En manos de las mafias: El caso de Loan expone el desguace de los programas contra la trata de personasEn el marco de la búsqueda de Loan Danilo Peña -el niño de 5 años desaparecido hace casi un mes en Corrientes- organizaciones sociales denuncian desfinanciamiento y desarticulación de los programas contra la trata en el gobierno de Javier Milei. Despidos, cierre de espacios clave y recortes presupuestarios hacen que la lucha contra este delito sea cada vez más difícil. Además de las decisiones concretas en materia presupuestaria, las organizaciones apuntan contra el cambio de enfoque de la lucha contra la Trata, que pasó de estar bajo la Jefatura de Gabinete -lo que implicaba un enfoque transversal de derechos- a depender directamente del Ministerio de Seguridad, tomando así una perspectiva represiva y policial.
El 15 de abril de este año, 24 delegados y delegadas provinciales del Comité de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas fueron despedidas mediante una notificación por teléfono. La dirección la asumió la periodista Verónica Toller, en reemplazo de Gustavo Vera.
Por otro lado, el Gobierno nacional dispuso la transferencia del Comité y del Consejo Federal Contra la Trata desde la Jefatura de Gabinete a la órbita del Ministerio de Seguridad, lo que conlleva un abordaje totalmente distinto.
"Está totalmente fuera de lo que se sugiere a nivel internacional. Los tratados internacionales dicen que no puede estar en el área de Seguridad un delito como el de trata de personas, ya que es un delito transversal y hay intereses interpuestos", señaló Rodolfo Pérez, delegado por Córdoba hasta su desvinculación.
Al estar bajo la Jefatura de Gabinete, el Comité tenía autonomía funcional y trabajaba en base a un plan bienal elaborado conjuntamente con los tres poderes del Estado y los gobiernos nacional, provincial y municipal, en línea con los parámetros dispuestos por la Ley de Trata de Personas N° 26.364 (sancionada en 2008).
Planteaba, igualmente, un trabajo coordinado con los ministerios con mayor injerencia en el tema: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Ministerio de Desarrollo Social, representado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); el Ministerio de Seguridad; y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
El Plan 2022-2024 proyectaba 68 acciones concretas elaboras en conjunto con los cinco ministerios que integran el Comité Ejecutivo, y consensuadas con más de 30 organismos de los tres estamentos del Estado. Estaba dividido en cuatro grandes ejes (Asistencia, Prevención, Persecución y Fortalecimiento Institucional) que tenían como objetivo la profundización de las políticas públicas contra la trata de personas y aseguraba a las víctimas el pleno ejercicio de sus derechos.
En el informe que desglosa los detalles, aparece de manera clara el enfoque interdisciplinario y de Derechos Humanos: "Este Plan se propone profundizar el camino emprendido en los últimos años en pos de generar políticas de restitución de derechos que eviten la revictimización de las personas damnificadas, profundizar las investigaciones penales a fin de desmantelar la base económica de las redes criminales y decomisar sus bienes con el objeto de aumentar los niveles de reparación, profundizando la más amplia articulación federal entre todos los poderes del estado y estamentos del Estado Nacional".
Por otro lado, se apoyaba en una serie de principios rectores para la intervención: Derechos Humanos, Interés superior de la niña, niño y adolescente, Perspectiva de género y diversidad, Discapacidad, No Discriminación, No Punibilidad, No revictimización, Interseccionalidad y Confidencialidad.
El plan del período anterior (2020-2022), con objetivos similares, logró un cumplimiento del 92% de las acciones proyectadas.
Despidos y cierre de programas
La lucha contra la trata implica un abordaje multidisciplinario, el trabajo previo en la materia apuntaba a la reparación y el acompañamiento de las y los sobrevivientes. La persecución policial y judicial de los responsables es apenas un paso de un proceso mucho más profundo. Los programas que funcionaban hasta el año pasado tenían como objetivos fundamentales la prevención y las acciones que garantizaran una buena calidad de vida para las víctimas.
