El avance minero sobre Calcatreu: oro, cianuro y pasivos socioambientalesMientras el gobierno provincial apura la autorización del proyecto minero de oro y plata en la zona aledaña a Ingeniero Jacobacci, comunidades indígenas y asambleas ambientales se niegan a participar en la audiencia pública que tendrá lugar este viernes.
Este viernes 30 de agosto se llevará adelante en la localidad de Ingeniero Jacobacci, Río Negro, la audiencia pública no vinculante por el proyecto Calcatreu, un emprendimiento extractivo minero de explotación de oro y plata. Días atrás, el obispo de General Roca (Fiske Menuco), monseñor Alejandro Pablo Benna, definió este evento como "una mentira" y sostuvo que estas "audiencias públicas son obras de teatro en el que todos los actores están pagos".
"Le pedimos a Dios que estos proyectos como Calcatreu, estos proyectos mineros, no hipotequen el agua y la tierra", sostuvo Benna. "Que me duela la tierra cuando se la contamina, cuando se contamina el agua y cuando se deja a tantos descartables", oró el sacerdote.
El emprendimiento, largamente acariciado por las administraciones provinciales del consenso extractivista, será el primero de minería metalífera en Río Negro. Hay más de treinta iniciativas de explotación de metales varios, litio y uranio en carpeta, esperando el visto bueno que el gobernador Weretilneck no dudará en darles pese a que la licencia social para esta actividad sea nula.
El yacimiento de oro y plata ubicado 60 kilómetros al sur de Jacobacci, fue concesionado a la multinacional Patagonia Gold Corp, encabezada por Carlos Miguens Bemberg, uno de los ex dueños de Cervecería Quilmes. El proyecto se paralizó en 2005 debido a que la ley 3981 prohibió en la provincia la utilización de cianuro y mercurio para, por lixiviación, obtener los minerales.
Como suele ocurrir, entre gallos y medianoche, el 29 de diciembre de 2011, la legislatura provincial volteó esa ley y el emprendimiento hoy está en etapa de exploración y estudios geofísicos.
Despejado el impedimento de la ley anticianuro, en los últimos meses del gobierno de Arabela Carreras se modificaron la Ley de Tierras provincial y el Código de Procedimientos Mineros para adecuar la legislación a que las mineras y petroleras hagan de la provincia una gigante zona de sacrificio. La frutilla del postre la puso la Legislatura Provincial cuando, con el impulso del gobernador, hizo de Río Negro la primera provincia en adherir al polémico RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones).
Calcatreu tiene una vida útil estimada de cinco años que podrían proyectarse a diez. Es un proceso minero a cielo abierto que utilizará una solución cianurada para separar el metal de la roca.
"Calcatreu es más que un proyecto; es la llave para el progreso y el crecimiento de Ingeniero Jacobacci. Con su implementación, el sueño de una comunidad próspera está más cerca de hacerse realidad", escribió el gobernador en su cuenta de X, celebrando la realización de la audiencia pública. Un día más tarde, para asegurar esa "prosperidad" y la libre expresión de todo los participantes, anunció la presencia de más de 200 efectivos policiales en las calles de la pequeña localidad.
Qué dicen las comunidades mapuche tehuelches
Mientras en el gimnasio municipal se lleve adelante el "trámite" de la audiencia pública, las comunidades indígenas organizadas en el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro y familias campesinas se reunirán al margen del evento oficial, en la Plaza de los Ferroviarios de Jacobacci, para denunciar y rechazar el avance de este proyecto sin que se realice el proceso de consulta previa, libre e informada (CPLI) que el Convenio 169 de la OIT (con rango constitucional en nuestro país) establece para estos emprendimientos en territorios indígenas.
"El proceso de CPLI debería iniciarse con la notificación al CODECI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas), que es el órgano de cogestión entre las comunidades y el gobierno, informando que hay un proyecto y que se debe iniciar el proceso de CPLI. El CODECI y la Coordinadora del Parlamento deberían reunirse con las tres o cuatro comunidades que habitan el territorio impactado y algunas que son colindantes como la de Río Chico", explica en diálogo con Canal Abierto Orlando Carriqueo, werken (vocero) de la organización indígena.
"En esa reunión con todas las familias de las comunidades, no sólo las comisiones directivas, se daría la primera información sobre qué es lo que se quiere desarrollar y ahí se definiría un cronograma para llevar la consulta adelante y para que todas las familias estén al tanto de lo que va a pasar. Ese proceso no tiene que coincidir con la esquila, con las pariciones o con el wiñoy xipantu, por ejemplo, cosas pueden retrasar la consulta, y son tiempos que tienen que respetarse. También hay que tener en cuenta la extensión territorial y la cantidad de familias que tienen que estar al tanto y saber y comprender cuáles son los alcances del proyecto", amplía y estima que es un proceso que debe durar por lo menos 180 días.
