Apenas a 6 meses de inicio del mandato, el Gobierno de Javier Milei disolvió años de activismo y políticas públicas en materia de género. La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades es apenas la punta del iceberg de un proceso estructural de desfinanciamiento de las políticas de género. Se trata de trabajadoras y estructuras que contenían las situaciones de violencia, difundían información relevante y llevaban a cabo actividades de sensibilización. El proceso es resistido por las áreas de género municipales, como la de Comodoro Rivadavia, y provinciales que intentan responder a las demandas.
Hasta el año pasado, además del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, 5 de las 23 provincias contaban con espacios de género de rango ministerial. A excepción de la provincia de Buenos Aires, todos fueron degradados a secretarías o subsecretarías.
En Neuquén se mantuvo como Ministerio pero adosó otras áreas. En Santa Fe y Córdoba, el área de género pasó a ser secretaría, mientras que en Chubut quedó como subsecretaría.
Otras provincias mantuvieron los espacios de género como secretarías (Córdoba, Salta, Tucumán, Formosa, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Santa Cruz, La Rioja y La Pampa), subsecretarías (Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Misiones), direcciones (Santiago del Estero, Catamarca, San juan y Mendoza) y concejos (Jujuy y Corrientes).
Aunque el panorama pareciera alentador en términos de continuidad de las políticas de género, el margen de acción es limitado sin un presupuesto acorde a nivel nacional, sumado a expresiones concretas del gobierno en relación a todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género (como la prohibición del lenguaje inclusivo en ámbitos de la administración pública).
Renata Hiller, titular de la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad de Comodoro Rivadavia se refirió -en diálogo con este medio- a una coyuntura preocupante, aunque expresó que es importante "poner en relevancia que hay provincias y municipios que continúan llevando adelante compromisos estatales con la erradicación y la prevención de la violencia de género".
"En el caso de Chubut, justo esta semana tuvimos el reemplazo de quien estaba a cargo de la cartera de Desarrollo Social, de la cual depende la subsecretaría de Género y Derechos Humanos; esperamos que el cambio no conlleve una modificación en ese sentido", agregó.
"Lamentablemente, el Ministerio a nivel nacional no terminó de consolidar una Red Federal de áreas de género, que era parte de los propósitos; mientras existió, parte de su trabajo tuvo que ver con poder acompañar en municipios o comunas, donde estas áreas no existían o donde había gente abocada al tema, lo que generaba era espacios de capacitación, encuentros, que permitirá ir consolidando esas áreas", explicó Hiller.
Consultada sobre la posibilidad de que una futura gestión pudiera retomar las políticas de género, consideró que "no tomaría tanto tiempo volver a generar esos espacios institucionales" pero lamentó "la falta de continuidad, sobre todo porque dentro de las provincias y municipios la idea de ir institucionalizando políticas de género es un camino que estábamos empezando a recorrer".
En este panorama, aseguró que "el rol de los espacios de género a nivel municipal y provincial va a ser fundamental". Sin embargo, advirtió que hay situaciones que será imposible sostener sin el presupuesto nacional: "Un caso paradigmático es el Programa Acompañar, que en nuestro caso para cuando se suspendió teníamos un acompañamiento de unas 700 personas que estaban percibiendo esa ayuda, y sería muy difícil desde las arcas provinciales o municipales acompañarlos. En Chubut tenemos el Decreto 932, enmarcado en la Ley de Violencia de Género provincial, que contempla el acompañamiento económico, pero es muy difícil sostenerlo de la misma manera".
El rol de los espacios de género municipales y provinciales tiene que ver con una problemática mucho más profunda que la violencia de género. Para Hiller, el desafío central será atender la violencia como un fenómeno estructural con múltiples manifestaciones, en especial la económica.
"Hablamos de violencia económica no solamente cuando se ejerce dentro de las parejas, sino la violencia del mercado laboral, la segregación y otras dificultades que tenemos para ingresar a empleos formales", detalló, y dijo que hoy "esa violencia también se ve exacerbada con el aumento y ya lo estamos viendo, con las tasas de desocupación que son sobre todo nuevas desocupadas, mujeres que se incorporan al mercado como demandantes de trabajo".
"En todo lo que tiene que ver con los planes de acompañamiento alimentario a nivel nacional, ahí donde se desfinancian impactan especialmente sobre las mujeres y las infancias. Y eso también lo estamos observando. Los desafíos que asumimos quienes estamos a cargo de ejecutivos así sea a nivel provincial o municipal es poder atender esas otras formas de desigualdad, ni que hablar en lo que respecta al discurso generalizado en contra de la perspectiva de género o la ESI", rasaltó la secretaria.
De la lucha en las calles al ministerio
En 2019 se creó, por primera vez en Argentina, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad lo que permitió institucionalizar derechos y demandas que desde hace años estaban en las calles. El Ministerio fortaleció los procesos de conquista de derechos ya consolidados en el país, los cuales habían demostrado tener una gran potencia transformadora, como se vio en el primer Ni Una Menos en 2015, en la Marea Verde del 2018 en adelante o en el #MeToo argentino de 2019.