Una de las iniciativas más importantes en esta materia era el Programa Nacional de Reparación y Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las Personas Afectadas por los Delitos de Trata y Explotación, que buscaba "brindar oportunidades laborales como "rol fundamental en la reducción de la vulnerabilidad económica, considerado como el factor principal que afecta a las personas damnificadas por estos delitos".
Buscó, además, vincular a las víctimas a programas de capacitación e inserción laboral, además de brindar una asignación económica de hasta un salario mínimo vital y móvil mientras durase la capacitación.
Los datos de la primera evaluación del programa muestran que del total de beneficiarias el 10.4% pudo insertarse en un empleo en relación de dependencia, el 31% comenzó un trayecto de trabajo autogestionado, y el 34,5% se encuentra en proceso de inserción laboral.
En la misma línea, se ejecutaba un Programa Acompañamiento Terapéutico Especializado -encabezado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Consumos Problemáticos, que incorporó las problemáticas de trata en sus espacios de capacitación-, el Programa de Soluciones Habitacionales para las Personas Damnicadas y sus Familias -que contemplaba la construcción de viviendas para las personas damnificadas en calidad de propietarias, lo que implicaba una política habitacional de largo plazo-, y un Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata -un instrumento que tenía como objetivo la administración de los bienes decomisados en causas judiciales por trata, destinados a reparar los daños de las víctimas-.
Otros programas como el Potenciar y el Acompañar se incluyeron en el Plan para brindar más herramientas a las personas afectadas.
Todos estos programas fueron suspendidos y otros fueron recortados, como la Línea 145 -destinada a recibir denuncias de trata- que fue llevada al 50% de su capacidad operativa. En esta dirección, también se redujeron las acciones de difusión y capacitación, un eje clave para la prevención.
Lejos de la dimensión federal que proponía el Plan Bienal, se desarticularon las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo, que redujo al mínimo su capacidad de inspeccionar situaciones de trabajo en negro y explotación.
El rostro femenino de la trata
Otras decisiones del actual Gobierno son transversales a los recursos presupuestarios y humanos que pueden colaborar en los programas contra la trata. Cabe recordar que, a pocos meses de asumir, Javier Milei decidió cerrar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, lo que impactó de lleno en la construcción y mantenimiento de ciertas políticas públicas. Situación que, a su vez, se profundiza cada vez más con el vaciamiento de los pocos espacios de género que fueron quedando a nivel nacional.
Uno de los principios rectores del Plan contra la Trata era la incorporación de la diversidad de género, considerando que casi un 70% de las de víctimas de trata (sobre todo con fines de explotación sexual) son mujeres y niñas.
La incorporación de una representante del Ministerio de las Mujeres en las acciones del Plan contra la Trata y la Explotación permitió profundizar el abordaje de situaciones de trata con perspectiva de género y diversidad, teniendo en cuenta que la trata afecta especial y diferencialmente a las mujeres y LGBTI+.
Las estadísticas muestran que el 93% de las víctimas de trata con nes de explotación sexual son mujeres, niñas y adolescentes, y el 46% de las víctimas de explotación laboral son mujeres.
La Línea 144, el Programa Acercar Derechos y los dispositivos que componen la Red de Asistencia Integral de las violencias por motivos de género son algunas de las herramientas que incluyeron al Plan y permitieron asegurar un abordaje con perspectiva de género.
El Informe de Ejecución del Plan anterior, que corresponde al período 2020-2022, señala que un total de 2.285 mujeres y LGBTI+ accedieron al Programa Acompañar, en tanto resulta "una herramienta clave para que puedan afrontar la reconstrucción del proyecto de vida luego de haber vivido situaciones de explotación."
"Es muy poco lo que se puede hacer"
En ese contexto, Miriam Vázquez, referente en Chubut de la RATT (Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata), única organización de este tipo en la Provincia, analizó, en diálogo con El Extremo Sur, que "más que una desfinanciación, hay desarticulación; no hay financiamiento".