El CODECI y la Coordinadora, por su parte, deben aportar información relevante a las familias sobre otros procesos mineros realizados en diversos lugares y los impactos producidos, "para poder decidir y poner en la balanza, porque una cosa es la palabra del gobierno y la empresa minera y otra es lo que nos muestran otras experiencias".
Carriqueo señala que además debe realizarse un análisis antropológico, arqueológico y un informe de impacto cultural, además del ambiental. "Son cuatro cuestiones que se tienen que desarrollar. Estamos hablando de una extensión que tiene 180.000 hectáreas habitadas por alrededor de 300 familias de cuatro comunidades. Eso lo quieren resolver en una jornada", concluye categóricamente. Una jornada encerrados en un gimnasio, eso sí: con transmisión online y pantallas gigantes.
"Lo otro, muy importante, es qué impacto cultural tendría el desarrollo de este proyecto en el territorio. Para eso se consulta a los kimche -las personas mayores, personas sabias, persona que tiene el kimün (conocimiento)- que conocen la espiritualidad del pueblo mapuche, quienes dicen cómo impactaría al pueblo que se rompa un cerro, por ejemplo", describe Orlando.
Un poco de historia
El territorio en conflicto es el de la reserva Lipetren creada alrededor del año 1900. "La reserva se organizó con las familias de Sayhueque, uno de los últimos lonkos en entregarse. Se la creó después del genocidio de la Campaña del y allí se asentaron alrededor de 300 familias. Como el territorio era bastante amplio se arman tres comunidades Peñi Mapu, Ngepun Curra y Putren Tuli Mahuiza. Estas comunidades, más una cuarta colindante (Río Chico), son las amparistas que en el año 2005 ganan el fallo Calcatreu", narra Carriqueo.
Consulta amañada
Hoy la provincia sólo ha habilitado la participación de una de las comunidades cuyos referentes, denuncia el referente mapuche, "están cooptados por el gobierno y en un proceso al que no se le puede llamar consulta, en una reunión bajo artilugios y sin decir la verdad, han logrado la firma de familias que no dimensionan el verdadero problema que van a tener allí en los próximos años".
"Juntaron a la comunidad y les dijeron van a cobrar un millón de pesos y van a tener puestos de trabajo. Esos trabajos son temporarios y el primer inconveniente fue que un requisito para trabajar era tener el secundario completo, y son pocos los jóvenes que lo tienen. La empresa, además, ofrece beneficios que debería brindar el Estado: te doy leña, te arreglo el camino, te pongo una pantalla solar, para comprar la voluntad de las comunidades", explica el werken.
"Otra posibilidad es que el Estado sostenga que es fundamental, de utilidad pública y una prioridad sacar el oro y la plata para llevarla a Europa. Suponiendo que todo eso sea urgente y que es necesario hacerlo, como se trata de una reserva indígena el estado deber ofrecer tierras de la misma calidad o mejores para que la comunidad se traslade, además de la indemnización correspondiente y el impacto cultural que provocara moverse otra vez luego de haber sido arrinconados y acorralados en este lugar por el gobierno de Roca hace más de 100 años", sostiene.
Impactos
Un proyecto de estas características utiliza grandes cantidades de agua en una zona donde este bien común es mucho más preciado que los metales brillantes que pretenden conseguir. "Ahí, hay productores que han tenido que sacar sus ovejas el año pasado y el anterior y tuvimos que conseguir camiones de agua para proveerlos para que no se les mueran las ovejas. No sólo van a utilizar grandes cantidades de agua sino que la que utilicen va a quedar contaminada y no se va a poder usar para nada", explica el referente mapuche.
"El Estado tiene que garantizar la proyección de las comunidades indígenas de acuerdo a sus pautas culturales y garantizar el desarrollo de los pueblos de acuerdo a sus propias decisiones. El Gobierno está violando el derecho indígena, es una violación a los convenios internacionales y a la Constitución", concluye Carriqueo.
Pedido de nulidad
Asambleas socioambientales y organizaciones sociales de la provincia presentaron un recurso administrativo contra la Audiencia Pública por el Proyecto Minero Calcatreu. Exigen la nulidad de la convocatoria porque se encuentra plagada de vicios. Además, advirtieron que en caso contrario se apelará a la vía judicial, mediante acción penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Detallaron irregularidades vinculadas a la constitución del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (COPEAM) -que el 15 de agosto pasado aprobó unánimemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, considerándolo viable-, haciendo hincapié en las modificaciones legales y maniobras realizadas en tiempo récord por el Gobierno de Río Negro para excluir del mismo a los órganos de representación legítima del Pueblo Mapuche Tehuelche como el CODECI y el Parlamento.
