Sin nosotras no hay democracia: el debate por la violencia política contra las legisladoras argentinas "Cuando era presidenta, durante los dos periodos, sufrí violencia simbólica y no tan simbólica", señaló Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su declaración por el intento de magnicidio contra su persona en septiembre del 2022, mientras mostraba una serie de tapas de la Revista Noticias que fueron catalogadas por muchos como misóginas. Aunque la exmandataria dijo explícitamente que no es feminista, con esto aludió a un debate muy presente en la última década entre los movimientos por la igualdad de género en Argentina: la violencia política contra las mujeres. Desde 2016 este tipo de violencia está tipificada como tal, y las iniciativas para prevenirla son indispensables a la par de los proyectos de participación política de las mujeres que, de acuerdo con sus impulsoras, fortalecen la calidad democrática.
La Ley de Violencia contra la Mujer Nº 26.485 reconoce distintos tipos y modalidades de violencia, desde las más presentes en el imaginario social como la psicológica, la física o la laboral hasta otras modalidades más "sutiles" pero con las mismas consecuencias en la vida y trayectoria de las víctimas. La violencia simbólica, por ejemplo, está reconocida en la normativa, entendida como la que se ejerce "a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad".
Con más fuerza desde el 2015 hasta la actualidad, los feminismos dieron el debate de la presencia de este tipo de violencias, que por su dimensión suelen ser las más ignoradas. La idea de que un discurso o una imagen por sí mismas puedan implicar violencia es parte del cambio cultural que vive Argentina y toda la región.
En el caso de las figuras públicas, como las funcionarias, este tipo de violencias se amplifican, especialmente desde redes sociales y muchas veces desde el periodismo, que ubican a las legisladoras y líderes políticas en un lugar de inferioridad o a quienes lanzan ataques por medio de discursos que enfatizan cuestiones sexuales y refuerzan estereotipos. A la par, mujeres políticas en todo el país afirman sufrir también violencias físicas, como acoso y maltrato laboral.
El reconocimiento de la violencia política como tal fue incluido en la Ley Nº 26.485 en 2019 por impulso de la entonces senadora chubutense Nancy González.
De esta manera, quedó incluida en esa normativa la violencia pública-política contra las mujeres, entendida como "aquella que, mediante métodos de presión, persecución, acoso y/o amenazas, impide o limita sistemáticamente el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, desalentando o menoscabando el ejercicio político o la carrera política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública o política: instituciones estatales, recitos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales o sindicales, o medios de comunicación."
"Que el problema de la violencia y el acoso político contra las mujeres pone de manifiesto que el logro de la paridad política en democracia no se agota con la adopción de la cuota o de la paridad electoral, sino que requiere de un abordaje integral que asegure, por un lado, el acceso igualitario de mujeres y hombres en todas las instituciones estatales y organizaciones políticas, y por otro, que asegure que las condiciones en el ejercicio están libres de discriminación y violencia contra las mujeres en todos los niveles y espacios de la vida política", subraya la "Declaración sobre la violencia y el acoso políticos contra las mujeres" en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) en la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará realizada Lima, Perú, en octubre de 2015.
"La autonomía que hemos conseguido las mujeres tiene un correlato social de violencia, que va en escala, tomando formas cada vez más manifiestas,", expresaba la senadora González en la fundamentación del proyecto de ley, "el acceso y la visibilización de la mujer en ámbitos tradicionalmente masculinos llamados ‘públicos' atañe como respuesta un tipo de adoctrinamiento patriarcal propio de nuestra cultura. En este sentido, la política no es la excepción".
La prevención y sanción de la violencia política en pos de garantizar la participación plena de las mujeres en espacios de poder y decisión forma parte también de las distintas convenciones internacionales en la materia a las que Argentina está adherida, como la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discrminación contra la Mujer) y la Convención de Belém do Pará.
El antecedente de Bolivia
La conquista de las mujeres de ciertos espacios de poder ha generado reacciones violentas por parte de grupos conservadores en toda la región; frente a esta situación, la violencia política y simbólica contra estas líderes es frecuente.