La profesional afirmó que además del desfinanciamiento de los programas, quienes trabajan como delegados provinciales hoy no tienen viáticos ni comisión: "Sin políticas públicas va a ser bastante complicado trabajar en la prevención del delito".
Subrayó que los delitos de trata y explotación "siguen la ruta del dinero": "Hay una situación de crisis económica en un país, obviamente que más va a emerger, más en riesgo estamos, hay más necesidades, más gente vulnerada".
Las respuestas a este panorama son especialmente limitadas en un contexto donde se recortan las políticas públicas. Vázquez dijo que "es muy poco lo que se puede hacer, menos lo que tiene que ver con recursos de asistencia a las víctimas."
En general, quienes deben activar las acciones ante la ausencia de políticas son las mismas organizaciones, que no siempre cuentan con la estructura y el presupuesto para abordar problemáticas tan complejas.
"Las referentes nos encontramos con esta desarticulación y tenemos que brindar una asistencia que muchas veces no nos corresponde a nosotras y le corresponde al Estado, pero ante la emergencia y la necesidad debemos hacerlo", apuntó Vázquez y enfatizó que "justamente nosotros somos la ausencia de un Estado activo de políticas públicas".
Si bien destacó que Argentina es un país pionero y con buenos antecedentes normativos en materia de Derechos Humanos, las posibilidades concretas de acción son casi nulas sin ejecución presupuestaria y fortalecimiento de programas.
"Si un Estado con políticas públicas funcionara como debería, si se aplicaran las leyes de Derechos Humanos, trabajaría de otra manera. Más en lo que corresponde, que es caminar el territorio con prevención y no con acción directa. Pero tenemos que trabajar con acción directa en base a los recursos que tenemos", agregó la referente.
El panorama es complejo y no hay expectativas de que mejore. Vázquez expresó que es cada vez peor y la ausencia de espacios institucionales que antes resultaban clave como el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, profundiza la problemática.
Por otro lado, subrayó un dato no menor en relación a los delitos de trata: "La mayoría de quienes han estado vinculados, y en algunos casos condenados, son funcionarios de alguno de los poderes. En un 80% son vinculados a una función pública. Y un 96% vinculados con las fuerzas. Realmente el delito de trata es una mafia, como todos los crímenes organizados. Pero se nos va a poner más complicado".
La situación en Chubut
Los puntos focales provinciales son dependencias designadas por cada Gobierno provincial para la asistencia de víctimas de trata y explotación en cada jurisdicción. Pese al desguace de programas de trata, éstos se mantienen. La referente de RATT especificó que, al menos en Chubut, todavía se trabaja en ese punto focal, que es lo establecido por la Ley 26.364.
No obstante, la Provincia no escapa al panorama nacional: "Acá también estamos bastante desarticulados, y si hay algún recurso no siempre llega a las víctimas". La RATT es la única organización que trabaja contra la trata en la Provincia, y tiene, además, articulación nacional y mundial.
"Hoy realmente no hemos tenido la oportunidad de tener un diálogo directo con funcionarios provinciales como para saber realmente cuál es el proyecto. Sí está activo el punto focal como corresponde, eso depende y tiene que estar por la Ley de Trata", subrayó Vázquez, pero dice que no se ve "un rol activo".
"Nosotros no pertenecemos a ningún gobierno, cumplimos un rol netamente social, pero es importante ver las políticas públicas reflejadas, y ahí son los funcionarios quienes tienen la gran responsabilidad de llevarlas adelante. A la fecha no sabemos con que plan de acción o protocolo van a trabajar", agregó.
Dijo que a nivel provincial no hay estadísticas detalladas más allá de las que se facilitan a nivel nacional. Y subrayó que "es un delito que por más que no se vea reflejado en una foja de un tribunal federal, no significa que no esté".
El caso de Loan logró tomar visibilidad y poner en el centro del debate público la problemática de la trata, así como la necesidad de financiamiento de los programas de prevención y ayuda para las víctimas.