Con aciertos y errores, el Ministerio y el trabajo conjunto junto a organizaciones y otras carteras permitió pone en la agenda gubernamental temas fundamentales para la equidad de género como el reconocimiento de las tareas de cuidado, las campañas de visibilización de las violencias de género, el fortalecimiento de los dispositivos de respuesta como la Línea 144, las políticas de diversidad y la transversalización de la perspectiva de género en el Estado.
La institucionalidad de género en Argentina cuenta con un largo camino, que inicia en 1983 con la creación y puesta en marcha del Programa de Promoción de la Mujer y la Familia, reconvertido dos años después en Subsecretaría de la Mujer hasta la creación, en 1992, del Consejo de la Mujer.
A lo largo de los años se produjeron distintos cambios de denominación, así como momentos de mayor y menor priorización. El rango ministerial llegó unos 40 años después, en un momento en el que era necesario fortalecer el presupuesto y la estructura para dar respuesta a las situaciones de violencia y fortalecer la agenda de género en el Estado.
El informe de gestión del Ministerio correspondiente al 2020 señala que este hecho "constituye un hito trascendental en la historia institucional de nuestro país y es el resultado de un encuentro virtuoso entre las voces de las calles, la fuerza de los movimientos de las mujeres y de la diversidad y la voluntad política de consolidar, de una vez por todas, los cimientos que permitan dar pasos firmes hacia la construcción de una Argentina con las mismas oportunidades y los mismos derechos para todas, todes y todos".
El desmantelamiento de un hito
Desde las campañas presidenciales quedaba en claro la intención de Javier Milei de desmantelar los programas de género, aunque no había precisiones sobre la continuidad de ciertos programas y, sobre todo, de las y los trabajadores de esas áreas. En mayo, ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) elaboró un informe preliminar sobre la situación de las políticas públicas de género dónde enfatizaban la gran preocupación ante la falta de "información clara sobre aquellos programas que se mantendrán y de qué manera se asegurará su desarrollo en todo el territorio nacional".
Lo lógico era pensar que sin Ministerio ya no habría presupuesto ni estructura para mantener los programas y planes de acción en materia de género y diversidad, aunque durante varios meses no hubo declaraciones oficiales sobre suspensiones. La mayoría quedaron paralizados o fueron reducidos. Pocos fueron oficialmente cancelados, pero en todos se registró un baja considerable del presupuesto asignado y reducción de personal.
El Programa Acompañar, que brinda ayuda económica a las víctimas de violencia, fue un programa clave que brindó asistencia a cerca de 400 mil personas en situación de violencia de género desde su creación en el año 2020. Actualmente, muchos de los pagos están paralizados y el número de destinatarias de la ayuda económica bajó considerablemente: entre diciembre de 2023 y fines de febrero de 2024 hubo aproximadamente menos de 8 mil altas nuevas. Estos números no reflejan la baja de la demanda, ya que los últimos informes de los Observatorios de Violencia de Género muestran un panorama preocupante, que es agravado con la desfinanciación de estos programas.
Un informe de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) muestra que, si se comparan los datos del primer cuatrimestre de 2023 con los del 2024 en valores reales, el presupuesto asignado al Acompañar refleja una caída del 80% en la ejecución interanual.
Lo mismo sucedió con otros dispositivos: el programa Acercar Derechos se mantiene, pero varias coordinadoras provinciales fueron despedidas y actualmente la web donde se visualiza la información de acceso público sobre el alcance y los resultados de años previos está caída.
Promotoras de género y activistas de todo el país denunciaron la falta de continuidad del convenio que el Ministerio mantenía con Aerolíneas Argentinas para garantizar el traslado interregional de víctimas de violencia.
Otros programas están funcionando con el presupuesto mínimo, obligados a bajar la asignación de ayudas y acompañamientos. Al mismo tiempo, algunas sedes provinciales fueron desarticuladas y sus coordinadoras despedidas. Es el caso de la Red de Asistencia Integral de las Violencias por Motivos de Género, el Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU) y el Programa de Reparación económica para hijos/as de víctimas de femicidio o fallecidas a causa de violencia por motivos de género (RENNYA).
Vaciamiento total
Este panorama generaba preocupación entre los movimientos feministas y de mujeres, ya que reducía al máximo la capacidad de respuesta del Estado en la prevención y lucha en materia de género. Sin embargo, la situación se agravó a principios de junio, unos días después del Ni Una Menos, cuando el Gobierno disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el último bastión institucional que quedaba en pie.
Su titular, Claudia Barcia -quien llevaba apenas tres meses en el cargo- presentó la renuncia. De todas formas, era evidente que el área venía funcionando de manera errática, dejando de lado aspectos clave en materia de género como el fortalecimiento institucional, la difusión y la prevención.
