Tras la masiva movilización de la segunda Marcha Federal Universitaria, la Cámara de Diputados debatió su adhesión a la decisión presidencial, apoyando el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo. Con el veto confirmado y un presupuesto 2025 con fuertes recortes para el sistema universitario público, estudiantes de todo el país se organizan con un intenso plan de lucha para esta semana. Entre las universidades patagónicas, la más afectada por el recorte es la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Los relatos inverosímiles de César Treffinger y Ana Clara Romero para votar en contra de la educación púbica.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada en la Cámara de Diputados -con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención- y en el Senado -con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención-. Fiel a su promesa de impedir cualquier normativa que "atente contra el equilibrio fiscal", el presidente Javier Milei la vetó, a pesar de que la medida implica un costo fiscal de apenas 0,14%, equivalente a $783.595 millones.
Al igual que otros sectores de la Administración Pública, el Gobierno recortó gastos de capital en las universidades, sobre todo en obras públicas e infraestructura. Según denuncia la CONADU, las partidas no fueron actualizadas por inflación y la ejecución del presupuesto en algunos períodos fue casi nula.
El presupuesto inicial -prorrogado de 2023- era de $ 31.914 millones, un número que no fue actualizado por inflación. Recién en abril, después de la primera Marcha Federal Universitaria, el Gobierno envió un aumento del 270% que necesitaban las universidades para continuar con su normal funcionamiento, ya que con el presupuesto prorrogado y la inflación acumulada los números complicaba la situación del segundo cuatrimestre.
Además, el Gobierno ejecutó recortes de $165 millones al presupuesto, y en los primeros 8 meses del año, las transferencias a universidades -de un total de $1,8 billones- cayeron un 30,1% en términos reales comparándolo con el mismo periodo de 2023.
En los primeros seis meses de 2024, por ejemplo, las universidades nacionales recibieron del Estado 1.351.829 millones de pesos, un152,8% más que lo que obtuvieron en los primeros seis meses del año pasado, aunque una variación muy rezagada ante la inflación acumulada, que alcanzó los 276,4 puntos. Es decir, en la primera mitad del año el financiamiento universitario quedó 123,6 puntos por debajo de la inflación.
El impacto no fue el mismo en cada casa de estudios, aunque todas se vieron afectadas por las partidas que no llegaron. Un análisis de la ASAP para Chequeado muestra cómo evolucionaron las transferencias del 2024 en cada una de las universidades nacionales. La más afectada es la Universidad Nacional de San Antonio de Areco: en los primeros 9 meses del año las transferencias a esta universidad cayeron un 68,5% en términos reales.
La segunda más afectada es la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, con una caída del 56,2%. Otras universidades, como las de Lomas de Zamora, Moreno, José C. Paz, Hurlingham, Rafaela, Comechingones, Guillermo Brown y la del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, registraron una caída superior al 40% en términos reales.
Entre las universidades patagónicas, la más afectada fue la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, con una caída del 29,3%. Le sigue la Universidad de la Patagonia Austral, (29%) la Universidad del Comahue (28,5%), la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, (27,1%) y la Universidad Nacional de Río Negro (26%).
"El nivel de ejecución de las transferencias a las universidades nacionales de la Administración Pública Nacional al finalizar el mes de agosto del presupuesto disponible fue de 61,2%, porcentaje inferior al promedio de los años 2015-2023 (63,7%)", señala un informe de la CONADU.
Del total erogado en los primeros 8 meses del año, el 57% fue destinado al pago de salarios de docentes y autoridades superiores; el 33,5%, al pago de salarios no docentes; el 7,1%, a los gastos de funcionamiento; y el 2,2%, a los hospitales universitarios. Es decir que el pago de sueldos implica un 90% del total de gastos de las universidades.
Además, la situación se ve afectada por la reducción de transferencias a las jurisdicciones que no pertenezcan al Ministerio de Capital Humano y el ajuste en presupuestos dedicados a las Actividades de Ciencia y Técnica, Institutos Tecnológicos, Proyectos Especiales y Hospitales Universitarios y los fondos para becas. De persistir esta tendencia, a finales del 2024 se habrá destinado al sistema universitario el 0,24% del PBI, el valor más bajo en las últimas décadas, ya que en los últimos años rondaba el 0,70%.