En el marco de la búsqueda de Loan Danilo Peña -el niño de 5 años desaparecido hace casi un mes en Corrientes- organizaciones sociales denuncian desfinanciamiento y desarticulación de los programas contra la trata en el gobierno de Javier Milei. Despidos, cierre de espacios clave y recortes presupuestarios hacen que la lucha contra este delito sea cada vez más difícil. Además de las decisiones concretas en materia presupuestaria, las organizaciones apuntan contra el cambio de enfoque de la lucha contra la Trata, que pasó de estar bajo la Jefatura de Gabinete -lo que implicaba un enfoque transversal de derechos- a depender directamente del Ministerio de Seguridad, tomando así una perspectiva represiva y policial.
El 15 de abril de este año, 24 delegados y delegadas provinciales del Comité de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas fueron despedidas mediante una notificación por teléfono. La dirección la asumió la periodista Verónica Toller, en reemplazo de Gustavo Vera.
Por otro lado, el Gobierno nacional dispuso la transferencia del Comité y del Consejo Federal Contra la Trata desde la Jefatura de Gabinete a la órbita del Ministerio de Seguridad, lo que conlleva un abordaje totalmente distinto.
"Está totalmente fuera de lo que se sugiere a nivel internacional. Los tratados internacionales dicen que no puede estar en el área de Seguridad un delito como el de trata de personas, ya que es un delito transversal y hay intereses interpuestos", señaló Rodolfo Pérez, delegado por Córdoba hasta su desvinculación.
Al estar bajo la Jefatura de Gabinete, el Comité tenía autonomía funcional y trabajaba en base a un plan bienal elaborado conjuntamente con los tres poderes del Estado y los gobiernos nacional, provincial y municipal, en línea con los parámetros dispuestos por la Ley de Trata de Personas N° 26.364 (sancionada en 2008).
Planteaba, igualmente, un trabajo coordinado con los ministerios con mayor injerencia en el tema: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Ministerio de Desarrollo Social, representado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); el Ministerio de Seguridad; y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
El Plan 2022-2024 proyectaba 68 acciones concretas elaboras en conjunto con los cinco ministerios que integran el Comité Ejecutivo, y consensuadas con más de 30 organismos de los tres estamentos del Estado. Estaba dividido en cuatro grandes ejes (Asistencia, Prevención, Persecución y Fortalecimiento Institucional) que tenían como objetivo la profundización de las políticas públicas contra la trata de personas y aseguraba a las víctimas el pleno ejercicio de sus derechos.
En el informe que desglosa los detalles, aparece de manera clara el enfoque interdisciplinario y de Derechos Humanos: "Este Plan se propone profundizar el camino emprendido en los últimos años en pos de generar políticas de restitución de derechos que eviten la revictimización de las personas damnificadas, profundizar las investigaciones penales a fin de desmantelar la base económica de las redes criminales y decomisar sus bienes con el objeto de aumentar los niveles de reparación, profundizando la más amplia articulación federal entre todos los poderes del estado y estamentos del Estado Nacional".
Por otro lado, se apoyaba en una serie de principios rectores para la intervención: Derechos Humanos, Interés superior de la niña, niño y adolescente, Perspectiva de género y diversidad, Discapacidad, No Discriminación, No Punibilidad, No revictimización, Interseccionalidad y Confidencialidad.
El plan del período anterior (2020-2022), con objetivos similares, logró un cumplimiento del 92% de las acciones proyectadas.
Despidos y cierre de programas
La lucha contra la trata implica un abordaje multidisciplinario, el trabajo previo en la materia apuntaba a la reparación y el acompañamiento de las y los sobrevivientes. La persecución policial y judicial de los responsables es apenas un paso de un proceso mucho más profundo. Los programas que funcionaban hasta el año pasado tenían como objetivos fundamentales la prevención y las acciones que garantizaran una buena calidad de vida para las víctimas.
