El negacionismo no viene solo: desfinanciamiento de las políticas de Derechos Humanos y violencia El 21 de marzo de este año, en vísperas del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, dos personas irrumpieron en la vivienda de una militante de H.I.J.O.S. La golpearon, abusaron de ella y la amenazaron de muerte. "No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para eso", le dijeron durante el episodio. Antes de retirarse, escribieron sobre una de las paredes "VLLC" ("Viva la libertad carajo"), slogan del partido de Javier Milei. No fue un caso aislado y se produjo después de meses de intensificación de los discursos negacionistas y la violencia en distintos grados contra militantes por los Derechos Humanos. En las calles, aparecen graffitis revindicando la dictadura, en tanto se conoce que un grupo de diputados libertarios fue a visitar a condenados por delitos de lesa humanidad.
"Viva Videla", se leía en las paredes del local del Frente de Izquierda de Bariloche el pasado 23 de julio. Es uno de los últimos de tantos graffitis similares que aparecen eventualmente en distintas partes del país pero que han proliferado en el último año. No es casual, tampoco, que aparezca un mensaje así en la ciudad rionegrina, donde funciona Consenso Bariloche, una organización dirigida por sectores concentrados de la economía provincial relacionados a los negocios turísticos, inmobiliarios, financieros y de la construcción, quienes han estado en la escena pública en reiteradas ocasiones por sus acciones y discursos xenófobos, principalmente dirigidos contra la Comunidad Mapuche de la región.
"Este espacio es parte de nuestra militancia, es una casa cultural y política desde donde el PTS en el Frente de Izquierda realiza eventos sociales, culturales e ideológicos", expresó un comunicado del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) tras la pintada de reivindicación del dictador Jorge Rafael Videla en su local.
Aseguraron que el ataque "tiene una clara delimitación política. Es parte de una política ofensiva del gobierno nacional en contra de la izquierda, y contra las y los luchadores que se expresan contra el ajuste y la represión".
"No es casual que el ataque sea hacia quienes reivindicamos aquella generación que enfrentaba a sus patronales y burocracias sindicales, y que buscaban cambiar esta sociedad de raíz", apuntaron. Y asociaron las pintadas a la reciente visita de diputados de La Libertad Avanza a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.
Una semana antes, se conoció que seis diputados libertarios visitaron la cárcel federal de Ezeiza y se reunieron con represores allí detenidos.
Se trata de los legisladores Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo, quienes mantuvieron un encuentro con Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Carlos Guillermo Suárez Mason (h) y Raúl Guglielminetti.
De acuerdo a un mensaje de Whatsapp que se viralizó posteriormente, de acuerdo Benedit, fueron a ver "a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional", invocando el viejo argumento de los dos demonios.
Frente al repudio generalizado, algunos legisladores dijeron que no sabían que iban a encontrarse con represores condenados, y que fueron convocados para realizar una "visita humanitaria a personas apresadas injustamente". Otros expresaron que fue "una visita a la cárcel en general".
Sin embargo, la defensa más polémica y repudiada fue la de Lourdes Arrieta, diputada por La Libertad Avanza: dijo que tuvo que "googlear" quién era Alfredo Astiz y que no sabía el motivo real de la visita.
"Estuve y hablé con Astiz. Pero como no viví en esa época, como nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años", dijo durante una entrevista por MDZ Radio. "No les conocía las caras. Los tuve que ‘googlear' a la salida del penal para saber quiénes eran", remató.
"Venimos sufriendo ataques permanentes discriminatorios hacia la izquierda. Como responsable de nuestro partido nos pusimos en contacto con Francos y pedimos una reunión que nos fue concedida y fuimos a expresarle esto", expresó la diputada Myriam Bregman, luego de reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para expresarle, precisamente, la preocupación en torno al avance de discursos negacionistas.
"No hay pruebas de responsabilidad directa", expresó sobre la pintada en Bariloche, "pero estamos en un contexto en el que el Gobierno reivindica a la dictadura".
