Día Mundial contra la Trata: luchar contra la impunidad de un delito a escala mundial El Día Mundial contra la Trata se conmemora cada 30 de julio, desde hace 10 años, cuando la fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La jornada busca visibilizar un delito complejo, que funciona con la lógica de las mafias y muchas veces con la complicidad del poder y la desidia estatal. En Argentina, desde 2020 a la fecha se rescataron cerca de 5 mil personas víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, aunque esto podría no reflejar su verdadera magnitud, son solo los hechos que fueron detectados y denunciados. La mediatización de ciertos casos paradigmáticos permitió, a lo largo de los años, que la sociedad tomara conciencia sobre el flagelo de este delito. A la par, se impulsaron políticas públicas de acompañamiento y reparación de las y los sobrevivientes, aunque en los últimos meses se registra un fuerte desfinanciamiento en la materia.
De acuerdo con la plataforma estadística del Ministerio Público Fiscal, la mayoría de las sentencias por trata del 2023 corresponden a hechos de explotación sexual (77,8%), seguidos por la explotación laboral (20,8%), y en menor medida otro tipo de delitos, como la tenencia y distribución de material de abuso de niños, niñas y adolescentes, privación ilegítima de la libertad, delito migratorio y matrimonio forzado.
De ese total, al menos el 35% de las víctimas son extranjeras, y el 36,2% argentinas. En los casos de trata se observa que al menos el 28% son extranjeras, y un 35,2% son argentinas. No obstante, en los casos de trata laboral los porcentajes se invierten: las víctimas extranjeras representan 49,2% del universo en ese tipo de explotación.
Cabe destacar que, dentro del delito de trata sexual, un 98% de las víctimas son mujeres, y dentro de ese universo, casi el 10% menor de edad. A la inversa, en el delito de trata laboral, un 66% eran varones, y un 14,5% del total menor de edad.
Más allá de las particularidades territoriales, a nivel mundial las estadísticas arrojan que mujeres y niñas son las principales víctimas de la trata de personas. Las problemáticas económicas, los conflictos armados y las crisis migratorias las vuelven todavía más vulnerables, y la falta de implementación de políticas públicas hace que sea difícil prevenir y luchar contra este delito.
"La trata es un fenómeno machista y patriarcal que ha tenido la tendencia histórica a la subordinación de la mujer por parte del hombre y donde se ha considerado que el cuerpo de la mujer es un territorio que puede ser dominado por el hombre" explica Gilberto Zuleta Ibarra, abogado especialista en Derecho Administrativo y Derechos Humanos, coordinador de proyectos en UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).
Un informe de este organismo, correspondiente al 2018, mostraba que el 72% de las víctimas (a nivel mundial) son mujeres (en el 49% de los casos se trata de mujeres adultas, en el 23%, de niñas) la mayoría con fines de explotación sexual. En Sudamérica, esta cifra alcanza el 80%.
Y si bien se registra un avance en la cantidad de condenas, la mayoría de los países mantiene un número muy bajo en relación con el número de víctimas.
De acuerdo con los datos del 2018, en América Latina, por año, se registran entre 11 y 50 condenas por país. Esto se explica por la introducción de legislaciones sobre la trata entre 2004 y 2008, lo que ha provocado un aumento paulatino de condenas. En este sentido, Argentina es uno de los países que más condenas y enjuiciamiento registra.
Un marco normativo para la restitución de derechos
En 2008 se sancionó en Argentina la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Persona y Asistencia a sus Víctimas. Desde entonces, el marco legal permitió avanzar en la prevención del delito, y sobre todo, la reparación de las y los sobrevivientes.
En línea con las regulaciones de otros países latinoamericanos, el caso argentino muestra que la lucha contra la trata se fue afianzando en los últimos años desde una perspectiva de género y Derechos Humanos. En principio, porque la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas; es ineludible el carácter patriarcal de un delito atravesado por el sistema prostibulario y la violencia sexual. En segundo lugar, porque la detección del delito y el enjuiciamiento de los responsables es apenas el inicio de una larga cadena de acciones estatales orientadas al acompañamiento, el respeto y el fortalecimiento de los derechos de las víctimas.
Nota relacionada: En manos de las mafias: El caso de Loan expone el desguace de los programas contra la trata de personas
En la última década se desarrollaron distintos programas en este sentido, desde 2019 articulados principalmente con el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, aunque la mayoría suponía el trabajo coordinado con otras carteras. Entre los principales, se destacan el Programa Acompañar, el Restituir, el dispositivo de Acompañamiento Terapéutico, el Programa de formación e inserción laboral y el Acceso prioritario a la vivienda.