El concepto como tal, al menos en América Latina, apareció por primera vez en Bolivia en el año 2000, dentro de una reunión de concejalas en la Cámara de Diputados, con el fin de visibilizar reportes de acoso y violencia contra mujeres en municipios rurales.
Más tarde, la de Concejalas de Bolivia (Acobol), presentó formalmente la propuesta de una normativa que diera respuesta a este fenómeno, durante el período 2005-2006, fruto del trabajo conjunto de la sociedad civil, organizaciones y legisladoras.
Este trabajo permitió empezar a registrar testimonios y estadísticas en este sentido: para 2012 se recibieron más de mil denuncias por parte de mujeres en diversos cargos políticos.
Ese año la Asociación logró la promoción y aprobación de la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política contra las Mujeres, una normativa vanguardia en la región.
Esta Ley otorga protección a todas las mujeres que ejercen alguna función política. Define el acoso político como el "acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas", mientras que define la violencia política como las "acciones, conductas y agresiones que causen daño físico, psicológico o sexual" con el motivo de reducir o restringir el libre ejercicio de la función política en las mujeres, o bien obligarla a renunciar o modificar conductas de su mandato.
A la fecha, en América Latina son diez los países que tienen regulaciones y legislaciones en materia de Violencia Política por razones de género: México, El Salvador, Ecuador, Panamá, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina y Uruguay. Sin embargo, sólo Bolivia y Perú cuentan con leyes específicas. El resto, como en el caso de Argentina, incluyen este concepto en leyes más generales sobre violencia contra las mujeres.
Los números de la violencia
Aunque se trata de situaciones más visibles en figuras con mayor reconocimiento como la expresidenta, todas las mujeres que ocupan cargos públicos están expuestas a este fenómeno. En 2018, ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) llevó adelante un monitoreo sobre violencia política en Argentina, y mostró que, lejos de tratarse de un problema aislado, es una cuestión extendida en toro el territorio: 8 de cada 10 encuestadas afirmaron haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas.
Los dos tipos de violencia más frecuentes fueron la psicológica (50%) y la simbólica (28%). En menor medida, las legisladoras se refirieron a situaciones de violencia económica (22%). Por último, tanto la violencia física como la violencia sexual fueron reportadas en menos del 10% de los casos. En relación a las manifestaciones puntuales, el 64% de las entrevistadas fueron amenazadas o intimidadas durante el ejercicio de sus funciones políticas; al 58% le han impedido que asista a reuniones importantes o en las que se toman decisiones relevantes; al 53% le han restringido el uso de la palabra en reuniones o sesiones e incluso 27% ha percibido un ingreso salarial menor por su condición de género.
Como panorama general, el 98% de las encuestadas identificaron al ámbito político como un espacio donde persiste la discriminación contra las mujeres. Y entre los factores que actúan como obstáculos a su participación en ese ámbito, mencionaron los de tipo cultural: las responsabilidades familiares (91%), la cultura dominante y su concepción del rol de las mujeres en la sociedad (89%), y la falta de apoyo de los hombres (76%). En menor medida aparecen factores como la falta de recursos económicos (64%) y el temor por la integridad física (18%).
Respecto del género de la persona que cometió las agresiones, el 63% de las encuestadas señaló que se trató generalmente de varones; un 32% que las habían agredido indistintamente varones y mujeres; un 5% que las agresoras habían sido mujeres.
En cuanto a la procedencia de la persona agresora, las opciones mencionadas con más frecuencia fueron "alguien a través de las redes sociales" (71%), y "Alguien de otro partido" y "Alguien de mi partido" (ambas con 67%). En relación con el lugar en el que se produjeron las agresiones, los más mencionados fueron internet (62%), la sede o alguna actividad del partido (44%) y el recinto (40%).
La violencia simbólica y no tan simbólica
Las tapas de Noticias que tenían a Cristina como protagonista son tal vez los ejemplos más recordados de los últimos años. Un centenar de tapas jugaron con la retórica de ciertos estereotipos asociados a la mujer, mostrándola en situaciones violentas o sexualizadas.
"Cuando era presidenta, durante los dos periodos, sufrí violencia simbólica y no tan simbólica", expresó la expresidenta en el marco de su declaración en Comodoro Py, mientras mostraba las tapas de la revista Noticias.
