4.500 empleos en riesgo: Santa Cruz busca declarar la emergencia petrolera por la salida de YPFEl diputado provincial del Bloque Por Santa Cruz, Fernando Españon presentó en la Legislatura de la provincia un proyecto de ley para declarar la Emergencia Petrolera por 12 meses. Buscan prohibir los despidos y la continuidad de las organizaciones empresarias de servicios vinculadas con las operaciones YPF, de las que busca desprenderse.
El proyecto, que está en debate en comisiones, establece una serie de puntos para asegurar el nivel de producción y empleo en la provincia en los próximos meses. El primer artículo establece la declaración de la emergencia petrolera en la provincia. Será por 12 meses a partir de sancionada la ley.
El artículo que le sigue apunta a prohibir los despidos en el ámbito de la concesión de explotación de los yacimientos. Después, establece el sostenimiento absoluto de la producción de petróleo y gas al 1 de enero del 2024.
Según un relevamiento hecho por el diputado, la producción de petróleo de YPF en diciembre del 2023 llegó a 1,2 millones de barriles. En junio del 2024 cayó a los 895.596 barriles y para septiembre proyectan casi 680.000. En diciembre, ese número bajará a 364.800 barriles. «La caída programada es del orden del 30% con las implicancias desastrosas que ello representa«, dice en los fundamentos.
«Existen alrededor de 15.000 puestos laborales dependientes directa e indirectamente de YPF, si proyectamos en ellos la caída del 30% de la producción programada y/o prevista debemos pensar y advertir seriamente que la caída de puestos laborales ronda el número escalofriante de 4.500«, expone.
La petrolera de mayoría estatal tiene el objetivo de salir de 10 áreas ubicadas al norte de la provincia como parte de su estrategia de concentrarse en los activos de mayor rentabilidad. Ya avanzó en la venta de unas 30 áreas, pero el plan se estancó en la provincia.
En el proyecto de ley también plantean la continuidad de «las organizaciones empresariales de servicios vinculadas contractualmente con YPF SA al 1 de enero 2024.
De declararse la emergencia, se conformará una mesa de diálogo constituida por las organizaciones representativas del sector laboral; de las entidades empresarias; las organizaciones comunales relacionadas con el sector; representantes de la Cámara de Diputados; del Poder Ejecutivo Provincial; y profesionales de la industria.
También prevén la creación de un fondo fiduciario para asistir en materia económica a pequeñas y medianas empresas, «organizaciones representativas del sector laboral para garantizar la continuidad de los espacios y puestos laborales«, se lee. El Poder Ejecutivo quedaría facultado para extender la emergencia, si así lo considera.
"Se apunta a ponerle un muro de contención a esta situación que puede derivar en una gran crisis social y una gran crisis económica y por qué no decirlo también en una gran crisis institucional y política si no se encuentra una salida política a través de un instrumento legislativo a esta contingencia gravísima", explicó el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga.
En junio del 2017, se declaró la emergencia provincial hidrocarburífera a través de la ley 3.535. Allí establecieron una revisión y control de los compromisos de inversión de las empresas; la exigencia de la reactivación de los programas de exploración y explotación, y recuperar los niveles de actividad «que permitan sostener el empleo», se lee.
También, establecieron la obligación de «promover acuerdo con las empresas concesionarias que determinen la absoluta prohibición de realizar despidos sin expresión de justa causa hasta tanto dure la emergencia declarada». Según habían declarado, era por 180 días.
En ese momento, se puso en marcha el Consejo Provincial Hidrocarburífero, compuesto por distintos actores de la industria, para discutir el funcionamiento del sector y las problemáticas en materia laboral y ambiental. El objetivo era garantizar el mantenimiento de la producción y los puestos de trabajo, y sostener los niveles de inversión.
«El antecedente legislativo que tenemos en Santa Cruz del año 2017, que también promovimos nosotros, y yo particularmente, fue cuando en aquella oportunidad ya se registraban 3.500 despidos, una situación mucho más grave que inclusive la privatización de YPF, donde en aquella oportunidad aquí en la zona hubo 1.800 despidos», declaró Soloaga a medios locales.
