"Lxs niños tienen derechos", "Que la justicia no sea indiferente", rezaban este martes los carteles frente a la Justicia de Villa Dolores, donde la jueza Sandra Elizabeth Cuneo dictaminó que los hijos de Constanza Taricco deben ser restituidos a su ex pareja, un hombre que vive en Alemania y que desde años no tiene vínculo con los niños. El caso refleja una situación que atraviesan las madres de todo el mundo, a quienes se les sustrae los hijos o se las obliga a volver a su país de origen incluso en casos de violencia de género. Madres como Constanza se movilizan desde hace años para reclamar contra el uso indebido de un convenio de La Haya, que vulnera derechos de mujeres y niños.
Constanza vivía junto a sus hijos en Bolivia, y viajaron a Traslasierra (Córdoba) para visitar a la familia materna, con el plan de volver a su hogar. Sin embargo, antes de que pudieran volver, el progenitor de uno de los niños -que se encuentra en Alemania- inició un proceso judicial para exigir la restitución de los menores, a pesar de no haber tenido contacto con ellos en los últimos años.
Ahora, Constanza busca que la Justicia tenga en cuenta los agravantes y la inconstitucionalidad del pedido: el reclamante tiene una denuncia previa por violencia familiar y, además, no es el padre biológico de la hija mayor. Pero, por sobre todas las cosas, exige que la Justicia escuche a sus hijos y tenga en cuenta su interés superior, asegurando que puedan permanecer en su hogar y no en un país extranjero, en el que nunca vivieron, y separados de su madre. Si la Jueza no considera las pruebas que Taricco y su abogada presentaron, este jueves los niños serán obligados a trasladarse a Alemania, sin garantía para la madre de poder volver a verlos.
En diálogo con El Extremo Sur, Constanza habló del proceso que lleva adelante desde hace un año, signado por la arbitrariedad del pronunciamiento, las irregularidades y la vulneración de los derechos de sus hijos.
"Este proceso viene hace un año, llegó este pedido de restitución internacional mediante el convenio de La Haya, había mucha inconstitucionalidad, pensé que no iba a avanzar, hay muchas cláusulas dentro del mismo Convenio que no aplican en mi caso, pero siguió adelante", explica. Presenté testigos, presenté de todo y no tuve una buena respuesta", agrega, en relación a la decisión de la jueza de Primera Instancia que falló a favor del padre ordenando la restitución "a pesar de todas las pruebas, las escuchas, audiencias, testimonios, todo lo que presenté".
La arbitrariedad del pronunciamiento de la Justicia cordobesa tiene que ver con la inadecuación de los requisitos de una `retención indebida`: "Esto crea una situación de gravedad institucional y de inseguridad jurídica por inobservar el derecho convencional al cual se ha comprometido la Argentina (...) Al momento del pedido de traslado de los niños a Alemania (que el denunciante llama sustracción y/o retención) estos se encontraban bajo la custodia de su madre con consentimiento del mismo. No se tiene en cuenta que su lugar de residencia y donde han trazado la mayor parte de su vida de manera saludable y con arraigo cultural y social en la localidad de Samaipata en Bolivia, dicho por los propios niñxs", indicó la abogada, Natalia Lescano, en diálogo con La Nueva Mañana.
De acuerdo a la defensa, los tribunales llevaron a cabo una mala interpretación de las cláusulas contenidas en el Convenio de La Haya 1980, violentando a su vez las disposiciones de distintas convenciones internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Frente a esta decisión, Constanza apeló ante el Tribunal de Córdoba, que reafirmó la sentencia de restitución, aunque agregó algunas cláusulas donde expresaba que se tenía en consideración que los niños no hablaban el idioma, que no tenían vínculo con el reclamante, pero que recomendaban que la madre fuese con ellos.
Ante la nueva negativa, presentó, junto a su abogada, un recurso extraordinario en la Corte Suprema.
Tarducci recordó que para ese momento ya tenía un informe favorable de la Defensora General de la Nación, Stella Maris, quien había dado el visto bueno a su petición de frenar la restitución.
La Corte se expidió en el mismo sentido y rechazó el caso, sin dar mayores explicaciones, lo que hizo que la sentencia quedara firme. Constanza afirma que, en todo este proceso, nunca dejó de presentar recursos.
El derecho de los niños y niñas a la identidad
De manera paralela, en la Justicia cordobesa se tramita una causa penal contra el hombre que exige la restitución de los dos niños, pese a no ser el padre biológico de la hija mayor.
"La misma jueza que dicta la restitución mandó a investigar la supresión de identidad de mi hija mayor, este hombre está acusado de suprimir la identidad además de otras causas, como una denuncia por violencia familiar", relata Constanza.
Este es uno de los puntos clave de la defensa, la falta de legitimación procesal del demandante por no ser el padre biológico de la niña. De avanzar con el proceso, estaría vulnerando el Derecho a la Identidad de la menor, dispuesto por el Artículo 11 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes que dictamina que "las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia".
En esta línea, tienen derecho a "crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley".
El problema es que se dictó una Cámara Gesell para la niña, con fecha del 19 de agosto, mientras avanza el pedido de restitución. Es decir que la Justicia está fallando a favor del reclamante aun cuando no se investigó la causa penal, y considerando que podría ser imputado por vulneración de los derechos de las infancias.
"Ahora ellos piden el levantamiento de las ferias para empezar a ejecutar las sentencias por encima de esta otra causa. Entonces empiezan a ejecutarla y el martes me llega un comunicado que me dice que este jueves debería ir a los tribunales de Villa Dolores a entregar a mis hijos con un bolsito, con sus pertenencias, que ya tienen pasajes para irse. Sin ninguna garantía para mí, no sé si voy a volverlos a ver, no sé ni a dónde van", dice Constanza.
