El gobierno de Gabriel Boric y la represión sobre el pueblo mapucheEl pueblo mapuche, la mayor comunidad indígena de Chile, ha vivido una larga historia de resistencia y lucha por sus derechos territoriales y culturales enfrentándose a la violencia y la discriminación por parte del Estado y de sectores privados que han usurpado sus tierras ancestrales.
Durante el estallido social de 2019 y 2020, la bandera mapuche, la 'wenufoye', se convirtió en un símbolo de las aspiraciones de cambio y de justicia social de los chilenos. Entre ellas, había algunas compartidas con el resto de la población, como una mayor igualdad y una nueva Constitución, y otras propias del pueblo mapuche, como el reconocimiento de su autonomía y su identidad.
El Estado chileno impuso un modelo de desarrollo que generó violencia y conflicto. Mientras el pueblo mapuche se manifestaba reivindicando tierra y territorio, fueron sometidos a una dura represión por parte del Estado, y muchos fueron detenidos y juzgados en procesos cuestionados por las Naciones Unidas y sus abogados.
Con la llegada al poder en 2022 del nuevo presidente Gabriel Boric, estas políticas de represión, enmascaradas en un falso discurso progresista, no han cambiado. El Estado chileno no ha dudado en seguir desplegando toda la fuerza del aparato del Estado, a través de duras cargas policiales en las marchas por la resistencia del pueblo mapuche, en las que participaron miles de personas, entre ellas niños y ancianos, que viajaron desde sus comunidades ancestrales.
Sus militantes más activos siguen sufriendo en las cárceles las consecuencias por plantarle cara a esta nueva generación represora, como viene ocurriendo desde hace más de cinco siglos. Y soportando las duras prisiones chilenas, que se asemejan más a mazmorras para aquellos que antes eran dueños naturales de sus tierras.
Esta postura del gobierno de Gabriel Boric que dice condolerse por el genocidio de Israel practicado contra el pueblo palestino, contrasta con la hipocresía y el doble rasero que él mismo practica en su propio pueblo, al tener encarcelado a 15 luchadores de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que ya llevan más de 2 meses en huelga de hambre, reclamando la libertad de los presos políticos acusados de "terroristas".
El caso de estos 15 presos políticos presos de la CAM debe ser tomado a nivel mundial como una bandera ineludible de la defensa de quienes son castigados por el terrorismo de Estado, por defender su cultura e identidad ancestral, y por luchar contra la destrucción de un territorio del que fueron despojados. Esta ofensiva colonial no es muy diferente de la barbarie que viene soportando desde hace más de 70 años el pueblo palestino con la ocupación por parte del Estado de Israel.
Es imprescindible evitar la naturalización de este tipo de procedimientos autoritarios e ilegales en cuanto a que los detenidos no pueden ser escuchados y no tienen posibilidad de una defensa sin presiones.
Es hora de que los Estados asuman su responsabilidad en relación con los derechos humanos y pongan fin a las injusticias que asolan a la región y por esto exigimos la inmediata puesta en libertad de los 15 presos políticos mapuches en Chile y la devolución de su territorio ancestral.
Fuente: LID
El pueblo mapuche, la mayor comunidad indígena de Chile, ha vivido una larga historia de resistencia y lucha por sus derechos territoriales y culturales enfrentándose a la violencia y la discriminación por parte del Estado y de sectores privados que han usurpado sus tierras ancestrales.
Durante el estallido social de 2019 y 2020, la bandera mapuche, la 'wenufoye', se convirtió en un símbolo de las aspiraciones de cambio y de justicia social de los chilenos. Entre ellas, había algunas compartidas con el resto de la población, como una mayor igualdad y una nueva Constitución, y otras propias del pueblo mapuche, como el reconocimiento de su autonomía y su identidad.
El Estado chileno impuso un modelo de desarrollo que generó violencia y conflicto. Mientras el pueblo mapuche se manifestaba reivindicando tierra y territorio, fueron sometidos a una dura represión por parte del Estado, y muchos fueron detenidos y juzgados en procesos cuestionados por las Naciones Unidas y sus abogados.
Con la llegada al poder en 2022 del nuevo presidente Gabriel Boric, estas políticas de represión, enmascaradas en un falso discurso progresista, no han cambiado. El Estado chileno no ha dudado en seguir desplegando toda la fuerza del aparato del Estado, a través de duras cargas policiales en las marchas por la resistencia del pueblo mapuche, en las que participaron miles de personas, entre ellas niños y ancianos, que viajaron desde sus comunidades ancestrales.
Sus militantes más activos siguen sufriendo en las cárceles las consecuencias por plantarle cara a esta nueva generación represora, como viene ocurriendo desde hace más de cinco siglos. Y soportando las duras prisiones chilenas, que se asemejan más a mazmorras para aquellos que antes eran dueños naturales de sus tierras.
Esta postura del gobierno de Gabriel Boric que dice condolerse por el genocidio de Israel practicado contra el pueblo palestino, contrasta con la hipocresía y el doble rasero que él mismo practica en su propio pueblo, al tener encarcelado a 15 luchadores de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que ya llevan más de 2 meses en huelga de hambre, reclamando la libertad de los presos políticos acusados de "terroristas".
El caso de estos 15 presos políticos presos de la CAM debe ser tomado a nivel mundial como una bandera ineludible de la defensa de quienes son castigados por el terrorismo de Estado, por defender su cultura e identidad ancestral, y por luchar contra la destrucción de un territorio del que fueron despojados. Esta ofensiva colonial no es muy diferente de la barbarie que viene soportando desde hace más de 70 años el pueblo palestino con la ocupación por parte del Estado de Israel.
Es imprescindible evitar la naturalización de este tipo de procedimientos autoritarios e ilegales en cuanto a que los detenidos no pueden ser escuchados y no tienen posibilidad de una defensa sin presiones.
Es hora de que los Estados asuman su responsabilidad en relación con los derechos humanos y pongan fin a las injusticias que asolan a la región y por esto exigimos la inmediata puesta en libertad de los 15 presos políticos mapuches en Chile y la devolución de su territorio ancestral.
Fuente: LID