En diálogo con este medio, Elena González -miembro de ADU- remarcó la amplia diferencia entre el presupuesto elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de $7,2 billones con el monto asignado por Milei en el Presupuesto 2025, de $3,8 billones: "Quiere ahogar a las universidades. No es cierto que nuestra lucha es exclusivamente por salario, es por el presupuesto de la universidad, los salarios docentes, el pago para las universidades, las becas, los comedores, los TEG, todo hace al funcionamiento de los estudiantes y la universidad".
La UNPSJB en alerta
"Tenemos que pelear y defender punto por punto para defender esa serie de versiones que se han difundido queriendo atribuir que queremos esa plata para gastarla en cuestiones políticas. Como institución lo que hacemos encuadra en una decisión política, no partidaria", señaló la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco, en la conferencia de prensa que se llevó a cabo el jueves en la Sede Comodoro Rivadavia.
"Dicen que no queremos ser auditados. Si conocen como funciona el sistema universitario y dónde están las informaciones oficiales, pueden observar eso sin tener que pedirnos a nosotros o al ministerio. Son informaciones que están abiertas para todo el público y se pueden enterar de la verdad y de la realidad", remarcó.
"Muchos cursan una materia por cuatrimestre de acuerdo a sus condiciones socio económicas. No es porque no quieren terminar sus carreras porque todos quieren hacerlo para insertarse rápidamente en el ámbito laboral. El 85 por ciento de los estudiantes son graduados y por primera vez en las familias cuentan con un profesional universitario. Tenemos 22 mil estudiantes en las cuatro sedes y tenemos más de 13 mil graduados. No mentimos", resumió la rectora.
Y advirtió que "el 50 por ciento de lo que se necesita para el 2025 no está previsto. A los 160 diputados que votaron les vamos a acercar esta información y también a los 84 restantes de los cuales 27 de ellos son graduados de la universidad pública. No hay que olvidarse y hay que mantener la memoria".
"Milei manifestó que iba a destruir el Estado"
"No me sorprende, porque cuando hizo campaña Milei manifestó que iba a destruir el Estado, y una forma de hacerlo es destruir la Educación y la Salud, está siendo totalmente coherente con lo que dijo que iba a hacer", expresó Elena González sobre el accionar del Gobierno nacional.
La referente gremial contó que, en diálogo con estudiantes que votaron al libertario, aparecen sentimientos de traición y desencanto, ya que "muchos tuvieron esperanzas cuando se habló del voucher. Y no hay uno que haya recibido el voucher. No está cumpliendo con eso que prometió. No me sorprende, pero es una situación sumamente dolorosa".
En la conferencia de prensa realizada el jueves, se habló sobre el Decreto 888/2024, que elimina el fondo fiduciario que financiaba el programa de Becas Progresar, una iniciativa fundamental de sostenimiento de las trayectorias educativas de los sectores más vulnerados.
Hasta el momento, el Gobierno asegura que se mantendrá el aumento del 75% en el monto de las becas para octubre, lo que implica un pago de $35.000. Sin embargo, no hay certezas sobre la continuidad del programa, lo que genera preocupación entre el sector estudiantil.
"En nuestra universidad hay cerca de 800 estudiantes con esa beca. Son 800 estudiantes que no van a poder seguir estudiando. Y si se va sumando lo de todas las universidades, es una multitud. Les han quitado un derecho. Hay muchos que cumplen con todos los requisitos y no van a recibir la beca porque desfinanciaron el programa", remarcó.
Y enfatizó que "además de lo que le saca a la universidad, hay montón de subsidios paralelos a la universidad, al transporte, a las comunicaciones, todo eso lo sacó y afecta a los estudiantes. La familia que tiene que pagar más de luz, más de gas, corta por donde puede. Sé que uno de los costos que se ha recortado en las familias ha sido los colegios privados".
