Denuncian encubrimiento de 30 denuncias de violencia y acoso en la Municipalidad de Trelew Se trataría de 30 casos -aunque no descartan que pueda haber más- que apuntan a distintos funcionarios municipales por irregularidades laborales, violencia verbal y acoso. "Consideramos que, como mujeres, estamos retrocediendo", expresó Miriam Vázquez, referente feminista, en diálogo con El Extremo Sur. La ONG Puerta Violeta acompaña las denuncias desde el principio, proceso al que se sumó la RATT. En el medio, se produjeron intervenciones y desalojos policiales en los espacios de trabajo de las denunciantes y varias se encuentran hoy con licencia psiquiátrica.
Los hechos denunciados se produjeron a partir de marzo y paulatinamente las organizaciones feministas fueron recogiendo distintas denuncias que dan cuenta de un panorama generalizado para el que aún no hay justicia. En septiembre, la ONG Puerta Violeta apuntó contra la "desidia estatal" y la falta de respuestas de la Municipalidad de Trelew. En este momento, habían tomado conocimiento de 15 denuncias por violencia de género y acoso laboral cometido por distintos funcionarios de la actual gestión. A la fecha, se sumaron 15 denuncias más, aunque las referentes de las organizaciones reconocen que hay más víctimas que no se animan a denunciar para no perder su fuente de trabajo.
"Hay muchos casos de compañeras que todavía no pueden implementar la denuncia judicial. Dentro de los 30 casos, hay muchas que no lo han denunciado judicialmente por temor, por lo que le cuesta a una víctima tomar la decisión de exponerse a una denuncia y más que nada en contra de una institución tan fuerte. Acá no es solamente el intendente, es la institución en sí", remarca Miriam Vázquez, militante feminista de la ciudad de Trelew.
En tanto, la referente de Puerta Violeta, Lorena Elisaincin, explicó recientemente en diálogo con medios locales: "Nos llegan casos todos los días y algunos involucran a trabajadoras que fueron abusadas o acosadas por sus superiores o a través de un enlace indirecto, desde coordinadores de Bromatología hasta inspectores. Esto ocurre en todas las áreas del municipio".
Un comunicado de la ONG apunta a la responsabilidad de Gerardo Merino y su círculo "en forma directa, siendo autores; o en forma indirecta no activando los protocolos pertinentes o siendo cómplices".
"No podemos dejar de repudiar enérgicamente estos hechos, expresar la rabia y la impotencia porque muchas de las mujeres son sostén de sus hogares y no se animan a denunciar por temor a perder su trabajo, única fuente de ingresos", agrega el comunicado.
Allí también se denuncia la desidia estatal y la complicidad de los sindicatos "que dejan en desprotección a las mujeres, incumpliendo y vulnerando sus derechos, cuando deberían estar garantizándolos según toda la normativa vigente, convenios colectivos de trabajo, leyes provinciales, nacionales y Tratados Internacionales".
La ONG exige que se cumplan las leyes vigentes, que se aplique la perspectiva de género "más allá de la foto en las redes sociales" y que "que dejen de ejercer violencia institucional como método de disciplinamiento".
La intención de la organización es solicitar informes para verificar si se han aplicado los protocolos adecuados y qué medidas de protección se llevaron adelante con las empleadas afectadas. En caso de no obtener respuestas satisfactorias, adelantaron que se preparan para iniciar acciones judiciales.
Retrocesos
Vázquez, que también es trabajadora municipal, comentó que además han sido víctimas de irregularidades laborales: "Esto sucedió a partir de marzo, te cambian de lugar sin notificarte, no cumplen con las acciones administrativas correspondientes, como un memorándum o una sanción, te mueven de lugar por el solo hecho de ser mujer. Consideramos que estamos retrocediendo".
A esta situación se sumaron los hechos de violencia: "Empezó el tema de la violencia verbal, yo estoy con certificado psiquiátrico, como muchas otras mujeres que se han tenido que ir por la presión que tienen en su lugar de trabajo. Empezaron hechos de violencia y de acoso, hay varias denuncias que ya están en Fiscalía, yo acompañé algunas, otras son acompañadas por Puerta Violeta".
La referente detalló que algunas denuncias están en Fiscalía, mientras que otras han tomado acción legal-laboral.
"Nos hemos cansado de lidiar con el intendente por medio del secretario de Gobierno, de alguna asociación de adultos mayores que está interviniendo en algunos casos. Hay una compañera discapacitada que está con un tratamiento prolongado psiquiátrico en Buenos Aires, y hay una resolución de dejarla cesante. Nosotras estamos muy preocupadas. Cada una desde el lugar que nos compete sufrimos un destrato y un maltrato tremendo", agregó.
También resaltó la falta de acompañamiento tanto del municipio como de los sindicatos, y la presencia constante de las organizaciones de género que son las que suelen contener este tipo de casos: "Sabemos cómo funciona la Justicia y por ende quienes estamos al pie del cañón acompañando somos las organizaciones".