El caso del Centro Rittenhouse
Más que episodios esporádicos, los discursos negacionistas muchas veces están enmarcados en espacios concretos, grupos organizados y algunas veces legitimados por ciertas figuras institucionales, en contra del historial de Derechos Humanos de la Argentina, que en su momento fue pionera en los juicios por crímenes de lesa humanidad y la construcción de políticas por la memoria.
Y si bien este tipo de situaciones no son del todo nuevas, pareciera que se van intensificando en la medida en que el propio Gobierno esgrime argumentos similares en línea con una postura negacionista.
En 2022, un centenar de organizaciones de Derechos Humanos, colectivos feministas y agrupaciones políticas expresaron su repudio ante la reciente apertura del "Centro Cultural Kyle Rittenhouse", espacio ubicado en pleno centro de La Plata.
El lugar se autodefine como "Fuerza Unidaria Argentina"; el nombre se debe a la figura de un joven estadounidense que fusiló a dos personas e hirió a otra en medio de las protestas contra la violencia policial en Kenosha (Winsconsin) en 2020. "Kyle was right" ("Kyle tenía razón"), se leía en el mural central del espacio.
Un comunicado elaborado colectivamente por distintos organismos de Derechos Humanos denunciaba que sus fundadores e integrantes "promueven y ejercen prácticas sistemáticas de hostigamiento, agresión y acoso a diversas comunidades locales, además de difundir abiertamente a través de sus declaraciones públicas discursos de odio, intolerancia y negacionismo".
"En sintonía con una ultraderecha que busca fortificar ‘frentes de batalla cultural', conciben al espacio como un centro desde el cual construir y reactualizar una cultura de derecha, que tiene profunda raigambre militarista, racista, misógina, homo/lesbo/transodiante, xenofóbica, antisemita y negacionista", sostenían.
Los mismos integrantes compartían en sus redes sociales una imagen de un mural de Derechos Humanos al que le escribieron encima "Muerte". En el comunicado, se le adjudicó al grupo la autoría de una serie de agresiones contra locales militantes de izquierda de La Plata, con mensajes similares.
En las propias paredes del Centro Cultural Rittenhouse se leían consigas tales como "mi libertad de expresión no termina donde empiezan tus sentimientos" o "es legítimo usar la fuerza física o armada contra una agresión originaria".
"Es necesario aclarar que estos hechos no son aislados, sino que se producen en el marco de un clima epocal en donde el negacionismo puja para crecer en términos mediáticos y parlamentarios, en sintonía con la misma línea que postulan los diputados de Libertad Avanza, el partido de Javier Milei", remarcaron desde el comunicado.
A principios de septiembre de ese mismo año -tres meses después de su apertura- el denominado Centro Cultural fue clausurado y su referente, José Derman, detenido. Dos días antes, se había filmado celebrado el atentado contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al compartirlo en la página de Facebook del Centro, alguien le preguntó si se animaría a hacer lo mismo y él respondió: "Eso ni lo dudes".
Con menos actividad, sus integrantes siguen en movimiento. Aunque no está claro si se trata del mismo grupo, una página en Facebook llamada "Centro Cultural Kyle Rittenhouse - Nueva Generación", reza en su perfil: "Volveremos. Y más fuertes". En algunas de las pocas publicaciones que pueden leerse allí, reivindican su postura y aseguran que retomarán sus actividades, pese a la detención de su referente: "A pesar de la persecución por parte de la dictadura femi-marxista maoista de Alberto Fernández en la cual resultó detenido y recluido a un asilo psiquiátrico nuestro líder José Derman, aquí estamos de vuelta y seguimos luchando por la patria argentina. No nos van a parar", expresaban el 26 de marzo de 2023.
