Condena por "etnocidio y ecocidio": El Tribunal de la Naturaleza pidió el cese de la explotación en Vaca MuertaEl «caso Vaca Muerta» quedó presentado en la mesa de entradas de Casa de Gobierno de Neuquén ayer por parte del Tribunal Internacional por la Defensa de la Naturaleza (TIDN), una organización ciudadana que promueve la justicia ambiental. El resultado del trabajo lo dieron a conocer tras visitas en los campos donde operan las empresas petroleras en la provincia. «Me impresionó todo lo que vi acá, si, he visto campos petroleros donde la muerte está presente: esto es mucho peor», dijo uno de los integrantes del «tribunal ético», Alberto Acosta.
La sentencia, que no es judicial ni vinculante, contiene más de 75 carillas y fue leída en la conferencia de prensa que dieron varios de los integrantes de la organización. El escrito fue presentado por mesa de entradas, en tanto el gobernador Rolando Figueroa estaba en ese momento en un acto oficial en el Banco Provincia del Neuquén.
Entre otros miembros del TIDN, estuvo Rafael Colombo, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina; Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador y exministro de Energía (2007-208) y exfuncionario de la empresa estatal de petróleo; Patricia Gualinga, dirigente del pueblo Kichwa de Sarayaku (amazonía de Ecuador).
Hubo miembros de las asambleas y de la multisectorial del Golfo San Matías que destacaron la importancia del veredicto para reafirmar las argumentaciones que se discuten en la zona de la costa, atravesada por los proyectos para exportar petróleo y GNL.
Natalia Greene, directora de la Alianza Internacional por los Derechos de Naturaleza, coordinó la rueda de prensa. Explicó que recibieron la denuncia sobre el «caso Vaca Muerta» en 2019 y pudieron concretar la visita en el lugar después de la pandemia.
Greene destacó que cuando estuvieron en la zona en 2023 fueron recibidos por el exgobernador Omar Gutiérrez (MPN), actualmente uno de los directores de YPF. Expresó que se le cursó una invitación a la petrolera, pero que la reunión no se concretó. «Somos tribunales abiertos a la contraparte, aún los signados como responsables», sostuvo.
«Los ríos sin agua, las enormes mangueras de 50 y 80 centímetros de diámetro que atraviesan un desierto no para regar los huertos que se secan, sino que ingresan a los pozos hasta tomar contacto con el hidrocarburo, se vuelve inutilizable, contaminada, parte se vuelve a reinyectar y está afectando las napas. En Añelo nos decían que no se lavan ni los dientes con el agua de las canillas, mientras la población no tiene agua suficiente», describió Alberto Acosta.
Indicó que el agua en Vaca Muerta se combina con sílice «una arena que sirve para la ruptura de la roca madre, transportada en millones de toneladas, que puede producir afectación a la salud. El impacto sísmico donde antes no había sismicidad también me impactó muchísimo; me llamaron la atención los basurales de petróleo aquí en Neuquén cerca de un barrio con miles de habitantes y en Sauzal Bonito, piletas de petróleo abandonadas sin control, cerca donde juegan niños y niñas, me impresionó todo lo que ví acá», sostuvo Acosta.
El veredicto «ético»
La sentencia del TIDN responsabilizó al Estado Argentino por la violación de los derechos humanos, ambientales y de la naturaleza con la promoción de la explotación en Vaca Muerta. Ordena el cese inmediato o la suspensión preventiva y precautoria de proyectos o iniciativas que provoquen «afectaciones estructurales contra el ambiente». No se trata de un fallo judicial, por lo cual no es vinculante.
Planteó la afectación de la biodiversidad, cultivos tradicionales y daños provocados contra seres no humanos que habitan sus ecosistemas, con comisión de «etnocidio» y «ecocidio».
Expresaron su preocupación por la militarización y policialización de los territorios de comunidades campesinas e indígenas y exigieron al Estado, el cese «inmediato del despojo de las tierras, persecución, intimidación, hostigamiento y criminalización de los pueblos indígenas» y de los «defensores de la Madre Tierra».
El texto declara los ríos Neuquén, Limay y Colorado como sujetos de derecho por constituir la fuente hídrica más importante de los pueblos, las comunidades y especies. Declara la «zona de exclusión del fracking» a los valles de Río Negro y Neuquén y las zonas de económicamente productivas de mediana y baja escala.
Recomienda medidas de reparación integral y parcial, hacer una auditoría independiente, transdisciplinaria e intercultural con participación de las comunidades afectadas y una reparación y restauración del ecosistema afectado, entre otras recomendaciones.