El común denominador en todos los casos es la falta de respuestas por parte de las autoridades municipales y el sindicato: "No hemos sido atendidas por el intendente, es más, en nuestro sindicato municipal -que es quien nos tiene que defender- el que ganó la elección y fue avalado por la Municipalidad es un violento denunciado. Es muy grave lo que está sucediendo, no solamente fue denunciado por victimas sino por mí como referente de la organización nacional, y sin embargo fue y presentó lista igual, la idea era que no le permitan que se presente. A mí como afiliada al sindicato no me va a representar jamás un violento. Llevamos una denuncia antes de que se lleve a cabo el acto electoral".
"Lo que está sucediendo en el municipio es alarmante. Consideramos que el único responsable es el intendente", subrayó Vázquez.
"Hay mucho silencio"
La gravedad de la situación escaló la semana pasada, cuando 8 policías y 3 miembros de la Guardia Urbana irrumpieron en la oficina de una de las denunciantes, rompiendo la cerradura y retirando objetos personales de valor. La mujer estaba ausente, ya que en ese momento se encontraba en Fiscalía ampliando la denuncia.
Sobre este caso en concreto, Vázquez detalla que a la trabajadora la habían desafectado luego de radicar la denuncia. "Le dijeron que tenían que llevarla a su casa para que se quede tranquila, y dijo que no, que quería seguir trabajando hasta que la Justicia haga lo suyo. No le dieron ningún tipo de tarea a realizar, ella iba a cumplir horario, y ahora directamente la expulsaron sin ningún tipo de notificación. No puede ingresar más al edificio. Nunca he visto un acto de violencia así", agregó.
"Tenemos otro caso de una compañera que trabaja en Cultura, ella fue expulsada a empujones de su lugar de trabajo. Estamos retrocediendo. Ya se realizó la denuncia correspondiente en la Justicia. En la organización que represento estamos tratando de ver cuál es el accionar que va a tomar el municipio, si va a comprometerse con hacer algo para dejar que estas cosas ocurran, y de no ser así, las abogadas están preparando la denuncia correspondiente", subrayó.
En línea con los reclamos de la ONG Puerta Violeta, Vázquez sostuvo que hay "mucho silencio. Lo llevan para el lado político, esto no tiene que ver con lo político partidario, le das un golpe a una mujer y es violencia, no importa el color político que tengas. Nosotras tenemos compañeras que son administrativas de carrera que están barriendo las plazas. Lo aceptaron antes de tener ningún tipo de conflicto, pero no corresponde. Nadie habla, por eso nosotras vamos a empezar a hablar y exigir que el intendente se haga cargo realmente de lo que está sucediendo", concluye.
Se trataría de 30 casos -aunque no descartan que pueda haber más- que apuntan a distintos funcionarios municipales por irregularidades laborales, violencia verbal y acoso. "Consideramos que, como mujeres, estamos retrocediendo", expresó Miriam Vázquez, referente feminista, en diálogo con El Extremo Sur. La ONG Puerta Violeta acompaña las denuncias desde el principio, proceso al que se sumó la RATT. En el medio, se produjeron intervenciones y desalojos policiales en los espacios de trabajo de las denunciantes y varias se encuentran hoy con licencia psiquiátrica.
Los hechos denunciados se produjeron a partir de marzo y paulatinamente las organizaciones feministas fueron recogiendo distintas denuncias que dan cuenta de un panorama generalizado para el que aún no hay justicia. En septiembre, la ONG Puerta Violeta apuntó contra la "desidia estatal" y la falta de respuestas de la Municipalidad de Trelew. En este momento, habían tomado conocimiento de 15 denuncias por violencia de género y acoso laboral cometido por distintos funcionarios de la actual gestión. A la fecha, se sumaron 15 denuncias más, aunque las referentes de las organizaciones reconocen que hay más víctimas que no se animan a denunciar para no perder su fuente de trabajo.
"Hay muchos casos de compañeras que todavía no pueden implementar la denuncia judicial. Dentro de los 30 casos, hay muchas que no lo han denunciado judicialmente por temor, por lo que le cuesta a una víctima tomar la decisión de exponerse a una denuncia y más que nada en contra de una institución tan fuerte. Acá no es solamente el intendente, es la institución en sí", remarca Miriam Vázquez, militante feminista de la ciudad de Trelew.
En tanto, la referente de Puerta Violeta, Lorena Elisaincin, explicó recientemente en diálogo con medios locales: "Nos llegan casos todos los días y algunos involucran a trabajadoras que fueron abusadas o acosadas por sus superiores o a través de un enlace indirecto, desde coordinadores de Bromatología hasta inspectores. Esto ocurre en todas las áreas del municipio".
Un comunicado de la ONG apunta a la responsabilidad de Gerardo Merino y su círculo "en forma directa, siendo autores; o en forma indirecta no activando los protocolos pertinentes o siendo cómplices".
"No podemos dejar de repudiar enérgicamente estos hechos, expresar la rabia y la impotencia porque muchas de las mujeres son sostén de sus hogares y no se animan a denunciar por temor a perder su trabajo, única fuente de ingresos", agrega el comunicado.