De manera complementaria, en los últimos años se sancionaron leyes provinciales y ordenanzas municipales -impulsadas por el Comité de Lucha contra la Trata, antes dependiente de la Jefatura de Gobierno y hoy bajo el Ministerio de Seguridad de la Nación- dirigidas a la restitución de derechos de las víctimas mediante el establecimiento de cupos laborales.
La ruta del petróleo
Si bien la trata es un fenómeno global, hay ciertas condiciones que profundizan la vulnerabilidad de sus víctimas y fomentan la impunidad y el crecimiento de este delito. La Patagonia no es ajena a este escenario: diversas investigaciones dan cuenta de la forma en que la trata se vincula con la ruta del petróleo. Los circuitos de explotación sexual, sobre todo, están insertos en los circuitos económicos de las localidades petroleras.
"El sur del país es un enorme prostíbulo,". Así lo resumía Mercedes Assorati -. Coordinadora General del Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro- en entrevista con OpiSur en 2010. Y agregaba: "Esto tiene una raíz histórica, tiene que ver con el desarrollo de la industria petrolera y con la presencia de hombres solos que estaban largos períodos de tiempo en lugares donde no había mujeres. Ahora esto cambió un poco pero es como una impronta cultural. De manera que la existencia de prostíbulos en el sur es centenaria y está directamente vinculada a la industria petrolera".
"Todos los lugares donde hay un movimiento de la economía que le permite generar más ingresos y más dividendos [son objetivos de las redes de trata]. Por eso las organizaciones que trabajamos este tema sabemos que mayoritariamente la ruta del petróleo, la ruta de la soja, la ruta del turismo sexual y la ruta de eventos deportivos internacionales o nacionales [están en la mira de estas redes]", explicaba Fabina Tuñez, entonces coordinadora ejecutiva de la asociación civil La Casa del Encuentro.
"En el caso concreto del sur de nuestro país es más un lugar de destino, porque [las mujeres y niñas] son traídas de otras provincias y se las explota en las diferentes épocas. Porque además tienen épocas", aclara. "Cuando hay mayor movimiento de dinero es cuando se traslada a las mujeres para poder aprovechar al máximo el rendimiento, la explotación de estas mujeres", agregaba.
Como caso paradigmático, en 2009 una investigación de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata (UFASE, actualmente reemplazada por la PROTEX) descubrió el funcionamiento de un circuito de trata de personas con fines de explotación sexual que unía a Santa Rosa, 25 de Mayo (La Pampa), Catriel (Río Negro), Añelo, Cutral Co, Plaza Huincul y Rincón de los Sauces (Neuquén), todas localidades petroleras por las que se desarrollaba un circuito coordinado de explotación sexual.
Desde hace tiempo los feminismos enfatizan la vinculación del extractivismo y el patriarcado. No es causal que las rutas de la trata aparezcan íntimamente vinculadas con los asentamientos petroleros. En palabras de Rita Segato, "históricamente, el cuerpo de las mujeres ha sido -y sigue siendo- anexado como una extensión del dominio territorial".
En los orígenes de la industria hidrocarburífera es posible rastrear este fenómeno. El primer prostíbulo abierto en la localidad de Plaza Huincul data de mediados de la década del 20' y funcionó bajo la tutela de YPF, como idea inicial del ingeniero y entonces administrador de la empresa Alberto Landoni, para evitar el éxodo de los trabajadores, que se iba los días de franco y no volvía.
Landoni hablaba de una Patagonia desafiante por la "soledad y el aislamiento", que buscó combatir con el "proyecto 1120", que suponía la creación de una "casa de tolerancia" para los trabajadores petroleros. De la mano de la explotación del territorio, creció la explotación de los cuerpos de las mujeres y niñas.
Parte de esta genealogía crítica con perspectiva feminista sobre la industria que sostiene a la Patagonia se detalla en la investigación de María Soledad de León Lascano, "Sistema prostibulario y regímenes extractivistas en Argentina: una genealogía (2000-2020)", donde remarca que "a pesar de que las denuncias sobre esta realidad son variadas y sistemáticas desde diferentes espacios, el tema no se encuentra hoy en la agenda del feminismo hegemónico, ni problematizado en la agenda pública."
A pesar de las leyes y programas sancionados, la magnitud del delito hace que no siempre sea fácil detectarlo. La corrupción dentro de ciertas esferas institucionales y la participación de funcionarios públicos complejiza aún más el escenario. En Argentina se avizora un panorama preocupante, a la luz de la desfinanciación de programas de lucha contra la trata y el retroceso en el enfoque de derechos que plantea la Ley Nacional.