Se activa el movimiento estudiantil
Apenas se conoció la decisión de la Cámara Diputados a favor del veto presidencial, estudiantes de todas las universidades públicas del país comenzaron a organizarse, lo que derivó en tomas de facultades, cortes de calles y asambleas. En los últimos días las y los estudiantes definieron una intensa agenda para la semana que comienza, de la mano del plan de acción que seguramente anunciarán los gremios.
Actualmente hay acciones y medidas de lucha en las 38 universidades nacionales, con 25 de ellas tomadas.
El jueves se realizaron asambleas en todas las sedes del UNPSJB, donde se definieron acciones: En Trelew, se decidió organizar una vigilia donde se debatió la posibilidad de una toma. Finalmente se votó por clases públicas y un festival.
En Comodoro, por ejemplo, la sede anunció que permanecería cerrada. Sin embargo, estudiantes, docentes y no docentes se reunieron en asamblea en las escalinatas de la entrada y definieron una intensa agenda que incluye clases públicas y un festival en defensa de la Educación y contra el veto de Milei.
"El miércoles la asamblea se hizo en la universidad, a modo de vigilia viendo qué sucedía en la sesión del veto de Ley. El jueves, como la universidad se había cerrado, se decidió sostener la asamblea afuera. Era interclaustro, donde había docentes, en su mayoría de Ciencias de la Educación, Letras, de Comunicación", comentó Agustina Fernández Pérez, estudiante de la UNPSJB de la sede Comodoro.
"Fuimos bastantes en la asamblea, unos 30, entre esos varios consiliarios superiores. Más que nada fue bueno para encontrarnos y planificar próximas acciones. Para la semana que viene se propuso una semana de lucha en donde hay acciones programadas para el lunes; vamos a ir al Concejo Deliberante para ver de qué manera se puede generar alguna acción en conjunto para visibilizar el estado de las universidades públicas. El jueves va a haber una Radio Abierta en la plaza San Martín. No tenemos horarios definidos todavía. Y el viernes se propuso un festival para visibilizar. En el medio van a haber varias clases públicas en distintos puntos de la ciudad", detalló.
"Un poco desde el dolor y desde las ganas de que todo salga para adelante, nos autoconvocamos y empezamos a generar propuestas. Hay mucho vínculo con las sedes, por lo menos desde la agrupación CTE, con contacto fluido para ir trabajando la regionalidad, entendemos que la universidad pública es de todxs", concluyó.
Los salarios docentes, los más bajos de la región
Uno de los múltiples reclamos de la comunidad universitaria es la recomposición salarial de sus trabajadores. A pesar de que el Gobierno expresó que los salarios del sector tuvieron un aumento acumulado del 70% del año pasado a este año, se trata de un cálculo nominal. En términos reales, ante la pelea con la inflación, registran una pérdida de poder adquisitivo cercana al 40%.
En la última reunión salarial, el Gobierno ofreció un aumento de 6,8% que fue rechazado por los gremios. En el medio, se desplegaron narrativas engañosas por parte del Gobierno para argumentar que los salarios de la docencia universitaria se mantienen en línea con la inflación, aunque actualmente se calcula que cerca del 60% de estos trabajadores perciben salarios por debajo de la línea de pobreza.
Elena González hizo referencia a los argumentos de la diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero, para votar a favor del veto.
"Dice dos cosas que son falsas: dice que el 6,8% es retroactivo a abril. Es totalmente falso, es a partir de este mes. Y también dijo que desde el PRO consiguieron que se reconozca la garantía salarial. Están desinformados. El 22 de agosto salió una resolución que resuelve a hacer lugar a un reclamo de los gremios en la paritaria general docente, primario y secundario, que Nación no tiene más que las universidades, como responsabilidad económica. En esa paritaria se acuerda volver a cumplir con la ley de garantías salariales. Esa resolución de agosto dice que se va a reconocer la garantía. Pero se dice como expresión de futuro, un deseo. Porque no hay fondos".
