Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía Internacional Argentina, dialogó con El Extremo Sur sobre "Muteadas: el impacto de la violencia digital contra las periodistas", la última investigación realizada por la entidad en el que se profundiza sobre un fenómeno reciente que afecta cada vez más la labor de las trabajadoras de prensa. "En el último tiempo vemos cómo se ha exacerbado la violencia, especialmente cuando está habilitada o promovida desde las autoridades gubernamentales como ante la asimetría de poder", consideró.
En los últimos seis años, 63% de las periodistas argentinas sufrió algún tipo de violencia digital. Cinco de cada diez se autocensuraron y más del 80% reportó que su práctica profesional se vio afectada a raíz de la agresión en redes.
Estos son algunos de los datos que arroja "Muteadas: el impacto de la violencia digital contra las periodistas", la última investigación realizada por Amnistía Internacional, en conjunto con las investigadoras Natalí Schejtman, Nadia Koziner y Celeste Gómez Wagner para dar cuenta de un fenómeno reciente que afecta cada vez más la labor de las trabajadoras de prensa.
El informe recopila las respuestas de más de 400 encuestadas y 36 entrevistas en profundidad de periodistas de todo el país, y da cuenta del impacto de la violencia digital en la libertad de expresión, la salud mental y el ejercicio profesional, así como la falta de respaldo institucional y la frecuente inacción del Estado.
En tanto, las redes sociales -antes alidadas de las luchas feministas- hoy son el escenario donde se despliegan los ataques hacia las periodistas, especialmente hacia aquellas que cubren agendas de género, diversidad y Derechos Humanos.
Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía Internacional Argentina, afirma que en general la justicia falla en entender la magnitud de este fenómeno, entendiéndolo los ataques como hechos aislados, "sin comprender que hay una continuidad entre la violencia online y la que ocurre fuera del mundo digital". Advierte que esto tiene fuertes implicaciones para las periodistas "que tienen un rol central para el acceso a la información, la democratización de la información y la pluralidad de voces en el en el debate público".
¿Cómo surgió el interés por investigar esta temática en particular? Algunas cuestiones relativas a la violencia digital y contra periodistas ya habían estado en el foco de Amnistía.
Desde Amnistía venimos investigando el fenómeno de la violencia de género en el entorno digital hace ya varios años. En 2018 publicamos la primera investigación, Toxic Twitter, que ponía la lupa en analizar el fenómeno de la violencia en esa plataforma, especialmente cuál era el impacto que la violencia general tenía en la libertad de expresión de mujeres y diversidades defensoras de Derechos Humanos. Y no sólo la libertad de expresión, sino también en la salud mental, que es algo que va surgiendo de manera muy manifiesta a lo largo de los años en los distintos estudios. Este informe que se hizo primero en Inglaterra y en Estados Unidos tuvo réplicas en distintos lugares y se hicieron recomendaciones a las plataformas para para ir haciendo modificaciones que permitiesen combatir y prevenir la violencia de género en el entorno digital, a partir de eso se hicieron tablas de puntuación, donde se trabajó con referentes de Twitter en diez indicadores que apuntaban a mejorar el rol de la plataforma en la prevención de la violencia de género en el entorno digital. Después de que la plataforma fue vendida y cambió de dueño esta articulación dejó de sostenerse en el tiempo y más allá de eso a nivel local Amnistía fue haciendo distintas investigaciones. Luego, en el contexto del debate por el aborto legal se hizo una nueva investigación sobre los ataques a activistas y defensoras de derechos de las mujeres y diversidades y recientemente lanzamos uno que se enfoca puntualmente en el impacto de la violencia de género en las periodistas mujeres y diversidades.
En algunos testimonios aparecía la idea de que estas violencias, tanto hacia las mujeres como hacia el periodismo, se profundizaron en el último tiempo, ¿el trabajo de Amnistía de los últimos años coincide con ese planteo?
Un poco lo que documentamos en este informe es esto, se da en un contexto donde hay incremento de la agresión hacia los y las periodistas en general, donde se busca mediante la agresión en redes sociales desprestigiarlos en su labor. Pero además vemos que esto tiene un impacto diferenciado respecto de las periodistas mujeres, en particular aquellas que cubren las agendas de los derechos de mujeres y diversidades. Si hay algo que surge del informe es que el mayor número de agresiones, hostigamiento y violencia en el entorno digital se produce ante la cobertura de ciertas temáticas como el tema del derecho al aborto, femicidios, la agenda de diversidad, la agenda de Derechos Humanos en general. De alguna manera muestra que hay ciertos matices cuando hay una interseccionalidad en el abordaje de estos temas. Si bien hemos documentado que la violencia de género en el entorno digital es un fenómeno que se da durante distintos gobiernos de distinto signo político, sí lo que vemos en el último tiempo es como se ha exacerbado la violencia, especialmente cuando está habilitada o promovida desde las autoridades gubernamentales como ante la asimetría de poder. Esto de alguna manera altera el clima que preserva la libertad de expresión.