Allí también se denuncia la desidia estatal y la complicidad de los sindicatos "que dejan en desprotección a las mujeres, incumpliendo y vulnerando sus derechos, cuando deberían estar garantizándolos según toda la normativa vigente, convenios colectivos de trabajo, leyes provinciales, nacionales y Tratados Internacionales".
La ONG exige que se cumplan las leyes vigentes, que se aplique la perspectiva de género "más allá de la foto en las redes sociales" y que "que dejen de ejercer violencia institucional como método de disciplinamiento".
La intención de la organización es solicitar informes para verificar si se han aplicado los protocolos adecuados y qué medidas de protección se llevaron adelante con las empleadas afectadas. En caso de no obtener respuestas satisfactorias, adelantaron que se preparan para iniciar acciones judiciales.
Retrocesos
Vázquez, que también es trabajadora municipal, comentó que además han sido víctimas de irregularidades laborales: "Esto sucedió a partir de marzo, te cambian de lugar sin notificarte, no cumplen con las acciones administrativas correspondientes, como un memorándum o una sanción, te mueven de lugar por el solo hecho de ser mujer. Consideramos que estamos retrocediendo".
A esta situación se sumaron los hechos de violencia: "Empezó el tema de la violencia verbal, yo estoy con certificado psiquiátrico, como muchas otras mujeres que se han tenido que ir por la presión que tienen en su lugar de trabajo. Empezaron hechos de violencia y de acoso, hay varias denuncias que ya están en Fiscalía, yo acompañé algunas, otras son acompañadas por Puerta Violeta".
La referente detalló que algunas denuncias están en Fiscalía, mientras que otras han tomado acción legal-laboral.
"Nos hemos cansado de lidiar con el intendente por medio del secretario de Gobierno, de alguna asociación de adultos mayores que está interviniendo en algunos casos. Hay una compañera discapacitada que está con un tratamiento prolongado psiquiátrico en Buenos Aires, y hay una resolución de dejarla cesante. Nosotras estamos muy preocupadas. Cada una desde el lugar que nos compete sufrimos un destrato y un maltrato tremendo", agregó.
También resaltó la falta de acompañamiento tanto del municipio como de los sindicatos, y la presencia constante de las organizaciones de género que son las que suelen contener este tipo de casos: "Sabemos cómo funciona la Justicia y por ende quienes estamos al pie del cañón acompañando somos las organizaciones".
El común denominador en todos los casos es la falta de respuestas por parte de las autoridades municipales y el sindicato: "No hemos sido atendidas por el intendente, es más, en nuestro sindicato municipal -que es quien nos tiene que defender- el que ganó la elección y fue avalado por la Municipalidad es un violento denunciado. Es muy grave lo que está sucediendo, no solamente fue denunciado por victimas sino por mí como referente de la organización nacional, y sin embargo fue y presentó lista igual, la idea era que no le permitan que se presente. A mí como afiliada al sindicato no me va a representar jamás un violento. Llevamos una denuncia antes de que se lleve a cabo el acto electoral".
"Lo que está sucediendo en el municipio es alarmante. Consideramos que el único responsable es el intendente", subrayó Vázquez.
"Hay mucho silencio"
La gravedad de la situación escaló la semana pasada, cuando 8 policías y 3 miembros de la Guardia Urbana irrumpieron en la oficina de una de las denunciantes, rompiendo la cerradura y retirando objetos personales de valor. La mujer estaba ausente, ya que en ese momento se encontraba en Fiscalía ampliando la denuncia.
Sobre este caso en concreto, Vázquez detalla que a la trabajadora la habían desafectado luego de radicar la denuncia. "Le dijeron que tenían que llevarla a su casa para que se quede tranquila, y dijo que no, que quería seguir trabajando hasta que la Justicia haga lo suyo. No le dieron ningún tipo de tarea a realizar, ella iba a cumplir horario, y ahora directamente la expulsaron sin ningún tipo de notificación. No puede ingresar más al edificio. Nunca he visto un acto de violencia así", agregó.
"Tenemos otro caso de una compañera que trabaja en Cultura, ella fue expulsada a empujones de su lugar de trabajo. Estamos retrocediendo. Ya se realizó la denuncia correspondiente en la Justicia. En la organización que represento estamos tratando de ver cuál es el accionar que va a tomar el municipio, si va a comprometerse con hacer algo para dejar que estas cosas ocurran, y de no ser así, las abogadas están preparando la denuncia correspondiente", subrayó.
En línea con los reclamos de la ONG Puerta Violeta, Vázquez sostuvo que hay "mucho silencio. Lo llevan para el lado político, esto no tiene que ver con lo político partidario, le das un golpe a una mujer y es violencia, no importa el color político que tengas. Nosotras tenemos compañeras que son administrativas de carrera que están barriendo las plazas. Lo aceptaron antes de tener ningún tipo de conflicto, pero no corresponde. Nadie habla, por eso nosotras vamos a empezar a hablar y exigir que el intendente se haga cargo realmente de lo que está sucediendo", concluye.