Durante el 2023, varios centros culturales denunciaron ser víctimas de sucesos similares, sobre todo pintadas en contra de los feminismos o las políticas de la memoria; en concreto, en contra de cualquier contenido relativo a los Derechos Humanos. Así lo denunciaban el JJ Circuito Cultural, Parque de la Estación y Esquina Rebelde -en diálogo con Tiempo Argentino-, tres espacios de CABA y provincia de Buenos Aires que, como muchos otros, sufrieron ataques sistemáticos de este tipo.
En octubre de ese año, en plena campaña presidencial -momento en que se empezaba a notar una intensificación de este tipo de expresiones- un grupo libertario arremetía contra un stand de E.S.I en la Feria del Libro en Mendoza, al grito de "Cuando gane Milei esto se termina".
Integrantes del stand "Trabajadorxs de la Literatura" -quienes trabajan material sobre E.S.I y publicaciones sobre la comunidad LGTBQ+, entre otros tópicos similares-, denunciaron que los militantes libertarios irrumpieron en el lugar asegurando que las publicaciones "atentaban contra las familias". Además, insultaron y escupieron a las expositoras, y dijeron que consideraban que sus textos "promovían la prostitución infantil". Al grito de "Cuando gane Milei esto se termina", amenazaron con quemar los libros exhibidos en el stand.
"A cuarenta años de democracia amenazan con quemar libros y violentarnos: no lo vamos a permitir", expresó el comunicado publicado por la Asamblea de Trabajadorxs de la Literatura la noche del ataque. La destrucción de producciones culturales y la "caza de brujas" que proponen desde sectores conservadores hacia quienes no comparten su ideología se repite.
Cuando el discurso se materializa
El 21 de marzo por la madrugada, la agrupación HIJOS denunció un "atentado contra la vida", de una de sus integrantes, hecho por el cual responsabilizaron el Gobierno nacional. Dos personas ingresaron a la vivienda de la militante, quien fue golpeada, abusada sexualmente y amenazada de muerte. No robaron ningún objeto de valor, salvo archivos de la agrupación.
"Este atentado contra su vida es un ataque político motivado por su militancia en Derechos Humanos y feminista. Nada de valor económico fue robado, sólo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación, HIJOS", expresó el comunicado del movimiento. Y remarcaron que los autores, antes de retirarse, pintaron en la pared la sigla VVLC, correspondiente al slogan libertario "Viva la libertad carajo".
Por otra parte, remarcaron que "estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incitan a la violencia contra quienes militamos por los Derechos Humanos. Desde la Red Nacional de HIJOS exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial y hacemos responsable al gobierno nacional de los hechos ocurridos".
"A días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado, afirmamos que nuestro pueblo dijo: Nunca Más. Memoria, Verdad y Justicia, siempre", concluye el comunicado, que da cuenta de la escalada de la violencia negacionista.
El hecho tuvo un repudio generalizado por parte de distintas organizaciones y perfiles, como Abuelas de Plaza de Mayo, la CGT, CELS, CTA, el premio nobel Adolfo Pérez Esquivel, la Comisión Provincial por la Memoria, CORREPI, y bloques de diputados de Unión por la Patria, el FITU-U y la UCR, entre otros.
La Comisión Provincial por la Memoria señaló: "Estas agresiones de una saña inusitada tienen una clara intencionalidad política de amedrentamiento y llevan la firma de militantes de La Libertad Avanza".
La responsabilidad de este hecho recae directamente sobre el gobierno nacional, que alienta el odio, la violencia y la apología de la dictadura militar y sus atroces metodologías", expresó, al tiempo que exigió "un pronunciamiento inmediato de LLA" que nunca llegó.
La única pronunciación al respecto por parte de La Libertad Avanza fue un "me gusta" del presidente Milei en la red social X a un posteo que sugería que el episodio era una acción "para operar contra el gobierno" y otro que se refería a "la fake de HIJOS".
