Ignorando la masividad de la Segunda Marcha Federal Universitaria, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. Con esta decisión peligran obras de infraestructura científica, sistemas de becas, investigaciones, salarios docentes y, en concreto, la continuidad de todas las universidades públicas del país. Al igual que a principios de año, el panorama es de total incertidumbre. El presupuesto asignado para el 2025 es insuficiente para iniciar las actividades académicas y no hay certezas de que el gobierno pueda asignar algún aumento en el transcurso del año, como lo hizo en abril, que envió un 270% de aumento tras la primera marcha, un número que era reclamado desde marzo para afrontar los gastos básicos de los establecimientos.
La segunda Marcha Federal Universitaria del pasado 2 de octubre redobló la apuesta de la primera manifestación llevada a cabo el 23 de abril y convocó a millones de personas en todo el país, entre estudiantes, docentes, no docentes y otros sectores de la sociedad. La consigna central fue el rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario y el reclamo por un mayor presupuesto para garantizar el inicio de clases en 2025.
"Es preocupante la situación, porque sin presupuesto no existe Universidad. Nos están cerrando las puertas", reclamó la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco.
"La situación hoy es más crítica que a comienzos de año" sostiene, en la misma línea, el texto que se leyó en el acto de la marcha que culminó en el Congreso de la Nación. "La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia", agregó.
A finales de agosto el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un proyecto propio de presupuesto universitario en el que calculaba que para el 2025 se necesitarían 7.19 billones de pesos, un monto que representa cerca del 1% del PIB. Días más tarde, Javier Milei presentó el Presupuesto Nacional 2025 donde se apreciaba un monto destinado a las universidades públicas considerablemente menor: 3.8 billones de pesos.
En 2024 las universidades debieron funcionar con el presupuesto 2023 prorrogado, aunque en el medio, frente a las masivas movilizaciones y acciones de lucha, el Gobierno envió aumentos que, acumulados, ascendieron al 300%. Para el 2025 los números se ven incluso más ajustados, sobre todo si desde Nación no envían más fondos.
La UNPSJB, por ejemplo, indicaba a principios de este año que en noviembre de 2023 sólo la inversión en servicios públicos, limpieza, seguridad y conectividad -sin contar los sueldos docentes, que representan el 90% del presupuesto- ascendía a 50 millones, y a 80 millones en marzo, considerando los aumentos en servicios públicos y la quita de subsidios.
En el detalle del Presupuesto Nacional 2025, para la UNPSJB se destinan 58 mil millones de pesos, un número que, al igual que en otras universidades, no garantiza el normal funcionamiento del año académico. Cabe remarcar que estos números, además de cubrir los sueldos docentes, se destinan a servicios básicos, becas, comedor, mantenimiento de albergues, insumos de laboratorio, mantenimiento de equipos y conectividad, entre otros.
En las cuatro sedes de la UNPSJB en Chubut se sostienen cerca de 700 becas -muchas de ellas paralizadas y sin incrementos- de alojamiento, alimentos y fotocopias, y unos 146 lugares de alojamiento distribuidos en Comodoro, Esquel y Puerto Madryn.
En el medio, se postergan obras fundamentales para el desarrollo académico y científico, como el Edificio para Laboratorios de Enfermería y Medicina de Comodoro, la refacción del Patio Magno y la finalización de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de Esquel.
Cinco mentiras y cinco verdades sobre la educación pública
La disputa no es sólo presupuestaria, sino que en los últimos meses ha revelado un fuerte componente discursivo, encabezado por figuras del Gobierno nacional y caracterizado por una crítica constante al ámbito público y educativo.
Frente a los distintos planteamientos realizados por legisladores y funcionarios cercanos a Milei con relación al sistema universitario, el CIN publicó un comunicado titulado "5 mentiras y 5 verdades sobre las universidades públicas", donde enfrenta los argumentos sostenidos por los sectores que insisten en el veto.
En los días previos a la marcha, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, dijo que las universidades "inventan alumnos" para cobrar más fondos. "Inventar alumnos es un tema que tiene más o menos 200 años, porque la multiplicación de los cargos docentes tiene que ver con eso", y aseguró: "Ha pasado en las primarias, secundarias y puede estar pasando en las universidades. Sobre todo, cuando hay facultades que cuando empiezan a perder alumnos, continúan los docentes y cuando contás el promedio hay 15 o 20 por aula".
Por su parte, el CIN destacó que en Argentina el presupuesto universitario no se asigna por cantidad de estudiantes, sino que se actualiza considerando el último presupuesto consolidado y otros ítems como los salarios, los gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología.