En este sentido, explica que previamente presentó junto a su abogada una denuncia contra Argentina ante la Corte Internacional de los Derechos del Niño, lo cual podría darle una respuesta favorable, aunque advierte que "los tiempos judiciales son lentos, y por más que yo presente eso, la ejecución de la sentencia avanza".
"Estoy esperando a que el fiscal de Córdoba le avise a la jueza que está la causa penal en la que este hombre podría llegar a ser imputado. O no le llegó a la jueza o lo desestimó", deslizó la madre.
Una justicia que desoye a las infancias
Si bien hubo una primera audiencia en el Tribunal de Villa Dolores, Constanza afirma que la Justicia no escuchó a sus hijos.
"No se tomó en cuenta solo la voz de mis hijos, sino que tampoco todo lo que presenté, informes psicosocio-ambientales, informes de la trabajadora social, o no los leen o no le interesa, no sé cómo es que se maneja la justicia para tomar una decisión tan arbitraria como esta", agrega.
La madre reiteró su preocupación y su reclamo contra una decisión judicial que obligará a sus hijos a convivir "con una persona con quien no tienen vínculo y que además está denunciada por violencia familiar, que abandonó el hogar y nunca pasó una cuota alimentaria, que falsificó información para poder hacer una demanda, porque nunca vivimos en Alemania, nunca residimos allá".
Habla de "miles de irregularidades" durante el proceso, pero enfatiza que ahora "lo más grave es que tengo la sentencia firme y mañana (jueves 25 de julio) debería ir a entregar a mis hijos". Si no lo hace, corre el riesgo de ser denunciada: "Si no voy, estoy haciendo algo ilegal, me los pueden sacar a la fuerza con una orden judicial y yo voy a estar acusada de un delito de secuestro real, porque hasta ahora de todo lo que me acusan nada está probado ni es real".
Constanza dice estar en un "momento crítico" en el que apela a la mediatización y el acompañamiento de la comunidad, luego de haber agotado casi todas las alternativas en materia judicial: "Si no, no te escuchan, no están escuchando a mis hijos".
Lo más importante para ella hoy es "que los nenes no salgan del país hasta que la causa penal no esté cerrada y se haga la cámara Gesell, donde se va a saber la verdad".
El martes se llevó a cabo una manifestación ante la Justicia de Villa Dolores, organizada por un grupo de vecinos autoconvocados, amigos y conocidos de la familia. "Lamentablemente ayer a la mañana cuando me estaba preparando para ir me enteré de este decreto de que tengo que entregar a mis hijos, fue consternane la situación, está avanzando una ejecución tremenda, que va a poner a mis hijos en riesgo. Hay mucha ilegalidad en todo el proceso. Estoy esperando tener una buena noticia y que mis hijos no tengan que pasar por esta situación", relata.
Un reclamo colectivo
La voz de Constanza no es sólo la suya, es la voz de miles de madres a lo ancho de todo el mundo que vienen denunciando la utilización del Convenio de La Haya, así como otras herramientas judiciales que legitiman la restitución de niños y niñas a progenitores violentos o con quienes no tienen lazos afectivos.
Constanza forma parte de la Red Madres de La Haya, y explica que son muchos los casos similares: "Argentina tiene un historial restituidor. El convenio de La Haya es una problemática mundial, se mal aplica mucho y se mal usa". En la Red "hay madres de todo el mundo a quienes les han sacado a sus hijos a través de este convenio, que las han obligado a volver a sus países de origen, no es mi caso, pero si hay madres que huyen con sus hijos porque denuncian el abuso, la violencia y como son migrantes no les dan importancia, son intervenidas con estos convenios y obligadas a retornar a esos lugares de violencia".
El "Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980", conocido comúnmente como Convenio de La Haya, tiene como fin garantizar la restitución inmediata de niños, niñas y adolescentes trasladados o retenidos de manera ilícita según los términos de este convenio de un país a otro y velar por que se respeten los derechos de custodia. El problema es que en este proceso inmediato no se tienen en cuenta el contexto ni los motivos por los cuales se exige el traslado; tampoco se escucha a los propios niños, y mucho menos a las madres, que son en la mayoría de los casos las más afectadas.
Un informe del 2023 elaborado por la Relatora especial sobre Violencia contra las mujeres, Reem Al Salem, mostraba que alrededor de tres cuartas partes de los casos presentados que aluden al Convenio son contra la madre, que en algunos casos está huyendo de la violencia. En ese informe daba cuenta también del uso de otro tipo de herramientas judiciales como el falso SAP (Síndrome de Alienación Parental), un síndrome desmentido por la psicología, pero utilizado de manera muy frecuente en tribunales de todo el mundo para desprestigiar los relatos de abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes y sus madres.
Constanza remarca que hay países como Australia que escucharon las demandas y llevaron adelante la implementación de un protocolo que exige una investigación previa antes de dictaminar la restitución, pero es apenas una de las cientas de naciones en todo el mundo que adhieren al Convenio y siguen haciendo una aplicación sexista y vulneradora de Derechos.
Más allá de los recursos que puedan presentarse eventualmente, la decisión sigue firme y la causa avanza en la Justicia, desoyendo las pruebas que presentó la madre, y, sobre todo, la voz de los niños. Se espera que en los próximos días la Justicia pueda considerar todo lo que hasta hoy no ha considerado. De lo contrario, los hijos de Constanza serán separados de ella, obligados a vivir en un entorno cultural que no conocen y junto a un hombre con quien no tiene relación.
