por ciento de la población.
A continuación, algunas de las políticas afectadas, según figura en el pedido de audiencia a la CIDH:
* Programa Potenciar Trabajo: antes equivalía, por ley, al 50 por ciento de un salario mínimo. El gobierno lo desvinculó del SMVM y congeló su monto en 78 mil pesos. (La canasta alimentaria para un hogar de tres personas, mientras tanto, cuesta cuatro veces más).
* Monotributo social: el gobierno ha intentado eliminarlo y hoy su continuidad está bajo amenaza.
* Políticas alimentarias: el ministerio de Capital Humano continúa sin enviar alimentos a los comedores y merenderos de las organizaciones sociales, a pesar de que ocho fallos judiciales se lo ordenaron.
* Urbanización de barrios populares: fue desfinanciada, por lo que quedaron obras a medio hacer y no se avanzó con proyectos que ya habían sido aprobados. Hay 30 mil obras frenadas entre las de integración urbana (unas mil) y los mejoramientos micro del programa Mi Pieza (29 mil).
" La grave situación económica y social que esta atravesando la Argentina por el gobierno de Javier Milei hace que estemos atravesando una de las peores crisis humanitarias. Entre sus consecuencias vemos el avance del narcotráfico en las barriadas, que se instaura como abastecedor de los comedores, que se instaura como mecanismo de endeudamiento, porque los narcotraficante se convirtieron en los prestamistas naturales en los barrios, que también se expresa en una creciente desesperación y angustia de muchas personas que intentan suicidarse o se suicidan. Es frente a esa situación, con un gobierno que define no dialogar, no escuchar, y aplastarle la cabeza a la mayoría del pueblo, que hemos decidido llevar nuestros reclamos a la CIDH", señaló a Página 12 Gramajo, titular de la Utep.
"Nuestro país tiene una larga tradición de protección de los derechos sociales y laborales y mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables a partir de políticas públicas concretas. Hoy estamos sufriendo un retroceso en todos esos derechos, lo que representa una violación a nuestras leyes y normativas pero fundamentalmente la vulneración de los derechos humanos de los más humildes que están sumergidos en la pobreza, la indigencia y el Estado no solo les soltó la mano sino que reprime violentamente cada reclamo".
Fuente: Página 12