"Algunas tapas nada más, no todas porque sería largo. Desde cuestiones que tenían que ver sobre mi condición de mujer, porque obviamente nadie tendría que sentirse mal que lo critiquen cuando hace política. Son las reglas de juego y además hace a la democracia, que un gobernante que no comparte lo que está haciendo, pueda criticarlo", apuntó.
"Vía Crucis. Acá crucificada", explicó mientras mostraba una de las tapas: "Salvo que me quieran decir que la hicimos comparar con Cristo. No me suena. Si quieren tomar esa argumentación, olvídenla". Otra de las imágenes la mostraba con un moretón en el ojo y el título "El negocio de pegarle a Cristina": "Con un ojo negro, mire que contexto actual. Con un ojo negro me sacaron y una curita. Como verán, todo se repite", remarcó.
En 2019, un comunicado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social repudiaba el centenar de tapas donde Cristina aparecía photoshopeada bajo algún estereotipo machista y subrayaba que "en torno al supuesto ‘periodismo independiente bien entendido', se han sobrepasado límites inimaginables, se inventan noticias y se ejecutan hostigamientos en base a la mentira, se crean climas sociales, se avasalla cualquier dolor si una primicia lo requiere, ¿no es acaso la comunicación un derecho cuyo ejercicio conlleva pedagogía? ¿qué pedagogía produce la estigmatización y estereotipia permanente a través de recursos que siempre apelan al género?"
"Para el medio lo que han producido es un acto de irreverencia, algo así como una rebeldía transgresora, nosotres lo llamamos violencia simbólica, de esa que lejos de ser revolucionaria, profundiza los cánones del más rancio conservadurismo", enfatizaban y reivindicar la necesidad de "un nuevo periodismo en la Argentina, que se despatriarcalicen las tramas de sentido, que se escuchen más voces y se desarme la concentración en pocas manos de la información, de no ser así, ninguna democracia es posible".
Una frase similar evocan los feminismos cuando reclaman, más allá de todo posicionamiento partidario, la prevención y erradicación de las violencias que impiden el acceso pleno de las mujeres a los espacios de toma de decisión: sin nosotras no hay democracia.
"Cuando era presidenta, durante los dos periodos, sufrí violencia simbólica y no tan simbólica", señaló Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su declaración por el intento de magnicidio contra su persona en septiembre del 2022, mientras mostraba una serie de tapas de la Revista Noticias que fueron catalogadas por muchos como misóginas. Aunque la exmandataria dijo explícitamente que no es feminista, con esto aludió a un debate muy presente en la última década entre los movimientos por la igualdad de género en Argentina: la violencia política contra las mujeres. Desde 2016 este tipo de violencia está tipificada como tal, y las iniciativas para prevenirla son indispensables a la par de los proyectos de participación política de las mujeres que, de acuerdo con sus impulsoras, fortalecen la calidad democrática.
La Ley de Violencia contra la Mujer Nº 26.485 reconoce distintos tipos y modalidades de violencia, desde las más presentes en el imaginario social como la psicológica, la física o la laboral hasta otras modalidades más "sutiles" pero con las mismas consecuencias en la vida y trayectoria de las víctimas. La violencia simbólica, por ejemplo, está reconocida en la normativa, entendida como la que se ejerce "a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad".
Con más fuerza desde el 2015 hasta la actualidad, los feminismos dieron el debate de la presencia de este tipo de violencias, que por su dimensión suelen ser las más ignoradas. La idea de que un discurso o una imagen por sí mismas puedan implicar violencia es parte del cambio cultural que vive Argentina y toda la región.
En el caso de las figuras públicas, como las funcionarias, este tipo de violencias se amplifican, especialmente desde redes sociales y muchas veces desde el periodismo, que ubican a las legisladoras y líderes políticas en un lugar de inferioridad o a quienes lanzan ataques por medio de discursos que enfatizan cuestiones sexuales y refuerzan estereotipos. A la par, mujeres políticas en todo el país afirman sufrir también violencias físicas, como acoso y maltrato laboral.
El reconocimiento de la violencia política como tal fue incluido en la Ley Nº 26.485 en 2019 por impulso de la entonces senadora chubutense Nancy González.
