Día del Orgullo: la apuesta cultural y política del colectivo LGBTQ+ en tiempos de crisisPor Lola Sánchez
Aunque en la última década se registran avances fundamentales en materia de ley y conquista de derechos -con normativas que incluso hacen de Argentina un país a la vanguardia en este sentido-, también se registra un aumento de los crímenes de odio, de las expresiones violentas contra las diversidades, en un contexto de crisis en el que sus derechos básicos se ven amenazados. Los pocos relevamientos que se realizaron al respecto dan cuenta de la precariedad de la vida de esta población, especialmente las mujeres trans, quienes se enfrentan a más situaciones de vulnerabilidad y menos acceso a servicios básicos de salud y educación. En el marco de un nuevo Día del Orgullo (28 de junio) el activismo LGBTQ+ festeja sus conquistas históricas y reivindica sus reclamos por los derechos que aún se adeudan.
A nivel local, cada vez se ve más activismo y espacios de encuentros para la comunidad LGBTQ+, encabezados por activistas, muchos de los cuales hoy integran espacios institucionales como la Secretaría de Género o el Área de Diversidad. En este marco, llevan adelante múltiples actividades culturales y de visibilización.
La fecha se remonta a los hechos ocurridos en 1969 en Nueva York, cuando la policía ingresó por la fuerza a las instalaciones del bar Stonewall Inn, un lugar de encuentro para gays, lesbianas y bisexuales, en una época en la que reconocerse como tal era ilegal. El bar era, además, un espacio seguro y un punto de inclusión para trabajadoras y trabajadoras sexuales y personas sin hogar.
Durante la noche del 28 de junio, las fuerzas policiales ingresaron para registrar violentamente a quienes se encontraban en el lugar, represión que fue resistida por muchos de los presentes, convirtiendo esa escena en un símbolo de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+.
Primeras estadísticas sobre la comunidad LGBTQ+
La falta de relevamientos y estadísticas sobre la población LGBTQ+ es sistemática. Recién en 2023 se llevó adelante el Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida LGBTIQ+ (financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) el cual evidenció en números concretos los testimonios de miles de identidades diversas que desde hace años denuncian las barreras con las que se cruzan día a día. Se enfrentan a la discriminación en espacios educativos y profesionales, lo que empobrece su calidad de vida y el acceso a oportunidades equitativas.
Bajo la idea firme de los activistas de que lo que no se nombra no existe, en la introducción del informe se subraya: "Este estudio se propuso llenar ese vacío de información, con el objetivo de informar el diseño de políticas públicas específicas y evaluar el impacto que han tenido las iniciativas de reconocimiento de derechos dirigidas a la población LGBTIQ+ en Argentina"
Ya en 2023 el Censo Nacional incluyó, por primera vez, preguntas acerca de la identidad de género, lo que permitió dar cuenta de un dato central: 196.956 personas (0,04% del total de la población) no se identifican con el sexo asignado al nacer, de los cuales: 36,8% se identifica como varon trans, 30,8% como mujer trans, 19% como persona no binaria, mientras que el 13,4% restante corresponde a otras identificaciones.
Sobre esta base, el Relevamiento encuestó a unas 15 mil personas de la comunidad LGBTQ+ en todo el país, con preguntas precisas sobre su identidad, sus condiciones de vida y sus oportunidades en distintos ámbitos.
Las respuestas permiten visibilizar de qué manera cada identidad puede o no acceder a ciertos espacios y oportunidades. Por otro lado, dan cuenta de la violencia estructural que sufren día a día.
De acuerdo a los datos sistematizados, la mayoría de los encuestados presentan un nivel secundario completo o superior incompleto. Las personas trans (sobre todo, feminidades o mujeres trans y travesti) cuentan con menor nivel educativo comparados al resto de la muestra, seguidas por no binaries y otras identificaciones. En contraposición, las personas gays cuentan en casi un 55% un nivel educativo superior completo o mayor. Hecho que no siempre se condice con mejores oportunidades laborales.