Una de las iniciativas más importantes en esta materia era el Programa Nacional de Reparación y Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las Personas Afectadas por los Delitos de Trata y Explotación, que buscaba "brindar oportunidades laborales como "rol fundamental en la reducción de la vulnerabilidad económica, considerado como el factor principal que afecta a las personas damnificadas por estos delitos".
Buscó, además, vincular a las víctimas a programas de capacitación e inserción laboral, además de brindar una asignación económica de hasta un salario mínimo vital y móvil mientras durase la capacitación.
Los datos de la primera evaluación del programa muestran que del total de beneficiarias el 10.4% pudo insertarse en un empleo en relación de dependencia, el 31% comenzó un trayecto de trabajo autogestionado, y el 34,5% se encuentra en proceso de inserción laboral.
En la misma línea, se ejecutaba un Programa Acompañamiento Terapéutico Especializado -encabezado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Consumos Problemáticos, que incorporó las problemáticas de trata en sus espacios de capacitación-, el Programa de Soluciones Habitacionales para las Personas Damnicadas y sus Familias -que contemplaba la construcción de viviendas para las personas damnificadas en calidad de propietarias, lo que implicaba una política habitacional de largo plazo-, y un Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata -un instrumento que tenía como objetivo la administración de los bienes decomisados en causas judiciales por trata, destinados a reparar los daños de las víctimas-.
Otros programas como el Potenciar y el Acompañar se incluyeron en el Plan para brindar más herramientas a las personas afectadas.
Todos estos programas fueron suspendidos y otros fueron recortados, como la Línea 145 -destinada a recibir denuncias de trata- que fue llevada al 50% de su capacidad operativa. En esta dirección, también se redujeron las acciones de difusión y capacitación, un eje clave para la prevención.
Lejos de la dimensión federal que proponía el Plan Bienal, se desarticularon las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo, que redujo al mínimo su capacidad de inspeccionar situaciones de trabajo en negro y explotación.
El rostro femenino de la trata
Otras decisiones del actual Gobierno son transversales a los recursos presupuestarios y humanos que pueden colaborar en los programas contra la trata. Cabe recordar que, a pocos meses de asumir, Javier Milei decidió cerrar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, lo que impactó de lleno en la construcción y mantenimiento de ciertas políticas públicas. Situación que, a su vez, se profundiza cada vez más con el vaciamiento de los pocos espacios de género que fueron quedando a nivel nacional.
Uno de los principios rectores del Plan contra la Trata era la incorporación de la diversidad de género, considerando que casi un 70% de las de víctimas de trata (sobre todo con fines de explotación sexual) son mujeres y niñas.
La incorporación de una representante del Ministerio de las Mujeres en las acciones del Plan contra la Trata y la Explotación permitió profundizar el abordaje de situaciones de trata con perspectiva de género y diversidad, teniendo en cuenta que la trata afecta especial y diferencialmente a las mujeres y LGBTI+.
Las estadísticas muestran que el 93% de las víctimas de trata con nes de explotación sexual son mujeres, niñas y adolescentes, y el 46% de las víctimas de explotación laboral son mujeres.
La Línea 144, el Programa Acercar Derechos y los dispositivos que componen la Red de Asistencia Integral de las violencias por motivos de género son algunas de las herramientas que incluyeron al Plan y permitieron asegurar un abordaje con perspectiva de género.
El Informe de Ejecución del Plan anterior, que corresponde al período 2020-2022, señala que un total de 2.285 mujeres y LGBTI+ accedieron al Programa Acompañar, en tanto resulta "una herramienta clave para que puedan afrontar la reconstrucción del proyecto de vida luego de haber vivido situaciones de explotación."
"Es muy poco lo que se puede hacer"
En ese contexto, Miriam Vázquez, referente en Chubut de la RATT (Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata), única organización de este tipo en la Provincia, analizó, en diálogo con El Extremo Sur, que "más que una desfinanciación, hay desarticulación; no hay financiamiento".