Desfinanciamiento de las políticas de la memoria
A la par de la ola de discursos negacionistas, distintos organismos de Derechos Humanos denuncian desfinanciamiento y vaciamiento de las políticas en esta materia. Las políticas públicas por la Memoria, la Verdad y la Justicia corrieron con la misma suerte que los programas de género o de lucha contra la trata, en su mayoría paralizados o eliminados definitivamente.
Desde la paralización de actividades de relevamiento de archivos y registro audiovisual de procesos judiciales hasta el debilitamiento de políticas de reparación y memoria, en tan sólo 6 meses se llevaron adelante numerosas medidas que debilitan las estructuras de preservación de las políticas de Derechos Humanos en Argentina.
El informe reciente elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), "Terrorismo de estado y políticas de memoria, a seis meses del gobierno de Javier Milei" da cuenta de la afectación del desfinanciamiento a las políticas públicas clave para la memoria y la justicia, tales como "el enjuiciamiento y castigo a los responsables de crímenes masivos cometidos durante la última dictadura, la desclasificación y relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la incorporación a la currícula educativa del estudio crítico del terrorismo de Estado, las reparaciones a las víctimas, la búsqueda de bebés y niños apropiados durante la última dictadura, y la recuperación de sitios vinculados a la represión para su resignificación como espacios de memoria".
Entre las medidas tomadas, se encuentran la desarticulación del Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA) -a quien el ministro de Defensa, Luis Petri, calificó como "un grupo de persecución y macartismo", el desmantelamiento del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) -que filmaba las audiencias en los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país-, la discontinuación de la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones de los DDHH de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la vacancia de la Dirección Nacional dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que coordina el trabajo del Archivo Nacional de la Memoria.
En ese proceso varios trabajadores fueron despedidos, lo que imposibilita la continuación de las labores de documentación y registro de archivos clave, así como las actividades de difusión, un eje cada vez más necesario.
Los sitios de memoria -espacios fundamentales para dimensionar lo ocurrido en la última dictadura militar-, fueron directamente atacados, acusados de "adoctrinamiento" por el mismo Gobierno nacional, por sus actividades educativas, culturales, artísticas y de investigación destinadas a la promoción de los Derechos Humanos.
Actualmente existen cuarenta espacios de memoria en el país, de los cuales nueve dependen del gobierno nacional. El informe del CELS remarca que la Dirección Nacional de Sitios está vacante, y las obras de infraestructura proyectadas en los sitios y/o espacios fueron suspendidas en su totalidad.
En esta línea, funcionarios de gobierno arremetieron contra las políticas reparatorias, expresando que llevarían a cabo auditorías a las víctimas de la dictadura que reciben indemnizaciones o compensaciones económicas. Si bien las auditorías son comunes, el CELS remarca que ahora se dan en un contexto de fuerte cuestionamiento a los testimonios de las y los sobrevivientes, en el cual se invocan los imaginarios sociales del "curro" de los Derechos Humanos.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que existe "un festival de pagos, de crear estructuras para generar plata del Estado". La vicepresidenta, Victoria Villaruel, expresó en su cuenta de la red social X: "Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos", en la misma línea en la que Milei expresó que la cifra de los 30 mil desaparecidos fue "dibujada en un escritorio para cobrar subsidios".
Mientras tanto, estos funcionarios se expresan a favor de las acciones de las Fuerzas Armadas y exigen "una solución jurídica" para los militares investigados y condenados.
El panorama que plantea el CELS en la conclusión de este primer informe -a sólo 6 meses de la asunción de Javier Milei- es de extrema preocupación: "El nuevo gobierno promueve una cultura de desprecio al proceso de memoria, verdad y justicia, al mismo tiempo que descarta las lecciones aprendidas en las últimas décadas y estigmatiza a los actores que la han impulsado y llevado adelante. Como sociedad, este cambio de paradigma busca colocarnos en las antípodas de lo que hemos construido desde la recuperación de la democracia en 1983, bajo diferentes gobiernos y con el compromiso de todos los poderes del Estado".