En este sentido, un 16,7% de quienes asistieron a un establecimiento educativo, señaló haber sido agredid0 o discriminad0 por profesores, directivos o personal de esta instituciòn, mientras un 20% vivió situaciones de agresión o doscriminación por parte de compañeros de estuduio., Casi 4 de cada 10 varones o masculinidades trans señalaron haber vivido situaciones de agresión o discriminación por parte de profesores, personal o directivos. El porcentaje asciende a más de 26% para feminidades o mujeres travesti/trans y para no binaries.
En cuanto al empleo, el 77,4% de las personas que participaron del estudio se encontraban ocupadas, mientras que un 7,3% estaba en situación de desocupació, aunque subrayan que las tasas de desocupación son considerablemente mayores entre varones y masculinidades trans (14,3%), feminidades y mujeres travesti/trans (12,3%) y no binaries (10,1%). Salvo para gays y lesbianas, la tasa de desocupación es mayor que la reportada para población general (6,2% en el segundo trimestre del 2023, según el INDEC).
Otro gran porcentaje afirmó haber realizado algún tipo de trabajo sexual alguna vez en su vida (15%). La proporción es considerablemente mayor entre feminidades y mujeres travesti/trans, donde algo más de la mitad ha realizado trabajo sexual alguna vez en su vida.
En el área laboral, 4 de cada 10 mujeres o feminidades trans reportan haber sido desestimadas o despedidas de un trabajo por su identidad de género; entre varones o masculinidades trans el porcentaje es cercano al 30%, mientras que para los no binaries es casi de un 20% del total. Cifras similares aparecen en cuanto a la discriminación en espacios laborales, ya sea por compañeros, jefes o clientes.
En general, se vislumbra un panorama especialmente complejo para las feminidades trans, quienes además de registrar peores condiciones de empleo y menor acceso a servicios básicos, son las que más recibieron ropa, alimentos, mercadería de comedores, gobiernos, iglesias y escuelas (22,8%) y quienes más han tenido que pedir préstamos de dinero a familiares o amistades en el último año (43,3%).
La percepción de la propia salud física y mental también es un dato a considerar a la hora de pensar en las condiciones de vida de esta población: un gran porcentaje calificó su estado general de salud como regular o malo (27%), y 32% vive con enfermedades o condiciones crónicas. Casi el 60% tuvo en algún momento ideación suicida, valor que aumenta en masculinidades y varones trans y personas no binarias.
Como dato general, se calcula que 9 de cada 10 reportaron situaciones de estrés, angustia, miedo y ansiedad vividas en el último año, mayor en masculinidades y varones trans, no binaries y feminidades bisexuales.
Las situaciones de maltrato aparecen en muchas de las respuestas de todas las identidades, por parte de profesionales de la salud, al hacer trámites en oficinas públicas e incluso un grupo que asciende al 7,3% que afirma haber sufrido agresiones por parte de policías o fuerzas de seguridad pública.
Este primer relevamiento brinda un panorama claro sobre la precariedad a la que están expuestos quienes pertenecen al colectivo, con condiciones de vida que se agudizan para ciertas identidades como las mujeres travesti y trans.
Como conclusión, el informe brinda sugerencias sobre los pasos a seguir en materia de políticas públicas. Exhortan a facilitar el acceso de relevamientos estadísticos, a reforzar los instrumentos legales existentes y a discutir la naturalización de las violencias, todas ellas deudas de la sociedad y los organismos públicos con la población LGBTQ+.
Discursos violentos y crímenes de odio
Uno de los reclamos principales de la comunidad LGBTQ+ en todo el mundo, y especialmente en América Latina, apunta a visibilizar la problemática de los crímenes de odio y a fortalecer las políticas públicas para dar respuesta. En Argentina, pese al notable avance en normativas, todavía se registran altos números de asesinatos basados en la identidad sexogenérica de la víctima.
De acuerdo a los datos recogidos por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, en el 2023 ocurrieron 133 crímenes de odio en Argentina.