¿Cuáles son las conclusiones más contundentes, o al menos, las más preocupantes, que surgen del informe?
Por un lado, el informe da cuenta de la magnitud de la problemática: seis de cada diez periodistas dan cuenta de ser víctimas de violencia en el entorno digital y de ellas un 85% fue víctima de hostigamiento o trolleo y casi la mitad de acoso sexual o amenaza de violencia sexual en las redes sociales. Esta es una investigación sumamente importante porque se logró encuestar a más de 400 periodistas de todo el país y se realizaron entrevistas en profundidad que nos permitieron recopilar testimonios súper valiosos tanto de periodistas como de distintas personas que tienen roles claves en el circuito productivo de la información como directores, ejecutivos y ejecutivas, editores y representantes de asociaciones de periodistas como FOPEA, la Academia Nacional de Periodismo, SIPreBA y también representantes de las plataformas para poder hacer un diagnóstico lo más integral posible. Una de las principales cuestiones que vemos es que la violencia en el entorno digital lleva a muchas periodistas a la autocensura, cinco de cada diez periodistas que sufrieron hechos de violencia de género dan cuenta de esto en el informe y hay testimonios sumamente fuertes, como periodistas que relatan que antes de cubrir una nota empiezan a escribir y deciden borrar, se bloquean, deciden no publicar. Por lo menos dos de cada diez han dado cuenta que decidieron dejar de cubrir ciertas temáticas por miedo a sufrir violencia en el entorno digital, entonces una de los principales cuestiones que tratamos es cómo esto impacta en la libertad de expresión, entender que la falta de opción de medidas por parte del Estado y de las plataformas digitales que tienen responsabilidades en materia de Derechos Humanos repercute en la falta de pluralidad de voces en el debate público, porque cada vez son menos las mujeres con voz pública que se atreven a hablar y opinar sobre ciertos temas por miedo a sufrir violencia y hostigamiento en el entorno digital. Otra de las cuestiones que creo muy paradigmáticas es cómo esto impacta no solo en la rutina laboral, sino también en la salud mental, casi tres de cada diez cuentan que se sintieron físicamente inseguras debido a situaciones de estiramiento en las redes, siete de cada diez viven con temor a ser víctimas de amenaza o ataques y al menos dos de cada diez recurrió apoyo médico o psicológico debido a estas situaciones.
¿De qué manera estas situaciones impactan en la agenda de género, en la medida en que las periodistas optan por la autocensura o por la cobertura de otros temas por temor a la violencia?
Esto de alguna manera ha repercutido en una retracción de las agendas de género en los medios de comunicación. Entre 2018 y 2021 vimos un pico en donde distintos medios nombraron editoras de género con la intención de transversalizar la perspectiva de género en los medios inspirados en lo que venía pasando en Nueva York luego del #MeToo y, sin embargo, pese a que llegamos a tener 13 editoras de género en medios nacionales y regionales, en la actualidad hay menos de la mitad, contamos solo con cinco editoras de género. Lo cual da cuenta de un retroceso muy marcado en la transversalización de la perspectiva de género en el entorno digital.
¿Cuál es el impacto social de esa retracción, de la falta de cobertura de problemáticas que hasta hace pocos años comenzaron a visibilizarse?
Esto se enmarca en lo que está pasando a nivel local y a nivel también global en muchos países donde hay una avanzada de la extrema derecha, en donde hay una proliferación de narrativas en contra de la consagración de los derechos de mujeres y diversidades que de alguna manera busca confrontar con los feminismos y demonizar los derechos como si fueran privilegios. Lo vemos como un patrón en muchos lugares alrededor del mundo, Brasil o Turquía en otros años, vemos cómo se han utilizado estas narrativas para crear un chivo expiatorio al cual responsabilizar de las problemáticas sociales que están enfrentando los distintos países y de alguna manera correr el foco de la atención de otros problemas, intentar confrontar con el feminismo como ha pasado desde que asumió este gobierno, de manera constante, cada vez que hay que dar respuestas contundentes sobre la crisis política económica y social, el desfinanciamiento de las universidades, los niveles de pobreza. Entendemos que lo que buscan es correr el eje de atención y buscar a alguien a quien responsabilizar en lugar de dar respuestas a las problemáticas que está atravesando la sociedad argentina.
¿Cuáles suelen ser las respuestas de los responsables de los medios ante estos ataques? En el informe aparecen múltiples testimonios que apuntan a la falta de respaldo institucional.