El 21 de marzo de este año, en vísperas del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, dos personas irrumpieron en la vivienda de una militante de H.I.J.O.S. La golpearon, abusaron de ella y la amenazaron de muerte. "No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para eso", le dijeron durante el episodio. Antes de retirarse, escribieron sobre una de las paredes "VLLC" ("Viva la libertad carajo"), slogan del partido de Javier Milei. No fue un caso aislado y se produjo después de meses de intensificación de los discursos negacionistas y la violencia en distintos grados contra militantes por los Derechos Humanos. En las calles, aparecen graffitis revindicando la dictadura, en tanto se conoce que un grupo de diputados libertarios fue a visitar a condenados por delitos de lesa humanidad.
"Viva Videla", se leía en las paredes del local del Frente de Izquierda de Bariloche el pasado 23 de julio. Es uno de los últimos de tantos graffitis similares que aparecen eventualmente en distintas partes del país pero que han proliferado en el último año. No es casual, tampoco, que aparezca un mensaje así en la ciudad rionegrina, donde funciona Consenso Bariloche, una organización dirigida por sectores concentrados de la economía provincial relacionados a los negocios turísticos, inmobiliarios, financieros y de la construcción, quienes han estado en la escena pública en reiteradas ocasiones por sus acciones y discursos xenófobos, principalmente dirigidos contra la Comunidad Mapuche de la región.
"Este espacio es parte de nuestra militancia, es una casa cultural y política desde donde el PTS en el Frente de Izquierda realiza eventos sociales, culturales e ideológicos", expresó un comunicado del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) tras la pintada de reivindicación del dictador Jorge Rafael Videla en su local.
Aseguraron que el ataque "tiene una clara delimitación política. Es parte de una política ofensiva del gobierno nacional en contra de la izquierda, y contra las y los luchadores que se expresan contra el ajuste y la represión".
"No es casual que el ataque sea hacia quienes reivindicamos aquella generación que enfrentaba a sus patronales y burocracias sindicales, y que buscaban cambiar esta sociedad de raíz", apuntaron. Y asociaron las pintadas a la reciente visita de diputados de La Libertad Avanza a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.
Una semana antes, se conoció que seis diputados libertarios visitaron la cárcel federal de Ezeiza y se reunieron con represores allí detenidos.
Se trata de los legisladores Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo, quienes mantuvieron un encuentro con Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Carlos Guillermo Suárez Mason (h) y Raúl Guglielminetti.
De acuerdo a un mensaje de Whatsapp que se viralizó posteriormente, de acuerdo Benedit, fueron a ver "a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional", invocando el viejo argumento de los dos demonios.
Frente al repudio generalizado, algunos legisladores dijeron que no sabían que iban a encontrarse con represores condenados, y que fueron convocados para realizar una "visita humanitaria a personas apresadas injustamente". Otros expresaron que fue "una visita a la cárcel en general".
Sin embargo, la defensa más polémica y repudiada fue la de Lourdes Arrieta, diputada por La Libertad Avanza: dijo que tuvo que "googlear" quién era Alfredo Astiz y que no sabía el motivo real de la visita.
"Estuve y hablé con Astiz. Pero como no viví en esa época, como nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años", dijo durante una entrevista por MDZ Radio. "No les conocía las caras. Los tuve que ‘googlear' a la salida del penal para saber quiénes eran", remató.
"Venimos sufriendo ataques permanentes discriminatorios hacia la izquierda. Como responsable de nuestro partido nos pusimos en contacto con Francos y pedimos una reunión que nos fue concedida y fuimos a expresarle esto", expresó la diputada Myriam Bregman, luego de reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para expresarle, precisamente, la preocupación en torno al avance de discursos negacionistas.
"No hay pruebas de responsabilidad directa", expresó sobre la pintada en Bariloche, "pero estamos en un contexto en el que el Gobierno reivindica a la dictadura".