El dato, cabe remarcar, puede no reflejar la cifra real, ya que desde el Observatorio subrayan que el número no es exacto, ya que incluye sólo los casos que fueron relevados por medios o que han ingresado como denuncias en la Defensoría LGBT, y que "únicamente permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho más grave de lo que sugiere los números".
Además, remarcan que no siempre se respeta la identidad o la orientación sexual de la víctima, por lo que muchos casos pueden pasar desapercibidos como crímenes de odio.
De ese total, el 89% de los casos (118) corresponden a mujeres trans; en segundo lugar con el 5% (7) se encuentran los varones gays cis; y en tercer lugar con el 2% (3) de los casos respectivamente cada identidad, siguen los varones trans y las lesbianas.
Por otro lado, en el informe indican que de ese total, el 68% de los casos (91) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos, muertes por violencia estructural y suicidios; y el 32% restante de los casos (42) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte.
En el registro se incluyen los casos de muertes por violencia estructural, es decir, "muertes en donde la vulneración sistemática e histórica de derechos generó las condiciones materiales de precariedad en la que se inscriben estos decesos, todos ellos evitables", un dato que no sólo da cuenta de las violencias más sutiles que se imbrican en las biografías de la comunidad LGBTQ+, sino que, además, representa a un porcentaje muy alto de esta población, ascendiendo a casi 90%.
En este contexto, para muchos es fundamental pensar lo qué está ocurriendo con los discursos de odio, con las agresiones que se habilitan y circulan discursivamente y pueden derivar -como el caso del lesbicidio de Barracas- en un crimen contra la vida.
Ver nota: Una mirada del activismo local sobre el lesbicidio de Barracas: "seguimos siendo invisibles"
Alex Loyola, responsable del Área de Comunicación y Prensa de la Dirección de Diversidad local advierte que "si bien los ataques de odio tan contundentes, como el de Barracas, son moneda corriente hace mucho tiempo, hoy pareciera que no está mal; la gente expresa su odio libremente, están tan avalados esos discursos de odio y estos crímenes de odio que nosotrxs como equipo, como personas de la población LGBTQ+ -que somos la mayoría en esta dirección- estamos preocupados".
Lo central, para el equipo es que "nuestros usuarixs pueden tener una mejor calidad de vida, que puedan llegar a sus casas y tener sus necesidades básicas satisfechas".
Derechos y cupo trans: Chubut a la vanguardia
En Chubut existen diversas normativas y proyectos que tienen por objetivo garantizar el derecho a la identidad de género y a condiciones de vida dignas para la población LGBTQ+, algunas sancionadas antes de que se aprobaran proyectos similares a nivel nacional.
En 2018 se aprobó la Ley Nº I - 621 de Cupo Trans, que luego fue reglamentada en 2022. La misma indicaba que, para los organismos públicos, la proporción a ocupar por personas trans no debe resultar inferior al 0,5% de la totalidad de su personal.
Durante el acto de rúbrica de la Ley se entregó el decretó provincial Nº 253/22, que integraba a la planta básica de la Subsecretaría de Seguridad de la Administración Pública provincial a dos personas trans, cumpliendo así con la obligación establecida.
A nivel nacional, recién en 2021 se aprobó la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Esta ley, que llevaba el nombre de las activistas Diana Sacayán y Lohana Berkins, permitió federalizar un derecho básico para la población trans, llevando la normativa a provincias dónde no existía un cupo y fortaleciendo la situación en las provincias como Chubut, que ya lo habían aprobado.
De acuerdo a los datos del Sexto Monitoreo del Cupo Laboral Travesti Trans del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en diciembre del 2022 un total de 547 personas trabajaban en el Poder Ejecutivo Nacional, un aumento considerable a los 293 empleados trans que se registraban en marzo.
El año pasado, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad era la cartera que más personas trans tenía incorporada en su plantilla con respecto del total, representando el 1,93% y cumpliendo el cupo del 1% establecido por la Ley nacional. Con la disolución del Ministerio y sus dependencias, se perdió un gran número de trabajadores trans que habían podido acceder a un empleo formal.