El Día Mundial contra la Trata se conmemora cada 30 de julio, desde hace 10 años, cuando la fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La jornada busca visibilizar un delito complejo, que funciona con la lógica de las mafias y muchas veces con la complicidad del poder y la desidia estatal. En Argentina, desde 2020 a la fecha se rescataron cerca de 5 mil personas víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, aunque esto podría no reflejar su verdadera magnitud, son solo los hechos que fueron detectados y denunciados. La mediatización de ciertos casos paradigmáticos permitió, a lo largo de los años, que la sociedad tomara conciencia sobre el flagelo de este delito. A la par, se impulsaron políticas públicas de acompañamiento y reparación de las y los sobrevivientes, aunque en los últimos meses se registra un fuerte desfinanciamiento en la materia.
De acuerdo con la plataforma estadística del Ministerio Público Fiscal, la mayoría de las sentencias por trata del 2023 corresponden a hechos de explotación sexual (77,8%), seguidos por la explotación laboral (20,8%), y en menor medida otro tipo de delitos, como la tenencia y distribución de material de abuso de niños, niñas y adolescentes, privación ilegítima de la libertad, delito migratorio y matrimonio forzado.
De ese total, al menos el 35% de las víctimas son extranjeras, y el 36,2% argentinas. En los casos de trata se observa que al menos el 28% son extranjeras, y un 35,2% son argentinas. No obstante, en los casos de trata laboral los porcentajes se invierten: las víctimas extranjeras representan 49,2% del universo en ese tipo de explotación.
Cabe destacar que, dentro del delito de trata sexual, un 98% de las víctimas son mujeres, y dentro de ese universo, casi el 10% menor de edad. A la inversa, en el delito de trata laboral, un 66% eran varones, y un 14,5% del total menor de edad.
Más allá de las particularidades territoriales, a nivel mundial las estadísticas arrojan que mujeres y niñas son las principales víctimas de la trata de personas. Las problemáticas económicas, los conflictos armados y las crisis migratorias las vuelven todavía más vulnerables, y la falta de implementación de políticas públicas hace que sea difícil prevenir y luchar contra este delito.
"La trata es un fenómeno machista y patriarcal que ha tenido la tendencia histórica a la subordinación de la mujer por parte del hombre y donde se ha considerado que el cuerpo de la mujer es un territorio que puede ser dominado por el hombre" explica Gilberto Zuleta Ibarra, abogado especialista en Derecho Administrativo y Derechos Humanos, coordinador de proyectos en UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).
Un informe de este organismo, correspondiente al 2018, mostraba que el 72% de las víctimas (a nivel mundial) son mujeres (en el 49% de los casos se trata de mujeres adultas, en el 23%, de niñas) la mayoría con fines de explotación sexual. En Sudamérica, esta cifra alcanza el 80%.
Y si bien se registra un avance en la cantidad de condenas, la mayoría de los países mantiene un número muy bajo en relación con el número de víctimas.
De acuerdo con los datos del 2018, en América Latina, por año, se registran entre 11 y 50 condenas por país. Esto se explica por la introducción de legislaciones sobre la trata entre 2004 y 2008, lo que ha provocado un aumento paulatino de condenas. En este sentido, Argentina es uno de los países que más condenas y enjuiciamiento registra.
Un marco normativo para la restitución de derechos
En 2008 se sancionó en Argentina la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Persona y Asistencia a sus Víctimas. Desde entonces, el marco legal permitió avanzar en la prevención del delito, y sobre todo, la reparación de las y los sobrevivientes.
En línea con las regulaciones de otros países latinoamericanos, el caso argentino muestra que la lucha contra la trata se fue afianzando en los últimos años desde una perspectiva de género y Derechos Humanos. En principio, porque la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas; es ineludible el carácter patriarcal de un delito atravesado por el sistema prostibulario y la violencia sexual. En segundo lugar, porque la detección del delito y el enjuiciamiento de los responsables es apenas el inicio de una larga cadena de acciones estatales orientadas al acompañamiento, el respeto y el fortalecimiento de los derechos de las víctimas.
Nota relacionada: En manos de las mafias: El caso de Loan expone el desguace de los programas contra la trata de personas
En la última década se desarrollaron distintos programas en este sentido, desde 2019 articulados principalmente con el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, aunque la mayoría suponía el trabajo coordinado con otras carteras. Entre los principales, se destacan el Programa Acompañar, el Restituir, el dispositivo de Acompañamiento Terapéutico, el Programa de formación e inserción laboral y el Acceso prioritario a la vivienda.