El caso del Centro Rittenhouse
Más que episodios esporádicos, los discursos negacionistas muchas veces están enmarcados en espacios concretos, grupos organizados y algunas veces legitimados por ciertas figuras institucionales, en contra del historial de Derechos Humanos de la Argentina, que en su momento fue pionera en los juicios por crímenes de lesa humanidad y la construcción de políticas por la memoria.
Y si bien este tipo de situaciones no son del todo nuevas, pareciera que se van intensificando en la medida en que el propio Gobierno esgrime argumentos similares en línea con una postura negacionista.
En 2022, un centenar de organizaciones de Derechos Humanos, colectivos feministas y agrupaciones políticas expresaron su repudio ante la reciente apertura del "Centro Cultural Kyle Rittenhouse", espacio ubicado en pleno centro de La Plata.
El lugar se autodefine como "Fuerza Unidaria Argentina"; el nombre se debe a la figura de un joven estadounidense que fusiló a dos personas e hirió a otra en medio de las protestas contra la violencia policial en Kenosha (Winsconsin) en 2020. "Kyle was right" ("Kyle tenía razón"), se leía en el mural central del espacio.
Un comunicado elaborado colectivamente por distintos organismos de Derechos Humanos denunciaba que sus fundadores e integrantes "promueven y ejercen prácticas sistemáticas de hostigamiento, agresión y acoso a diversas comunidades locales, además de difundir abiertamente a través de sus declaraciones públicas discursos de odio, intolerancia y negacionismo".
"En sintonía con una ultraderecha que busca fortificar ‘frentes de batalla cultural', conciben al espacio como un centro desde el cual construir y reactualizar una cultura de derecha, que tiene profunda raigambre militarista, racista, misógina, homo/lesbo/transodiante, xenofóbica, antisemita y negacionista", sostenían.
Los mismos integrantes compartían en sus redes sociales una imagen de un mural de Derechos Humanos al que le escribieron encima "Muerte". En el comunicado, se le adjudicó al grupo la autoría de una serie de agresiones contra locales militantes de izquierda de La Plata, con mensajes similares.
En las propias paredes del Centro Cultural Rittenhouse se leían consigas tales como "mi libertad de expresión no termina donde empiezan tus sentimientos" o "es legítimo usar la fuerza física o armada contra una agresión originaria".
"Es necesario aclarar que estos hechos no son aislados, sino que se producen en el marco de un clima epocal en donde el negacionismo puja para crecer en términos mediáticos y parlamentarios, en sintonía con la misma línea que postulan los diputados de Libertad Avanza, el partido de Javier Milei", remarcaron desde el comunicado.
A principios de septiembre de ese mismo año -tres meses después de su apertura- el denominado Centro Cultural fue clausurado y su referente, José Derman, detenido. Dos días antes, se había filmado celebrado el atentado contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al compartirlo en la página de Facebook del Centro, alguien le preguntó si se animaría a hacer lo mismo y él respondió: "Eso ni lo dudes".
Con menos actividad, sus integrantes siguen en movimiento. Aunque no está claro si se trata del mismo grupo, una página en Facebook llamada "Centro Cultural Kyle Rittenhouse - Nueva Generación", reza en su perfil: "Volveremos. Y más fuertes". En algunas de las pocas publicaciones que pueden leerse allí, reivindican su postura y aseguran que retomarán sus actividades, pese a la detención de su referente: "A pesar de la persecución por parte de la dictadura femi-marxista maoista de Alberto Fernández en la cual resultó detenido y recluido a un asilo psiquiátrico nuestro líder José Derman, aquí estamos de vuelta y seguimos luchando por la patria argentina. No nos van a parar", expresaban el 26 de marzo de 2023.