El reclamo por empleo digno no es menor, considerando que la población LGBTQ+ atraviesa grandes dificultades a la hora de conseguir un empleo formal, situación que se profundiza para travestis y trans. En estos debates resuena el pedido de justicia por Tehuel de la Torre, el joven trans que desapareció el 11 de marzo de 2021 cuando salió, precisamente, a buscar trabajo.
Pese a la coyuntura de cada año que exige justicia por casos concretos o pone foco en alguna problemática en particular, las demandas del colectivo son históricas. Loyola especifica que "los reclamos siempre son las necesidades básicas de las personas comunes, pero que por ahí la población LGBTQ+ no puede acceder por la discriminación y el estigma, la salud, el trabajo, la vivienda y la salud, siempre recaemos en esos ejes".
Además, destaca que "desde el Municipio se ha hecho un trabajo bastante completo, con las adhesiones a los cupos, las ordenanzas, declaraciones de interés de nuestras actividades y leyes. Esto por impulso de lxs activistas. A nivel regional está un poco complicado, si hablamos de Patagonia se viene haciendo un trabajo muy interesante, Neuquén y Comodoro son las dos localidades que más están trabajando cuestiones de diversidad, tanto con actividades como en materia de Derechos. En Santa Cruz hace dos años salió la Ley Integral Trans, única provincia en la que salió esta ley".
Gracias a este trabajo activista, en Chubut se avanzó también con una Ley que busca garantizar el derecho a la vivienda para las personas travesti-trans (Ley XXV Nº 65).
Un dato clave del Relevamiento Nacional indica que aunque la mayoría de los encuestados vive en un departamento o un PH, la situación es algo distinta para la población trans: casi un 9% afirmó vivir en piezas de inquilinato, conventillos, hoteles o pensiones.
La ley provincial establece, en este sentido, la creación de un Plan de acceso a la vivienda para personas transgénero, transexuales y travestis en todo el territorio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este sector. Son beneficiarias de dichos planes todas aquellas personas trans y travesti que hayan accedido al cambio registral establecido en la Ley Nacional de Identidad de Género N° 26.743, derecho que será garantizado mediante un cupo mínimo (3%) en todos los planes de vivienda llevados adelante por el Gobierno de Chubut.
La agenda local
Desde la Dirección de Diversidad se trabaja en diversas temáticas, relacionadas a la identidad de género, orientaciones sexoafectivas, acompañamiento a trabajadores sexuales o personas en situación de prostitución y acompañamientos psicosociales por parte de un equipo interdisciplinario. Lo central para Loyola es que la Dirección tiene una base muy fuerte de activistas: "Este espacio se constituye a partir de un proyecto de ATTA (Asociacion de Travestis, Transgénero y Transexuales de Argentina) y tiene una base bastante fuerte porque el activismo fue muy grande".
Además de la lucha por la garantización de derechos básicos, también es necesaria la construcción de espacios de encuentro, de intercambio cultural, de reivindicación de las distintas expresiones artísticas del colectivo.
Evocando el símbolo de resistencia y cultura de los disturbios de Stonewall, este viernes se llevó a cabo la Stonewall Fest, donde participaron distintos artistas de la comunidad bajo la consigna general "Orgullo de celebrar quien cada une es".
Desde hace varios años, la Dirección lleva adelante actividades de este tipo: "Desde hace dos años, por ejemplo, hacemos el Café Literario, es un evento cultural que hacemos una vez al mes, donde viene una selección de personas a leer y luego cierra con un show musical. Tenemos ciclos de cine, un proyecto del área cultural, y un Grupo de Familias Diversas; tenemos talleres de educación física, de cocina, de terminalidad educativa", señala Loyola, y subraya que en el último tiempo "aumentó la participación y la visibilización, sobretodo después de la pandemia".
"Este tipo de eventos es muy relevante, es un espacio en el que todxs nos podemos sentir en casa, tranquilxs, segurxs, de poder ser quienes somos, el orgullo de ser quien cada unx es", concluye.