La decisión fue tomada de manera repentina, sin previo aviso, a través de un decreto. Se transfirió la responsabilidad al Ministerio de Justicia, aunque el Área como tal fue disuelta, por razones que "resultan impostergables para la gestión del gobierno".
De esta forma, cerca del 80% de la planta de trabajadores y trabajadoras del ex Ministerio -número que ya se había reducido con los primeros recortes- fueron despedidos.
"A un día del Ni Una Menos que volvió a llenar las calles de todo el país, nos enteramos por directivxs de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia (ex MMGYD) que el próximo 30 de junio el 80% de la planta de trabajadorxs serán despedidxs", expresaron desde la Secretaría de Comunicación del ex Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad.
Sin presupuesto no hay políticas de género
Los feminismos lo dejan en claro cada 8M: sin presupuesto no hay políticas públicas. Más allá de las intenciones y los discursos, sin un presupuesto acorde no es posible llevar adelante acciones de prevención contra la violencia de género.
Según el informe "Un ajuste que agranda la brecha. ¿Qué pasa con el presupuesto para las políticas de género?" (elaborado por ACIJ y ELA en 2024), todos los programas que estaban bajo la órbita del Ministerio de Mujeres hasta 2023 quedaron bajo el presupuesto de Capital Humano. En este sentido, indican que "aunque las asignaciones presupuestarias fueron prorrogadas nominalmente al igual que el resto del presupuesto, la baja en la ejecución del primer bimestre de 2024 es mucho más marcada que en el presupuesto total, observándose caídas superiores al 50% en todos los programas. El gasto en las políticas públicas que según el propio Estado apuntan a reducir la desigualdad de género fue, en lo que va de 2024, un 33%3 más bajo que el año pasado. Este ajuste es incluso más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24%".
En los últimos años, las principales políticas de género se ejecutaron bajo la órbita del programa Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género (perteneciente al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad). De acuerdo al informe de AIJC y ELA la ejecución presupuestaria de este programa en el primer bimestre del 2024 muestra una caída del 65% respecto al mismo bimestre del año pasado.
El informe subraya, además, que en tiempos de crisis económica es "imprescindible fortalecer las políticas que promueven la justicia de género". La realidad presupuestaria camina hacia el lado contrario: "se observa desfinanciamiento en todas las aristas del presupuesto con perspectiva de género".
Indican que hubo una fuerte caída presupuestaria en relación a los programas de protección social (moratoria previsional, Asignación Universal por Hijo, Tarjeta Alimentar y pensiones), muchos de los cuales mantienen montos casi iguales a los que tenían el año pasado, con una inflación acumulada de más del 200%. Lo mismo sucede con la infraestructura de cuidados (con obras a las que no se destinó presupuesto o fueron reducidas casi en un 100%).
Precisan que además se advierte "un retroceso en la transparencia presupuestaria" (panorama que coincide con la falta de información sobre programas de género y el cierre de sitios web que contenían datos de acceso público), ya que desde inicios de este año se descontinuó el monitoreo oficial del presupuesto con perspectiva de género.
"Los análisis transversales, lejos de ser una mera formalidad, representan una herramienta de gran alcance para comprender las prioridades del gobierno en la resolución de urgencias que aún afectan de manera desigual a distintos sectores de la sociedad, entre ellos a las mujeres y personas LGBTI+", explica el informe.
Despidos en la Línea 144
En línea con el desfinanciamiento de las áreas de género, a finales de junio se conoció la decisión del Gobierno de despedir a casi el 80% de las trabajadoras de la Línea 144. Un hecho que recrudece la ya delicada situación en materia de violencia de género, sobre todo por el valor fundamental de esa línea de atención como primera vía de comunicación para las víctimas.
Nueva tanda de despidos masivos en el Estado, y un nuevo ataque hacia las mujeres y diversidades sexuales. Echan al 80% de lxs trabajadorxs del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, desmantelado la subse de Protección contra la violencia de género. pic.twitter.com/jpHa5mr7rG
La Línea funciona de manera gratuita, las 24 horas del día, los 365 días del año y en todo el país. Fue creada en 2013, y durante los últimos 10 años recibió más de 900 mil comunicaciones por violencia de género. Desde el 2019, con la creación del Ministerio de las Mujeres, se llevó a cabo un proceso de fortalecimiento del servicio. Esto logró que pudieran sumarse otras opciones de comunicación vía WhatsApp (1127716463), mail (linea144@mingeneros.gob.ar) e incluso por videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.
Ahora, las pocas trabajadoras que quedaron comparten fotos de las sillas vacías en la oficina, mientras los llamados y las cifras por violencia no dejan de aumentar. Con este panorama, quedan 71 personas para todas las guardias las 24 horas de todo el año y en todo el país. Un equipo que no va a poder dar respuesta a una realidad donde ocurre un femicidio por día.