Durante el 2023, varios centros culturales denunciaron ser víctimas de sucesos similares, sobre todo pintadas en contra de los feminismos o las políticas de la memoria; en concreto, en contra de cualquier contenido relativo a los Derechos Humanos. Así lo denunciaban el JJ Circuito Cultural, Parque de la Estación y Esquina Rebelde -en diálogo con Tiempo Argentino-, tres espacios de CABA y provincia de Buenos Aires que, como muchos otros, sufrieron ataques sistemáticos de este tipo.
En octubre de ese año, en plena campaña presidencial -momento en que se empezaba a notar una intensificación de este tipo de expresiones- un grupo libertario arremetía contra un stand de E.S.I en la Feria del Libro en Mendoza, al grito de "Cuando gane Milei esto se termina".
Integrantes del stand "Trabajadorxs de la Literatura" -quienes trabajan material sobre E.S.I y publicaciones sobre la comunidad LGTBQ+, entre otros tópicos similares-, denunciaron que los militantes libertarios irrumpieron en el lugar asegurando que las publicaciones "atentaban contra las familias". Además, insultaron y escupieron a las expositoras, y dijeron que consideraban que sus textos "promovían la prostitución infantil". Al grito de "Cuando gane Milei esto se termina", amenazaron con quemar los libros exhibidos en el stand.
"A cuarenta años de democracia amenazan con quemar libros y violentarnos: no lo vamos a permitir", expresó el comunicado publicado por la Asamblea de Trabajadorxs de la Literatura la noche del ataque. La destrucción de producciones culturales y la "caza de brujas" que proponen desde sectores conservadores hacia quienes no comparten su ideología se repite.
Cuando el discurso se materializa
El 21 de marzo por la madrugada, la agrupación HIJOS denunció un "atentado contra la vida", de una de sus integrantes, hecho por el cual responsabilizaron el Gobierno nacional. Dos personas ingresaron a la vivienda de la militante, quien fue golpeada, abusada sexualmente y amenazada de muerte. No robaron ningún objeto de valor, salvo archivos de la agrupación.
"Este atentado contra su vida es un ataque político motivado por su militancia en Derechos Humanos y feminista. Nada de valor económico fue robado, sólo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación, HIJOS", expresó el comunicado del movimiento. Y remarcaron que los autores, antes de retirarse, pintaron en la pared la sigla VVLC, correspondiente al slogan libertario "Viva la libertad carajo".
Por otra parte, remarcaron que "estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incitan a la violencia contra quienes militamos por los Derechos Humanos. Desde la Red Nacional de HIJOS exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial y hacemos responsable al gobierno nacional de los hechos ocurridos".
"A días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado, afirmamos que nuestro pueblo dijo: Nunca Más. Memoria, Verdad y Justicia, siempre", concluye el comunicado, que da cuenta de la escalada de la violencia negacionista.
El hecho tuvo un repudio generalizado por parte de distintas organizaciones y perfiles, como Abuelas de Plaza de Mayo, la CGT, CELS, CTA, el premio nobel Adolfo Pérez Esquivel, la Comisión Provincial por la Memoria, CORREPI, y bloques de diputados de Unión por la Patria, el FITU-U y la UCR, entre otros.
La Comisión Provincial por la Memoria señaló: "Estas agresiones de una saña inusitada tienen una clara intencionalidad política de amedrentamiento y llevan la firma de militantes de La Libertad Avanza".
La responsabilidad de este hecho recae directamente sobre el gobierno nacional, que alienta el odio, la violencia y la apología de la dictadura militar y sus atroces metodologías", expresó, al tiempo que exigió "un pronunciamiento inmediato de LLA" que nunca llegó.
La única pronunciación al respecto por parte de La Libertad Avanza fue un "me gusta" del presidente Milei en la red social X a un posteo que sugería que el episodio era una acción "para operar contra el gobierno" y otro que se refería a "la fake de HIJOS".