El diputado derechista José Luis Espert, por su parte, deslizó la idea de que los pobres no están en las universidades: "Lamentablemente, la universidad gratuita a los pobres no les sirve porque no van. Este es un drama con el que hay que terminar".
"Solo el 12% de los jóvenes de entre 19 y 25 años que pertenecen al decil más pobre accede a estudios superiores; menos de la mitad termina el estudio", agregó.
"Cuando hablamos de la universidad gratuita, ¿gratuita para quién? Es gratuita para mucha gente, no toda, que la puede pagar. Porque acá el pobre no estudia en la universidad. Le hacemos pagar al pobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando va a comprar la leche para su familia y ese IVA va a financiar la universidad a mucha gente que sí la puede pagar", cuestionó.
El Consejo indicó que el 48.5% de los estudiantes inscriptos en las materias de 2024 están por debajo de la línea de pobreza y casi siete de cada diez alumnos de los 2 millones que componen el sistema tienen padres y madres que no fueron a las universidades. Es decir, son la primera generación en acceder a la educación superior.
En cuanto a las auditorías, el CIN subrayó lo que otras instituciones y autoridades universitarias ya han afirmado: "Tiene auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la CONEAU. Todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto". Además, enfatizaron que "las universidades son las entidades del sector público más controladas y auditadas (incluso lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación)".
Uno de los puntos más álgidos del debate es el salario docente. A lo largo del año, mientras se multiplicaban los reclamos del gremio, el Gobierno anunciaba paritarias con números irrisorios y argumentaba que los sueldos de los trabajadores universitarios habían aumentado considerablemente.
Un día previo a la marcha, el Ministerio de Capital Humano -a cargo de Sandra Pettovello- emitió un comunicado en el que aseguraba que la marcha "responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, porque los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos. Es urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas".
En el texto además apuntaron contra los sueldos de los docentes e indicaron que aquellos que son de dedicación exclusiva -que componen una minoría entre el grueso de los docentes- perciben cerca de 1,4 millones de pesos mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de 1 millón. En relación con esto, enfatizaron que "ambos salarios están muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente".
Al respecto, el CIN indicó que "los trabajadores universitarios perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre de 2023, incluso más que los empleados públicos del Estado Nacional. Los salarios de más del 85% de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 60% de las y los no docentes se encuentran en la misma situación. La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores universitarios durante el 2024 fue de más del 30%".
En Comodoro la Canasta Básica Total superó el millón de pesos el mes pasado, por lo que sólo un margen reducido de docentes exclusivos estaría en condiciones de superar, apenas, ese número. El resto de los cargos de dedicación simple y semiexclusiva no superan los 500 mil pesos mensuales.
Otro de los argumentos en contra de la Ley de Financiamiento Universitario asegura que esta atenta contra el equilibrio fiscal, y de hecho Milei ya había adelantado que iba a vetar cualquier proyecto en esta dirección.
Al respecto, el CIN detalló que la Ley "representa apenas el 0,14% del PBI. Similar, por ejemplo, a lo que el Gobierno dejó de percibir para bajar los bienes personales, una medida que benefició a sectores sociales de altos recursos. Por otro lado, ese 0,14,% se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado".
La última oportunidad después del veto
El mismo día que millones de estudiantes se movilizaron en más de 50 ciudades en todo el país, se confirmó lo esperado: el presidente vetó la Ley de Financiamiento Universitario.
"La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal", informó la cuenta de la Oficina del Presidente en la red social X.
Y remarcó: "Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025".
El Gobierno "reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica", agrega el comunicado.
"Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios. El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez", concluye.
El último recurso para la comunidad universitaria es que el proyecto vuelva a la Cámara de Origen (donde comenzó su debate), tal como establece el procedimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.
Tras una votación por si o por no, si se consigue la mayoría, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para ser promulgado. Si las cámaras difieren, no puede volver a debatirse en las sesiones de este año.
En los últimos días, la Cámara de Diputados confirmó que el próximo miércoles a las 11 horas se llevará a cabo la sesión para convalidar o rechazar el veto, y el gobierno no tiene aseguradas las voluntades de los legisladores. Si los 257 diputados están presentes, se necesitarán 172 votos para alcanzar los dos tercios y revertir el veto presidencial; apenas con 86 votos pueden conseguir que eso no ocurra. En el medio, más de 2 millones de estudiantes del sistema universitario público argentino reclaman certezas y presupuesto para su futuro académico.