Ese es otro dato sumamente alarmante, la falta de respaldo de las instituciones y de los de los medios de comunicación para acompañar a la periodista que está viviendo una situación de violencia en género. Lo que vemos es que muchas tienen temor de denunciar por miedo a perder el trabajo, a ser tildadas de problemáticas o a ser desacreditadas por sus compañeros. Vemos la falta de respaldo de del medio para poder acceder a la justicia ante casos de violencia de género. Y además surge mucho a lo largo de las entrevistas el contexto de crisis en el que se encuentra la industria periodística y la situación de precarización laboral en la que se encuentra el mayor número de las periodistas entrevistadas, la situación de pluriempleo, la debilidad del vínculo contractual con los medios que muchas veces pareciera que el medio dice "bueno, tampoco tengo una responsabilidad porque tiene muchos otros trabajos" y no importa en qué medios o en qué contexto social surgió la violencia, porque a veces se da en el entorno digital como si el medio no tuviese una responsabilidad de responder ante ellos y hay estándares internacionales en materia de Derechos Humanos que muy claramente dan cuenta que no importa que el vínculo sea de freelance con respecto a la trabajadora que está sufriendo un hecho de violencia en el entorno digital. El medio tiene la responsabilidad de adoptar medidas para acompañarla, para que pueda expresarse libremente y en condiciones seguras. En este sentido, hay un llamado muy importante a los ejecutivos y a los dueños de los medios de comunicación de adoptar medidas y protocolos para acompañar los casos de violencia de género en el entorno digital que viven las periodistas en el ejercicio en su labor.
En este escenario, ¿cómo analizan el abordaje de las instituciones? ¿Tienen hoy las herramientas necesarias para comprender y combatir la violencia digital en su complejidad?
Creemos que las instituciones no están debidamente preparadas, vemos muchísimos obstáculos, desde la falta de un marco jurídico adecuado de protección y de atención a esta problemática como así también muchas barreras en el acceso a la justicia. En general vemos que los administradores de justicia carecen de herramientas para entender la magnitud y la dimensión de este fenómeno, suelen atomizar el análisis de las agresiones entendiendo que son hechos aislados en vez de analizar en el contexto en que se encuentran inmersos, en vez de comprender que, en primer lugar, que hay una continuidad entre la violencia online y la que ocurre fuera del mundo virtual, las causas son las mismas: la desigualdad estructural que viven las mujeres y que está tan arraigada socialmente, como muestra de alguna manera la sanción de la ley Olimpia en el año 2023. La violencia de género en el entorno digital es otra modalidad en la que se manifiesta la violencia de género y sin embargo vemos que hay mucha falta de herramientas de los operadores de justicia para comprender esto y para analizar este fenómeno, para preservar la evidencia digital, producir prueba relevante con las plataformas, exigir la rendición de cuenta de las plataformas digitales en cuanto a la moderación de contenidos, en cuanto a la transparencia de las respuestas. Creo que son múltiples los desafíos, el llamado que hacemos en el informe es a abordar esto de manera colectiva, con la necesidad del compromiso de los dueños de las plataformas digitales y por eso hay recomendaciones específicas dirigidas a las plataformas, también.
¿Qué responsabilidad les cabe a los directivos de los medios?
En el informe se incluyen también recomendaciones a los medios de comunicación tanto para transversalizar la perspectiva de género y trabajar hacia adentro de las redacciones y de los medios con la problemática de la violencia de género como así también el desarrollo de protocolos para acompañar a las periodistas que enfrentan situaciones de violencia, poder garantizar el patrocinio jurídico, el acompañamiento psicosocial y demás cuestiones que traen aparejadas la violencia de género en el entorno digital.
¿El tratamiento de la violencia digital es similar al de la violencia de género o hay que considerar ciertas particularidades de las lógicas digitales?
Si bien es otra de las manifestaciones de la violencia de género tiene sus particularidades, por la velocidad con la que puede viralizarse un contenido, la posibilidad del anonimato que brindan las redes, la imposibilidad de borrar muchas veces el contenido de las distintas plataformas, lo que llamamos la imposibilidad de borrar la huella digital, todo eso tiene consecuencias sumamente graves que traen nuevas complejidades al abordaje de la violencia de género. Y vemos que todavía son muchos los desafíos de los distintos actores que deben adoptar medidas para enfrentar esta problemática. Son múltiples las modalidades en que la violencia en entorno digital se produce y muchas veces si se analiza cada hecho por separado no se puede dimensionar el impacto que tiene pero nos damos cuenta que muchas veces detrás hay una coordinación, una concatenación de hechos a través de distintas plataformas y con distintas modalidades que buscan constantemente disciplinar y silenciar a quien recibe estas agresiones. Eso puede tener un impacto muy grave en las periodistas que tienen un rol central para el acceso a la información, la democratización de la información y la pluralidad de voces en el en el debate público.