Desfinanciamiento de las políticas de la memoria
A la par de la ola de discursos negacionistas, distintos organismos de Derechos Humanos denuncian desfinanciamiento y vaciamiento de las políticas en esta materia. Las políticas públicas por la Memoria, la Verdad y la Justicia corrieron con la misma suerte que los programas de género o de lucha contra la trata, en su mayoría paralizados o eliminados definitivamente.
Desde la paralización de actividades de relevamiento de archivos y registro audiovisual de procesos judiciales hasta el debilitamiento de políticas de reparación y memoria, en tan sólo 6 meses se llevaron adelante numerosas medidas que debilitan las estructuras de preservación de las políticas de Derechos Humanos en Argentina.
El informe reciente elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), "Terrorismo de estado y políticas de memoria, a seis meses del gobierno de Javier Milei" da cuenta de la afectación del desfinanciamiento a las políticas públicas clave para la memoria y la justicia, tales como "el enjuiciamiento y castigo a los responsables de crímenes masivos cometidos durante la última dictadura, la desclasificación y relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la incorporación a la currícula educativa del estudio crítico del terrorismo de Estado, las reparaciones a las víctimas, la búsqueda de bebés y niños apropiados durante la última dictadura, y la recuperación de sitios vinculados a la represión para su resignificación como espacios de memoria".
Entre las medidas tomadas, se encuentran la desarticulación del Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA) -a quien el ministro de Defensa, Luis Petri, calificó como "un grupo de persecución y macartismo", el desmantelamiento del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) -que filmaba las audiencias en los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país-, la discontinuación de la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones de los DDHH de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la vacancia de la Dirección Nacional dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que coordina el trabajo del Archivo Nacional de la Memoria.
En ese proceso varios trabajadores fueron despedidos, lo que imposibilita la continuación de las labores de documentación y registro de archivos clave, así como las actividades de difusión, un eje cada vez más necesario.
Los sitios de memoria -espacios fundamentales para dimensionar lo ocurrido en la última dictadura militar-, fueron directamente atacados, acusados de "adoctrinamiento" por el mismo Gobierno nacional, por sus actividades educativas, culturales, artísticas y de investigación destinadas a la promoción de los Derechos Humanos.
Actualmente existen cuarenta espacios de memoria en el país, de los cuales nueve dependen del gobierno nacional. El informe del CELS remarca que la Dirección Nacional de Sitios está vacante, y las obras de infraestructura proyectadas en los sitios y/o espacios fueron suspendidas en su totalidad.
En esta línea, funcionarios de gobierno arremetieron contra las políticas reparatorias, expresando que llevarían a cabo auditorías a las víctimas de la dictadura que reciben indemnizaciones o compensaciones económicas. Si bien las auditorías son comunes, el CELS remarca que ahora se dan en un contexto de fuerte cuestionamiento a los testimonios de las y los sobrevivientes, en el cual se invocan los imaginarios sociales del "curro" de los Derechos Humanos.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que existe "un festival de pagos, de crear estructuras para generar plata del Estado". La vicepresidenta, Victoria Villaruel, expresó en su cuenta de la red social X: "Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos", en la misma línea en la que Milei expresó que la cifra de los 30 mil desaparecidos fue "dibujada en un escritorio para cobrar subsidios".
Mientras tanto, estos funcionarios se expresan a favor de las acciones de las Fuerzas Armadas y exigen "una solución jurídica" para los militares investigados y condenados.
El panorama que plantea el CELS en la conclusión de este primer informe -a sólo 6 meses de la asunción de Javier Milei- es de extrema preocupación: "El nuevo gobierno promueve una cultura de desprecio al proceso de memoria, verdad y justicia, al mismo tiempo que descarta las lecciones aprendidas en las últimas décadas y estigmatiza a los actores que la han impulsado y llevado adelante. Como sociedad, este cambio de paradigma busca colocarnos en las antípodas de lo que hemos construido desde la recuperación de la democracia en 1983, bajo diferentes gobiernos y con el compromiso de todos los poderes del Estado".