Por Lola Sánchez
Aunque en la última década se registran avances fundamentales en materia de ley y conquista de derechos -con normativas que incluso hacen de Argentina un país a la vanguardia en este sentido-, también se registra un aumento de los crímenes de odio, de las expresiones violentas contra las diversidades, en un contexto de crisis en el que sus derechos básicos se ven amenazados. Los pocos relevamientos que se realizaron al respecto dan cuenta de la precariedad de la vida de esta población, especialmente las mujeres trans, quienes se enfrentan a más situaciones de vulnerabilidad y menos acceso a servicios básicos de salud y educación. En el marco de un nuevo Día del Orgullo (28 de junio) el activismo LGBTQ+ festeja sus conquistas históricas y reivindica sus reclamos por los derechos que aún se adeudan.
A nivel local, cada vez se ve más activismo y espacios de encuentros para la comunidad LGBTQ+, encabezados por activistas, muchos de los cuales hoy integran espacios institucionales como la Secretaría de Género o el Área de Diversidad. En este marco, llevan adelante múltiples actividades culturales y de visibilización.
La fecha se remonta a los hechos ocurridos en 1969 en Nueva York, cuando la policía ingresó por la fuerza a las instalaciones del bar Stonewall Inn, un lugar de encuentro para gays, lesbianas y bisexuales, en una época en la que reconocerse como tal era ilegal. El bar era, además, un espacio seguro y un punto de inclusión para trabajadoras y trabajadoras sexuales y personas sin hogar.
Durante la noche del 28 de junio, las fuerzas policiales ingresaron para registrar violentamente a quienes se encontraban en el lugar, represión que fue resistida por muchos de los presentes, convirtiendo esa escena en un símbolo de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+.
Primeras estadísticas sobre la comunidad LGBTQ+
La falta de relevamientos y estadísticas sobre la población LGBTQ+ es sistemática. Recién en 2023 se llevó adelante el Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida LGBTIQ+ (financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) el cual evidenció en números concretos los testimonios de miles de identidades diversas que desde hace años denuncian las barreras con las que se cruzan día a día. Se enfrentan a la discriminación en espacios educativos y profesionales, lo que empobrece su calidad de vida y el acceso a oportunidades equitativas.
Bajo la idea firme de los activistas de que lo que no se nombra no existe, en la introducción del informe se subraya: "Este estudio se propuso llenar ese vacío de información, con el objetivo de informar el diseño de políticas públicas específicas y evaluar el impacto que han tenido las iniciativas de reconocimiento de derechos dirigidas a la población LGBTIQ+ en Argentina"
Ya en 2023 el Censo Nacional incluyó, por primera vez, preguntas acerca de la identidad de género, lo que permitió dar cuenta de un dato central: 196.956 personas (0,04% del total de la población) no se identifican con el sexo asignado al nacer, de los cuales: 36,8% se identifica como varon trans, 30,8% como mujer trans, 19% como persona no binaria, mientras que el 13,4% restante corresponde a otras identificaciones.
Sobre esta base, el Relevamiento encuestó a unas 15 mil personas de la comunidad LGBTQ+ en todo el país, con preguntas precisas sobre su identidad, sus condiciones de vida y sus oportunidades en distintos ámbitos.
Las respuestas permiten visibilizar de qué manera cada identidad puede o no acceder a ciertos espacios y oportunidades. Por otro lado, dan cuenta de la violencia estructural que sufren día a día.
De acuerdo a los datos sistematizados, la mayoría de los encuestados presentan un nivel secundario completo o superior incompleto. Las personas trans (sobre todo, feminidades o mujeres trans y travesti) cuentan con menor nivel educativo comparados al resto de la muestra, seguidas por no binaries y otras identificaciones. En contraposición, las personas gays cuentan en casi un 55% un nivel educativo superior completo o mayor. Hecho que no siempre se condice con mejores oportunidades laborales.