La profesional afirmó que además del desfinanciamiento de los programas, quienes trabajan como delegados provinciales hoy no tienen viáticos ni comisión: "Sin políticas públicas va a ser bastante complicado trabajar en la prevención del delito".
Subrayó que los delitos de trata y explotación "siguen la ruta del dinero": "Hay una situación de crisis económica en un país, obviamente que más va a emerger, más en riesgo estamos, hay más necesidades, más gente vulnerada".
Las respuestas a este panorama son especialmente limitadas en un contexto donde se recortan las políticas públicas. Vázquez dijo que "es muy poco lo que se puede hacer, menos lo que tiene que ver con recursos de asistencia a las víctimas."
En general, quienes deben activar las acciones ante la ausencia de políticas son las mismas organizaciones, que no siempre cuentan con la estructura y el presupuesto para abordar problemáticas tan complejas.
"Las referentes nos encontramos con esta desarticulación y tenemos que brindar una asistencia que muchas veces no nos corresponde a nosotras y le corresponde al Estado, pero ante la emergencia y la necesidad debemos hacerlo", apuntó Vázquez y enfatizó que "justamente nosotros somos la ausencia de un Estado activo de políticas públicas".
Si bien destacó que Argentina es un país pionero y con buenos antecedentes normativos en materia de Derechos Humanos, las posibilidades concretas de acción son casi nulas sin ejecución presupuestaria y fortalecimiento de programas.
"Si un Estado con políticas públicas funcionara como debería, si se aplicaran las leyes de Derechos Humanos, trabajaría de otra manera. Más en lo que corresponde, que es caminar el territorio con prevención y no con acción directa. Pero tenemos que trabajar con acción directa en base a los recursos que tenemos", agregó la referente.
El panorama es complejo y no hay expectativas de que mejore. Vázquez expresó que es cada vez peor y la ausencia de espacios institucionales que antes resultaban clave como el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, profundiza la problemática.
Por otro lado, subrayó un dato no menor en relación a los delitos de trata: "La mayoría de quienes han estado vinculados, y en algunos casos condenados, son funcionarios de alguno de los poderes. En un 80% son vinculados a una función pública. Y un 96% vinculados con las fuerzas. Realmente el delito de trata es una mafia, como todos los crímenes organizados. Pero se nos va a poner más complicado".
La situación en Chubut
Los puntos focales provinciales son dependencias designadas por cada Gobierno provincial para la asistencia de víctimas de trata y explotación en cada jurisdicción. Pese al desguace de programas de trata, éstos se mantienen. La referente de RATT especificó que, al menos en Chubut, todavía se trabaja en ese punto focal, que es lo establecido por la Ley 26.364.
No obstante, la Provincia no escapa al panorama nacional: "Acá también estamos bastante desarticulados, y si hay algún recurso no siempre llega a las víctimas". La RATT es la única organización que trabaja contra la trata en la Provincia, y tiene, además, articulación nacional y mundial.
"Hoy realmente no hemos tenido la oportunidad de tener un diálogo directo con funcionarios provinciales como para saber realmente cuál es el proyecto. Sí está activo el punto focal como corresponde, eso depende y tiene que estar por la Ley de Trata", subrayó Vázquez, pero dice que no se ve "un rol activo".
"Nosotros no pertenecemos a ningún gobierno, cumplimos un rol netamente social, pero es importante ver las políticas públicas reflejadas, y ahí son los funcionarios quienes tienen la gran responsabilidad de llevarlas adelante. A la fecha no sabemos con que plan de acción o protocolo van a trabajar", agregó.
Dijo que a nivel provincial no hay estadísticas detalladas más allá de las que se facilitan a nivel nacional. Y subrayó que "es un delito que por más que no se vea reflejado en una foja de un tribunal federal, no significa que no esté".
El caso de Loan logró tomar visibilidad y poner en el centro del debate público la problemática de la trata, así como la necesidad de financiamiento de los programas de prevención y ayuda para las víctimas.