Fuente: Río Negro
El diputado provincial del Bloque Por Santa Cruz, Fernando Españon presentó en la Legislatura de la provincia un proyecto de ley para declarar la Emergencia Petrolera por 12 meses. Buscan prohibir los despidos y la continuidad de las organizaciones empresarias de servicios vinculadas con las operaciones YPF, de las que busca desprenderse.
El proyecto, que está en debate en comisiones, establece una serie de puntos para asegurar el nivel de producción y empleo en la provincia en los próximos meses. El primer artículo establece la declaración de la emergencia petrolera en la provincia. Será por 12 meses a partir de sancionada la ley.
El artículo que le sigue apunta a prohibir los despidos en el ámbito de la concesión de explotación de los yacimientos. Después, establece el sostenimiento absoluto de la producción de petróleo y gas al 1 de enero del 2024.
Según un relevamiento hecho por el diputado, la producción de petróleo de YPF en diciembre del 2023 llegó a 1,2 millones de barriles. En junio del 2024 cayó a los 895.596 barriles y para septiembre proyectan casi 680.000. En diciembre, ese número bajará a 364.800 barriles. «La caída programada es del orden del 30% con las implicancias desastrosas que ello representa«, dice en los fundamentos.
«Existen alrededor de 15.000 puestos laborales dependientes directa e indirectamente de YPF, si proyectamos en ellos la caída del 30% de la producción programada y/o prevista debemos pensar y advertir seriamente que la caída de puestos laborales ronda el número escalofriante de 4.500«, expone.
La petrolera de mayoría estatal tiene el objetivo de salir de 10 áreas ubicadas al norte de la provincia como parte de su estrategia de concentrarse en los activos de mayor rentabilidad. Ya avanzó en la venta de unas 30 áreas, pero el plan se estancó en la provincia.
En el proyecto de ley también plantean la continuidad de «las organizaciones empresariales de servicios vinculadas contractualmente con YPF SA al 1 de enero 2024.
De declararse la emergencia, se conformará una mesa de diálogo constituida por las organizaciones representativas del sector laboral; de las entidades empresarias; las organizaciones comunales relacionadas con el sector; representantes de la Cámara de Diputados; del Poder Ejecutivo Provincial; y profesionales de la industria.
También prevén la creación de un fondo fiduciario para asistir en materia económica a pequeñas y medianas empresas, «organizaciones representativas del sector laboral para garantizar la continuidad de los espacios y puestos laborales«, se lee. El Poder Ejecutivo quedaría facultado para extender la emergencia, si así lo considera.
"Se apunta a ponerle un muro de contención a esta situación que puede derivar en una gran crisis social y una gran crisis económica y por qué no decirlo también en una gran crisis institucional y política si no se encuentra una salida política a través de un instrumento legislativo a esta contingencia gravísima", explicó el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga.
En junio del 2017, se declaró la emergencia provincial hidrocarburífera a través de la ley 3.535. Allí establecieron una revisión y control de los compromisos de inversión de las empresas; la exigencia de la reactivación de los programas de exploración y explotación, y recuperar los niveles de actividad «que permitan sostener el empleo», se lee.
También, establecieron la obligación de «promover acuerdo con las empresas concesionarias que determinen la absoluta prohibición de realizar despidos sin expresión de justa causa hasta tanto dure la emergencia declarada». Según habían declarado, era por 180 días.
En ese momento, se puso en marcha el Consejo Provincial Hidrocarburífero, compuesto por distintos actores de la industria, para discutir el funcionamiento del sector y las problemáticas en materia laboral y ambiental. El objetivo era garantizar el mantenimiento de la producción y los puestos de trabajo, y sostener los niveles de inversión.
«El antecedente legislativo que tenemos en Santa Cruz del año 2017, que también promovimos nosotros, y yo particularmente, fue cuando en aquella oportunidad ya se registraban 3.500 despidos, una situación mucho más grave que inclusive la privatización de YPF, donde en aquella oportunidad aquí en la zona hubo 1.800 despidos», declaró Soloaga a medios locales.
Fuente: Río Negro