En este sentido, un 16,7% de quienes asistieron a un establecimiento educativo, señaló haber sido agredid0 o discriminad0 por profesores, directivos o personal de esta instituciòn, mientras un 20% vivió situaciones de agresión o doscriminación por parte de compañeros de estuduio., Casi 4 de cada 10 varones o masculinidades trans señalaron haber vivido situaciones de agresión o discriminación por parte de profesores, personal o directivos. El porcentaje asciende a más de 26% para feminidades o mujeres travesti/trans y para no binaries.
En cuanto al empleo, el 77,4% de las personas que participaron del estudio se encontraban ocupadas, mientras que un 7,3% estaba en situación de desocupació, aunque subrayan que las tasas de desocupación son considerablemente mayores entre varones y masculinidades trans (14,3%), feminidades y mujeres travesti/trans (12,3%) y no binaries (10,1%). Salvo para gays y lesbianas, la tasa de desocupación es mayor que la reportada para población general (6,2% en el segundo trimestre del 2023, según el INDEC).
Otro gran porcentaje afirmó haber realizado algún tipo de trabajo sexual alguna vez en su vida (15%). La proporción es considerablemente mayor entre feminidades y mujeres travesti/trans, donde algo más de la mitad ha realizado trabajo sexual alguna vez en su vida.
En el área laboral, 4 de cada 10 mujeres o feminidades trans reportan haber sido desestimadas o despedidas de un trabajo por su identidad de género; entre varones o masculinidades trans el porcentaje es cercano al 30%, mientras que para los no binaries es casi de un 20% del total. Cifras similares aparecen en cuanto a la discriminación en espacios laborales, ya sea por compañeros, jefes o clientes.
En general, se vislumbra un panorama especialmente complejo para las feminidades trans, quienes además de registrar peores condiciones de empleo y menor acceso a servicios básicos, son las que más recibieron ropa, alimentos, mercadería de comedores, gobiernos, iglesias y escuelas (22,8%) y quienes más han tenido que pedir préstamos de dinero a familiares o amistades en el último año (43,3%).
La percepción de la propia salud física y mental también es un dato a considerar a la hora de pensar en las condiciones de vida de esta población: un gran porcentaje calificó su estado general de salud como regular o malo (27%), y 32% vive con enfermedades o condiciones crónicas. Casi el 60% tuvo en algún momento ideación suicida, valor que aumenta en masculinidades y varones trans y personas no binarias.
Como dato general, se calcula que 9 de cada 10 reportaron situaciones de estrés, angustia, miedo y ansiedad vividas en el último año, mayor en masculinidades y varones trans, no binaries y feminidades bisexuales.
Las situaciones de maltrato aparecen en muchas de las respuestas de todas las identidades, por parte de profesionales de la salud, al hacer trámites en oficinas públicas e incluso un grupo que asciende al 7,3% que afirma haber sufrido agresiones por parte de policías o fuerzas de seguridad pública.
Este primer relevamiento brinda un panorama claro sobre la precariedad a la que están expuestos quienes pertenecen al colectivo, con condiciones de vida que se agudizan para ciertas identidades como las mujeres travesti y trans.
Como conclusión, el informe brinda sugerencias sobre los pasos a seguir en materia de políticas públicas. Exhortan a facilitar el acceso de relevamientos estadísticos, a reforzar los instrumentos legales existentes y a discutir la naturalización de las violencias, todas ellas deudas de la sociedad y los organismos públicos con la población LGBTQ+.
Discursos violentos y crímenes de odio
Uno de los reclamos principales de la comunidad LGBTQ+ en todo el mundo, y especialmente en América Latina, apunta a visibilizar la problemática de los crímenes de odio y a fortalecer las políticas públicas para dar respuesta. En Argentina, pese al notable avance en normativas, todavía se registran altos números de asesinatos basados en la identidad sexogenérica de la víctima.
De acuerdo a los datos recogidos por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, en el 2023 ocurrieron 133 crímenes de odio en Argentina.