De manera complementaria, en los últimos años se sancionaron leyes provinciales y ordenanzas municipales -impulsadas por el Comité de Lucha contra la Trata, antes dependiente de la Jefatura de Gobierno y hoy bajo el Ministerio de Seguridad de la Nación- dirigidas a la restitución de derechos de las víctimas mediante el establecimiento de cupos laborales.
La ruta del petróleo
Si bien la trata es un fenómeno global, hay ciertas condiciones que profundizan la vulnerabilidad de sus víctimas y fomentan la impunidad y el crecimiento de este delito. La Patagonia no es ajena a este escenario: diversas investigaciones dan cuenta de la forma en que la trata se vincula con la ruta del petróleo. Los circuitos de explotación sexual, sobre todo, están insertos en los circuitos económicos de las localidades petroleras.
"El sur del país es un enorme prostíbulo,". Así lo resumía Mercedes Assorati -. Coordinadora General del Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro- en entrevista con OpiSur en 2010. Y agregaba: "Esto tiene una raíz histórica, tiene que ver con el desarrollo de la industria petrolera y con la presencia de hombres solos que estaban largos períodos de tiempo en lugares donde no había mujeres. Ahora esto cambió un poco pero es como una impronta cultural. De manera que la existencia de prostíbulos en el sur es centenaria y está directamente vinculada a la industria petrolera".
"Todos los lugares donde hay un movimiento de la economía que le permite generar más ingresos y más dividendos [son objetivos de las redes de trata]. Por eso las organizaciones que trabajamos este tema sabemos que mayoritariamente la ruta del petróleo, la ruta de la soja, la ruta del turismo sexual y la ruta de eventos deportivos internacionales o nacionales [están en la mira de estas redes]", explicaba Fabina Tuñez, entonces coordinadora ejecutiva de la asociación civil La Casa del Encuentro.
"En el caso concreto del sur de nuestro país es más un lugar de destino, porque [las mujeres y niñas] son traídas de otras provincias y se las explota en las diferentes épocas. Porque además tienen épocas", aclara. "Cuando hay mayor movimiento de dinero es cuando se traslada a las mujeres para poder aprovechar al máximo el rendimiento, la explotación de estas mujeres", agregaba.
Como caso paradigmático, en 2009 una investigación de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata (UFASE, actualmente reemplazada por la PROTEX) descubrió el funcionamiento de un circuito de trata de personas con fines de explotación sexual que unía a Santa Rosa, 25 de Mayo (La Pampa), Catriel (Río Negro), Añelo, Cutral Co, Plaza Huincul y Rincón de los Sauces (Neuquén), todas localidades petroleras por las que se desarrollaba un circuito coordinado de explotación sexual.
Desde hace tiempo los feminismos enfatizan la vinculación del extractivismo y el patriarcado. No es causal que las rutas de la trata aparezcan íntimamente vinculadas con los asentamientos petroleros. En palabras de Rita Segato, "históricamente, el cuerpo de las mujeres ha sido -y sigue siendo- anexado como una extensión del dominio territorial".
En los orígenes de la industria hidrocarburífera es posible rastrear este fenómeno. El primer prostíbulo abierto en la localidad de Plaza Huincul data de mediados de la década del 20' y funcionó bajo la tutela de YPF, como idea inicial del ingeniero y entonces administrador de la empresa Alberto Landoni, para evitar el éxodo de los trabajadores, que se iba los días de franco y no volvía.
Landoni hablaba de una Patagonia desafiante por la "soledad y el aislamiento", que buscó combatir con el "proyecto 1120", que suponía la creación de una "casa de tolerancia" para los trabajadores petroleros. De la mano de la explotación del territorio, creció la explotación de los cuerpos de las mujeres y niñas.
Parte de esta genealogía crítica con perspectiva feminista sobre la industria que sostiene a la Patagonia se detalla en la investigación de María Soledad de León Lascano, "Sistema prostibulario y regímenes extractivistas en Argentina: una genealogía (2000-2020)", donde remarca que "a pesar de que las denuncias sobre esta realidad son variadas y sistemáticas desde diferentes espacios, el tema no se encuentra hoy en la agenda del feminismo hegemónico, ni problematizado en la agenda pública."
A pesar de las leyes y programas sancionados, la magnitud del delito hace que no siempre sea fácil detectarlo. La corrupción dentro de ciertas esferas institucionales y la participación de funcionarios públicos complejiza aún más el escenario. En Argentina se avizora un panorama preocupante, a la luz de la desfinanciación de programas de lucha contra la trata y el retroceso en el enfoque de derechos que plantea la Ley Nacional.