Fuente: No a la Mina
El «caso Vaca Muerta» quedó presentado en la mesa de entradas de Casa de Gobierno de Neuquén ayer por parte del Tribunal Internacional por la Defensa de la Naturaleza (TIDN), una organización ciudadana que promueve la justicia ambiental. El resultado del trabajo lo dieron a conocer tras visitas en los campos donde operan las empresas petroleras en la provincia. «Me impresionó todo lo que vi acá, si, he visto campos petroleros donde la muerte está presente: esto es mucho peor», dijo uno de los integrantes del «tribunal ético», Alberto Acosta.
La sentencia, que no es judicial ni vinculante, contiene más de 75 carillas y fue leída en la conferencia de prensa que dieron varios de los integrantes de la organización. El escrito fue presentado por mesa de entradas, en tanto el gobernador Rolando Figueroa estaba en ese momento en un acto oficial en el Banco Provincia del Neuquén.
Entre otros miembros del TIDN, estuvo Rafael Colombo, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina; Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador y exministro de Energía (2007-208) y exfuncionario de la empresa estatal de petróleo; Patricia Gualinga, dirigente del pueblo Kichwa de Sarayaku (amazonía de Ecuador).
Hubo miembros de las asambleas y de la multisectorial del Golfo San Matías que destacaron la importancia del veredicto para reafirmar las argumentaciones que se discuten en la zona de la costa, atravesada por los proyectos para exportar petróleo y GNL.
Natalia Greene, directora de la Alianza Internacional por los Derechos de Naturaleza, coordinó la rueda de prensa. Explicó que recibieron la denuncia sobre el «caso Vaca Muerta» en 2019 y pudieron concretar la visita en el lugar después de la pandemia.
Greene destacó que cuando estuvieron en la zona en 2023 fueron recibidos por el exgobernador Omar Gutiérrez (MPN), actualmente uno de los directores de YPF. Expresó que se le cursó una invitación a la petrolera, pero que la reunión no se concretó. «Somos tribunales abiertos a la contraparte, aún los signados como responsables», sostuvo.
«Los ríos sin agua, las enormes mangueras de 50 y 80 centímetros de diámetro que atraviesan un desierto no para regar los huertos que se secan, sino que ingresan a los pozos hasta tomar contacto con el hidrocarburo, se vuelve inutilizable, contaminada, parte se vuelve a reinyectar y está afectando las napas. En Añelo nos decían que no se lavan ni los dientes con el agua de las canillas, mientras la población no tiene agua suficiente», describió Alberto Acosta.
Indicó que el agua en Vaca Muerta se combina con sílice «una arena que sirve para la ruptura de la roca madre, transportada en millones de toneladas, que puede producir afectación a la salud. El impacto sísmico donde antes no había sismicidad también me impactó muchísimo; me llamaron la atención los basurales de petróleo aquí en Neuquén cerca de un barrio con miles de habitantes y en Sauzal Bonito, piletas de petróleo abandonadas sin control, cerca donde juegan niños y niñas, me impresionó todo lo que ví acá», sostuvo Acosta.
El veredicto «ético»
La sentencia del TIDN responsabilizó al Estado Argentino por la violación de los derechos humanos, ambientales y de la naturaleza con la promoción de la explotación en Vaca Muerta. Ordena el cese inmediato o la suspensión preventiva y precautoria de proyectos o iniciativas que provoquen «afectaciones estructurales contra el ambiente». No se trata de un fallo judicial, por lo cual no es vinculante.
Planteó la afectación de la biodiversidad, cultivos tradicionales y daños provocados contra seres no humanos que habitan sus ecosistemas, con comisión de «etnocidio» y «ecocidio».
Expresaron su preocupación por la militarización y policialización de los territorios de comunidades campesinas e indígenas y exigieron al Estado, el cese «inmediato del despojo de las tierras, persecución, intimidación, hostigamiento y criminalización de los pueblos indígenas» y de los «defensores de la Madre Tierra».
El texto declara los ríos Neuquén, Limay y Colorado como sujetos de derecho por constituir la fuente hídrica más importante de los pueblos, las comunidades y especies. Declara la «zona de exclusión del fracking» a los valles de Río Negro y Neuquén y las zonas de económicamente productivas de mediana y baja escala.
Recomienda medidas de reparación integral y parcial, hacer una auditoría independiente, transdisciplinaria e intercultural con participación de las comunidades afectadas y una reparación y restauración del ecosistema afectado, entre otras recomendaciones.
Fuente: No a la Mina