De esta manera, quedó incluida en esa normativa la violencia pública-política contra las mujeres, entendida como "aquella que, mediante métodos de presión, persecución, acoso y/o amenazas, impide o limita sistemáticamente el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, desalentando o menoscabando el ejercicio político o la carrera política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública o política: instituciones estatales, recitos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales o sindicales, o medios de comunicación."
"Que el problema de la violencia y el acoso político contra las mujeres pone de manifiesto que el logro de la paridad política en democracia no se agota con la adopción de la cuota o de la paridad electoral, sino que requiere de un abordaje integral que asegure, por un lado, el acceso igualitario de mujeres y hombres en todas las instituciones estatales y organizaciones políticas, y por otro, que asegure que las condiciones en el ejercicio están libres de discriminación y violencia contra las mujeres en todos los niveles y espacios de la vida política", subraya la "Declaración sobre la violencia y el acoso políticos contra las mujeres" en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) en la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará realizada Lima, Perú, en octubre de 2015.
"La autonomía que hemos conseguido las mujeres tiene un correlato social de violencia, que va en escala, tomando formas cada vez más manifiestas,", expresaba la senadora González en la fundamentación del proyecto de ley, "el acceso y la visibilización de la mujer en ámbitos tradicionalmente masculinos llamados ‘públicos' atañe como respuesta un tipo de adoctrinamiento patriarcal propio de nuestra cultura. En este sentido, la política no es la excepción".
La prevención y sanción de la violencia política en pos de garantizar la participación plena de las mujeres en espacios de poder y decisión forma parte también de las distintas convenciones internacionales en la materia a las que Argentina está adherida, como la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discrminación contra la Mujer) y la Convención de Belém do Pará.
El antecedente de Bolivia
La conquista de las mujeres de ciertos espacios de poder ha generado reacciones violentas por parte de grupos conservadores en toda la región; frente a esta situación, la violencia política y simbólica contra estas líderes es frecuente.
El concepto como tal, al menos en América Latina, apareció por primera vez en Bolivia en el año 2000, dentro de una reunión de concejalas en la Cámara de Diputados, con el fin de visibilizar reportes de acoso y violencia contra mujeres en municipios rurales.
Más tarde, la de Concejalas de Bolivia (Acobol), presentó formalmente la propuesta de una normativa que diera respuesta a este fenómeno, durante el período 2005-2006, fruto del trabajo conjunto de la sociedad civil, organizaciones y legisladoras.
Este trabajo permitió empezar a registrar testimonios y estadísticas en este sentido: para 2012 se recibieron más de mil denuncias por parte de mujeres en diversos cargos políticos.
Ese año la Asociación logró la promoción y aprobación de la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política contra las Mujeres, una normativa vanguardia en la región.
Esta Ley otorga protección a todas las mujeres que ejercen alguna función política. Define el acoso político como el "acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas", mientras que define la violencia política como las "acciones, conductas y agresiones que causen daño físico, psicológico o sexual" con el motivo de reducir o restringir el libre ejercicio de la función política en las mujeres, o bien obligarla a renunciar o modificar conductas de su mandato.
A la fecha, en América Latina son diez los países que tienen regulaciones y legislaciones en materia de Violencia Política por razones de género: México, El Salvador, Ecuador, Panamá, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina y Uruguay. Sin embargo, sólo Bolivia y Perú cuentan con leyes específicas. El resto, como en el caso de Argentina, incluyen este concepto en leyes más generales sobre violencia contra las mujeres.
Los números de la violencia
Aunque se trata de situaciones más visibles en figuras con mayor reconocimiento como la expresidenta, todas las mujeres que ocupan cargos públicos están expuestas a este fenómeno. En 2018, ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) llevó adelante un monitoreo sobre violencia política en Argentina, y mostró que, lejos de tratarse de un problema aislado, es una cuestión extendida en toro el territorio: 8 de cada 10 encuestadas afirmaron haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas.