Fuente: Canal Abierto
Mientras el gobierno provincial apura la autorización del proyecto minero de oro y plata en la zona aledaña a Ingeniero Jacobacci, comunidades indígenas y asambleas ambientales se niegan a participar en la audiencia pública que tendrá lugar este viernes.
Este viernes 30 de agosto se llevará adelante en la localidad de Ingeniero Jacobacci, Río Negro, la audiencia pública no vinculante por el proyecto Calcatreu, un emprendimiento extractivo minero de explotación de oro y plata. Días atrás, el obispo de General Roca (Fiske Menuco), monseñor Alejandro Pablo Benna, definió este evento como "una mentira" y sostuvo que estas "audiencias públicas son obras de teatro en el que todos los actores están pagos".
"Le pedimos a Dios que estos proyectos como Calcatreu, estos proyectos mineros, no hipotequen el agua y la tierra", sostuvo Benna. "Que me duela la tierra cuando se la contamina, cuando se contamina el agua y cuando se deja a tantos descartables", oró el sacerdote.
El emprendimiento, largamente acariciado por las administraciones provinciales del consenso extractivista, será el primero de minería metalífera en Río Negro. Hay más de treinta iniciativas de explotación de metales varios, litio y uranio en carpeta, esperando el visto bueno que el gobernador Weretilneck no dudará en darles pese a que la licencia social para esta actividad sea nula.
El yacimiento de oro y plata ubicado 60 kilómetros al sur de Jacobacci, fue concesionado a la multinacional Patagonia Gold Corp, encabezada por Carlos Miguens Bemberg, uno de los ex dueños de Cervecería Quilmes. El proyecto se paralizó en 2005 debido a que la ley 3981 prohibió en la provincia la utilización de cianuro y mercurio para, por lixiviación, obtener los minerales.
Como suele ocurrir, entre gallos y medianoche, el 29 de diciembre de 2011, la legislatura provincial volteó esa ley y el emprendimiento hoy está en etapa de exploración y estudios geofísicos.
Despejado el impedimento de la ley anticianuro, en los últimos meses del gobierno de Arabela Carreras se modificaron la Ley de Tierras provincial y el Código de Procedimientos Mineros para adecuar la legislación a que las mineras y petroleras hagan de la provincia una gigante zona de sacrificio. La frutilla del postre la puso la Legislatura Provincial cuando, con el impulso del gobernador, hizo de Río Negro la primera provincia en adherir al polémico RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones).
Calcatreu tiene una vida útil estimada de cinco años que podrían proyectarse a diez. Es un proceso minero a cielo abierto que utilizará una solución cianurada para separar el metal de la roca.
"Calcatreu es más que un proyecto; es la llave para el progreso y el crecimiento de Ingeniero Jacobacci. Con su implementación, el sueño de una comunidad próspera está más cerca de hacerse realidad", escribió el gobernador en su cuenta de X, celebrando la realización de la audiencia pública. Un día más tarde, para asegurar esa "prosperidad" y la libre expresión de todo los participantes, anunció la presencia de más de 200 efectivos policiales en las calles de la pequeña localidad.
Qué dicen las comunidades mapuche tehuelches
Mientras en el gimnasio municipal se lleve adelante el "trámite" de la audiencia pública, las comunidades indígenas organizadas en el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro y familias campesinas se reunirán al margen del evento oficial, en la Plaza de los Ferroviarios de Jacobacci, para denunciar y rechazar el avance de este proyecto sin que se realice el proceso de consulta previa, libre e informada (CPLI) que el Convenio 169 de la OIT (con rango constitucional en nuestro país) establece para estos emprendimientos en territorios indígenas.
"El proceso de CPLI debería iniciarse con la notificación al CODECI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas), que es el órgano de cogestión entre las comunidades y el gobierno, informando que hay un proyecto y que se debe iniciar el proceso de CPLI. El CODECI y la Coordinadora del Parlamento deberían reunirse con las tres o cuatro comunidades que habitan el territorio impactado y algunas que son colindantes como la de Río Chico", explica en diálogo con Canal Abierto Orlando Carriqueo, werken (vocero) de la organización indígena.
"En esa reunión con todas las familias de las comunidades, no sólo las comisiones directivas, se daría la primera información sobre qué es lo que se quiere desarrollar y ahí se definiría un cronograma para llevar la consulta adelante y para que todas las familias estén al tanto de lo que va a pasar. Ese proceso no tiene que coincidir con la esquila, con las pariciones o con el wiñoy xipantu, por ejemplo, cosas pueden retrasar la consulta, y son tiempos que tienen que respetarse. También hay que tener en cuenta la extensión territorial y la cantidad de familias que tienen que estar al tanto y saber y comprender cuáles son los alcances del proyecto", amplía y estima que es un proceso que debe durar por lo menos 180 días.