Esa es la respuesta que se le dio a los gremios en la reunión del pasado lunes, en la mesa de negociación: "Primero fue con la comisión de paritarias, y después nada más que la comisión técnica, cuando nos reiteraron lo del 6,8%. Dijimos, bueno, por lo menos paguen la garantía salarial. Algunos de los docentes universitarios que cobraban garantía salarial tienen el mismo salario que en diciembre, con el incremento. Nos dijeron que no hay plata. Entonces, nos mintieron el lunes, o están mintiendo los diputados cuando dicen que consiguieron la garantía salarial".
Un informe elaborado por la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional de San Martin muestra el salario de los docentes universitarios argentinos en comparación con la región.
De acuerdo con este análisis, en Argentina se pagan los salarios docentes universitarios más bajos de los 11 países comparados. Para la comparación, se tomó como ejemplo un profesor titular con dedicación exclusiva y se midió su salario en dólares de acuerdo con la cotización del "circuito financiero argentino".
En este sentido, el salario docente universitario en la Argentina es de US$ 1.124, por debajo de países como Brasil (US$ 4.231), Uruguay (US$ 3.443), Ecuador (US$ 2.786), Chile (US$ 2.318), Bolivia (US$ 2.170), Perú (US$ 2.155), Paraguay (US$ 1.870) y Colombia (US$ 1.703), entre otros.
Mentiras y las verdades sobre la universidad pública
El conflicto tiene una dimensión discursiva que se ha profundizado en los últimos meses: ante las ofensivas del Gobierno, los distintos organismos debieron emitir comunicados desmintiendo cuestiones relativas a la administración del sistema universitario, como la cuestión de las auditorías.
"Yo los escucho a los rectores que están todos explicando cómo se auditan las universidades. Acá tenemos un recuerdo de lo que es la auditoria en la universidad. Hubo un rector que echó al entonces auditor, Carlos Padín, cuando le dijo que malgastaba los fondos. Después se comprobó que era cierto, y cuando se hizo justicia lo restituyeron a su puesto. Los comodorenses tenemos historia de lo que son las auditorías en la universidad nuestra y sabemos cómo funciona", recordó González.
Este y otros puntos fueron desmentidos en un comunicado oficial del CIN, titulado "5 mentiras y 5 verdades de la Universidad Pública".
%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Las universidades públicas de Argentina se pronuncian ante la difusión de una serie de mentiras que las involucran.
Parte de las críticas del sector universitario se dirigen contra este tipo de narrativas que impulsan los argumentos del veto y los recortes en materia presupuestaria.
El futuro es de los estudiantes
"Nos despertó la situación de maltrato", subrayó González sobre la rápida organización estudiantil.
"Estoy en el gremio docente desde el 2000. Nunca tuvimos unas medidas en conjunto con los rectores, ellos siempre tenían otra postura. Hemos hecho trabajos, escribimos el convenio colectivo con una comisión integrada por rectores, pero no participábamos de movilizaciones y actos con los rectores. No hay forma de defender la universidad si no se forma un gran bloque con todo el pueblo para decir no vamos a permitir que se destruya nuestra universidad, que es una de las instituciones con más prestigio. La cantidad de proyectos de investigación que se están haciendo, e institutos de doble jerarquía, todo eso es soberanía".
Adelantó que el martes el Frente de Gremios Universitarios se reunirá con el CIN, en línea con el trabajo conjunto que han conformado desde principio de año: "El ataque a la universidad es un ataque a todos, no sólo a los docentes, estamos tratando de que las resoluciones que tomemos sean con las autoridades de las universidades, con los gremios y los estudiantes".
Y agregó que "cómo esto siga su curso dependerá de cómo los grupos unamos fuerzas. Estamos construyendo un gran frente, donde todos los que estén interesados puedan participar".
Enfatizó la gran participación ciudadana que se vislumbró en las dos marchas federales: "Hay pueblitos muy perdidos donde no hay universidad, pero la gente salió a la calle a defender la universidad, porque tenía un hijo estudiando en la universidad. Se ha producido una gran red de apoyo a la universidad que realmente es un orgullo para la Argentina", sostuvo.