Los dos tipos de violencia más frecuentes fueron la psicológica (50%) y la simbólica (28%). En menor medida, las legisladoras se refirieron a situaciones de violencia económica (22%). Por último, tanto la violencia física como la violencia sexual fueron reportadas en menos del 10% de los casos. En relación a las manifestaciones puntuales, el 64% de las entrevistadas fueron amenazadas o intimidadas durante el ejercicio de sus funciones políticas; al 58% le han impedido que asista a reuniones importantes o en las que se toman decisiones relevantes; al 53% le han restringido el uso de la palabra en reuniones o sesiones e incluso 27% ha percibido un ingreso salarial menor por su condición de género.
Como panorama general, el 98% de las encuestadas identificaron al ámbito político como un espacio donde persiste la discriminación contra las mujeres. Y entre los factores que actúan como obstáculos a su participación en ese ámbito, mencionaron los de tipo cultural: las responsabilidades familiares (91%), la cultura dominante y su concepción del rol de las mujeres en la sociedad (89%), y la falta de apoyo de los hombres (76%). En menor medida aparecen factores como la falta de recursos económicos (64%) y el temor por la integridad física (18%).
Respecto del género de la persona que cometió las agresiones, el 63% de las encuestadas señaló que se trató generalmente de varones; un 32% que las habían agredido indistintamente varones y mujeres; un 5% que las agresoras habían sido mujeres.
En cuanto a la procedencia de la persona agresora, las opciones mencionadas con más frecuencia fueron "alguien a través de las redes sociales" (71%), y "Alguien de otro partido" y "Alguien de mi partido" (ambas con 67%). En relación con el lugar en el que se produjeron las agresiones, los más mencionados fueron internet (62%), la sede o alguna actividad del partido (44%) y el recinto (40%).
La violencia simbólica y no tan simbólica
Las tapas de Noticias que tenían a Cristina como protagonista son tal vez los ejemplos más recordados de los últimos años. Un centenar de tapas jugaron con la retórica de ciertos estereotipos asociados a la mujer, mostrándola en situaciones violentas o sexualizadas.
"Cuando era presidenta, durante los dos periodos, sufrí violencia simbólica y no tan simbólica", expresó la expresidenta en el marco de su declaración en Comodoro Py, mientras mostraba las tapas de la revista Noticias.
"Algunas tapas nada más, no todas porque sería largo. Desde cuestiones que tenían que ver sobre mi condición de mujer, porque obviamente nadie tendría que sentirse mal que lo critiquen cuando hace política. Son las reglas de juego y además hace a la democracia, que un gobernante que no comparte lo que está haciendo, pueda criticarlo", apuntó.
"Vía Crucis. Acá crucificada", explicó mientras mostraba una de las tapas: "Salvo que me quieran decir que la hicimos comparar con Cristo. No me suena. Si quieren tomar esa argumentación, olvídenla". Otra de las imágenes la mostraba con un moretón en el ojo y el título "El negocio de pegarle a Cristina": "Con un ojo negro, mire que contexto actual. Con un ojo negro me sacaron y una curita. Como verán, todo se repite", remarcó.
En 2019, un comunicado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social repudiaba el centenar de tapas donde Cristina aparecía photoshopeada bajo algún estereotipo machista y subrayaba que "en torno al supuesto ‘periodismo independiente bien entendido', se han sobrepasado límites inimaginables, se inventan noticias y se ejecutan hostigamientos en base a la mentira, se crean climas sociales, se avasalla cualquier dolor si una primicia lo requiere, ¿no es acaso la comunicación un derecho cuyo ejercicio conlleva pedagogía? ¿qué pedagogía produce la estigmatización y estereotipia permanente a través de recursos que siempre apelan al género?"
"Para el medio lo que han producido es un acto de irreverencia, algo así como una rebeldía transgresora, nosotres lo llamamos violencia simbólica, de esa que lejos de ser revolucionaria, profundiza los cánones del más rancio conservadurismo", enfatizaban y reivindicar la necesidad de "un nuevo periodismo en la Argentina, que se despatriarcalicen las tramas de sentido, que se escuchen más voces y se desarme la concentración en pocas manos de la información, de no ser así, ninguna democracia es posible".
Una frase similar evocan los feminismos cuando reclaman, más allá de todo posicionamiento partidario, la prevención y erradicación de las violencias que impiden el acceso pleno de las mujeres a los espacios de toma de decisión: sin nosotras no hay democracia.