El CODECI y la Coordinadora, por su parte, deben aportar información relevante a las familias sobre otros procesos mineros realizados en diversos lugares y los impactos producidos, "para poder decidir y poner en la balanza, porque una cosa es la palabra del gobierno y la empresa minera y otra es lo que nos muestran otras experiencias".
Carriqueo señala que además debe realizarse un análisis antropológico, arqueológico y un informe de impacto cultural, además del ambiental. "Son cuatro cuestiones que se tienen que desarrollar. Estamos hablando de una extensión que tiene 180.000 hectáreas habitadas por alrededor de 300 familias de cuatro comunidades. Eso lo quieren resolver en una jornada", concluye categóricamente. Una jornada encerrados en un gimnasio, eso sí: con transmisión online y pantallas gigantes.
"Lo otro, muy importante, es qué impacto cultural tendría el desarrollo de este proyecto en el territorio. Para eso se consulta a los kimche -las personas mayores, personas sabias, persona que tiene el kimün (conocimiento)- que conocen la espiritualidad del pueblo mapuche, quienes dicen cómo impactaría al pueblo que se rompa un cerro, por ejemplo", describe Orlando.
Un poco de historia
El territorio en conflicto es el de la reserva Lipetren creada alrededor del año 1900. "La reserva se organizó con las familias de Sayhueque, uno de los últimos lonkos en entregarse. Se la creó después del genocidio de la Campaña del y allí se asentaron alrededor de 300 familias. Como el territorio era bastante amplio se arman tres comunidades Peñi Mapu, Ngepun Curra y Putren Tuli Mahuiza. Estas comunidades, más una cuarta colindante (Río Chico), son las amparistas que en el año 2005 ganan el fallo Calcatreu", narra Carriqueo.
Consulta amañada
Hoy la provincia sólo ha habilitado la participación de una de las comunidades cuyos referentes, denuncia el referente mapuche, "están cooptados por el gobierno y en un proceso al que no se le puede llamar consulta, en una reunión bajo artilugios y sin decir la verdad, han logrado la firma de familias que no dimensionan el verdadero problema que van a tener allí en los próximos años".
"Juntaron a la comunidad y les dijeron van a cobrar un millón de pesos y van a tener puestos de trabajo. Esos trabajos son temporarios y el primer inconveniente fue que un requisito para trabajar era tener el secundario completo, y son pocos los jóvenes que lo tienen. La empresa, además, ofrece beneficios que debería brindar el Estado: te doy leña, te arreglo el camino, te pongo una pantalla solar, para comprar la voluntad de las comunidades", explica el werken.
"Otra posibilidad es que el Estado sostenga que es fundamental, de utilidad pública y una prioridad sacar el oro y la plata para llevarla a Europa. Suponiendo que todo eso sea urgente y que es necesario hacerlo, como se trata de una reserva indígena el estado deber ofrecer tierras de la misma calidad o mejores para que la comunidad se traslade, además de la indemnización correspondiente y el impacto cultural que provocara moverse otra vez luego de haber sido arrinconados y acorralados en este lugar por el gobierno de Roca hace más de 100 años", sostiene.
Impactos
Un proyecto de estas características utiliza grandes cantidades de agua en una zona donde este bien común es mucho más preciado que los metales brillantes que pretenden conseguir. "Ahí, hay productores que han tenido que sacar sus ovejas el año pasado y el anterior y tuvimos que conseguir camiones de agua para proveerlos para que no se les mueran las ovejas. No sólo van a utilizar grandes cantidades de agua sino que la que utilicen va a quedar contaminada y no se va a poder usar para nada", explica el referente mapuche.
"El Estado tiene que garantizar la proyección de las comunidades indígenas de acuerdo a sus pautas culturales y garantizar el desarrollo de los pueblos de acuerdo a sus propias decisiones. El Gobierno está violando el derecho indígena, es una violación a los convenios internacionales y a la Constitución", concluye Carriqueo.
Pedido de nulidad
Asambleas socioambientales y organizaciones sociales de la provincia presentaron un recurso administrativo contra la Audiencia Pública por el Proyecto Minero Calcatreu. Exigen la nulidad de la convocatoria porque se encuentra plagada de vicios. Además, advirtieron que en caso contrario se apelará a la vía judicial, mediante acción penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Detallaron irregularidades vinculadas a la constitución del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (COPEAM) -que el 15 de agosto pasado aprobó unánimemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, considerándolo viable-, haciendo hincapié en las modificaciones legales y maniobras realizadas en tiempo récord por el Gobierno de Río Negro para excluir del mismo a los órganos de representación legítima del Pueblo Mapuche Tehuelche como el CODECI y el Parlamento.
Fuente: Canal Abierto