El dato, cabe remarcar, puede no reflejar la cifra real, ya que desde el Observatorio subrayan que el número no es exacto, ya que incluye sólo los casos que fueron relevados por medios o que han ingresado como denuncias en la Defensoría LGBT, y que "únicamente permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho más grave de lo que sugiere los números".
Además, remarcan que no siempre se respeta la identidad o la orientación sexual de la víctima, por lo que muchos casos pueden pasar desapercibidos como crímenes de odio.
De ese total, el 89% de los casos (118) corresponden a mujeres trans; en segundo lugar con el 5% (7) se encuentran los varones gays cis; y en tercer lugar con el 2% (3) de los casos respectivamente cada identidad, siguen los varones trans y las lesbianas.
Por otro lado, en el informe indican que de ese total, el 68% de los casos (91) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos, muertes por violencia estructural y suicidios; y el 32% restante de los casos (42) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte.
En el registro se incluyen los casos de muertes por violencia estructural, es decir, "muertes en donde la vulneración sistemática e histórica de derechos generó las condiciones materiales de precariedad en la que se inscriben estos decesos, todos ellos evitables", un dato que no sólo da cuenta de las violencias más sutiles que se imbrican en las biografías de la comunidad LGBTQ+, sino que, además, representa a un porcentaje muy alto de esta población, ascendiendo a casi 90%.
En este contexto, para muchos es fundamental pensar lo qué está ocurriendo con los discursos de odio, con las agresiones que se habilitan y circulan discursivamente y pueden derivar -como el caso del lesbicidio de Barracas- en un crimen contra la vida.
Ver nota: Una mirada del activismo local sobre el lesbicidio de Barracas: "seguimos siendo invisibles"
Alex Loyola, responsable del Área de Comunicación y Prensa de la Dirección de Diversidad local advierte que "si bien los ataques de odio tan contundentes, como el de Barracas, son moneda corriente hace mucho tiempo, hoy pareciera que no está mal; la gente expresa su odio libremente, están tan avalados esos discursos de odio y estos crímenes de odio que nosotrxs como equipo, como personas de la población LGBTQ+ -que somos la mayoría en esta dirección- estamos preocupados".
Lo central, para el equipo es que "nuestros usuarixs pueden tener una mejor calidad de vida, que puedan llegar a sus casas y tener sus necesidades básicas satisfechas".
Derechos y cupo trans: Chubut a la vanguardia
En Chubut existen diversas normativas y proyectos que tienen por objetivo garantizar el derecho a la identidad de género y a condiciones de vida dignas para la población LGBTQ+, algunas sancionadas antes de que se aprobaran proyectos similares a nivel nacional.
En 2018 se aprobó la Ley Nº I - 621 de Cupo Trans, que luego fue reglamentada en 2022. La misma indicaba que, para los organismos públicos, la proporción a ocupar por personas trans no debe resultar inferior al 0,5% de la totalidad de su personal.
Durante el acto de rúbrica de la Ley se entregó el decretó provincial Nº 253/22, que integraba a la planta básica de la Subsecretaría de Seguridad de la Administración Pública provincial a dos personas trans, cumpliendo así con la obligación establecida.
A nivel nacional, recién en 2021 se aprobó la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Esta ley, que llevaba el nombre de las activistas Diana Sacayán y Lohana Berkins, permitió federalizar un derecho básico para la población trans, llevando la normativa a provincias dónde no existía un cupo y fortaleciendo la situación en las provincias como Chubut, que ya lo habían aprobado.
De acuerdo a los datos del Sexto Monitoreo del Cupo Laboral Travesti Trans del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en diciembre del 2022 un total de 547 personas trabajaban en el Poder Ejecutivo Nacional, un aumento considerable a los 293 empleados trans que se registraban en marzo.
El año pasado, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad era la cartera que más personas trans tenía incorporada en su plantilla con respecto del total, representando el 1,93% y cumpliendo el cupo del 1% establecido por la Ley nacional. Con la disolución del Ministerio y sus dependencias, se perdió un gran número de trabajadores trans que habían podido acceder a un empleo formal.
El reclamo por empleo digno no es menor, considerando que la población LGBTQ+ atraviesa grandes dificultades a la hora de conseguir un empleo formal, situación que se profundiza para travestis y trans. En estos debates resuena el pedido de justicia por Tehuel de la Torre, el joven trans que desapareció el 11 de marzo de 2021 cuando salió, precisamente, a buscar trabajo.
Pese a la coyuntura de cada año que exige justicia por casos concretos o pone foco en alguna problemática en particular, las demandas del colectivo son históricas. Loyola especifica que "los reclamos siempre son las necesidades básicas de las personas comunes, pero que por ahí la población LGBTQ+ no puede acceder por la discriminación y el estigma, la salud, el trabajo, la vivienda y la salud, siempre recaemos en esos ejes".
Además, destaca que "desde el Municipio se ha hecho un trabajo bastante completo, con las adhesiones a los cupos, las ordenanzas, declaraciones de interés de nuestras actividades y leyes. Esto por impulso de lxs activistas. A nivel regional está un poco complicado, si hablamos de Patagonia se viene haciendo un trabajo muy interesante, Neuquén y Comodoro son las dos localidades que más están trabajando cuestiones de diversidad, tanto con actividades como en materia de Derechos. En Santa Cruz hace dos años salió la Ley Integral Trans, única provincia en la que salió esta ley".
Gracias a este trabajo activista, en Chubut se avanzó también con una Ley que busca garantizar el derecho a la vivienda para las personas travesti-trans (Ley XXV Nº 65).
Un dato clave del Relevamiento Nacional indica que aunque la mayoría de los encuestados vive en un departamento o un PH, la situación es algo distinta para la población trans: casi un 9% afirmó vivir en piezas de inquilinato, conventillos, hoteles o pensiones.
La ley provincial establece, en este sentido, la creación de un Plan de acceso a la vivienda para personas transgénero, transexuales y travestis en todo el territorio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este sector. Son beneficiarias de dichos planes todas aquellas personas trans y travesti que hayan accedido al cambio registral establecido en la Ley Nacional de Identidad de Género N° 26.743, derecho que será garantizado mediante un cupo mínimo (3%) en todos los planes de vivienda llevados adelante por el Gobierno de Chubut.
La agenda local
Desde la Dirección de Diversidad se trabaja en diversas temáticas, relacionadas a la identidad de género, orientaciones sexoafectivas, acompañamiento a trabajadores sexuales o personas en situación de prostitución y acompañamientos psicosociales por parte de un equipo interdisciplinario. Lo central para Loyola es que la Dirección tiene una base muy fuerte de activistas: "Este espacio se constituye a partir de un proyecto de ATTA (Asociacion de Travestis, Transgénero y Transexuales de Argentina) y tiene una base bastante fuerte porque el activismo fue muy grande".
Además de la lucha por la garantización de derechos básicos, también es necesaria la construcción de espacios de encuentro, de intercambio cultural, de reivindicación de las distintas expresiones artísticas del colectivo.
Evocando el símbolo de resistencia y cultura de los disturbios de Stonewall, este viernes se llevó a cabo la Stonewall Fest, donde participaron distintos artistas de la comunidad bajo la consigna general "Orgullo de celebrar quien cada une es".
Desde hace varios años, la Dirección lleva adelante actividades de este tipo: "Desde hace dos años, por ejemplo, hacemos el Café Literario, es un evento cultural que hacemos una vez al mes, donde viene una selección de personas a leer y luego cierra con un show musical. Tenemos ciclos de cine, un proyecto del área cultural, y un Grupo de Familias Diversas; tenemos talleres de educación física, de cocina, de terminalidad educativa", señala Loyola, y subraya que en el último tiempo "aumentó la participación y la visibilización, sobretodo después de la pandemia".
"Este tipo de eventos es muy relevante, es un espacio en el que todxs nos podemos sentir en casa, tranquilxs, segurxs, de poder ser quienes somos, el orgullo de ser quien cada unx es", concluye.